Criminalidad y Política
El diario argentino Página 12 publicó en estos días un escalofriante reportaje sobre la represión durante la última dictadura en Argentina, especialmente sobre los crímenes cometidos por soldados y agentes represivos en la jurisdicción del Primer Cuerpo del Ejército. Las actividades de este grupo están siendo todavía investigados por un tribunal bonaerense.
El fiscal a cargo de la investigación "analiza la utilización de una decena de empresas de seguridad manejadas por represores para el robo de bienes de desaparecidos, el lavado del dinero que les robaban y el secuestro extorsivo de empresarios". Este grupo secuestraba y detenía a personas acusadas de los más inverosímiles delitos y, antes de eliminarlas mediante métodos igual de crueles que los usados por los militares chilenos, les robaba, haciéndoles firmar traspasos de propiedad y bienes.
También se dedicaban al secuestro de empresarios -que lejos estaban de ser sospechosos de ser de izquierdas. Siempre la afiliación política de los acusados -y posteriormente desaparecidos- y supuestos delitos fueron una excusa para torturarlos y matarlos vil y cobardemente y hacerse con su dinero o propiedades.
Que los militares adoptaron esta política de robo y expoliación de sus pretendidos enemigos políticos como política oficial lo demuestra el hecho de que un hijo del criminal Emilio Massera, fue encausado por este motivo cuando se descubrió posteriormente que apropió de las tierras del empresario Victorio Cerutti.
El grupo militar dedicado a estas labores -que hacen recordar los abusos a que fueron sometidos los judíos por los nazis- seleccionaba a detenidos ricos o adinerados para acusarlos de terrorismo, torturarlos y eliminarlos y apoderarse de sus bienes, que se encontraban en alguno de los varios campos de concentración donde los militares retenían a sus víctimas: Orletti, El Atlético, El Banco, El Vesubio y El Olimpo. En el proceso actual hay 63 imputados, 40 de los cuales en poder de la justicia.
Una de las actividades de estos militares era procesar los bienes y propiedades robados a los desaparecidos. Para ello, el general Otto Paladino, jefe del servicio secreto de la dictadura, fundó una empresa llamada Magister Seguridad Integral, que hacía de fachada para legalizar de algún modo los bienes robados. En esta terrible trama había implicados de los niveles más altos del aparato represivo de la dictadura, como el general Massera; el jefe de la policía bonaerense, y el jefe del Primer Cuerpo del Ejército, Guillermo Suárez Mason.
Según la fiscalía que lleva el proceso, "los hechos revelan que los funcionarios aprovecharon la represión para apropiarse de bienes de las víctimas para realizar los más variados emprendimientos. No hay dudas de que la represión ilegal y el robo fueron de la mano y que el aparato del Terrorismo de Estado inventó las herramientas "para asegurarse el éxito de sus acciones criminales".
Un relato que lo dice todo sobre el supuesto carácter político de las dictaduras argentinas, termina el reportaje de Página 12: "Torres [un gendarme implicado que confesó] se refirió, en otra causa, a cómo en varias oportunidades los asesinos se terminaban peleando por el ‘botín', allí donde mataban y saqueaban. Relató que eso ocurrió en el operativo donde fueron asesinados Lucía Adela Révora de De Pedro y Carlos Guillermo Fassano, que fueron llevados ya muertos al Olimpo. En la casa había 150.000 dólares, que los represores se disputaron en un enfrentamiento donde un principal terminó muerto y otros dos heridos. En los días posteriores, vaciaron la casa, en la calle Belén 335, en Floresta".
Las sucesivas dictaduras argentinas implantaron también la práctica de dejar que las detenidas dieran a luz a sus bebés, si las apresaban embarazadas o quedaban embarazadas tras ser violadas por los militares y policías, para matarlas luego y regalar o vender sus bebés a parejas de militares que no podían tener hijos. Los militares también recurrieron al tráfico de armas para aumentar sus ingresos. Y, como ya se mencionó, a los secuestros de hombres de negocios ricos.
¿Cómo es posible que haya ocurrido algo así? Quiero decir, ¿puede todavía creer alguien que las dictaduras argentinas -como la chilena, de la que fueron aliadas, y otras dictaduras en América Latina- se fundaron en un proyecto político? Después de todos los antecedentes de que se dispone, sería absurdo. El pretendido objetivo de impedir el comunismo en nuestros países es simple y llanamente una falacia. No quiere decir esto que no hubiese personas y grupos que propusiesen la implantación violenta de un régimen comunista, pero decir que estos, aparte ser un problema más bien policial, en realidad ponían en peligro la estabilidad democrática de nuestros países es simplemente falso. (En algunos sistemas jurídicos, valga el alcance, no basta con que alguien confiese un delito o una intención; es necesario además probar que su confesión es verídica). Por lo demás, no tengo que probar que la constitucionalidad democrática la rompieron grupos de militares parias.
