Por Qué Mataron a Leonardo Montes

Lo que le sucedió al soldado raso colombiano Luis Esteban Montes es una escalofriante tragedia que pone al descubierto las espantosas heridas de la sociedad colombiana. Montes pertenecía al Batallón de Fusileros 31 de la Compañía Antílope, en Córdoba. Hacía tiempo que los soldados no causaban bajas enemigas y se acercaba el Día de la Madre. En la compañía, los comandantes otorgaban quince días de permiso por guerrillero muerto o capturado. Para conseguir ese permiso los soldados decidieron matar a un civil cualquiera, vestirlo con el uniforme de la guerrilla y declararlo enemigo caído en combate. Eso se llama ‘legalizar’ a un civil.

Luis Esteban Montes accedió a participar en la operación. Por la noche un día le dijeron que ya tenían en el cuartel a la víctima que reportarían después como baja en un enfrentamiento armado. Por curiosidad se acercó a hablar con él, y descubrió al poco rato que la víctima no era otro que su hermano, al que no veía hacía nueve años.1 Le contó a Leonardo las malignas intenciones de los soldados que lo habían invitado y se acercó al comandante a suplicarle que dejara marcharse a su hermano. El comandante lo amenazó en caso de que llegase a abrir la boca.2 Esa noche, Montes sacó a su hermano del cuartel.

Días después debió acercarse a una ciudad cercana (Puerto Libertador) para tratar su malaria y se enteró que sus compañeros habían hecho un ‘falso positivo’, i.e. habían asesinado a un civil para presentarlo como guerrillero. Aparentemente los soldados lo estaban enterrando en una fosa común en el cementerio de esa ciudad cuando Montes reconoció a su hermano muerto, con varios impactos de bala en el pecho y una herida de cuchillo en la cara.3

Sus propios compañeros asesinaron a su hermano para conseguir un permiso, que finalmente no consiguieron. Montes, sin embargo, ciertamente no es mejor que los asesinos de su hermano. Si hubiese sido otro, no habría dudado en asesinarlo. Es probable que haya participado anteriormente en otras operaciones para secuestrar y asesinar arbitrariamente a civiles.4

El caso de Montes (en fwdailynews; una versión en español en mQh; la historia original del soldado Luis Esteban Montes fue publicada en la revista Semana) ha causado impacto en Colombia. Pero su caso es uno más de entre las 245 ejecuciones extrajudiciales de civiles no implicados en el conflicto denunciadas el año pasado. En lo que va del gobierno del presidente Álvaro Uribe más de mil quinientos civiles han perdido la vida de esa manera; 480 soldados están siendo juzgados por su participación en esos crímenes. Para el 31 de octubre, esas bajas reportadas ascendían a 1584.

En relación con otro escándalo, y por las numerosas denuncias de violaciones a los derechos humanos, en la primera semana de noviembre el presidente Álvaro Uribe destituyó a veintinueve altos oficiales, incluyendo a generales y coroneles, y provocando la renuncia del comandante en jefe del ejército, el general Mario Montoya. Los primeros estaban implicados en asesinatos arbitrarios de civiles para inflar las bajas enemigas y obtener recompensas o privilegios (en The Christian Science Monitor; versión en español en mQh.

En una semana se informó de nueve casos similares. Jóvenes colombianos desaparecieron de un barrio en el sureste de Bogotá y aparecieron muertos, vestidos como guerrilleros y clasificados y exhibidos como bajas enemigas en combate, en un remotísimo pueblo, a cientos de kilómetros de la capital. El motivo no es únicamente inflar las cifras. En algunos casos los comandantes pagan altas recompensas por guerrilleros muertos, lo que fomenta el asesinato de inocentes para cobrarlas.

