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Las recientes medidas anunciadas por el gobierno socialista español en torno a la inmigración han causado escozor entre las fuerzas reaccionarias opuestas a la llegada de extranjeros a Europa. El gobierno ha anunciado que se legalizará a los extranjeros ilegales que presenten un contrato de trabajo. Al mismo tiempo, ha anunciado que se dejará de impedir que las pateras lleguen a puerto, para no poner en peligro la vida de los inmigrantes que arriesgan la vida en su desesperado cruce al continente.
Son medidas que todo hombre de bien debe aplaudir, a empezar por los inmigrantes mismos. Pone fin a la explotación de que son objeto los trabajadores inmigrantes. Ofrece una esperanza de vida y un futuro a cientos de miles de personas que han vivido hasta hoy con temor y en la inseguridad, y con la perspectiva de ser detenidos y repatriados. Y ofrece a España lo que necesita urgentemente: gente. Gente que trabaje, que haga familia y que contribuya a mantener la España ac

La Corte Suprema chilena ha desaforado al ex dictador Augusto Pinochet por los crímenes cometidos por órdenes directas de él por el escuadrón de la muerte que recorrió el país asesinando a los opositores al régimen en los primeros meses después del cruento golpe de estado de 1973. Las víctimas de la bestia fascista superan las tres mil personas. En teoría, el dictamen de la Corte permitiría llevar al ex general a juicio.
Sin embargo, no ha de esperarse mucho, ni de la justicia de ese país, ni de los políticos que actualmente lo dirigen. Ya antes se ha intentado infructuosamente llevar al asesino a tribunales. Cuando el juez español Baltasar Garzón intentó someterle a juicio en España, fue el propio gobierno chileno, de cuño socialista, el que se encargó de frustrar sus planes y negoció falsamente su retorno a Chile prometiendo que se le sometería a juicio en su propio país.
Desgraciadamente, nada de esto ocurrió. El pacto sellado por los socialistas y los mil