Otra Vez en Peligro el Estado de Derecho
En los últimos meses varios juristas, analistas y jueces y antiguos políticos han denunciado la grave situación que se vive en Holanda a raíz de las políticas de inmigración y asilo del gobierno y de las medidas legales y policiales anti-terroristas. Estas críticas se vienen haciendo desde al menos un año. Cada vez más personajes de cierta eminencia alzan la voz. Las nuevas medidas anunciadas implican la aceptación de una legislación contraria a la Constitución, a las leyes vigentes y a leyes y tratados internacionales. Y, por encima de todo, son irrelevantes, torpes, contraproducentes y odiosas.
Pero las advertencias ya las vimos, y hoy parecen haber sido olvidadas. Abogados de refugiados denunciaron hace un año o algo más que aunque en muchos casos de juicios iniciados por solicitantes de asilo en que los jueces resolvían a favor de estos y contra el servicio de inmigración o de la policía, estos servicios se negaban a ejecutar las órdenes judiciales. En otras palabras, cuando un juez dictaba que debía ponerse en libertad a un detenido, los servicios los seguían manteniendo ilegalmente en prisión. En última instancia, las fuerzas policiales y el servicio de inmigración obedecen a los ministros del Interior y de Extranjería. Los jueces no han querido hacer un punto de esto, y han permanecido silenciosos.
Desde entonces hay cada vez menos estado de derecho en Holanda. Tiene las características de una conspiración de palacio. ¿Qué significa que por ejemplo la policía se niegue a ejecutar órdenes judiciales y los detenidos sigan detenidos contra la decisión de un juez? ¿No es lo que llamamos tiranía?
A los extranjeros les cuesta creer que la situación sea tan dramática como yo la pinto. Pero es lamentablemente real. El país ha llegado a una situación de tiranía de facto en la que dentro de poco nuestros inmorales gobernantes comenzarán a darse cuenta de que también hay disidentes y opositores no árabes, y que son igualmente peligrosos. Las víctimas suelen gozar de poca visibilidad y el gobierno se encarga de ocultar sus facetas más tenebrosas. Los dos campos de detención de refugiados que serán deportados han sido instalados en el norte de Holanda, lejos del barullo mundano en el mismo pueblo donde funcionaba el campo de concentración donde se internaba a los judíos en la Segunda Guerra Mundial. Los ilegales viven ocultándose; así, rara vez pueden ser reconocidos. Y muchas de las personas de las que dice el gobierno que han partido sin destino conocido, no sabe la ciudadanía dónde están. Sin embargo, sí sabemos que algunos de ellos fueron entregados a las autoridades nacionales de sus países y que algunos de ellos se encuentran desaparecidos -y probablemente muertos. El gobierno mantiene esta aparente invisibilidad de lo que ocurre. Las miles de parejas y familias que han debido separarse en razón de las nuevas leyes están demasiado lejos, y sus voces no se oyen.
Para todos los 250 mil ilegales de Holanda, y sus miles de refugiados y de extranjeros, hace ya un buen tiempo que no hay estado de derecho. Recién ayer la Corte de Justicia de Luxemburgo reprochaba a Holanda la violación de leyes europeas. La policía holandesa había detenido y deportado en dos ocasiones a un ciudadano francés luego de que no pudiera mostrar documentos de identidad válidos. Esto ocurrió antes de 2005, cuando Holanda impuso a sus ciudadanos la obligación de identificarse ante requerimiento de la policía. Este caso de discriminación y maltratos se reproduce en Holanda miles y miles de veces al año en el país. Las deportaciones son a menudo violentas y humillantes y suelen ser también agresivas. La policía holandesa se comporta con los extranjeros con un sorprendente barbarismo. El año pasado la policía deportó forzosamente a cerca de 40 mil personas, mucho más que el año anterior. Muchas de las violencias a que somete la policía a los extranjeros son sinceramente indescriptibles en su humillación y crueldad. Para todas esas personas no hay estado derecho hace mucho tiempo.