Es difícil entender crímenes premeditados de esta naturaleza. Estos soldados no estaban matando a una población enemiga u hostil. Estaban asesinando a sus propios compatriotas e incluso a sus propios familiares. Las inclinaciones políticas de sus víctimas les eran indiferentes. Los comandantes toleran y a veces estimulan la comisión de estos asesinatos. Les conviene tener a la población atemorizada y, al mismo tiempo, justificar el estado de guerra, para seguir recibiendo los cuantiosos subsidios del gobierno del presidente Bush. La misión de las tropas colombianas del presidente Uribe es simplemente consolidar el estado de guerra.
    
Según el Christian Science Monitor (véase una versión en español en mQh) del 7 de noviembre, "la oficina del inspector general colombiano está investigando más de 930 ejecuciones extrajudiciales desde 2002, mientras que una federación de organizaciones de derechos humanos conocida como Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos contó al menos 535 ejecuciones entre enero de 2007 y julio de 2008".

En las guerras civiles suelen cometerse crímenes atroces. Pero la sistematicidad de estos asesinatos despierta sospechas. La escala de estas operaciones es alucinante: más de mil quinientas durante el gobierno de Uribe. Las víctimas suelen ser hombres jóvenes desempleados, drogadictos, homosexuales, y, según dice el New York Times (hay una traducción en mQh), vagabundos, vendedores ambulantes y artesanos "[...] que fueron clasificados [...] como subversivos o miembros de pandillas criminales y asesinados por las fuerzas armadas".

En este reportaje de Simón Romero, nos enteramos de que "[...] un estudio de los asesinatos de civiles de Amnistía Internacional y de Fellowship of Reconciliation, ambas organizaciones de derechos humanos, constató que el 47 por ciento de los casos reportados [de ejecuciones extrajudiciales] en 2007 implicaron a unidades colombianas financiadas por Estados Unidos". Casi la mitad de los informes sobre asesinato de civiles inocentes en 2007, implican a unidades de las fuerzas armadas colombianas que reciben los quinientos millones de dólares anuales por concepto de ayuda militar (New York Times; traducción en mQh).

Por eso algunos en Colombia han empezado a denunciar estas campañas como operaciones de limpieza social en las que se tolera el asesinato de personas consideradas inútiles o potencialmente peligrosas o pobres -como las operaciones de limpieza de la policía brasileña hace algunos años, en las que fueron ejecutados decenas de niños de la calle y delincuentes juveniles en secuestros y ataques financiados por negocios y tenderos. Es lo que ha denunciado Mónica Sánchez, de la Corporación Jurídica Libertad, una organización de defensa de los derechos humanos de Medellín.

El presidente Uribe aceptó la renuncia del general Montoya. Pero eso ciertamente no es suficiente para olvidar el asesinato arbitrario e inútil de más de mil quinientas personas completamente inocentes. El general Montoya ha sido acusado ya en 2000 de espantosas violaciones de derechos humanos en Medellín y en el departamento de Putumayo. El presidente debió haberlo licenciado, no ocho años después y sólo obligado por las circunstancias. "Estos últimos homicidios", dice Amnistía Internacional, "no son sino la punta de un gigantesco iceberg. Amnistía Internacional y otros grupos de derechos humanos colombianos e internacionales llevan años denunciando las ejecuciones extrajudiciales en Colombia, donde esta práctica sigue siendo generalizada y sistemática" (Amnistía Internacional). Amnistía demanda que los militares responsables sean sometidos a proceso por la comisión de esos y otros crímenes de lesa humanidad. Y el presidente haría bien en continuar su purga de las fuerzas armadas, que se han convertido en fuerzas asilvestradas que matan por dinero y por diversión a personas que consideran socialmente inferiores o físicamente disminuidos -motivos suficientes para marcarlos para la muerte.

