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Estado de Derecho Empieza en Plaza Italia

Es loable el llamado de la presidente Bachelet a rendir homenaje a los hermanos Vergara Toledo sin incurrir en actos de violencia. Pero irrita que parezca dirigirse solamente a los jóvenes y otros ciudadanos que conmemoran el deleznable asesinato de los hermanos, y la repetición de lugares comunes alejadísimos de la verdad y, francamente, fuera de lugar.
Los hermanos Vergara Toledo fueron asesinados en 1985, durante la dictadura pinochetista. Pero insinuar que la conmemoración de su asesinato atenta contra la actual democracia es realmente un despropósito.

Para comenzar, habría que recordarle a la señora presidente, Chile no es una democracia. El sistema binominal impide que pueda ser clasificado como democracia, y lo sabe ella mejor que el resto de los chilenos. ¿Por qué pues insistir en una afirmación carente de sentido y, en realidad, insultante? Quizás el sistema binominal es sólido, pero no es democracia. No es democracia un sistema como el chileno, en el que la ciudadanía sólo elige a la mitad de sus representantes, debiendo soportar que las cúpulas de partidos corruptos designen a la otra mitad. No es democracia un sistema donde un ciudadano no pueda postular sin más a los cargos públicos elegidos. Que los ciudadanos voten no implica que vivamos en democracia, como no es democracia que, en algunas dictaduras, los ciudadanos voten en comicios con un solo candidato o con candidatos de un solo partido.

Quizás se refiere la presidenta a que vivimos en un estado de derecho relativamente decente en el que no se tolera la existencia de campos de concentración ni las violaciones masivas de los derechos humanos -bajo la forma de secuestros y detenciones arbitrarias, torturas, extorsiones, expropiaciones, homicidios, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones, métodos característicos de la dictadura. Sea. Habría que determinar si este estado de derecho es válido para todos los chilenos. Que no creo.

Dice la presidente que tenemos los chilenos la posibilidad de expresarnos. ¿Cómo y dónde, señora presidente? ¿En El Mercurio, La Tercera o La Nación, donde no podemos trabajar si no somos pinochetistas o concertacionistas? ¿En alguno de los canales de televisión existentes, donde no toleran a los allendistas? ¿En los sindicatos de fábricas de donde nos despiden cuando nos hacemos miembros del sindicato? ¿En el parlamento ocupado por una clase autocrática que no ha sido elegida por los chilenos? El discurso de la señora Bachelet se vende bien, pero en el extranjero, no en Chile.

El llamado de la presidente debería incluir a los corruptos e inmorales jueces chilenos y sus fuerzas militares y policiales. ¿Cómo puede pretender que los chilenos aceptemos a jueces torcidos que encubren a los más salvajes criminales pinochetistas, dejándoles en libertad e incluso aplicándoles en algunos casos leyes de prescripción en casos de delitos de lesa humanidad que no prescriben o el ilegítimo decreto ley de amnistía que dejó como herencia el peor criminal de la historia de Chile? ¿Por qué tenemos los chilenos que aceptar este estado de cosas?

Esos jueces torcidos debiesen ser expulsados -debieron haber sido expulsados hace muchos años- del poder judicial y debiesen sufrir la pérdida absoluta y perpetua de sus derechos civiles por actuar como encubridores de probados criminales. Hacer la vista gorda, y no atreverse por motivos inconfesados a actuar contra esta clase de alimañas no hace bien a Chile.

Recorren las calles de Chile las peores hienas y chacales pinochetistas, autores de crímenes de una injusticia, cobardía y crueldad sin nombre, porque son protegidos por jueces civiles y, naturalmente, por sus pares de la llamada justicia militar. Esos fiscales militares que actúan encubriendo los crímenes de sus pares debiesen igualmente ser expulsados de las fuerzas armadas e inhabilitados a perpetuidad. En su lugar, reciben todo tipo de privilegios y prebendas inmerecidas. Hasta hace poco, un general que participó en la ejecución extrajudicial de quince chilenos de bien -en Antofagasta- ocupó uno de los cargos más altos de las fuerzas armadas.