También en el terreno judicial hay desarrollos que no auguran nada bueno. Desde hace algunos años el servicio de inmigración cuenta con el beneplácito del poder judicial para aplicar una especie de derecho rápido de exactamente 20 minutos de duración en que un juez determina, sobre la base de un informe escrito por la policía o por un funcionario del servicio de inmigración, si se acepta o no la solicitud de asilo del extranjero. Esta es una farsa de derecho al que muchos jueces se han sometido. Pero además en diferentes causas y tribunales se advierte una peligrosa tendencia a acatar instrucciones de gobierno por encima de las leyes y hasta del sentido común. Los tribunales han dejado en libertad a un soldado acusado de matar a un civil iraquí. A pesar de la acusación del ministerio fiscal y de las declaraciones públicas y descripciones de los hechos de sus propios compañeros, el juez dictaminó que el soldado no podía ser procesado por insuficiencia de datos. Días antes de la sentencia, el ministro del Interior había declarado en una entrevista que no convenía juzgar "a nuestros chicos" que vuelven de hacer el trabajo en la guerra. En el mismo sentido, el padre e hijo neo-nazis que atacaron con una pistola a un grupo de cinco marroquíes con la intención confesa de matarlos y que dejaron gravemente heridos a dos de ellos, fueron condenados a las ridículas pena de cuatro y cinco años de prisión, mientras que han modificado las leyes para poder condenar a Mohammed B., el asesino de Theo van Gogh, a cadena perpetua, por un crimen tan motivado por el odio como la masacre frustrada que tramó la familia neo-nazi.
Al mismo tiempo que se aprueban estas leyes anti-terroristas anti-árabes, los extremistas de derecha, fascistas y neo-nazis siguen actuando impunemente en el país. En los casos de cerca de 40 atentados contra mezquitas y centros árabes sólo se ha detenido a unas seis o siete personas y los casos parecen sido cerrados. La ministro de Extranjería alentó a los extremistas retirando o negando vigilancia policial a los templos y escuelas musulmanas. Ayer se lanzó una bomba casera en una tienda judía; también ayer se pintaron cruces gamadas en los ventanales de tiendas árabes. Lamentablemente tenemos razones fundadas para suponer que la policía una vez más hará la vista gorda con los terroristas de extrema derecha.
En Holanda, del estado de derecho no queda más que una carcasa. Es hora de que intervenga Europa. A los ciudadanos se les impedirá dentro de poco que recurran a leyes europeas para defender sus libertades y derechos. Y a los ciudadanos que tuviesen algún pleito con el estado por motivo de estas leyes, se les privaría del derecho a tener jueces independientes -porque se inhabilitará a los jueces que hagan objeciones o que pretenden aplicar el derecho europeo.
Entonces se podrá decir que el estado derecho en Holanda fue asesinado. Y los chacales fascistas impondrán su tiranía ante la mirada estupefacta del mundo civilizado.
Pero las advertencias ya las vimos, y hoy parecen haber sido olvidadas. Abogados de refugiados denunciaron hace un año o algo más que aunque en muchos casos de juicios iniciados por solicitantes de asilo en que los jueces resolvían a favor de estos y contra el servicio de inmigración o de la policía, estos servicios se negaban a ejecutar las órdenes judiciales. En otras palabras, cuando un juez dictaba que debía ponerse en libertad a un detenido, los servicios los seguían manteniendo ilegalmente en prisión. En última instancia, las fuerzas policiales y el servicio de inmigración obedecen a los ministros del Interior y de Extranjería. Los jueces no han querido hacer un punto de esto, y han permanecido silenciosos.
Desde entonces hay cada vez menos estado de derecho en Holanda. Tiene las características de una conspiración de palacio. ¿Qué significa que por ejemplo la policía se niegue a ejecutar órdenes judiciales y los detenidos sigan detenidos contra la decisión de un juez? ¿No es lo que llamamos tiranía?
A los extranjeros les cuesta creer que la situación sea tan dramática como yo la pinto. Pero es lamentablemente real. El país ha llegado a una situación de tiranía de facto en la que dentro de poco nuestros inmorales gobernantes comenzarán a darse cuenta de que también hay disidentes y opositores no árabes, y que son igualmente peligrosos. Las víctimas suelen gozar de poca visibilidad y el gobierno se encarga de ocultar sus facetas más tenebrosas. Los dos campos de detención de refugiados que serán deportados han sido instalados en el norte de Holanda, lejos del barullo mundano en el mismo pueblo donde funcionaba el campo de concentración donde se internaba a los judíos en la Segunda Guerra Mundial. Los ilegales viven ocultándose; así, rara vez pueden ser reconocidos. Y muchas de las personas de las que dice el gobierno que han partido sin destino conocido, no sabe la ciudadanía dónde están. Sin embargo, sí sabemos que algunos de ellos fueron entregados a las autoridades nacionales de sus países y que algunos de ellos se encuentran desaparecidos -y probablemente muertos. El gobierno mantiene esta aparente invisibilidad de lo que ocurre. Las miles de parejas y familias que han debido separarse en razón de las nuevas leyes están demasiado lejos, y sus voces no se oyen.