Pero si ese objetivo ridículo era una falacia, ¿por qué ocurrió lo que ocurrió? Mi teoría es relativamente simple y se aplica especialmente al caso chileno: en primer lugar, Estados Unidos no quería de ninguna manera que hubiese una solución pacífica a los problemas que vivía Chile en 1973. Para nada le convenía el referendo al que quería convocar Allende, ni le convenía el gobierno de unidad nacional que tenía este en mente. Había que provocar un régimen autoritario y criminal costase lo que costase. (Me baso en declaraciones de Nixon y Kissinger durante la investigación que se hizo después a fines de los años ochenta).
En segundo lugar, las clases ricas chilenas querían recuperar su poder: no solamente se habían quedado sin tierras (debido a la reforma agraria), sin bienes inmobiliarios extravagantes (por la reforma de propiedad urbana), sin sus abusivos recursos y prácticas financieras (por la reforma bancaria), sino además habían dejado de dirigir el país desde un punto de vista social. Simplemente ya no contaban. Estas clases sedujeron o contrataron, y en algunos compraron directamente a jefes militares y mercenarios civiles para poner orden, deshacer las reformas y los avances de las clases pobres (en salud, en previsión social, en ingresos, en situación general, en educación) y volver a ocupar sus antiguas posiciones de privilegio.
A cambio de ello, les ofrecieron privilegios similares a los que gozaban las clases ricas mismas. En otras palabras, les hacían un hueco bajo el sol del privilegio y la explotación de las clases humildes. Y entre esos privilegios se incluía el matar y robar impunemente. La condición, el acuerdo tácito, obviamente, fue que las víctimas debían ser personas de izquierda o al menos debían ser acusadas de ser de izquierdas, lo que, aún sin ser delito, ciertamente les condenaba a muerte. Y las clases ricas, nuevamente ocupando los escaños del poder judicial y económico del país, harían la vista gorda.
De aquí viene, creo yo, el tráfico de cocaína, el tráfico de armas, las expropiaciones y robos de bienes y propiedades de personas y organizaciones de oposición a la dictadura, la fundación de empresas financieras falsas para detectar, robar y asesinar a hombres de negocios ricos.
La dictadura chilena, como la argentina, fueron dictaduras impuestas por grupos de delincuentes comunes, de vulgares criminales codiciosos que utilizaron falsamente argumentos políticos e ideológicos para imponer su poder. Estos grupos de delincuentes cometieron crímenes terribles y jueces y antiguos políticos de derechas guardaron silencio, porque esos criminales garantizaban su retorno a la situación de privilegio que habían perdido. (Esos jueces y esos políticos todavía viven y todavía ejercen su poder). Los argumentos ideológicos de los militares eran un simple barniz que les permitía matar a inocentes y ofrecer a esas víctimas inocentes como terroristas para cobrar sus pagas y mostrar su lealtad a sus patrones. Eso explica la violencia de esas décadas.
Los invito a leer el reportaje en Página 12. O en mQh.
El fiscal a cargo de la investigación "analiza la utilización de una decena de empresas de seguridad manejadas por represores para el robo de bienes de desaparecidos, el lavado del dinero que les robaban y el secuestro extorsivo de empresarios". Este grupo secuestraba y detenía a personas acusadas de los más inverosímiles delitos y, antes de eliminarlas mediante métodos igual de crueles que los usados por los militares chilenos, les robaba, haciéndoles firmar traspasos de propiedad y bienes.
También se dedicaban al secuestro de empresarios -que lejos estaban de ser sospechosos de ser de izquierdas. Siempre la afiliación política de los acusados -y posteriormente desaparecidos- y supuestos delitos fueron una excusa para torturarlos y matarlos vil y cobardemente y hacerse con su dinero o propiedades.
Que los militares adoptaron esta política de robo y expoliación de sus pretendidos enemigos políticos como política oficial lo demuestra el hecho de que un hijo del criminal Emilio Massera, fue encausado por este motivo cuando se descubrió posteriormente que apropió de las tierras del empresario Victorio Cerutti.
El grupo militar dedicado a estas labores -que hacen recordar los abusos a que fueron sometidos los judíos por los nazis- seleccionaba a detenidos ricos o adinerados para acusarlos de terrorismo, torturarlos y eliminarlos y apoderarse de sus bienes, que se encontraban en alguno de los varios campos de concentración donde los militares retenían a sus víctimas: Orletti, El Atlético, El Banco, El Vesubio y El Olimpo. En el proceso actual hay 63 imputados, 40 de los cuales en poder de la justicia.
Una de las actividades de estos militares era procesar los bienes y propiedades robados a los desaparecidos. Para ello, el general Otto Paladino, jefe del servicio secreto de la dictadura, fundó una empresa llamada Magister Seguridad Integral, que hacía de fachada para legalizar de algún modo los bienes robados. En esta terrible trama había implicados de los niveles más altos del aparato represivo de la dictadura, como el general Massera; el jefe de la policía bonaerense, y el jefe del Primer Cuerpo del Ejército, Guillermo Suárez Mason.
Según la fiscalía que lleva el proceso, "los hechos revelan que los funcionarios aprovecharon la represión para apropiarse de bienes de las víctimas para realizar los más variados emprendimientos. No hay dudas de que la represión ilegal y el robo fueron de la mano y que el aparato del Terrorismo de Estado inventó las herramientas "para asegurarse el éxito de sus acciones criminales".
