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mérici

El Dictamen de la Infamia


columna de mérici

[Los alcaldes de Copiapó y Puente Alto recurrieron hace unos meses dictámenes de contralorías regionales sobre los perros callejeros. El de Copiapó recurrió el dictamen de 2005 que prohíbe el sacrificio de perros de la calle; el de Puente Alto el oficio de 2009 que prohíbe la entrega voluntaria y el retiro de perros vagos con el fin de eliminarlos. El contralor aceptó sin discusión la presentación de los hechos de los dos ediles, que contradicen todo lo que sabemos sobre los perros vagos.]

Enerva que en el dictamen emitido por la Contraloría General el 7 de diciembre de 2010, que justifica y autoriza el sacrificio de perros de la calle, el contralor acepta sin cuestionar las conclusiones antojadizas, malintencionadas y carentes de fundamento de todo tipo de personajes dudosos, incluyendo alcaldes y funcionarios del ministerio de Salud. Uno de los recurrentes describe que "constituye un hecho público y notorio que el número y concentración de jaurías pone en serio riesgo la integridad física de los transeúntes". El alcalde de Puente Alto alude al dictamen que prohibió a la municipalidad de Viña del Mar la entrega voluntaria o el retiro de perros de la calle para ser sacrificados, sin mencionar que esa municipalidad estaba matando a perros completamente sanos y que fue motivo de manifestaciones públicas de repudio contra esas autoridades y la médico veterinario a cargo de los asesinatos, la señora Bilbao (dame Bilbao), y que las razones humanitarias invocadas eran una fachada para asesinar impune y masivamente a los perros de la calle.

Los dos recurrentes han estado en la mira de la ciudadanía por las numerosas, espantosas e ilegales matanzas de perros que, según vecinos de sus distritos y algunos empleados, son cometidas por funcionarios municipales.  La policía, si acaso las ha investigado, no ha hecho pública ninguna conclusión -lo que más que demostrar la inocencia de las autoridades, muestra o la ineficiencia policial o su complicidad en esos asesinatos de animales. Pedir un informe a la policía es lo menos que debió haber hecho el contralor antes de aceptar la presentación de los hechos según esos alcaldes, para dilucidar si la presentación se ajustaba mínimamente a la verdad. Al contralor no le llamó la atención que justamente esos dos alcaldes, acusados de asesinato masivo de mascotas, fueran los que recurrieran dictámenes anteriores de la Contraloría que dificultaban sus ganas de matar.
Todos sabemos ahora, o deberíamos saberlo, que la descripción que ofrecen esos alcaldes es completamente tergiversada y deja de lado las conclusiones más relevantes de numerosos informes científicos. En la histeria actual que ha surgido tras la muerte de dos mujeres en Peñaflor, que fueron atacadas por una jauría de perros (con dueño), y los otros ataques de perros contra personas que resultaron con serias lesiones desde entonces, se ha preferido olvidar que la inmensísima mayoría (en algunas ciudades de más del 95 por ciento) de los ataques son iniciados por perros con dueño y en las inmediaciones del domicilio -lo que quiere decir que se trata de perros guardianes o de perros de casa que interpretaron que su territorio estaba siendo invadido. Las estadísticas basadas en partes médicos de postas, hospitales y clínicas, y en partes policiales, entregan todas cifras similares. Y la conclusión es una sola: el peligro que representan los perros de la calle es mínimo, y para los ciudadanos un perro guardián es mucho más peligroso.

En las semanas después de la muerte de esas dos vecinas de Peñaflor, se han sucedido otros ataques violentos: un perro pitbull le arrancó la nariz a un niño; otro perro de la misma raza atacó y mutiló las manos de su dueño; un pitbull atacó a su propia dueña; dos pitbull emergieron de una casa y atacaron a una mujer; y, finalmente, un perro aparentemente de la calle atacó y mató a un niño. Este último caso ofrece muchas interrogantes y no es seguro que se trate de un perro vago ni ha establecido la policía las circunstancias de la muerte del niño. En los casos de ataques de perros pitbull se trató de perros con dueño. Por lo general, los ataques de perros con dueño, vale decir, por lo general, perros guardianes, son los más graves y suelen dejar secuelas permanentes en las víctimas. La ausencia de perros en la calle, como lo demuestra el caso español, no influye para nada en los ataques de perros contra humanos.

Todas estas informaciones, que ahora llegan con más frecuencia a la prensa, son prácticamente de conocimiento público, y hay muchos informes científicos que las avalan. Sin embargo, en ningún momento se para el contralor a considerar el fundamento de esas descripciones y da valor de realidad a interpretaciones antojadizas sobre los ataques de perros.

