En Defensa de la Civilización

En los últimos días, o semanas y meses, he leído en la prensa tres noticias relacionadas con la legislación francesa que define y penaliza delitos contra la democracia. Una de ellas gira sobre el espía francés Paul Aussaresses, que sostiene en un libro de memorias publicado recientemente, ‘Je n’ai pas tout dit’, que generales brasileños ayudaron a Pinochet a perpetrar su golpe de estado. Sin embargo, este profesor de torturas no entrega demasiados detalles.
Según informó La Nación sobre la base de una nota publicada por la Folha de Sao Paulo, en diciembre de 2004 este espía fue condenado por el Tribunal Supremo francés "por complicidad en apología de crímenes de guerra y por defender en ese libro las torturas y otros abusos cometidos en la guerra de Argelia". El general fue pasado a retiro y le retiraron igualmente la Legión de Honor con la que había sido distinguido.

En Francia es la apología, defensa o justificación de crímenes de guerra un delito grave y de gravísima connotación social. De ahí castigos como el licenciamiento forzado y la cancelación o retiro de honores nacionales.

El 6 de mayo informaba La Nación sobre la postergación del juicio en París de un grupo de trece colaboradores de Pinochet, juzgados en ausencia por la desaparición, vale decir, secuestro, torturas y asesinato de varios ciudadanos franceses durante la dictadura militar. Los acusados se encuentran entre los personajes más siniestros del régimen militar: Joaquín Ramírez Pineda, ex comandante del regimiento Tacna; el teniente coronel de Carabineros Gerardo Godoy García; Basclay Zapata Reyes (‘El Troglo’), DINA, suboficial de Ejército; Miguel Krassnoff Martchenko, brigadier DINA, ex jefe de la brigada Águila; Marcelo Moren Brito, coronel DINA, ex jefe de Villa Grimaldi; Pedro Espinoza Bravo, brigadier, ex segundo jefe de DINA; Raúl Eduardo Iturriaga Neumann, general DINA, ex jefe de su departamento exterior; José Zara Holger, brigadier, DINA, ex jefe de su departamento exterior; y el ex agente civil, DINA, Enrique Arancibia Clavel; el ex general Manuel Contreras, jefe de la DINA; y el nazi de Colonia Dignidad, Paul Schäffer.

Estos chacales están acusados de secuestros, torturas y desapariciones, i.e. homicidios con ocultamiento de los cuerpos de las víctimas. El tribunal parisino los acusa de cometer "actos de barbarie".
El 8 de febrero de este año, Reuters informaba en su página web que el ideólogo fascista francés, dirigente del Frente Nacional, Jean-Marie Le Pen, había sido condenado a una pena de tres meses de prisión en régimen remitido y a una multa de diez mil euros (unos siete millones doscientos mil pesos) por afirmar en público que la ocupación nazi de Francia no había sido inhumana. El tribunal lo encontró culpable de justificar crímenes de guerra y de "refutar crímenes contra la humanidad".

Las palabras de Le Pen provocaron el malestar de amplios sectores de la sociedad francesa. Durante la ocupación nazi, los alemanes deportaron a Alemania a 76 mil judíos. Sólo volvieron dos mil quinientos.

Negar el Holocausto es un crimen en Francia. También es un crimen justificar los crímenes cometidos por los nazis u otros regímenes dictatoriales o hacer apología del crimen o de guerras de agresión o genocidio.

La defensa de Le Pen afirmó que este había hecho esas declaraciones durante una conversación informal. La directora de la revista que publicó la entrevista fue condenada a pagar una multa de cinco mil euros (tres millones seiscientos mil pesos). El periodista que hizo la entrevista debió pagar una multa de dos mil euros (un millón 440 mil pesos).

En la legislación francesa, los ‘actos de barbarie’ están estrechamente vinculados con los delitos terroristas. En realidad, forma parte de las leyes de represión del terrorismo. El artículo primero de la Ley 689-3 penaliza el "atentado voluntario a la vida, torturas y actos de barbarie, violencia que hubiera entrañado la muerte, mutilación o una dolencia permanente o, si la víctima fuera menor de edad, una incapacidad total para trabajar superior a ocho días, rapto y secuestro castigados en el libro I del Código Penal así como las amenazas definidas en los artículos 227-17, párrafo 2, y 222-18 de este código, cuando la infracción fuera cometida contra una persona que tuviera derecho a una protección internacional, incluídos los agentes diplomáticos".

La pena máxima por actos de barbarie es la reclusión perpetua.