¿Será esta presunta democracia la que permite estas aberraciones? Los criminales culpables del asesinato de los hermanos Vergara Toledo -se trata de los carabineros Alex Ambler Hinojosa, Marcelo Muñoz Cifuentes, Francisco Toledo Puente y Jorge Marín Jiménez- viven en libertad, mientras que debiesen haber sido fusilados y enterrados hace más de viente años (cometieron sus crímenes en 1985). Deberían estar al menos encarcelados, con la única esperanza de salir de la cárcel con un traje de palo. En lugar de eso, como digo, viven en libertad.

¿Esta es la democracia que debemos los chilenos respetar?

Personeros de un partido que defiende una ideología del odio y cómplices de los horrores de la dictadura circulan libremente por el país, ocupan incluso escaños en el parlamento sin haber sido elegidos y llaman a aplicar mano dura contra los manifestantes. Estas gentuzas debiesen ser encarceladas, por apología del odio e incitación al crimen y a la violencia, como ocurre en Europa con quienes defienden dictaduras y otros regímenes de odio. En nuestro país, al contrario, estos seres inmorales viven en libertad y contaminan con su encono nuestra vida política.

¿Tenemos que soportar a estas gentuzas, cuya posición en la vida política del país es un signo manifiesto de la falta de democracia o de la farsa de democracia en que vivimos?

La presidenta debe de vivir en una torre de marfil, rodeada de sus senadores y diputados, entre elegidos y designados, para no ver al Chile real -al menos a una parte del Chile real, el que vive en las poblaciones. Si estuviese bien informada, no podría pretender que la violencia con que reaccionan algunos jóvenes contra las fuerzas de orden es una suerte de reacción espontánea de mentes criminales y delincuentes ante la vista de hombres uniformados.

La violencia no cae del cielo. En muchos casos es una violencia que surge de un odio desagradable, pero plenamente comprensible. Los pobres de Chile, y los jóvenes en las poblaciones, son humillados, ultrajados y torturados a diario en el país por carabineros y detectives de policía. Los pobres son diariamente despojados de bienes a los que sólo acceden con grandes sacrificios. Nadie ignora la violencia con que actúa Carabineros en las poblaciones, cuando allanan ilegalmente viviendas y destruyen todo lo que encuentran a su paso, sin rendir cuentas a nadie.

Hay numerosos casos de crímenes cometidos por carabineros que han terminado en la impunidad. En realidad, la gran mayoría de casos en que las víctimas son trabajadores asesinados durante manifestaciones. En la zona mapuche, los carabineros están incluso autorizados a emplear armas de guerra contra comuneros desarmados. Destruyen nuestras fuerzas de orden regularmente sus enseres y cultivos. Roban sus animales. Allanan ilegalmente sus viviendas. Detienen sin justificación alguna a familias enteras. Algunos efectivos circulan en vehículos sin matrícula, para no ser identificados.

¿Quiere la señora Bachelet que respetemos su noción de democracia?

En la zona metropolitana, los carabineros participan en manifestaciones premunidos clandestinamente de armas de guerra y/o de grueso calibre, cuyo uso toleran sus oficiales a condición de mantener el secreto. Es un secreto público.

En algunas comisarías y en dependencias públicas he visto colgado un cartel con los derechos del detenido. Estos no se aplican a los pobres y marginales de Chile. Conozco personalmente numerosos casos de abusos que nadie se atreve a denunciar, por temor a las consecuencias. Carabineros y detectives que golpean y roban periódicamente en las poblaciones periféricas de Santiago y en la Quinta Región. Torturas que no son nunca denunciadas. Abusos y ultrajes que no se denuncian por temor.

Según informaciones del año pasado en Ciudad Invisible, en un reportaje sobre el asesinato todavía impune de Yovani Reyes Sepúlveda en una comisaría de Valparaíso, "las denuncias por ‘violencia innecesaria' [ejercida por las fuerzas policiales] aumentaron de 63 en 1990 a 189 en 1999; por ‘violencia innecesaria más muerte' sólo entre 2001 y 2004 se cuentan 5 (antes de ese periodo no hubo); y en cuanto a las ‘muertes en calabozos' entre 1990 y 2004, las denuncias alcanzan 56, siendo los años 97 y 99 los más graves con 9 cada uno" (Ciudad Invisible 20, noviembre-diciembre 2007).