¿Se puede creer en el presidente Uribe? Las medidas que tomó eran ciertamente necesarias, pero vienen demasiado tarde -después del asesinato de más de mil quinientas personas que no tenían por qué morir5- y sólo después de prolongadas denuncias de organizaciones de derechos humanos. Y la última decisión del presidente de nombrar al general Óscar González en reemplazo del general Montoya en la jefatura de las fuerzas armadas da poca esperanzas de que quiera introducir algún cambio profundo en la orientación de su guerra contra las guerrillas. El general González dirigió dos de las unidades más fuertemente denunciadas por las ejecuciones extrajudiciales (en The Christian Science Monitor).

A mediados de octubre, Human Rights Watch acusaba al presidente colombiano de obstaculizar a la justicia para impedir o entorpecer los juicios a paramilitares (en El Mercurio de Valparaíso), lo que simplemente confirma lo que sabe todo el mundo, que es que el gobierno colombiano ha colaborado en el pasado, de diversas formas, con las milicias paramilitares, una de ellas iniciada por el presidente mismo, y que trata de encubrir sus crímenes. También Amnistía  Internacional ha denunciado repetidas veces las violaciones a los derechos humanos de que se hace culpable el gobierno colombiano.

Ya en junio de 2007, un artículo en Los Angeles Times informaba que de novecientos casos de asesinatos de civiles ahora en tribunales, los jueces habían dictado condena sólo en cuatro (en Los Angeles Times; hay una traducción en mQh). En Colombia los criminales se sienten en casa.

Es impresionante la malignidad que trasuntan los actos del gobierno. Tómese en cuenta que mil quinientas víctimas inocentes en cinco años, quiere decir trescientos asesinatos al año, poco menos que uno por día. Y esto se viene repitiendo desde que Uribe asumiera el cargo.

Aunque el presidente se esfuerce en expresar su apego a las leyes, a menudo aparece mencionado en relación con esas milicias. Más de sesenta diputados están siendo juzgados por sus nexos con paramilitares, algunos de ellos implicados directamente en crímenes de sangre, y la mayoría de ellos pertenece a la coalición conservadora de Uribe. Ministros de su gabinete, jefes de policía y miembros del círculo íntimo del presidente han sido denunciados por sus lazos con los carteles de la coca y con los paramilitares, algunos de ellos implicados en atroces matanzas de civiles.

No puede ser que el presidente aparezca relacionado tan a menudo, si bien indirectamente, con esos grupos de criminales. Entonces cobra sentido los obstáculos que pone al enjuiciamiento de paramilitares y otros asesinos a sueldo. No es necesario ser paranoico para empezar a creer que hay una relación entre una cosa y la otra. Hay demasiadas y sospechosas coincidencias.

Es sorprendente la constante asociación entre la derecha política y el crimen. Es como si la derecha no fuese otra cosa que una chapa ideológica y literaria grotesca de los delitos más abyectos y absurdos que se puedan cometer. Es asombroso que haya gente que defienda y justifique los crímenes arbitrarios, las matanzas de civiles inocentes y otros delitos igualmente horrendos, cometidos contra ciudadanos. Es difícil entender la lógica de los perpetradores, para quienes la vida humana se ha reducido al valor de un permiso de salida para celebrar nota bene el Día de la Madre, privando justamente a una madre, y arbitrariamente, de su hijo. Esa lógica es la enfermiza irracionalidad del neo-nazi y del criminal de extrema derecha. Difícil entender que en su lógica ellos se atribuyen el derecho de capturar, torturar y ejecutar a civiles según capricho y a discreción de los comandantes locales. Es la lógica de los personajes de Lewis Carroll.

¿Por qué?

Los conservadores dicen a menudo cosas como ‘la guerra es así’, o ‘son cosas que pasan en toda guerra’, aparentemente para justificar ideológicamente la impunidad. ¿Qué querrá decir? ¿Es normal que un soldado viole, robe y asesine a civiles porque sí, independientemente del conflicto civil que se supone que libra? ¿Es el precio que se paga por recurrir al crimen para defender al régimen establecido, algo así como las gárgolas en una catedral? Algo así pasó con Pinochet. Le pagaron por sus crímenes, pero a partir de ese momento sus patrones se convirtieron en rehenes de su propia violencia. A mí estas cosas me parecen completamente inaceptables. ¿Por qué son para un derechista aceptables estas atrocidades? ¿Cuál es la idea? ¿No se puede ser derechista y decente al mismo tiempo? ¿Para ser derechista hay que ser cuco primero?

