Todavía Hay Jueces Cómplices de Pinochet
En los últimos días la ciudadanía ha vuelto a recordar brutalmente que el decreto de amnistía mediante el cual Pinochet y sus cómplices pretendieron librarse de la justicia sigue estando vigente. Ese decreto de amnistía protege a los militares y otros responsables de violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad de ser llevados a justicia y procesados. Eminentemente ilegítimo, ha sido aplicado por un juez venial y ciertamente cómplice de la dictadura militar: el juez Montiglio. Con su criminal interpretación de las leyes y con su recurso a un decreto moralmente inválido, el juez Montiglio deja una vez más al descubierto su complicidad, y la de parte del poder judicial, con la dictadura chilena.
La decisión del juez pone en evidencia que es de suma urgencia derogar ese decreto para impedir que este juez y otros sigan burlándose de Chile, de sus ciudadanos y de las víctimas de la espeluznante dictadura de Pinochet, y para contribuir con su anulación a una verdadera paz social. La decisión del juez es un obstáculo a la reconciliación de los chilenos y deja muy mal parado al país ante la opinión e instituciones internacionales. Nuevamente es Chile un país bananero en el que no se puede confiar. Sus instituciones judiciales parecen ser una farsa, toscos simulacros de lo que debiesen ser.
Chile en algún momento deberá también abocarse a la tarea de llevar a justicia a los jueces y otras instancias del poder judicial que colaboraron y siguen colaborando con la banda de criminales que dirigió Chile durante tantos años y que aún tiene secuestrado el destino del país. Muchos de los jueces de Chile, como el mismo Montiglio, deberían ser encarcelados y castigados severamente por prestarse a servir los intereses de los criminales que son responsables de la muerte de más de tres mil ciudadanos de bien de este país.
Montiglio no ha de quedar impune. Como no han de quedar impunes Pinochet ni las sabandijas que lo apoyaron.
Obviamente, políticos de extrema derecha manifestaron su oposición a la derogación de la ley de amnistía. Ha de entenderse que estos señores consideran a Pinochet de algún modo defendible. Es como defender a Idi Amin Ada, o a Hitler. Pareciera que la derecha todavía no logra entender que Pinochet y los suyos no son más que una banda de criminales que utilizó argumentos políticos como excusa para enriquecerse y poder servir los intereses de un país extranjero. Sus crímenes fueron patrocinados, ordenados y pagados por una potencia extranjera. De aquí surgió la farsa fascista de acusar a ciudadanos inocentes de ser culpables de crímenes que o nunca se cometieron o nunca existieron como tales en un régimen democrático. Acusándoles de comunistas e inventando cargos antinacionales se aseguraban que sus patrones extranjeros y nacionales les pagaran. Eso es Pinochet y los que le apoyaron. Eso son. No hay mucho que buscar detrás. Son de inteligencia limitada. Son fascistas. Son gentes de ultraderecha. Elementos salidos directamente del infierno, pero que no sirven ni como gárgolas.
Es una desgracia que en el país sigan vigentes leyes y decretos emanados de una autoridad usurpada, y por tanto ilegítima. De hecho, absolutamente ninguna ley que haya sido decretada durante la dictadura tiene validez moral o política. Si no lo han entendido así los jueces, alguien debe dejárselo en claro. Si no acatan, su presencia en el poder judicial es inexplicable e injustificable, porque aplicando leyes de época de la dictadura causan un gravísimo daño al país y enturbian y obstaculizan los esfuerzos de paz social.
Los crímenes de Pinochet y sus cómplices -entre ellos, se nos vuelve a recordar, jueces- debiesen ser castigados de la manera más drástica posible. Sus secuestros y torturas y asesinatos no son excusables ni comprensibles ni justificables. Chile y su honor y dignidad como país y patria de hombres libres están en juego. Y hay que empezar por derogar la ley que dictó el monstruo de La Dehesa, Pinochet, el capataz limpiaculos. El país debe volver a los cauces de la civilización y de la moral y para ello debe deshacerse de la escoria que constituyen los militares cómplices de Pinochet y los jueces que, incrustados en instituciones democráticas, siguen protegiéndoles.
La decisión del juez pone en evidencia que es de suma urgencia derogar ese decreto para impedir que este juez y otros sigan burlándose de Chile, de sus ciudadanos y de las víctimas de la espeluznante dictadura de Pinochet, y para contribuir con su anulación a una verdadera paz social. La decisión del juez es un obstáculo a la reconciliación de los chilenos y deja muy mal parado al país ante la opinión e instituciones internacionales. Nuevamente es Chile un país bananero en el que no se puede confiar. Sus instituciones judiciales parecen ser una farsa, toscos simulacros de lo que debiesen ser.
Chile en algún momento deberá también abocarse a la tarea de llevar a justicia a los jueces y otras instancias del poder judicial que colaboraron y siguen colaborando con la banda de criminales que dirigió Chile durante tantos años y que aún tiene secuestrado el destino del país. Muchos de los jueces de Chile, como el mismo Montiglio, deberían ser encarcelados y castigados severamente por prestarse a servir los intereses de los criminales que son responsables de la muerte de más de tres mil ciudadanos de bien de este país.
Montiglio no ha de quedar impune. Como no han de quedar impunes Pinochet ni las sabandijas que lo apoyaron.
Obviamente, políticos de extrema derecha manifestaron su oposición a la derogación de la ley de amnistía. Ha de entenderse que estos señores consideran a Pinochet de algún modo defendible. Es como defender a Idi Amin Ada, o a Hitler. Pareciera que la derecha todavía no logra entender que Pinochet y los suyos no son más que una banda de criminales que utilizó argumentos políticos como excusa para enriquecerse y poder servir los intereses de un país extranjero. Sus crímenes fueron patrocinados, ordenados y pagados por una potencia extranjera. De aquí surgió la farsa fascista de acusar a ciudadanos inocentes de ser culpables de crímenes que o nunca se cometieron o nunca existieron como tales en un régimen democrático. Acusándoles de comunistas e inventando cargos antinacionales se aseguraban que sus patrones extranjeros y nacionales les pagaran. Eso es Pinochet y los que le apoyaron. Eso son. No hay mucho que buscar detrás. Son de inteligencia limitada. Son fascistas. Son gentes de ultraderecha. Elementos salidos directamente del infierno, pero que no sirven ni como gárgolas.
Es una desgracia que en el país sigan vigentes leyes y decretos emanados de una autoridad usurpada, y por tanto ilegítima. De hecho, absolutamente ninguna ley que haya sido decretada durante la dictadura tiene validez moral o política. Si no lo han entendido así los jueces, alguien debe dejárselo en claro. Si no acatan, su presencia en el poder judicial es inexplicable e injustificable, porque aplicando leyes de época de la dictadura causan un gravísimo daño al país y enturbian y obstaculizan los esfuerzos de paz social.
Los crímenes de Pinochet y sus cómplices -entre ellos, se nos vuelve a recordar, jueces- debiesen ser castigados de la manera más drástica posible. Sus secuestros y torturas y asesinatos no son excusables ni comprensibles ni justificables. Chile y su honor y dignidad como país y patria de hombres libres están en juego. Y hay que empezar por derogar la ley que dictó el monstruo de La Dehesa, Pinochet, el capataz limpiaculos. El país debe volver a los cauces de la civilización y de la moral y para ello debe deshacerse de la escoria que constituyen los militares cómplices de Pinochet y los jueces que, incrustados en instituciones democráticas, siguen protegiéndoles.
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