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Uribe, un Criminal de Guerra

La incursión en Ecuador es una violación de la soberanía de ese país y un abominable violación de los derechos humanos.
Un reciente editorial de El Mercurio es, pese a lo bizarro de la afirmación que sigue, representativo de la opinión generalizada, explícita y encubierta, de gran parte de la prensa chilena. Gira el escrito del 24 de marzo sobre la incursión militar colombiana en Ecuador y hace un recuento de lo que ha pasado desde entonces a nivel político y diplomático. La resolución de la OEA, dice, reafirma "la vigencia de los principios consagrados en el derecho internacional, del respeto a la soberanía, de la abstención del uso o amenaza de uso de la fuerza, y de no injerencia en los asuntos de otros estados". Destaca el rechazo a la "incursión de fuerzas militares [...] en territorio ecuatoriano" y el compromiso de los cancilleres de combatir las amenazas a la seguridad que representan grupos irregulares.
El autor lamenta luego que no se mencione en dicha resolución explícitamente a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y que no se acepte la clasificación norteamericana de esa organización como terrorista, que, según el editorialista, es una clasificación que utilizan algunos miembros "relevantes de la comunidad internacional". Y lamenta también que no se denuncie el apoyo externo que recibirían las FARC.

Es conocido el carácter falaz y tendencioso del periodismo de este diario. Sus opiniones suelen ser peores. No está probado que alguna organización extranjera o país financie a las FARC. El autor aparentemente ha aceptado las afirmaciones del gobierno colombiano, en el sentido de que el presidente Hugo Chávez, de Venezuela, habría contribuido con dinero a la causa de la guerrilla colombiana. Esas afirmaciones no han sido demostradas y viniendo de quien vienen, simplemente no son creíbles. Según el gobierno colombiano se encontraron informaciones de ese tenor en un ordenador requisado en el campamento de la guerrilla atacado. Pero sin una opinión externa e independiente no se puede creer sin más en lo que diga el gobierno colombiano, que ha justificado la incursión militar en territorio ecuatoriano con una seguidilla de intolerables falsedades -entre ellas, por ejemplo, que un ministro ecuatoriano estaba implicado en la guerrilla colombiana.

Pero estos rasgos del periodismo de opinión al estilo de El Mercurio son menos importantes que la omisión mayor de su editorial. Y es que este diario, así como casi todos los diarios nacionales de Chile, no mencionan de ninguna manera que, aparte, y hasta por encima de la violación de la soberanía ecuatoriana, el peor crimen cometido por Colombia por orden de su presidente es el asesinato premeditado y alevoso de, según se especula, veinticinco personas -entre ellas un civil ecuatoriano y cuatro mexicanos. La matanza ordenada por el presidente Álvaro Uribe es simplemente un crimen contra la humanidad y/o un crimen de guerra, una violación espantosa del derecho internacional en su capítulo de derechos humanos. Esta macabra masacre, ejecutada desde el aire con la ayuda de los servicios secretos de Estados Unidos, se ve agravada todavía más por la posterior incursión de soldados colombianos en territorio ecuatoriano en un acto igualmente atroz, dado que su fin era rematar a las personas que hubiesen quedado vivas y profanar y robar los cadáveres de algunos de los caídos.

Pareciera que los empresarios dueños de periódicos y canales de televisión y sus esclavos acartonados y otros ideólogos en sus planillas de pago han decidido que la acción colombiana se justifica de algún modo por el carácter violento de algunas acciones de la guerrilla -en particular, la toma de rehenes. Pero por aberrantes e injustificadas que puedan parecernos las acciones de estos grupos guerrilleros, tienen sus miembros individuales tanto derecho a un debido proceso y al respeto de las normas básicas de justicia y de sus derechos humanos como cualquier otro ciudadano. Esta regla democrática de respeto por los derechos civiles y humanos de los ciudadanos ha sido violada de manera inexcusable por el gobierno colombiano.

Los guerrilleros y otras personas presentes en sus campamentos debiesen ser apresadas y llevadas a justicia por los crímenes que pudiesen haber cometido. Debiesen ser sentenciados después de un debido proceso. La mera pertenencia al grupo no implica un delito punible con la muerte ni tienen los políticos -como el presidente Uribe- derecho ni justificación alguna para ordenar el asesinato de esas personas. Lo que ha hecho Uribe es un crimen que no tiene nombre.

