Van Gogh, Terrorismo Y Estado De Derecho
Las reflexiones de Francesc de Carreras, en La Vanguardia: "Si algo hemos aprendido en España tras la lucha contra el terrorismo de ETA es que el único remedio eficaz contra el terrorismo son las reglas que prescribe el Estado de derecho. Cualquier atajo que se aleje de estas reglas es perjudicial para los fines perseguidos". Y: "Sólo mediante el ejercicio de los derechos constitucionales en condiciones de igualdad se puede alcanzar una integración social respetuosa con los principios democráticos que impidan que los fanáticos cometan los horrendos crímenes de los últimos años".
En medio de la histeria y de la manipulación, las reflexiones de Francesc de Carreras son un oasis de la razón. También lo vienen diciendo destacados políticos y juristas holandeses, como el antiguo alcalde de Amsterdam, van Thijn, y el ministro del Interior (1995), Dijkstal, que afirma que la mayor amenaza para Holanda ahora son los políticos del gobierno, empeñados en aprobar un régimen aparte para los musulmanes, apartándose así del estado de derecho y de "la civilización" (http://blogia.com/mqh/index.php?idarticulo=200411117 ) . Más aun, teme que se alcance una mayoría en el Parlamento y se instaure una tiranía fascista como en Alemania en 1933 (http://blogia.com/mqh/index.php?idarticulo=200411139).Que mucha gente en el país advierte este horrendo, pero no impensable peligro lo demuestra el hecho de que muchas organizaciones judías, de sobrevivientes y víctimas del Holocausto, están colaborando con grupos musulmanes para prestarles asistencia legal y defenderse del acoso del estado.
Para poner este asesinato de van Gogh en su contexto, debe tomarse en cuenta que desde principios de siglo se viene aplicando un programa de segregación oficial de la minoría musulmana, llegando al punto de que el estado les obstaculiza y en muchos casos impide la vida familiar, separando a padres de hijos y a parejas amparándose en leyes recientes que ponen inconmensurables trabas a la reunificación familiar. Por ejemplo. También debe tomarse en cuenta que grupos de extrema derecha vienen amenazando y agrediendo a políticos demócratas, especialmente en las provincias aledañas con Alemania, al menos desde el 2000. Y que se ha atentado también contra políticos de extrema derecha ya antes del asesinato de Fortuyn, y después: este mismo año se atentó sin éxito contra el jefe parlamentario del VVD (hoy de extrema derecha) y se detuvo a una persona que aparentemente quería asesinar a la ministro Verdonk, encargada del plan de deportaciones.
Lo que hay pues es un gobierno de centro-extrema derecha que viene instalando un régimen tiránico fuertemente anti-popular y xenófobo. (Entiéndase que en Holanda las llamadas clases populares las componen, en su gran mayoría, extranjeros). La capacidad de acción de la ciudadanía contra el gobierno es muy limitada, en razón de su mayoría parlamentaria y debido a la silenciosa complacencia de los partidos de izquierda. La población obrera y extranjera está desprotegida. Agréguese a esto que el gobierno, autoritario, se niega a cumplir resoluciones judiciales. Refugiados que han ganado sus casos en tribunales han sido de todos modos expulsados y jueces y abogados no saben ya a qué o quién recurrir para que el gobierno acate la ley y respete al poder judicial. Peor, el gobierno ha reaccionado ayer con una investigación policial de consecuencias imprevisibles sobre lo que considera delito de "desprestigio de instituciones del estado" que amordazará definitivamente a periodistas y abogados.
En medio de la histeria y de la manipulación, las reflexiones de Francesc de Carreras son un oasis de la razón. También lo vienen diciendo destacados políticos y juristas holandeses, como el antiguo alcalde de Amsterdam, van Thijn, y el ministro del Interior (1995), Dijkstal, que afirma que la mayor amenaza para Holanda ahora son los políticos del gobierno, empeñados en aprobar un régimen aparte para los musulmanes, apartándose así del estado de derecho y de "la civilización" (http://blogia.com/mqh/index.php?idarticulo=200411117 ) . Más aun, teme que se alcance una mayoría en el Parlamento y se instaure una tiranía fascista como en Alemania en 1933 (http://blogia.com/mqh/index.php?idarticulo=200411139).Que mucha gente en el país advierte este horrendo, pero no impensable peligro lo demuestra el hecho de que muchas organizaciones judías, de sobrevivientes y víctimas del Holocausto, están colaborando con grupos musulmanes para prestarles asistencia legal y defenderse del acoso del estado.
Para poner este asesinato de van Gogh en su contexto, debe tomarse en cuenta que desde principios de siglo se viene aplicando un programa de segregación oficial de la minoría musulmana, llegando al punto de que el estado les obstaculiza y en muchos casos impide la vida familiar, separando a padres de hijos y a parejas amparándose en leyes recientes que ponen inconmensurables trabas a la reunificación familiar. Por ejemplo. También debe tomarse en cuenta que grupos de extrema derecha vienen amenazando y agrediendo a políticos demócratas, especialmente en las provincias aledañas con Alemania, al menos desde el 2000. Y que se ha atentado también contra políticos de extrema derecha ya antes del asesinato de Fortuyn, y después: este mismo año se atentó sin éxito contra el jefe parlamentario del VVD (hoy de extrema derecha) y se detuvo a una persona que aparentemente quería asesinar a la ministro Verdonk, encargada del plan de deportaciones.
Lo que hay pues es un gobierno de centro-extrema derecha que viene instalando un régimen tiránico fuertemente anti-popular y xenófobo. (Entiéndase que en Holanda las llamadas clases populares las componen, en su gran mayoría, extranjeros). La capacidad de acción de la ciudadanía contra el gobierno es muy limitada, en razón de su mayoría parlamentaria y debido a la silenciosa complacencia de los partidos de izquierda. La población obrera y extranjera está desprotegida. Agréguese a esto que el gobierno, autoritario, se niega a cumplir resoluciones judiciales. Refugiados que han ganado sus casos en tribunales han sido de todos modos expulsados y jueces y abogados no saben ya a qué o quién recurrir para que el gobierno acate la ley y respete al poder judicial. Peor, el gobierno ha reaccionado ayer con una investigación policial de consecuencias imprevisibles sobre lo que considera delito de "desprestigio de instituciones del estado" que amordazará definitivamente a periodistas y abogados.
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