La Perfidia del Gobierno Socialista

Pocas veces he leído un texto de tanta perfidia y mala fe como el documento que, en mayo de 2007, firmó la ex ministro de Salud del gobierno de la presidenta Bachelet, María Soledad Barría Iroume, que incluye un proyecto de ley sobre maltrato animal que debiese reemplazar la actual ley contenida en el artículo 291 bis del Código Penal. Este documento, que no lleva título, no es el proyecto de ley ni las mociones que se encuentran bajo estudio en la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados (el boletín 3250-12; se accede a él en la página web de la cámara). Pero el gobierno socialista tiene la intención de presentar al parlamento y a la ciudadanía el documento que quiero discutir aquí. El documento -que sólo he podido encontrar en la copia hecha pública por Pepa García- consta de once páginas holandesas, fue firmado por la ministro el 7 de mayo de 2007, lleva el número A15/2195 y anuncia que su materia es la "tenencia responsable de mascotas".

Desde que fuera aprobado el brevísimo artículo 291 bis, se han presentado a la Cámara de Diputados innumerables mociones y proyectos para reemplazarlo. Las diferentes versiones del proyecto llevan empantanadas en el Congreso más de quince años. No existe ninguna señal, ningún indicio de que el proyecto que reposa en la Cámara ni el que quiere presentar el gobierno vayan a ser aprobados alguna vez. En mi opinión, francamente creo que dedicar esfuerzos para la formulación de una nueva ley de maltrato animal, pese a su deseabilidad y urgencia, no tiene mucho sentido. En más de quince años no se ha logrado avanzar absolutamente nada en este sentido y no es probable que ocurra ahora.

La causa de esta situación es ciertamente el hecho de que las dos cámaras del parlamento no representan a la ciudadanía, por la simple razón de que los ciudadanos sólo elegimos a la mitad de los legisladores. La otra mitad la imponen los partidos que participan en el sistema binominal, mediante un sistema en que el voto ciudadano es irrelevante. Esta ausencia de democracia en Chile es la causa fundamental del estancamiento legislativo del país, ya no solamente en el tema que nos ocupa, sino que prácticamente en todo lo demás. El actual sistema político chileno ha sido modelado obviamente para impedir todo cambio y perpetuar en el poder a los grupos políticos que hicieron posible la sangrienta dictadura de extrema derecha. Al contrario, si el parlamento representara a la ciudadanía, ya contaríamos con una nueva y genuina ley de maltrato.

En este contexto, la elaboración y presentación de proyectos de ley de maltrato animal es un ejercicio en gran parte académico que sólo dará sus frutos cuando Chile vuelva a ser una democracia.1

Vuelvo a mi asunto. El documento del Ministerio de Salud pretende ser un proyecto de tenencia responsable de mascotas y su objetivo aparente es reemplazar el artículo 291 bis del Código Penal, que sanciona el maltrato animal, que establece que "el que cometiere actos de maltrato o crueldad con animales, será castigado con la pena de presidio menor en su grado mínimo y multa de uno a diez ingresos mínimos mensuales o sólo a esta última".

Es evidente, según me parece, que esta ley, pese a su carácter sumario, se origina en la filosofía de que los animales son seres sintientes con derecho a una vida libre de maltratos, torturas y sufrimientos cometidos contra ellos por humanos. Por la misma razón, debiese entenderse que esta misma ley hace caducar o reemplaza el antiguo artículo del Código Civil que, tan estrafalariamente, define a los animales como cosas. Empero, la ley no define qué es exactamente maltrato ni si se refiere solamente al maltrato físico, dejando de lado el maltrato psicológico, ni si, por ejemplo, el abandono es igualmente una figura delictiva. (Yo creo que sí, porque el animal abandonado puede pasar hambre o frío y otras inclemencias, puede contagiarse de enfermedades, puede ser atropellado o lesionado en incidentes con objetos y conductas humanas que desconoce).

Los esfuerzos de reformulación de esta ley se han basado en el propósito de mejorarla, definiendo el abandono, por ejemplo, como maltrato, o aumentando las penas privativas de libertad en casos de maltratos graves o muerte o tortura de animales. En consonancia con el espíritu de la ley, los legisladores y otros ciudadanos y organizaciones interesadas han propuesto mociones para mejorarla en el sentido expuesto: ampliar a cobertura de protección de los animales.

El documento del ministerio, sin embargo, subvierte enteramente el espíritu de la ley y propone, a diferencia de los esfuerzos anteriores, disposiciones que no tienen como fin prevenir o sancionar el maltrato animal sino justificarlo y legalizarlo, llegando al absurdo de proponer un plan nacional de campañas sistemáticas de exterminio de lo que los funcionarios consideran una población canina excedente o sobrante.