En el caso colombiano queda claro que, independientemente del origen de las guerrillas y del conflicto del gobierno con ellas, las autoridades tienen un gran interés en mantener la guerra viva, en exacerbarla, para obtener los subsidios norteamericanos. No son sólo soldados codiciosos e inescrupulosos los que cometen esos crímenes para recibir más recompensas o un permiso de salida. La cantidad de víctimas indica que se trata de un fenómeno generalizado y autorizado, permitido o incluso ordenado por las autoridades. Hay que mantener la guerra a todo precio; los norteamericanos deben quedar convencidos de que la guerra continúa; el dinero tiene que seguir fluyendo hacia las fuerzas armadas. Y para demostrar que hay una guerra, hay que producir, exhibir y entregar cadáveres de enemigos.

Se sabe que en los últimos años los ejércitos de campesinos han sufrido numerosas y sensibles bajas en los últimos meses y que sus reclutas se han reducido prácticamente a la mitad. Es sorprendente que este año, pese a la ausencia de acciones de los guerrilleros, el ejército haya inventado cerca de doscientas cincuenta enfrentamientos ficticios para justificar el asesinato de civiles. Este año probablemente, como en los anteriores, la mayoría de las víctimas de la guerra y de las tropas de Uribe serán civiles.

Como Leonardo, la mayoría de las víctimas civiles son hombres jóvenes pobres, desempleados, mendigos, artesanos. Son seducidos con ofertas de trabajo y trasladados a lugares remotos del país, dependiendo de dónde determinen los jefes militares que deben entregarse los partes de esas bajas. Luego una celda y un final inesperado. Son víctimas de la máquina de crímenes del gobierno colombiano.

1 Cuenta Luis Esteban Montes: "No le alcancé a ver el rostro porque no había luz ni luna. Estaba lloviznando" (‘Mi hermano fue un falso positivo’, Semana del 25 de octubre de 2008). Se enteró de que se trataba de su hermano cuando le preguntó por su familia.

2 Según revela el soldado, cada unidad militar colombiana tiene a su servicio a algunos asesinos a sueldo que se encargan de esas tareas. "Tampoco era difícil encontrar quién lo hiciera porque cada compañía tiene sus dos o tres sicarios, que son siempre los que hacen esas vueltas y se ganan su millón de pesos" (fuente anterior).

3 Estando en Puerto Libertador se entera que en el cementerio local están enterrando a una baja reciente de su compañía. Sospechando lo peor, se dirige hacia allá. "Cuando llegamos al lugar, el muerto ya estaba en el piso envuelto en un plástico blanco. Yo me tiré sobre él, rompí la bolsa y me di cuenta de que era mi hermano, Leonardo. El hueco ya estaba listo y dos soldados lo agarraron de los pies y de las manos y lo tiraron así, sin ataúd ni nada" (fuente anterior).

4 "Entonces se empezó a hablar de ‘legalizar’ a alguien. Es decir, de matar a una persona para hacerla pasar por guerrillero y así ganarse el permiso para salir. No me sorprendió del todo, pues las ’legalizaciones’ son un asunto cotidiano" (fuente anterior).

5 El jefe paramilitar en prisión, Ever Velosa García "[...] de manera pública, les pidió el perdón a los pueblos indígenas [por la masacre de Alto Naya en 2002, cuando asesinó de doce indígenas inocentes] y reconoció que este como el de la casi totalidad de los crímenes que ordenó y ejecutó "afectaron a personas que nada tenía que ver con el conflicto y que nunca debieron de morir" (Semana del 25 de octubre de 2008).