El concepto ‘acto de barbarie’ obtiene su significación de las nociones sobre el derecho de gentes. Un acto de barbarie es un acto inhumano o que constituye una violación de principios internacionales o universales relativos a la dignidad e inviolabilidad del ser humano y al orden social. Se considera un ‘acto de barbarie’, dice el connotado jurista Rafael Lemkin, todas "las acciones de exterminio dirigidas contra las colectividades étnicas, religiosas o sociales cualesquiera que sean los motivos (políticos, religiosos, etc.), como por ejemplo masacres, pogromos, acciones emprendidas para arruinar la existencia económica de los miembros de una colectividad, etc. Del mismo modo, se incluyen aquí toda clase de manifestaciones de brutalidad que atentan contra la dignidad del individuo, en casos en los que estos actos de humillación surjan de una lucha exterminadora dirigida contra la colectividad a la que pertenece la víctima" (véase aquí su artículo sobre el tema).

El terrorismo, el vandalismo, la apología de la guerra, los crímenes de guerra, el genocidio, las violaciones a los derechos humanos son todos actos de barbarie o inhumanos. Según el derecho internacional son imprescriptibles e inamnistiables.
Los movimientos y políticos fascistas tienen dificultades en gran parte de Europa a la hora de lanzar sus campañas de odio racial o étnico o político. Sus ideologías son consideradas delito. Justificar dictaduras, como la nazi o la de Franco o Salazar, son actividades ideológicas delictivas y penalizadas.

No es que no puedan defender esos puntos de vista aberrantes e inhumanos. Pueden hacerlo en circuitos específicos, en sus casas o en espacios privados. Pueden escribir sus creencias demenciales, e incluso publicarlas en libros. Pero probablemente no podrán publicarlas ni en diarios ni revistas. No podrán defender sus puntos de vista en la televisión, pero sí en un club privado.

En Bélgica y Francia, los movimientos y políticos de extrema derecha no pueden publicar nada en diarios, ni siquiera en períodos electorales: Un pacto sellado por la prensa de esos países prohíbe la venta de espacio publicitario a grupos que propaguen ideologías de odio o criminales. Los partidos de la izquierda y derecha tradicionales de esos países han firmado un pacto, ampliamente respetado, por el cual se prohíben colaborar o cerrar alianzas con partidos y políticos de extrema derecha.

Y es que los partidos europeos y una parte de la prensa del Viejo Continente han entendido la necesidad y urgencia de defender la democracia, y más allá de la democracia, los valores permanentes de la civilización occidental, contra las incursiones y ataques de ideologías de odio, de la extrema derecha y del fascismo. Estas ideologías de odio utilizan las fracturas y debilidades de la democracia para difundir sus ideologías enfermizas y demoníacas.

La democracia debe protegerse de esas fuerzas bárbaras que amenazan los conceptos fundamentales y pilares de nuestra civilización, que son la igualdad, la libertad y los derechos humanos. En general, en Europa los partidos y organizaciones que rechazan estos elementos esenciales del mundo occidental no son excluidos sin más de la vida política, pero deben hacer frente a numerosos obstáculos.

No se entiende por democracia una mera suma de votos. La democracia implica además la adopción de algunos valores permanentes de las culturas occidentales.

Qué diferente es la situación en Chile.

En Chile el parlamento no solamente no ha ratificado los tratados internacionales firmados por prácticamente todos los países del mundo que permiten la persecución de estos delitos, sino que además su vida política tolera las actividades de organizaciones políticas que hacen apología del crimen y que todavía justifican los crímenes y fundamentos de la dictadura pinochetista. Partidos que en Europa serían considerados y tratados como asociaciones criminales o ilícitas, como la Unión Demócrata Independiente (UDI), en Chile participan activamente en la vida política del país.

Políticos de extrema derecha que deberían haber sido llevados a justicia o castigados de otro modo, o sometidos a proceso y encarcelados por su complicidad con la dictadura pinochetista, dominan la vida política de Chile y controlan su parlamento mediante una Constitución dictatorial aberrante y estúpida que, lamentablemente, sucesivos gobiernos de la Concertación han aceptado, transformando al país en una farsa y una caricatura impresentables.

Ayer 15 de mayo de 2008, por ejemplo, un grupo de elementos de extrema derecha en el parlamento (parlamentarios de la UDI, pero ninguno de ellos elegido) denunció como persecución el procesamiento de un grupo de oficiales homicidas de la Armada chilena por su participación en las torturas y asesinato del sacerdote británico Woodward en 1973.