Según les parece a los autores de este proyecto, el tema del maltrato animal gira en realidad en torno al tema de los perros callejeros o abandonados, "[...] constituyéndose", dicen los descerebrados, "en un problema de salud y de seguridad pública por las numerosas enfermedades que potencialmente pueden producir al hombre, además de representar un peligro para la seguridad de las personas en la vía pública, atendiendo al importante número de accidentes por mordeduras que generan, además de los accidentes del tránsito en que estarían involucrados".

Las afirmaciones con que parte este documento son absolutamente erróneas, por no decir falsas. No solamente no citan los autores las fuentes en las que se basan, sino además contradicen todos los estudios, informes y declaraciones que conocemos sobre el tema del peligro que representarían los perros en la vía pública. Para comenzar, es sabido que la inmensísima mayoría de los incidentes con mordeduras y ataques de perros contra humanos los provocan perros con dueños, no los perros abandonados a los que el ministerio culpa de estos incidentes. "Los canes que muerden", declaró en abril de 2008 el Dr. Guillermo Prado, del Hospital Carlos van Buren de Valparaíso, "en general tienen dueño. Por la experiencia que tenemos rara vez lo hacen los perros vagos" (en La Estrella de Valparaíso; véase Los perros de Playa Ancha).

Cuando digo inmensísima mayoría, estoy diciendo que más del noventa por ciento de los casos que registran las postas médicas y las comisarías de carabineros con incidentes de mordeduras son atribuibles sin más a perros con dueños. Aunque no contamos todavía con cifras nacionales fiables, es sólo natural que sean perros con dueños los que atacan, habida cuenta de que estos canes son adiestrados como guardianes para proteger propiedades e inmuebles atacando a las personas que perciben como peligro. Al contrario, es menos probable que los perros callejeros, que dependen de la piedad de los transeúntes con quienes conviven día tras días, tengan conductas agresivas contra los humanos. Obviamente hay casos de agresión, pero son incidentes muy excepcionales. Otra cosa es la percepción que puedan tener algunos vecinos, aunque no se base en nada real.

Por otro lado es evidente que la mayoría de los incidentes con mordeduras tendrán que ver con perros con dueños, si se considera que, para 2002 en Santiago, por ejemplo, de la población canina calculada en 1.117.192 individuos, sólo 64.794 eran callejeros o vagos (en Propuesta CEFU sobre control canino).

El ministerio fundamenta su plan de exterminio -que expondrá luego- en que los perros abandonados son también causantes de accidentes de tránsito. ¿Será necesario fundamentar la profunda incoherencia de esta afirmación? Según sé, la inmensísima mayoría de los accidentes de tránsito que causan la muerte de miles de personas todos los años son el alcoholismo o el consumo de alcohol -droga que, dicho sea de paso, la ministro que firma el documento alababa en la creencia de que pertenecía a la identidad y economía nacionales-, el exceso de velocidad, la impericia de los conductores e incluso las inclemencias del tiempo y el mal estado de las calles. No creo que la incidencia de los perros callejeros en estos accidentes alcance siquiera a expresarse en términos estadísticos.

Agrega el documento seguidamente que "[...] estos animales contribuyen en forma importante a deteriorar las condiciones de aseo e higiene de las áreas urbanas, a través de la destrucción de los depósitos de basuras y la acumulación de fecas en la vía pública".

Es curioso leer semejante afirmación en un documento de nuestras autoridades políticas sanitarias. No solamente se puede evitar que los perros abandonados destruyan las bolsas de basura, sino además se puede educar a la gente para que recoja las fecas de sus mascotas o simplemente iniciar un servicio de aseo especializado en su recolección y tratamiento. Además, se exagera enormemente este problema. En ciudades como Amsterdam, donde no hay perros callejeros, la cantidad de fecas en las calles dejaría boquiabierto a cualquiera de los funcionarios implicados en la escritura de este documento. Pero, francamente, responsabilizar a los perros de romper las bolsas de basura y con ello empeorar la calidad de vida de la gente, es pasar por alto que los responsables de esta situación son quienes les han abandonado. Y justificar por ello el exterminio es simplemente recompensar el abandono. No se puede impedir que los perros hambrientos traten de comer, como pretenden las insensatas ordenanzas de muchas municipalidades del país -estas ordenanzas, que prohíben alimentar a perros abandonados, constituyen en sí mismas delito de maltrato. Responsabilizar a los perros es equivalente a perseguir a pacientes psiquiátricos paranoicos: simplemente un acto de estupidez y de crueldad.