Muchos ataques de perros se producen cuando estos interpretan que alguna persona está invadiendo el territorio familiar que defienden o cuando son agredidos. Muchos propietarios dejan la custodia de sus propiedades (que son granjas o casas de campo, fundos, fábricas, locales comerciales) a cargo de perros guardianes que no son convenientemente adiestrados o que incluso no han sido adiestrados nunca para las funciones que realizan. Si estos perros fuesen adiestrados, no llevarían sus ataques hasta el punto de causar la muerte de los intrusos, sea que han invadido su territorio conscientemente o por inadvertencia. (Un día un amigo entró sin darse cuenta a un predio privado. Apareció un perro guardián que lo cogió de una manga y no lo dejó moverse del lugar sino cuando llegó el dueño de la propiedad, minutos después.) Pero ninguna autoridad, ningún político, ningún profesional ha detectado que si se obligase a los dueños a adiestrar profesionalmente a sus perros, los ataques con resultado de lesiones graves o muerte se reducirían considerablemente.

Algunos dueños de perros llegan incluso a mantener a sus perros de guardia premeditadamente hambrientos o irritados, en la creencia de que eso aumenta su agresividad y, por tanto, su eficacia a la hora de defender el territorio. Estas prácticas despiadadas debiesen ser prohibidas y castigadas con severidad.

Muchas veces los ataques se originan en agresiones humanas. En zonas rurales, pero también en las grandes ciudades, es frecuente ver a niños y adultos dando patadas, amenazando, escupiendo y arrojando piedras contra perros vagos, sin el menor motivo. Sería conveniente que en la educación primaria se insistiese y educase a los niños en el respeto a los animales, para evitar estos tratos infames y las trágicas consecuencias que estas conductas abusivas pueden acarrear.

Pese a las aseveraciones del contralor, que se basa en informes perimidos de la propia subsecretaría de Salud, las municipalidades no están facultadas para retirar perros de la calle. La única facultada para retirar perros de la calle por razones de salud pública es la autoridad sanitaria, según establece el ‘Reglamento de prevención de la rabia’. Esta disposición ha sido también confirmada por dictámenes posteriores de las contralorías regionales. Nadie ni nada faculta ni ha facultado nunca a las municipalidades a retirar y asesinar a perros de la calle por razones de ornato. Eso lo creía la presidenta Bachelet, cuando permitió el asesinato de los perros que vivían en la Plaza de la Constitución cuando asumió la presidencia en 2006, pero desde entonces, y a raíz precisamente de esa matanza, ahora todos sabemos que nada faculta a ninguna autoridad para cometer ese tipo de abusos y tropelías.

Sobre la base de este montón de falsedades y representaciones torcidas de la realidad, el contralor se atreve a concluir, y también con evidente mala fe, que "esta Contraloría General entiende que el hecho que se presente un elevado número de canes sin dueño en las vías públicas, no sujetos a cuidado ni a controles fitosanitarios por parte de la autoridad, constituye un riesgo para la seguridad y la salud de la población, en consideración a que las personas podrían ser víctimas de ataques por parte de ellos, y al no existir constancia alguna de vacunas antirrábicas en los mismos -dada su condición de vagos-, da lugar a que estos animales se constituyan en una vía propicia para la transmisión de enfermedades al ser humano, tales como la indicada rabia".

¿Se habrá preguntando el contralor alguna vez qué es un perro vago? Lo dudo. Su dictamen da muestras de una increíble, ridícula e intolerable ignorancia. Si hubiese leído, si se hubiese informado sobre el tema sobre el que quería dictaminar, se habría enterado de que la mayoría de los perros de la calle no son "canes sin dueño". La mayoría de los perros en la calle son perros extraviados, ni siquiera abandonados. La solución a su extravío no podrá nunca ser su exterminio, sino facilitar el reencuentro con sus tutores o su adopción en familias humanas. (No conozco estudios en Chile sobre los perros extraviados. En Inglaterra la mayoría de los perros encontrados en la calle son perros extraviados. En Estados Unidos se repite la misma situación, que debe ser similar en Chile.)