Estas sabandijas siguen sosteniendo que en Chile hubo una guerra -una noción patentemente falsa y mal intencionada que tiene por objeto justificar los crímenes cometidos por los militares antipatriotas- y que las detenciones que cometieron no pueden ser tipificadas como secuestro. Desde el momento en que esos elementos militares se pusieron fuera de la Constitución, sin embargo, es evidente que las detenciones que ordenaron no pueden ser sino calificadas de secuestro (en La Nación, o en el archivo permanente de mQh).

En Francia esto constituiría un delito. Quienes expresasen esa opinión podrían terminar en la cárcel. La justificación de violaciones a los derechos humanos, la justificación de regímenes dictatoriales, la justificación de torturas o del genocidio de un grupo humano, tal como fue llevado a cabo por la dictadura pinochetista, son delitos considerados graves. Es la razón por la que el matón fascista Le Pen fue procesado y condenado.

En este país aberrante en el concierto internacional occidental (en realidad, el Chile de hoy tiene mucho más de Asia que de Occidente, en razón de su régimen político autocrático -sistema binominal- y por su sistema social de castas), los apólogos de la dictadura ocupan sin ser elegidos exactamente la mitad del parlamento e incluso controlan parte importante de la prensa escrita y de televisión.

En realidad, Chile sigue siendo una dictadura, sólo que esta vez sin militares y sin violaciones desenfrenadas de los derechos humanos -aunque la policía sigue matando a manifestantes con la asombrosa complacencia de las autoridades concertacionistas.

Mientras que en Europa es un delito intentar justificar siquiera la dictadura nazi, aquí en Chile hay personajes que, desde la tribuna de un diario de extrema derecha, todavía celebran la dictadura pinochetista y, por ejemplo, niegan la comprobadísima participación norteamericana en el golpe de estado de Pinochet de 1973.

Por ejemplo, un señor que obedece a la voz de Fernandois afirma en una columna en El Mercurio, que es cuento que la CIA participó en el golpe contra Allende. Todos sabemos sin embargo, por confesión propia de personajes como el ex presidente Nixon y el secretario de Estado Kissinger que Pinochet recibió dos millones de dólares por su trabajo y que la CIA también pagó al grupo Patria y Libertad para cometer atentados y asesinatos durante el gobierno socialista.

En algunos países de Europa negar hechos históricos comprobados en el marco de regímenes dictatoriales es un delito. No se puede negar la existencia de los campos de exterminio de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo. Es justamente por este delito que el cabecilla neonazi francés fue condenado a tres meses de prisión, lamentablemente en régimen remitido.

En Francia y otros países de Europa, la desvergonzada apología del crimen que hace regularmente una gárgola que va por la vida bajo la apariencia humana de Hermógenes Pérez de Arce, de El Mercurio, habría dado con su anatomía en un calabozo. Últimamente ha afirmado, sobre el asesinato e intento de asesinato de Carmen Quintana y Rodrigo Rojas, que no fueron carabineros quienes les rociaron con bencina antes de prenderles fuego, sino que las víctimas sencillamente tropezaron y cayeron sobre materiales combustibles y que los militares incluso trataron de apagarlos y salvarles la vida. Esta hiena insensible escribe regularmente alabando los crímenes de Pinochet, sin que nadie se alarme y aplaudido por su corte de bestias.

El partido pinochetista, cuyos dirigentes deberían estar encarcelados y sobre quienes debería pesar la prohibición eterna de participar en la vida pública por su complicidad con el régimen dictatorial, ha incluido la justificación de los crímenes de la dictadura como parte de su declaración de principios.

Este partido -UDI- llama pronunciamiento militar a la dictadura de la jauría pinochetista y lo consideran ineludible, y se proclama contra toda verosimilitud cristiano y defensor de la civilización occidental. Es francamente increíble. Estas son pretensiones absurdas y ridículas. Tan absurdas y ridículas como las pretensiones del Enano Fascista de España, que iba por la vida disfrazado de católico.

Acá en Chile he escuchado a veces el argumento de que la libertad de opinión debe admitir la expresión de opiniones de extrema derecha. Para mí, admitir la publicación y divulgación de opiniones de fascistas, neonazis y otras sabandijas sería lo mismo que permitir la existencia de grupos de defensa de la esclavitud, la pedofilia o la violación sexual. ¿Cuál es la diferencia?

En Europa en los últimos años se ha asistido a una suerte de renacimiento de la opinión fascista. Se escudan los energúmenos igualmente en la libertad de opinión y prensa. En algunos países se los ha aceptado. Al menos hasta el 2007 en Holanda hubo ministros de extrema derecha, y en alguna de su prensa era común ver artículos sobre la conveniencia de crear guetos para controlar a la población árabe. Los fascistas gozaban de la libertad de insultar a todo el mundo. Van Gogh, el cineasta asesinado por un musulmán fanático era un neonazi que llegó a gritar alguna vez, a un diputado judío, que le iría a mear en su tumba cuando muriera. Y se burlaba abiertamente de los judíos y del exterminio al que fueron sometidos por los nazis.