El documento se refiere luego brevemente a lo que llama "sobrepoblación de perros abandonados", sin decirnos en ningún lugar en qué consiste esa sobrepoblación o en qué momento la población canina supera los límites admisibles para las autoridades. Dice que los esfuerzos de las autoridades por reducir el riesgo de transmisión de la rabia "genera fuertes controversias en el seno de la comunidad". Cómo no, cuando todos sabemos que la rabia fue prácticamente erradicada hace varias décadas y que hoy no representa ningún peligro en absoluto. Dice el documento: "Muchas de estas situaciones han llegado a los Tribunales de Justicia [sic], los que en algunos casos han dictaminado la prohibición de eliminar los perros callejeros, lo que interfiere con las funciones de salud y pone en riesgo a la población".

Dos falsedades seguidas. Los tribunales de justicia, y los dictámenes de las contralorías, no interfieren con las funciones de salud, porque la rabia fue erradicada hace mucho y porque hay servicios de vigilancia y control permanente de este fenómeno, y no por el posible riesgo de contaminación de los perros urbanos, sino por los riesgos que representan para los animales domésticos en general. En este contexto, el peligro de contagio es realmente mínimo. La población no corre ningún riesgo en este sentido. El que corremos es en todo caso pero infinitamente menor al riesgo de morir atropellados por un conductor borracho o de encontrar un dedo humano en una empanada.

El ministerio, en el macabro e imaginario contexto que describe, propone la "[...] la instauración legal del registro canino y felino obligatorio, apoyado además en la creación de centros de rescate animal y sistemas de recolección de animales abandonados o callejeros", todo lo cual quedaría a cargo de las municipalidades. Uno de los objetivos, dice el documento, es terminar con los conflictos entre la población y las autoridades erradicando "[...] la eliminación de estos animales [callejeros] in situ, por medio de la administración de tóxicos". Yo pensé que estaba leyendo mal. ¿Dice el documento que las autoridades sanitarias o políticas renunciarán a la práctica de eliminar -a los perros y gatos callejeros o abandonados- mediante el uso de venenos y otras substancias tóxicas -como estricnina-, como hacían en el pasado y/o siguen haciendo en algunas ciudades? Ciertamente los autores de este documento no parecen estar al tanto del artículo 291 del Código Penal, que sanciona precisamente a los "[...] que propagaren indebidamente organismos, productos, elementos o agentes químicos, virales, bacteriológicos, radiactivos, o de cualquier otro orden que por su naturaleza sean susceptibles de poner en peligro la salud animal o vegetal, o el abastecimiento de la población".

Los centros de rescate animal permitirían albergar a los "perros capturados en la vía pública por un plazo limitado".

El proyecto de ley propuesto, que sigue a continuación en el documento, continúa la infamia e insensatez de la primera parte. Entre otras cosas, como un intento de anular la costumbre chilena de dejar salir de casa a sus mascotas -en tanto que niños o hermanos menores-, califica como animales abandonados a todo "[...] animal que se encuentre en la vía pública sin la vigilancia de su dueño o responsable o que deambule suelto sin correa de sujeción, independientemente que esté o no registrado". Serán las autoridades municipales las encargadas de "[...] implementar un sistema de recolección de perros abandonados a objeto de retirar de la vía pública todo animal que deambule suelto y sin la vigilancia de su dueño o responsable".

En esos apartados, el proyecto de ley del ministerio introduce la temida perrera de antaño, con la que empleados municipales premunidos de lazos y redes cazaban a los perros encontrados en la calle para darles muerte posteriormente. Las municipalidades deberán crear "[...] centros de mantención temporal de animales a objeto de albergar a aquellos animales abandonados que se retiren de la vía pública y a los que sean entregados por la comunidad". Los animales secuestrados podrán ser retirados por sus dueños u otros interesados previo pago de las multas correspondientes. Pero los animales "[...] que no sean reclamados en el período establecido se consideran sin dueño y podrán ser dados en adopción, subastados o sometidos a eutanasia".2

El título VI del proyecto sanciona el abandono de mascotas no por lo que pudiera significar en términos de maltrato animal, sino sobre la base de las insensateces descritas en torno a la salud pública y al imaginario peligro que representan los animales en situación de calle.

El artículo 25 de esta ley autoriza al juez local a "[...] disponer la eutanasia de animales cuando constituyan un grave e inminente riesgo para la salud de la población [humana], lo que se acreditará con un informe de la Autoridad Sanitaria [sic] correspondiente". Hasta hoy, sólo el seremi de salud tiene la autoridad de disponer la muerte de un animal, y sólo si porta el virus de la rabia. Este artículo desvía esa autoridad hacia un funcionario judicial no especializado en estas materias, que puede o no adoptar los informes de los secretarios regionales convertidos ahora en subalternos del poder judicial.