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Ayer, en vísperas de un nuevo aniversario de la muerte de los hermanos Vergara Toledo, subí a un taxi y me puse a conversar con el taxista. Me contó lo siguiente: Hace dos años subieron a su coche dos jóvenes de población. Accedió a llevarlos a regañadientes. Hizo la carrera hasta Puente Alto. En algún lugar, lo hicieron parar y quisieron pagarle el servicio con un celular y un billete de mil pesos. Nuestro taxista rechazó la forma de pago. "No acepto pago en especies", les dijo. Entonces le dijeron que si no aceptaba ese pago, tendría que acompañarlos a su casa. Los llevó. Pero en lo que debería haber sido su parada final, los chicos le apuntaron a la cabeza, cada uno con un arma. Le robaron la recaudación del día, sus documentos y tarjetas de crédito y el taxi.
El taxista corrió hacia una comisaría cercana que conocía. Plantó la denuncia. Me dijo que su coche fue encontrado ese mismo día en la tarde, abollado -pues lo habían chocado- y sin la radio.

Una semana después le llamaron de una comisaría de Puente Alto. En esta parte del relato el taxista me contó que es primo de un carabinero de fuerzas especiales y que otros miembros de su familia son también carabineros. Le llaman pues en la madrugada y le preguntan si puede trasladarse a la comisaría. Allá han detenido a tres jóvenes. Reconoce a uno de ellos. Los carabineros son amigos suyos. El carabinero a cargo le dijo: "Tienes cinco minutos de gracia". Esta frase extraña me la explicó diciendo que quería decir que tendría cinco minutos para golpear al detenido. Me dijo que estaba entonces enrabiado porque el asaltante había vendido todo lo que le había robado y no era posible recuperar nada y porque era menor de edad y de hecho saldría nuevamente en libertad en tres horas.
Volvió al taxi a buscar un linchaco que usa para defenderse. Le pidió al carabinero amigo que le quitara las esposas al detenido, "para que se defendiera". Lo golpeó con el linchaco -que tenía extensiones de estrellas de metal- durante esos cinco minutos.
Después de golpearlo de esta forma, y viendo el estado desastroso en que había quedado el delincuente, dijo, se había arrepentido. La golpiza era su forma de hacer justicia, porque con las actuales leyes el delincuente, por ser menor de edad, no podría ser imputado. No me dijo si el joven había muerto. Ni si lo habían trasladado a un hospital. Ni si, en caso de haber sobrevivido la bestial paliza, denunció a Carabineros por permitir esos maltratos.

Esto ocurrió en una comisaría de nuestro país que vive, según dice nuestra presidente, en democracia y donde podemos expresarnos sin recurrir a la violencia. No el único de los terribles casos de violencia policial que conozco. Los carabineros se ensañan con la población pobre de Chile. La presidente pretende que tenemos derechos que son respetados. Alguien le ha mentido o ella se engaña a sí misma. Los derechos humanos y civiles de las clases pobres no los respeta nadie. No los respetan los patrones. Ni las autoridades. Ni las fuerzas de orden. En Chile el estado de derecho impera, en el mejor de los casos, de Plaza Italia para arriba.

Habría que preguntarle si no, a la señora Bachelet, por qué los asesinos de los hermanos Vergara Toledo están todavía, veintitrés años después de los asesinatos, en libertad y no encarcelados cumpliendo prisión perpetua a firme, como debiese ser.

Quizá la presidenta no considera eso violencia.

Nota
[Con la expresión 'estado de derecho empieza en Plaza Italia' se quiere decir que lo viven las clases medias y altas. Plaza Italia divide en Santiago los barrios ricos de los barrios pobres. De Plaza Italia para arriba se encuentran los barrios ricos]

 

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