El presidente Rafael Correa, de Ecuador, no se ha explayado demasiado sobre el tema, pero ya indicó claramente que la acción colombiana violaba el derecho humanitario -vigente en todo el planeta, recordemos, hayan los países firmado o no los tratados que ratifican su vigencia. Por lo mismo, es de esperar que Ecuador lleve a Uribe al Tribunal Penal Internacional de La Haya, donde deberá ser juzgado por crímenes contra la humanidad.

Hace un tiempo el mismo El Mercurio publicaba una afiebrada columna de una señora llamada Karin Ebensperger. En su escrito, esta señora pedía que los países americanos aceptaran la definición norteamericana que tiene a las FARC como grupo terrorista. El lema de la autora era que todos podíamos ser Ingrid Betancourt. Decía que la violencia y los secuestros no se podían aceptar. Agregaba que "las personas tienen derechos anteriores al estado, el fin no justifica los medios, no se debe hacer a otros lo que no nos gustaría que nos hicieran a nosotros mismos".

Dicho esto, parece olvidar lo que acaba de escribir y justifica el asesinato cometido por Uribe en Ecuador. A la señora aparentemente no le parece grave bombardear a un grupo humano y justificar el crimen diciendo que eran de las FARC, como si ser miembro de las FARC fuese un delito punible extrajudicialmente y con la muerte. Pero ¿qué sentido tendría tratar de indagar en los motivos de ciertas especies de ideas que cruzan las turbias mentes de la gente de extrema derecha? Creo que sería más provechoso intentar establecer relaciones diplomáticas con algún grupo de coyotes.

Esta repentina defensora de los derechos humanos no menciona en su diatriba ni una sola vez los innumerables y horrendos crímenes cometidos por las tropas de Uribe y las fuerzas mercenarias de los paramilitares. Y esa omisión delata su enanísima estatura moral. Si se puede decir a propósito de los injustificables secuestros a los que recurren las FARC, que todos podemos ser Ingrid Betancourt, también se debe decir que frente a la violencia desenfrenada e ilegal del gobierno colombiano todos podemos correr el destino de Raúl Reyes.

La prensa chilena no informa sobre los terribles crímenes que cometen día a día las tropas paramilitares y las fuerzas del gobierno colombiano. Hace unos días publicaba Los Angeles Times un tenebroso reportaje sobre la violencia del gobierno colombiano y sus paramilitares, publicado en español por mQh bajo el título de ‘Militares de Uribe siguen matando'. Según las informaciones recopiladas por su escritor, Chris Kraul, en Colombia han aumentado las ejecuciones extrajudiciales cometidas por tropas del gobierno de manera impresionante. La práctica habitual es matar a civiles inocentes -muchos campesinos y jóvenes desempleados- y vestir los cadáveres con el uniforme característico de la guerrilla. Así lo han constatado las investigaciones de la Comisión Colombiana de Juristas y el grupo norteamericano Fellowship of Reconciliation. El año pasado las fuerzas armadas colombianas ejecutaron extrajudicialmente a 287 personas -y aquí estamos hablando solamente de los casos documentados sobre los que no caben dudas, pues se estima el número de civiles asesinados en varios centenares más.

Estas personas no eran guerrilleros de izquierda ni miembros de las FARC ni del otro grupo guerrillero, el Ejército de Liberación Nacional. Eran, según demuestran las investigaciones, civiles no implicados en luchas políticas y que fueron asesinados simplemente en el marco del plan del gobierno colombiano de demostrar que hay efectivamente una guerra que amenaza al país y seguir cobrando el dinero con que premia Estados Unidos los crímenes que cometen las tropas colombianas. Lo más espeluznante de toda esta historia es que es tan verídica que ha sido reconocida incluso por oficiales de las fuerzas armadas de Colombia, que han admitido recompensar a los soldados según la cantidad de víctimas que causen.

El reportaje de Kraul gira solamente sobre las ejecuciones extrajudiciales. Pero no son los únicos crímenes que comete Uribe. El asesinato sistemático de dirigentes sociales y sindicales ha sido otra de sus especialidades. Entre 1982 y 2005 se calcula que han desaparecido por acción de tropas del gobierno y fuerzas paramilitares unas quince mil personas; se han encontrado más de tres mil fosas comunes con los restos de víctimas de esos grupos (varios miles de personas). Según el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, las fuerzas paramilitares se han apropiado de casi seis millones de hectáreas de tierra. La misma fuente asegura que los paramilitares, desde su presunta desmovilización en 2002, han seguido asesinando a civiles a una tasa de seiscientas personas al año. Desde 1986 paramilitares y militares han asesinado a 2.554 dirigentes sindicales, y la matanza no para. El año pasado mataron a 39 dirigentes; en 1996, a 275.