Un relato que lo dice todo sobre el supuesto carácter político de las dictaduras argentinas, termina el reportaje de Página 12: "Torres [un gendarme implicado que confesó] se refirió, en otra causa, a cómo en varias oportunidades los asesinos se terminaban peleando por el ‘botín', allí donde mataban y saqueaban. Relató que eso ocurrió en el operativo donde fueron asesinados Lucía Adela Révora de De Pedro y Carlos Guillermo Fassano, que fueron llevados ya muertos al Olimpo. En la casa había 150.000 dólares, que los represores se disputaron en un enfrentamiento donde un principal terminó muerto y otros dos heridos. En los días posteriores, vaciaron la casa, en la calle Belén 335, en Floresta".
Las sucesivas dictaduras argentinas implantaron también la práctica de dejar que las detenidas dieran a luz a sus bebés, si las apresaban embarazadas o quedaban embarazadas tras ser violadas por los militares y policías, para matarlas luego y regalar o vender sus bebés a parejas de militares que no podían tener hijos. Los militares también recurrieron al tráfico de armas para aumentar sus ingresos. Y, como ya se mencionó, a los secuestros de hombres de negocios ricos.
¿Cómo es posible que haya ocurrido algo así? Quiero decir, ¿puede todavía creer alguien que las dictaduras argentinas -como la chilena, de la que fueron aliadas, y otras dictaduras en América Latina- se fundaron en un proyecto político? Después de todos los antecedentes de que se dispone, sería absurdo. El pretendido objetivo de impedir el comunismo en nuestros países es simple y llanamente una falacia. No quiere decir esto que no hubiese personas y grupos que propusiesen la implantación violenta de un régimen comunista, pero decir que estos, aparte ser un problema más bien policial, en realidad ponían en peligro la estabilidad democrática de nuestros países es simplemente falso. (En algunos sistemas jurídicos, valga el alcance, no basta con que alguien confiese un delito o una intención; es necesario además probar que su confesión es verídica). Por lo demás, no tengo que probar que la constitucionalidad democrática la rompieron grupos de militares parias.
Pero si ese objetivo ridículo era una falacia, ¿por qué ocurrió lo que ocurrió? Mi teoría es relativamente simple y se aplica especialmente al caso chileno: en primer lugar, Estados Unidos no quería de ninguna manera que hubiese una solución pacífica a los problemas que vivía Chile en 1973. Para nada le convenía el referendo al que quería convocar Allende, ni le convenía el gobierno de unidad nacional que tenía este en mente. Había que provocar un régimen autoritario y criminal costase lo que costase. (Me baso en declaraciones de Nixon y Kissinger durante la investigación que se hizo después a fines de los años ochenta).
En segundo lugar, las clases ricas chilenas querían recuperar su poder: no solamente se habían quedado sin tierras (debido a la reforma agraria), sin bienes inmobiliarios extravagantes (por la reforma de propiedad urbana), sin sus abusivos recursos y prácticas financieras (por la reforma bancaria), sino además habían dejado de dirigir el país desde un punto de vista social. Simplemente ya no contaban. Estas clases sedujeron o contrataron, y en algunos compraron directamente a jefes militares y mercenarios civiles para poner orden, deshacer las reformas y los avances de las clases pobres (en salud, en previsión social, en ingresos, en situación general, en educación) y volver a ocupar sus antiguas posiciones de privilegio.
A cambio de ello, les ofrecieron privilegios similares a los que gozaban las clases ricas mismas. En otras palabras, les hacían un hueco bajo el sol del privilegio y la explotación de las clases humildes. Y entre esos privilegios se incluía el matar y robar impunemente. La condición, el acuerdo tácito, obviamente, fue que las víctimas debían ser personas de izquierda o al menos debían ser acusadas de ser de izquierdas, lo que, aún sin ser delito, ciertamente les condenaba a muerte. Y las clases ricas, nuevamente ocupando los escaños del poder judicial y económico del país, harían la vista gorda.
De aquí viene, creo yo, el tráfico de cocaína, el tráfico de armas, las expropiaciones y robos de bienes y propiedades de personas y organizaciones de oposición a la dictadura, la fundación de empresas financieras falsas para detectar, robar y asesinar a hombres de negocios ricos.
La dictadura chilena, como la argentina, fueron dictaduras impuestas por grupos de delincuentes comunes, de vulgares criminales codiciosos que utilizaron falsamente argumentos políticos e ideológicos para imponer su poder. Estos grupos de delincuentes cometieron crímenes terribles y jueces y antiguos políticos de derechas guardaron silencio, porque esos criminales garantizaban su retorno a la situación de privilegio que habían perdido. (Esos jueces y esos políticos todavía viven y todavía ejercen su poder). Los argumentos ideológicos de los militares eran un simple barniz que les permitía matar a inocentes y ofrecer a esas víctimas inocentes como terroristas para cobrar sus pagas y mostrar su lealtad a sus patrones. Eso explica la violencia de esas décadas.
Los invito a leer el reportaje en Página 12. O en mQh.
0 comentarios