Para todos los 250 mil ilegales de Holanda, y sus miles de refugiados y de extranjeros, hace ya un buen tiempo que no hay estado de derecho. Recién ayer la Corte de Justicia de Luxemburgo reprochaba a Holanda la violación de leyes europeas. La policía holandesa había detenido y deportado en dos ocasiones a un ciudadano francés luego de que no pudiera mostrar documentos de identidad válidos. Esto ocurrió antes de 2005, cuando Holanda impuso a sus ciudadanos la obligación de identificarse ante requerimiento de la policía. Este caso de discriminación y maltratos se reproduce en Holanda miles y miles de veces al año en el país. Las deportaciones son a menudo violentas y humillantes y suelen ser también agresivas. La policía holandesa se comporta con los extranjeros con un sorprendente barbarismo. El año pasado la policía deportó forzosamente a cerca de 40 mil personas, mucho más que el año anterior. Muchas de las violencias a que somete la policía a los extranjeros son sinceramente indescriptibles en su humillación y crueldad. Para todas esas personas no hay estado derecho hace mucho tiempo.
También en el terreno judicial hay desarrollos que no auguran nada bueno. Desde hace algunos años el servicio de inmigración cuenta con el beneplácito del poder judicial para aplicar una especie de derecho rápido de exactamente 20 minutos de duración en que un juez determina, sobre la base de un informe escrito por la policía o por un funcionario del servicio de inmigración, si se acepta o no la solicitud de asilo del extranjero. Esta es una farsa de derecho al que muchos jueces se han sometido. Pero además en diferentes causas y tribunales se advierte una peligrosa tendencia a acatar instrucciones de gobierno por encima de las leyes y hasta del sentido común. Los tribunales han dejado en libertad a un soldado acusado de matar a un civil iraquí. A pesar de la acusación del ministerio fiscal y de las declaraciones públicas y descripciones de los hechos de sus propios compañeros, el juez dictaminó que el soldado no podía ser procesado por insuficiencia de datos. Días antes de la sentencia, el ministro del Interior había declarado en una entrevista que no convenía juzgar "a nuestros chicos" que vuelven de hacer el trabajo en la guerra. En el mismo sentido, el padre e hijo neo-nazis que atacaron con una pistola a un grupo de cinco marroquíes con la intención confesa de matarlos y que dejaron gravemente heridos a dos de ellos, fueron condenados a las ridículas pena de cuatro y cinco años de prisión, mientras que han modificado las leyes para poder condenar a Mohammed B., el asesino de Theo van Gogh, a cadena perpetua, por un crimen tan motivado por el odio como la masacre frustrada que tramó la familia neo-nazi.
Al mismo tiempo que se aprueban estas leyes anti-terroristas anti-árabes, los extremistas de derecha, fascistas y neo-nazis siguen actuando impunemente en el país. En los casos de cerca de 40 atentados contra mezquitas y centros árabes sólo se ha detenido a unas seis o siete personas y los casos parecen sido cerrados. La ministro de Extranjería alentó a los extremistas retirando o negando vigilancia policial a los templos y escuelas musulmanas. Ayer se lanzó una bomba casera en una tienda judía; también ayer se pintaron cruces gamadas en los ventanales de tiendas árabes. Lamentablemente tenemos razones fundadas para suponer que la policía una vez más hará la vista gorda con los terroristas de extrema derecha.
En Holanda, del estado de derecho no queda más que una carcasa. Es hora de que intervenga Europa. A los ciudadanos se les impedirá dentro de poco que recurran a leyes europeas para defender sus libertades y derechos. Y a los ciudadanos que tuviesen algún pleito con el estado por motivo de estas leyes, se les privaría del derecho a tener jueces independientes -porque se inhabilitará a los jueces que hagan objeciones o que pretenden aplicar el derecho europeo.
Entonces se podrá decir que el estado derecho en Holanda fue asesinado. Y los chacales fascistas impondrán su tiranía ante la mirada estupefacta del mundo civilizado.
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