¿Por qué será, pues, que las gentes de derecha ignoran o niegan estos crímenes? Pues de toda la violencia que domina a Colombia desde hace unos años, la violencia de las guerrillas parece el mal menor y en realidad pareciera que lo más urgente para que el país vuelva a cierta normalidad es reprimir o eliminar definitivamente a las fuerzas paramilitares y militares culpables de esta represión.

A los verdaderos terroristas hay que buscarlos más en el gobierno y en sus fuerzas militares y paramilitares y menos en las FARC ni el ELN. Según las definiciones más extendidas y más sensatas de terrorismo -no las norteamericanas, ciertamente-, el candidato mejor calificado para ser clasificado de este modo es el gobierno colombiano mismo, pues sus crímenes satisfacen los criterios de la definición: atacan de manera sistemática a la población civil y a ciertos grupos de esta, con el fin justamente de causar terror generalizado y exterminar a ciertos grupos considerados enemigos -como los dirigentes sindicales. Hay cientos de casos que prueban la sistematicidad en la represión del gobierno colombiano. No existen pruebas semejantes para acusar a las FARC de terrorismo -aunque no pongo en duda que han cometido algunos de sus miembros crímenes inexcusables, como el secuestro de civiles y la ejecución no ha mucho de un grupo de prisioneros políticos.

Muchos analistas, con y sin seso, pasan por alto el origen de la violencia, como si esta cayese del cielo o como si hubiese una suerte de raza intrínsicamente violenta destinada al crimen. Los paramilitares son grupos de asesinos a sueldo pagados por hacendados, industriales y otras clases parásitas para asesinar a dirigentes sindicales y a campesinos de cuyas tierras y trabajo se quieren apropiar. La violencia de las fuerzas armadas de Uribe se dirige exclusivamente contra las clases pobres del país -piénsese que los jóvenes que asesinan para ponerles el uniforme de guerrillero son personas del campo o de barrios pobres y no se encuentran ricachones ni hijos de ricachones entre los asesinados. Uribe más que presidente de Colombia, es el cabecilla de una serie de grupos criminales, entre ellos, y según confesión de un ex jefe paramilitar, de un cartel de narcotraficantes.

Sin ir más lejos, el gobierno colombiano ha vuelto a amenazar a Venezuela y Ecuador con realizar incursiones en sus países si se les ocurriese hacerlo en su lucha contra las guerrillas. Juan Manuel Santos, ministro de Defensa de Colombia, ha insistido en caracterizar la incursión en Ecuador como un acto de guerra legítimo, pese a la condena de la OEA y a la aparente aceptación de esa condena por parte de Uribe. Las declaraciones, que resaltan la escasa fiabilidad del gobierno colombiano, vuelven a tensar las relaciones regionales y obligan a Ecuador y Venezuela nuevamente a destinar recursos para enviar tropas a las fronteras. En tribunales internacionales, o a nivel de la OEA o en la ONU, los países amenazados por Uribe debiesen exigir que los costos de las operaciones militares para la defensa de las fronteras sean pagados íntegramente por Colombia, so pena de sanciones.

¿Pero no se habrá ido de la lengua el ministro Santos? Porque durante las últimas semanas se ha negado el gobierno colombiano a considerar parte beligerante a las guerrillas, por lo cual no se permite el mismo gobierno definir el conflicto con las FARC como guerra -ni legítima ni ilegítimamente. La insistencia del gobierno colombiano en rechazar las negociaciones con las guerrillas y en negarse a reconocerles la condición de beligerantes se debe sin duda, según sospechan muchos analistas, a que si lo hiciera así se vería obligado a respetar las leyes de la guerra - las Convenciones de Ginebra-, que contradice su estrategia, que incluye la utilización de fuerzas paramilitares y la violencia sistemática y masiva contra los ciudadanos de su país.

Uribe y su guerra contra su pueblo se ha convertido en un peligro para toda la región. Sus recientes amenazas de reservarse el derecho a volver a matar incluso fuera de sus fronteras lo ponen en la lista negra de terroristas y otros parias del planeta. Está corriendo el riesgo de que si las guerrillas logran ajusticiarlo, sólo en su casa lamentarán su desaparición.

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