Nuevas Leyes Anti-Terroristas Causan Terror
El gobierno holandés, y la Cámara Baja, acaban de aprobar una serie de medidas de seguridad para hacer frente al peligro terrorista islámico. El gobierno presentó unas cien medidas extraordinarias. Muchos juristas argumentan que las nuevas leyes son en gran parte inútiles, en gran parte innecesarias y en muchos casos contraproducentes. Muchos de los delitos asociados al terrorismo ya son cubiertos por leyes anteriores. Y algunas de las medidas pisotean claramente la Constitución y varios tratados internacionales, sobre todo el tratado europeo de derechos humanos.
Como en otras legislaciones represivas, incluye la posibilidad de que la policía o el servicio secreto puedan detener a un ciudadano sobre el que existan sospechas, fundadas o no, de que está implicado en actividades terroristas. Las pruebas de la sospecha son secretas, lo mismo que la identidad de los denunciantes o informantes o funcionarios del servicio secreto. Los acusados no tienen derecho a consultar esas pruebas o documentos judiciales, y pueden ser encarcelados sin ser acusados formalmente hasta tres años y medio. Entre las nuevas leyes, también se encuentra la que prohíbe hacer apología del terrorismo e incluso justificar actos terroristas.
La peligrosa e irresponsable ruta que ha iniciado el gobierno y la clase política holandesa ha sido denunciado por importantes políticos y estudiosos como un alejamiento del estado de derecho, y un peligro inminente para la independencia del poder judicial. Son leyes atravesadas y no persiguen otro fin que sofocar lo poco que queda de la antigua libertad holandesa. Es absolutamente inaceptable que el gobierno quiera implantar en el país injusticias y abusos como los exhibidos por los norteamericanos en Guantánamo y Abu Ghraib. Es inaceptable que un ciudadano pueda ser detenido, privado de defensa, acusado de nada y encarcelado durante años. Y, ciertamente, es una bruta violación de los varios tratados sobre derechos humanos. Es igualmente inaceptable, y francamente ridículo, que se quiera limitar la libertad de expresión de quienes se oponen al gobierno arguyendo que por ejemplo escribir sobre el origen de la guerra santa constituye un delito.
No sorprende la arrogancia e idiotismo oficiales. Las leyes evidentemente no impedirán que los terroristas coloquen sus bombas, y la detención preventiva es un instrumento de opresión e intimidación completamente fuera de lugar. Holanda se ha empecinado en implantar un apartheid de terror para su población extranjera y musulmana y es urgente que la Unión Europea y otros organismos internacionales empiecen a hacer las indagaciones pertinentes. La situación se ha deteriorado tanto en el país que incluso saber si una persona es retenida por la policía o el servicio secreto será un trámite difícil. Holanda es hoy una tiranía. Estas medidas, en gran parte injustificadas, no harán más que exacerbar el peligro terrorista, porque el acoso y la opresión y la arbitrariedad oficiales pueden muy bien provocar la legítima indignación y rechazo de la población extranjera y musulmana.
Al mismo tiempo que aprueba estas medidas insensatas, ningún diputado mencionó siquiera el peligro mucho mayor del fascismo ni propuso leyes nuevas para combatirlo. Y mientras en el pasado los parlamentarios se han extendido sobre la muerte de un ratero marroquí, esta vez ninguno dijo nada sobre la escandalosa sentencia de un tribunal que condenó a sólo cuatro y cinco años de prisión a dos neo-nazis que intentaron matar a cinco jóvenes marroquíes el año pasado, dejando a dos de ellos gravemente heridos y lisiados. Para la Cámara, la violencia fascista no es, como se ve, clasificada como terrorismo, y las diatribas anti-musulmanas de sus simiescos miembros tampoco constituyen delito. Verdaderamente, el descaro holandés no tiene medida. Las nuevas medidas, y la libertad en que deja el gobierno y la Cámara a las jaurías fascistas, se traducirán en más actos de agresión impune contra extranjeros y musulmanes, y no es difícil imaginar que provocarán una fuerte resistencia. Es quizás lo que espera el gobierno, para declarar impunemente la consolidación de la tiranía de la extrema derecha.
Como en otras legislaciones represivas, incluye la posibilidad de que la policía o el servicio secreto puedan detener a un ciudadano sobre el que existan sospechas, fundadas o no, de que está implicado en actividades terroristas. Las pruebas de la sospecha son secretas, lo mismo que la identidad de los denunciantes o informantes o funcionarios del servicio secreto. Los acusados no tienen derecho a consultar esas pruebas o documentos judiciales, y pueden ser encarcelados sin ser acusados formalmente hasta tres años y medio. Entre las nuevas leyes, también se encuentra la que prohíbe hacer apología del terrorismo e incluso justificar actos terroristas.
La peligrosa e irresponsable ruta que ha iniciado el gobierno y la clase política holandesa ha sido denunciado por importantes políticos y estudiosos como un alejamiento del estado de derecho, y un peligro inminente para la independencia del poder judicial. Son leyes atravesadas y no persiguen otro fin que sofocar lo poco que queda de la antigua libertad holandesa. Es absolutamente inaceptable que el gobierno quiera implantar en el país injusticias y abusos como los exhibidos por los norteamericanos en Guantánamo y Abu Ghraib. Es inaceptable que un ciudadano pueda ser detenido, privado de defensa, acusado de nada y encarcelado durante años. Y, ciertamente, es una bruta violación de los varios tratados sobre derechos humanos. Es igualmente inaceptable, y francamente ridículo, que se quiera limitar la libertad de expresión de quienes se oponen al gobierno arguyendo que por ejemplo escribir sobre el origen de la guerra santa constituye un delito.
No sorprende la arrogancia e idiotismo oficiales. Las leyes evidentemente no impedirán que los terroristas coloquen sus bombas, y la detención preventiva es un instrumento de opresión e intimidación completamente fuera de lugar. Holanda se ha empecinado en implantar un apartheid de terror para su población extranjera y musulmana y es urgente que la Unión Europea y otros organismos internacionales empiecen a hacer las indagaciones pertinentes. La situación se ha deteriorado tanto en el país que incluso saber si una persona es retenida por la policía o el servicio secreto será un trámite difícil. Holanda es hoy una tiranía. Estas medidas, en gran parte injustificadas, no harán más que exacerbar el peligro terrorista, porque el acoso y la opresión y la arbitrariedad oficiales pueden muy bien provocar la legítima indignación y rechazo de la población extranjera y musulmana.
Al mismo tiempo que aprueba estas medidas insensatas, ningún diputado mencionó siquiera el peligro mucho mayor del fascismo ni propuso leyes nuevas para combatirlo. Y mientras en el pasado los parlamentarios se han extendido sobre la muerte de un ratero marroquí, esta vez ninguno dijo nada sobre la escandalosa sentencia de un tribunal que condenó a sólo cuatro y cinco años de prisión a dos neo-nazis que intentaron matar a cinco jóvenes marroquíes el año pasado, dejando a dos de ellos gravemente heridos y lisiados. Para la Cámara, la violencia fascista no es, como se ve, clasificada como terrorismo, y las diatribas anti-musulmanas de sus simiescos miembros tampoco constituyen delito. Verdaderamente, el descaro holandés no tiene medida. Las nuevas medidas, y la libertad en que deja el gobierno y la Cámara a las jaurías fascistas, se traducirán en más actos de agresión impune contra extranjeros y musulmanes, y no es difícil imaginar que provocarán una fuerte resistencia. Es quizás lo que espera el gobierno, para declarar impunemente la consolidación de la tiranía de la extrema derecha.
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