Pero en ese país que admitía que su prensa comentara la conveniencia de encerrar a los árabes y otros grupos étnicos no europeos, consideraba un delito grave justificar los atentados cometidos por grupos musulmanes. Y llegó su gobierno a aprobar una ley que convirtió en delito "escribir contra las sociedades occidentales", entre las cuales curiosamente se contaba.

Puede sonar raro que se considere en Francia un delito rechazar las proposiciones que se defienden en un libro. Por ejemplo, alguien puede creer que se puede rechazar que los nazis aplicaron una política de exterminio contra los judíos, o que los campos de concentración no existieron. Algunos piensan que esto pertenece al campo de las opiniones.

Pero no es así. Cuando la investigación histórica ha determinado más allá de toda duda la veracidad de los hechos descritos, y considerada la gravedad y dimensión social y moral de los crímenes cometidos, no se puede admitir que algunos seres moralmente atrofiados pongan en discusión estas verdades. Quien lo haga deberá enfrentarse a la justicia. Es lo que ha ocurrido en Francia.

En Chile hay gente o que niega los crímenes de la dictadura pinochetista, o que los justifica. Ambas posturas debieran constituir delito y sus defensores debiesen ser castigados con severidad y excluidos definitivamente de la vida política del país.

La UDI es una asociación criminal y debiese ser desmantelada, sus bienes expropiados y sus dirigentes encarcelados y procesados. Es esta una labor indispensable para que el país pueda progresar y recuperar la democracia, que es algo que, pese a los dichos absurdos del gobierno y de algunos partidos políticos, todavía no se ha logrado, a pesar de que la dictadura terminó formalmente hace más de dos décadas.

En su declaración de principios, este partido de extrema derecha escribe que "es lícito que [...] se suspenda el ejercicio de los principales derechos cívico-políticos a las personas o grupos que pretendan valerse de ellos para conculcarlos, propagando doctrinas totalitarias o violentistas".

La justificación de los crímenes de la dictadura forma ciertamente parte de lo que el propio partido llama propagación de doctrinas violentistas. La definición se aplica perfectamente a lo que hacen sus propios dirigentes y miembros, de negar persistentemente los crímenes y actos de barbarie cometidos por la dictadura pinochetista y proteger a los criminales que los cometieron.

En virtud de sus propios principios explícitos, por su defensa del crimen y la barbarie, este partido debería ser disuelto y prohibido.

Este partido comete otros delitos ideológicos. Uno de ellos es la usurpación de identidad ideológica, que se comete cuando se autodefine un grupo como, por ejemplo, defensor de la civilización occidental y defiende al mismo tiempo las peores violaciones a los principios morales de esa propia civilización. O decir de sí mismo que se es patriota y, al mismo, colaborar con un país extranjero para destruir las instituciones básicas de la patria. Son todos delitos cometidos por este partido.

También comete la UDI otro delito inmanente, cuando afirma que "función judicial debe ser rodeada del respeto y la majestad que merece, cuidando su plena independencia y su efectivo imperio para hacer cumplir sus resoluciones" y, al mismo tiempo, impugna e injuria a los jueces cuando pretenden llevar a justicia a los pinochetistas culpables de violaciones a los derechos humanos -como ha hecho ayer un grupo de elementos derechistas que acusaron de parcialidad a la jueza que está procesando a los militares responsables del asesinato del padre Woodward (en La Nación).

Es asombroso, y aberrante, que este partido de criminales forme alianza con un partido que se define a sí mismo como liberal -lo que demuestra de paso que la distancia que hay entre Europa y Chile parece distorsionar las comunicaciones y aquí algunos nativos entienden por liberalismo una doctrina alejadísima de la ideología libertaria y más cerca del elogio de la codicia que de otra cosa, pues los liberales de Renovación Nacional tienen tanto de liberales como pelos un calvo.

Por eso consuela mirar a Francia y otros países civilizados, donde estos personajes aberrantes, verdaderas gárgolas del infierno, que defienden crímenes inhumanos sobre la base de argumentos imbéciles e impresentables, son perseguidos y castigados.

Nos da esperanzas para creer que algún día nuestro país llegará a ese nivel de civilización que nos permitirá construir una verdadera democracia sobre la base de principios morales que llamamos occidentales, entre ellos primeramente la igualdad, la libertad y el respeto de los derechos humanos.