Los otros perros de la calle, sobre todo en poblaciones y en zonas periféricas, son perros que salen a la calle con el consentimiento de sus tutores. En la cultura popular chilena, los perros, que son considerados miembros de la familia (los perros son como hijos, declaró el ministro Hinzpeter) y gozan de una condición similar a la de los niños, tienen el mismo derecho que estos a cultivar amistades y a jugar fuera de casa, y no se piensa que los lugares públicos, como calles, plazas y parques, sean privativos de los humanos. Ante esta situación, en lugar de prohibir y amenazar, las autoridades, aún antes de asumir sus cargos, debiesen determinar a qué pueblo creen pertenecer. Todo indica que aplican criterios que, por estúpidos e inhumanos, en nuestro pueblo no prenderán nunca, y su implementación provocará numerosos e inevitables incidentes violentos, porque los vecinos en los barrios no tolerarán el regreso de las perreras.

La mala fe del contralor, que quiere cubrir toda ruta de escape, es manifiesta cuando concluye que los perros de la calle no están sujetos a ningún control sanitario. Esta es una representación totalmente falsa de la realidad. La inmensa mayoría de los perros de la calle están bajo el cuidado de tutores, llamados padrinos y madrinas, que los alimentan regularmente, los cuidan y sanan de sus enfermedades y protegen de monstruos humanos como el contralor mismo. Pero este, para insistir en el engaño, aclara que se refiere a controles fitosanitarios "por parte de la autoridad", implicando que los controles ciudadanos, efectuados por profesionales, o no existen o tienen la misma validez que los juicios de funcionarios, cuya falta de formación profesional es a veces escalofriante. Los perros de los padrinos y madrinas suelen tener todas sus vacunas al día, incluyendo la antirrábica. La mala fe del contralor es insultante.

El contralor además exagera los riesgos que representan los perros de la calle. En Chile es mucho más probable que un ciudadano sea detenido arbitrariamente, o golpeado o torturado por la policía, o atacado y robado por delincuentes, o ser arrollado por un coche conducido por un borracho, a que sea atacado por una jauría de perros.

El contralor termina su dictamen escribiendo que "frente a casos específicos de canes enfermos o gravemente heridos, cuya vida no es viable desde el punto de vista clínico, y que de provocarse su muerte se le evitarán sufrimientos innecesarios, resulta procedente que la autoridad municipal disponga la adopción de las medidas adecuadas".

Esta conclusión, en el contexto chileno (que el contralor quiere ignorar), de recurrentes matanzas ilegales de perros, sea que se los mate salvajemente (como una reciente matanza de una treintena de perros en Puente Alto, que fueron envenenados y apuñalados) o de manera indolora, por empleados municipales, es abrir la puerta para todo tipo de abusos aberrantes. Si se deja en manos de funcionarios municipales la constatación de enfermedades en los perros, o de su condición grave después de sufrir algún accidente, para determinar su muerte, no me cabe ninguna duda de que estos funcionarios, acostumbrados a cometer matanzas ilegales, utilizarán este resquicio para clasificar todo asesinato, después de cometido, como motivado por razones humanitarias, para poner fin al sufrimiento de los animales. Esa fue la argumentación de la alcaldesa de Viña del Mar cuando sus funcionarios, en 2008, fueron descubiertos sacrificando a perros sanos recogidos de las calles y que motivó que Aída Rerequeo y Luz María Herrera, conocidas animalistas de la ciudad, pusieran un reclamo en Contraloría, que les dio la razón y dictaminó que el retiro de perros de la calle con ese fin era ilegal.

Por eso, este dictamen, que faculta a las municipalidades para aplicar la eutanasia, pero, pese a las evidencias del pasado, no especifica ningún tipo de fiscalización profesional independiente, no puede ser considerado de otra manera que como un truco de leguleyo para justificar el asesinato de mascotas extraviadas, a las que habitual, e incorrectamente, se tacha de perros abandonados o vagos.

Por eso no sorprende grandemente que tras la histeria desatada después de la muerte de las dos mujeres de Peñaflor, y las opiniones vertidas por algunas autoridades, como el ministro de Salud, o el senador Ruiz-Esquide y algunos ediles, a favor del exterminio de los perros de la calle, han sido interpretadas por grupos de delincuentes para una carta blanca para matar. Estos políticos son directamente responsables de la ola de asesinatos masivos que se han intensificado después de la publicación del dictamen.

Debe recordarse, además, que muchas de las denuncias de matanzas ilegales han provenido anónimamente de las filas de los propios empleados municipales, obligados, so pena de despido, a guardar silencio y a cometer los más horribles crímenes. No conozco una ley que convierta en ilegal e indebida la obediencia de órdenes ilegales, y las autoridades que incurren en estas ilegalidades no son castigadas. Por ello, también sería muy conveniente que la nueva ley de tenencia responsable incluya algún artículo que castigue con más severidad que el código actual el asesinato de mascotas, doblando las penas cuando sus responsables sean alguna autoridad y protegiendo de despidos y otras arbitrariedades a los funcionarios que se nieguen a ejecutar órdenes ilegales y las denuncien oportunamente para impedir su ejecución.

