Presidente Lagos No Debe Encubrir a Criminales
Llevar a Pinochet a juicio está lejos de ser suficiente. También hubo quien ejecutó las órdenes de asesinato y la gran mayoría de esos ejecutores se encuentran en libertad e incluso en funciones oficiales. No debiese el presidente Lagos protegerlos como hace al declarar secreto de estado la identidad de esos criminales. Haciéndolo, se hace extrañamente cómplice de encubrimiento de esos crímenes. Por respeto a las víctimas y sus familiares y por un mínimo sentido de justicia, esos criminales deben ser procesados -sus delitos no caducan. Pero el enjuiciamiento del ex dictador debiese servir de pie a una reforma mayor del estado chileno para despojarlo de las trabas que dejó la dictadura. En muchos aspectos, debido a esas trabas Chile es un país con una dictadura legal. Han de hacer sus políticos esfuerzos más dedicados y dirigidos para terminar de manera resuelta y definitiva con los resabios de la dictadura.
Es también una buena ocasión para legislar de manera permanente sobre los derechos humanos. Debe posibilitarse que personal de las fuerzas armadas y policiales no sólo puedan desobedecer legítimamente órdenes abiertamente contrarias a los derechos humanos, sino además penalizarse que personal subalterno obedezca a sus superiores en la comisión de esos delitos. Permitir la comisión de esos delitos, por orden superior o no, debe ser considerado un delito de tanta gravedad como la comisión misma de ellos y en todos los casos castigados con máxima severidad. Y ciertamente el personal militar y policial debe ser educado y reeducado en un respeto incondicional y firme de los derechos humanos. Esto inauguraría un régimen de respeto de esos derechos sin ambigüedades y sin que sea posible negociar sobre ellos. Por eso no conviene la ambigüedad del actual presidente chileno. No se negocia con la vida cuya sangre ha sido derramada.
Es también una buena ocasión para legislar de manera permanente sobre los derechos humanos. Debe posibilitarse que personal de las fuerzas armadas y policiales no sólo puedan desobedecer legítimamente órdenes abiertamente contrarias a los derechos humanos, sino además penalizarse que personal subalterno obedezca a sus superiores en la comisión de esos delitos. Permitir la comisión de esos delitos, por orden superior o no, debe ser considerado un delito de tanta gravedad como la comisión misma de ellos y en todos los casos castigados con máxima severidad. Y ciertamente el personal militar y policial debe ser educado y reeducado en un respeto incondicional y firme de los derechos humanos. Esto inauguraría un régimen de respeto de esos derechos sin ambigüedades y sin que sea posible negociar sobre ellos. Por eso no conviene la ambigüedad del actual presidente chileno. No se negocia con la vida cuya sangre ha sido derramada.
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