Este proyecto es, como dije, una espantosa adulteración del sentido original de la ley contra el maltrato animal y un claro ejemplo de usurpación ideológica. Tal parece que para los autores de este proyecto, el maltrato animal cometido por humanos simplemente no existe. De ahí se deriva también la propuesta de eliminar las sanciones penales que contempla todavía la ley actual (el artículo 291 bis).

Lo que persiguen los autores del proyecto simplemente es derogar la ley de protección animal actual para reemplazarla por este documento que aprueba el maltrato animal, entendiendo este como la muerte o la aplicación sin justificación médica ni desde el punto de vista de la salud pública, de la eutanasia a perros encontrados en la calle, con o sin dueño, que no sean recuperados mediante el pago de un rescate o multa.

El proyecto va todavía más lejos en su lucha contra la sensibilidad de la inmensa mayoría de la población, al permitir que la ley fije la cantidad de animales permitidos a sus dueños. El artículo 8 establece que el ministerio de salud "[...] podrá establecer un número máximo de animales que se pueden mantener en una propiedad". No cabe duda de que la intención detrás de este artículo es desmantelar los caniles privados, con los que parte de la población protege contra maltratos y violencias a los animales que abandonan sus dueños. Estas son iniciativas privadas todavía más loables por la ausencia de un sistema humanitario y razonable público de protección animal. El gobierno socialista pretende, pues, incluso despojar a la población de una de sus expresiones más piadosas de solidaridad con los animales.

El artículo 14 permite que las autoridades municipales puedan celebrar "[...] convenios entre sí, o con otros organismos públicos o privados, a objeto de ejecutar las labores indicadas" -vale decir, el gobierno puede dejar la eliminación de mascotas en manos de empresas privadas.

En ningún momento se paran los autores del proyecto a definir maltrato animal, que no incluye solamente a las mascotas. Y su definición inmanente de maltrato, si cabe, es un engendro ideológico monstruoso, tan monstruoso como la matanza de los perros de Plaza de la Constitución con la que el gobierno de la presidenta Bachelet inició tan premonitoriamente su mandato. Este gobierno ha mostrado una mala fe en el tema de las mascotas que el documento que discutimos no hace más que confirmar. Nada justifica los planes del gobierno de volver a instaurar en el país lo que costó décadas erradicar: la matanza injustificada3 y cruel de las mascotas abandonadas bajo la repulsiva pretensión de proteger la salud pública. Y este infame proyecto considera el gobierno que está destinado a fomentar la tenencia responsable de mascotas. Vaya idea de responsabilidad la que se pretende imponer en el país, destinando a la muerte a las mascotas capturadas cuyos dueños no puedan pagar el rescate municipal o a los perros y gatos callejeros que tienen todavía menos posibilidades de escapar de la codicia e inhumanidad de las autoridades.

En este proyecto de por sí extenso nada se dice sobre la explotación de los animales, incluyendo a mascotas, que tras una vida de leal servicio a tutores humanos terminan abandonados o sacrificados; no se menciona ni una sola vez la palabra tortura, práctica frecuente y sancionada en los ridículos rituales de iniciación de muchos jóvenes chilenos; para nada se menciona la extendida práctica de violentar sexualmente a los animales domésticos. Al contrario, se eliminan las penas privativas de libertad -que sí están contempladas en la ley actual- y se las reemplaza por inefectivos servicios comunitarios.

Creo que es urgente que la ciudadanía se movilice para que el proyecto no llegue siquiera a ser discutido en el parlamento ni por ninguna de sus comisiones. Debe ser rechazado de plano, incluso en su fase actual. De esta discusión no puede salir nada bueno. No creo que sea conveniente poner en discusión la ley actual que, pese a sus defectos y lagunas, es infinitamente mejor que la infamia que nos propone el ministerio de salud.

Sin embargo, también es probable que este proyecto no llegue a ser discutido nunca. Contradice de plano la sensibilidad nacional sobre el maltrato animal. Algunas municipalidades han dejado de practicar la eutanasia injustificada. Lo que se asume como legislación actual establece como única causal de muerte de una mascota abandonada, que represente un peligro inminente, dispuesta sólo por las autoridades sanitarias competentes (no las municipalidades) y únicamente después de un período de observación de diez días.