Tal como está, la ciudadanía debe rechazar este dictamen y recurrir a todos los medios posibles para proteger a las mascotas y evitar su exterminio.
20 de diciembre de 2010

municipales, es abrir la puerta para todo tipo de abusos aberrantes. Si se deja en manos de funcionarios municipales la constatación de enfermedades en los perros, o de su condición grave después de sufrir algún accidente, para determinar su muerte, no me cabe ninguna duda de que estos funcionarios, acostumbrados a cometer matanzas ilegales, utilizarán este resquicio para clasificar todo asesinato, después de cometido, como motivado por razones humanitarias, para poner fin al sufrimiento de los animales. Esa fue la argumentación de la alcaldesa de Viña del Mar cuando sus funcionarios, en 2008, fueron descubiertos sacrificando a perros sanos recogidos de las calles y que motivó que Aída Rerequeo y Luz María Herrera, conocidas animalistas de la ciudad, pusieran un reclamo en Contraloría, que les dio la razón y dictaminó que el retiro de perros de la calle con ese fin era ilegal.

Por eso, este dictamen, que faculta a las municipalidades para aplicar la eutanasia, pero, pese a las evidencias del pasado, no especifica ningún tipo de fiscalización profesional independiente, no puede ser considerado de otra manera que como un truco de leguleyo para justificar el asesinato de mascotas extraviadas, a las que habitual, e incorrectamente, se tacha de perros abandonados o vagos.

Por eso no sorprende grandemente que tras la histeria desatada después de la muerte de las dos mujeres de Peñaflor, y las opiniones vertidas por algunas autoridades, como el ministro de Salud, o el senador Ruiz-Esquide y algunos ediles, a favor del exterminio de los perros de la calle, han sido interpretadas por grupos de delincuentes para una carta blanca para matar. Estos políticos son directamente responsables de la ola de asesinatos masivos que se han intensificado después de la publicación del dictamen.

Debe recordarse, además, que muchas de las denuncias de matanzas ilegales han provenido anónimamente de las filas de los propios empleados municipales, obligados, so pena de despido, a guardar silencio y a cometer los más horribles crímenes. No conozco una ley que convierta en ilegal e indebida la obediencia de órdenes ilegales, y las autoridades que incurren en estas ilegalidades no son castigadas. Por ello, también sería muy conveniente que la nueva ley de tenencia responsable incluya algún artículo que castigue con más severidad que el código actual el asesinato de mascotas, doblando las penas cuando sus responsables sean alguna autoridad y protegiendo de despidos y otras arbitrariedades a los funcionarios que se nieguen a ejecutar órdenes ilegales y las denuncien oportunamente para impedir su ejecución.

Tal como está, la ciudadanía debe rechazar este dictamen y recurrir a todos los medios posibles para proteger a las mascotas y evitar su exterminio.

Notas
1 El sacrificio de los perros de la calle ha sido un sostenido anhelo de las autoridades, que han preferido incluso no legislar en absoluto a aprobar una ley que impida el sacrificio arbitrario de animales de compañía (consúltese La perfidia del gobierno socialista). El gobierno socialista llegó incluso a proponer el retiro y venta en subasta pública de los animales retirados de las calles, para su eventual uso en operaciones comerciales (La subasta de perros; La maldita letra E; Para qué sirve el nuevo proyecto de maltrato animal).

2 Una muestra de los propósitos turbios del contralor. Es práctica habitual que las autoridades municipales llamen a los ciudadanos a participar en la solución de lo que consideran el problema de los perros de calle. En Visita a un canil municipal describo cómo pudimos salvar a Robin de una muerte segura aceptando buscarle un hogar adoptivo, lo que ocurrió. Robin fue alimentado y controlado por médicos veterinarios posteriormente. Ahora nos enteramos que esos controles y vacunas no tenían validez porque no los había realizado la autoridad sanitaria. Después de este tipo de argumentos, ¿qué suponen las autoridades que vamos a hacer? Es una burla intolerable de la buena fe de la ciudadanía. Un caso espantoso ocurrió recientemente cuando, después de un llamado del alcalde a matar a los perros vagos, grupos de delincuentes atacaron y asesinaron a decenas de perros comunitarios que vivían en casetas construidas por vecinos y que tenían sus vacunas y controles sanitarios al día. Muy probablemente delincuentes comunes han aprovechado la ocasión para deshacerse de los perros que cuidan las calles de los barrios y estorban sus acciones delictivas.

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