Hace unos días la Sociedad Protectora de Animales de Valparaíso hizo circular una declaración pública en la que rechaza la aplicación de eutanasia sin justificación médica fehaciente. El nuevo canil de Laguna Verde es un albergue permanente "[...] de animales recogidos de las calles sólo en caso que estos sean evaluados como de alta vulnerabilidad (hembras preñadas, cachorros, enfermos)". Aparentemente el nuevo alcalde de Valparaíso -un militante de extrema derecha- tiene la intención de convertir el canil en un albergue de paso y matar a los animales que no encuentren nuevas familias de adopción en algún plazo limitado. La sociedad declara que "[...] la Sociedad Protectora Carlos Puelma Besa, no va a participar de esas políticas , va a hacer todo lo posible por denunciarlas e impedirlas y de ninguna manera va a permitir que esas prácticas estén vinculadas con el Eco Refugio [...] [cuyo fin es] generar un lugar de protección de animales, no lo contrario".

Creo que la declaración de esta protectora representa sentimientos compartidos por la inmensa mayoría de los ciudadanos y es un consuelo saber que asume tan resueltamente la defensa de las mascotas.

Desde hace un tiempo, en las municipalidades controladas por la extrema derecha se vienen aplicando políticas de eutanasia ilegales -como el reciente caso en Viña del Mar, en que en el curso de una semana las funcionarias del canil clínico de la ciudad, bajo la dirección de una empleada de nombre Claudia Bilbao, y aparentemente con la autorización de la alcaldesa Virginia Reginato (UDI)- mataron a veinticinco perros, aparentemente sanos, según denuncias anónimas de otros empleados del lugar. Lamentablemente también ocurre lo mismo en municipios controlados por partidos de izquierda.

Parece inevitable que tengamos que enfrentarnos en el futuro a iniciativas criminales de este tenor. En esta titánica lucha por el respeto de los derechos animales y la defensa de valores fundamentales de nuestra propia civilización, nuestros únicos aliados son los perros. Es de suma importancia que los ciudadanos hagamos de tripas corazón y escribamos a los diputados y senadores de nuestras circunscripciones, manifestando nuestro absoluto repudio al proyecto del Minsal y solicitándoles que lo rechacen de plano, sin brindarle ninguna oportunidad de que llegue a estar en la agenda parlamentaria. Es una pérdida de tiempo y sólo nos haría retroceder y volver a discutir temas que creíamos haber superado hace décadas.

Notas
1 Prácticamente todos los candidatos presidenciales actuales -Eduardo Frei Ruiz-Tagle, Marco Enríquez-Ominami, Alejandro Navarro, Jorge Arrate y otros-, excepto el candidato de la coalición de extrema derecha (el inversionista Sebastián Piñera), han incluido en sus programas la recuperación de la democracia para Chile. La ausencia de democracia se impone como una constatación que comparten políticos de muchas tendencias.

2 El Dr. Fernando Álvarez, del Colegio Médico Veterinario de Chile, dice en un comentario que los animales serán eliminados con métodos humanitarios. Probablemente quiere decir que se les aplicará lo que llaman métodos indoloros. En la descripción de estos métodos se habla solamente de evitar el dolor físico. En ningún caso se menciona lo que sabe todo el mundo, incluyendo a los veterinarios, que es que los animales presienten su propia muerte y anticipan las intenciones de muerte de otros. Lo que quiere decir que los animales sufren ante su muerte inminente, sin o con dolor, la misma angustia que los condenados a la pena capital o el ganado en los mataderos. El olor a muerte no miente ni engaña.
Pese a lo que dice Álvarez, los autores del proyecto ni siquiera se comprometen a no utilizar métodos indoloros en la eliminación de los perros marcados para morir. Sólo se comprometen a no hacerlo con substancias tóxicas en la vía pública -in situ, pero callan sobre cómo los eliminarían en sus mataderos resguardados.

Por otro lado, es difícil prever para qué o quiénes serviría la subasta de perros no rescatados. ¿Podrían los restaurantes empezar a vender platos a base de carne de perro? Ciertamente si llegásemos a semejante monstruosidad -que en el Chile de hoy no es inmediatamente descartable- este proyecto sólo agravaría la situación de indefensión de los perros.

3 La hipocresía del proyecto en lo que se refiere a la aplicación de eutanasia y las prácticas de control de lo que llaman sobrepoblación canina se hace evidente en el artículo que destina a la muerte sólo a las mascotas no reclamadas por sus dueños ni adoptadas por otros. En el texto desaparece repentinamente el manido problema de la sobrepoblación canina, ya que en él se autoriza la eliminación sólo en caso de que la mascota no sea rescatada mediante un pago o multa, sin mencionar para nada si se trata de mascotas sobrantes o excedentes o no. Es evidente que la codicia obnubiló a la ex ministro Barría.