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Quieren Matar a los Perros Vagos


Gobierno de presidenta Bachelet presenta indicación a proyecto de ley que permite el exterminio de perros vagos -un deleznable legado que la población resiste masivamente. 

Pude leer la respuesta que envió la oficina de la presidencia a una animalista que escribió a la presidenta una carta protestando por la ley que permitirá a las municipalidades aplicar la eutanasia como método de control de la población canina. Estamos hablando de la indicación substitutiva enviado por el Ejecutivo para el proyecto de ley 6499-11, en el que, sorprendentemente -porque va contra el espíritu original del proyecto-, faculta a las municipalidades para deshacerse de perros vagos recogidos de las calles mediante su adopción, venta en subasta o su eliminación.
 
Existe la creencia de que la eutanasia de la que se habla en el proyecto sólo se aplicará en casos muy excepcionales. "La eutanasia", se leía en el editorial de El Mercurio del 28 de noviembre, "se propicia como último recurso para perros con enfermedades incurables que sean un peligro para la salud pública o tengan un alto grado de agresividad".

Pero la ley chilena no dice nada de eso y la creencia del editorialista es infundada cuando escribe que el proyecto "prevé la eutanasia sólo para casos circunstanciales". La redacción de la ley no deja lugar a dudas sobre las intenciones del gobierno.

El artículo 11 dice que "los animales que no sean reclamados en el plazo establecido por la Municipalidad, se considerarán sin dueño y podrán ser dados en adopción, subastados o sometidos a eutanasia". No se menciona para nada que la eutanasia se propiciará como "último recurso para perros con enfermedades incurables" y deja en manos de las autoridades municipales la eliminación física de los perros que no sean adoptados ni vendidos.
   
Es muy probable que las municipalidades empiecen a eliminar a los perros que recojan de las calles, pese a los dictámenes de contraloría que hasta ahora prohíben el retiro y eliminación de perros con o sin dueño. De hecho, aunque es ilegal todavía, algunas municipalidades ya han empezado la carnicería. Varias municipalidades del país ya han iniciado los preparativos para recoger a perros de la calle y asesinarlos masivamente. (En Catapilco, comuna de Zapallar, por ejemplo, la municipalidad ha decretado una nueva ordenanza en la que, a partir del 1 de diciembre, los perros serán recogidos para disponer de ellos "conforme a la ley". Ciertamente se refiere a la nueva ley todavía no promulgada, que permite el asesinato de perros, porque la ley existente considera delito de maltrato la matanza de perros sanos).

Bien. Vuelvo a la carta de la oficina de la presidencia. La respuesta dice: "[...]la iniciativa se funda en la necesidad de contar con una herramienta legal eficaz que permita una adecuada fiscalización en materias de prevención y maltrato de animales, sin distinguir entre animales domésticos, silvestres o de empleo en experimentación, teniendo siempre presente el bienestar de los animales.
"En ese sentido, el problema radica en mejorar la gestión de cada Municipalidad respecto del tema y en que las personas se hagan responsables de dichos animales y no los abandonen a su suerte, puesto que es allí donde se inician las dificultades sanitarias. Usted, sabrá mejor que nosotros que cuidar un perro es mucho más que sólo alimentarlo, por lo que este problema, es un problema de conciencia social y de responsabilidad ciudadana.
Junto con agradecer su comunicación, le hacemos llegar a usted y familia, en nombre de Su Excelencia, un fraternal saludo".

La respuesta elude derechamente el tema de la eutanasia. Ni siquiera lo menciona. Y lo que queda es un texto revuelto e incoherente que, sin gran esfuerzo, se puede interpretar como una defensa de los planes de exterminio de los perros vagos, porque en su respuesta a la preocupación por la eutanasia aplicada a animales sanos, pero abandonados, enfatiza la responsabilidad de los dueños que los abandonaron, como si eso fuera relevante para decidir sobre la vida o muerte de los animales. Si el gobierno no quiere exterminar a los perros vagos, ¿por qué no lo dice claramente y retira la indicación substitutiva? Es lo que debe hacer.

Yo encuentro francamente inadmisible que cuando preguntas por los motivos para la aplicación de eutanasia a perros sanos, pero abandonados en la calle, te respondan que se trata de fiscalizar la prevención y el maltrato sin distinguir entre animales domésticos y silvestres, que es una respuesta derechamente incoherente. O que te digan como respuesta que muchos abandonan a sus perros o que no existe conciencia social. Esta respuesta es simple y pura cháchara donde la presidenta, con palabras menos o más bonitas, después de referirse al maltrato, de todos modos insiste en que el asesinato de los canes es la solución que ella se imagina para posibles problemas sanitarios que dejaron de presentarse hace décadas.

Es lamentable que un tema tan sensible sea tratado por el gobierno con engaños y trucos y blablá. De por sí, ciertamente, la mera presentación de esta indicación substitutiva es una inverosímil canallada -tan es así que dos de los cinco senadores que presentaron originalmente el proyecto, Guido Girardi y Carlos Ominami, se distanciaron y reprocharon las intenciones del gobierno. (Pese a estas denuncias, los senadores siguen siendo atacados por algunos animalistas que no se han enterado de la maniobra oficial. Los miembros de la comisión de salud que aprobaron la indicación substitutiva son tres y pertenecen respectivamente a los partidos de extrema derecha Renovación Nacional [Kuschel] y UDI [Arancibia], y a la Democracia Cristiana [Ruiz-Esquide Jara]).
En este asunto, el gobierno se ha comportado de manera muy extraña, con conspiraciones y falsedades, con comisiones torcidas y funcionarios ignorantes, tratando de imponer subrepticiamente sus planes de exterminio de los perros vagos.

La insensibilidad del gobierno llega hasta el punto de querer lucrar con los perros recogidos, proponiéndose subastarlos -a los que no hayan sido adoptados- para rellenar las arcas municipales, sin pararse en ningún momento a examinar el bienestar ni el destino ulterior de los perros vendidos. Este texto incoherente es derechamente infame. Sin caer en paranoias, es igualmente lamentable que la ley no se ocupe de las condiciones de mantención de los animales subastados. Normalmente en los casos de adopción existe un procedimiento de control y seguimiento bastante elaborado.

Es evidente que la resistencia de los animalistas ha tocado algunas cuerdas sensibles en el gobierno y en los grupos que favorecen el exterminio. Lo demuestra la virulencia en la defensa de sus intenciones y en la intensidad con que enfrentan el asunto -en muchos foros animalistas están participando funcionarios del Minsal en horas de trabajo. Desde hace algunos años una y otra vez intentan funcionarios ligados al Minsal introducir en los proyectos de ley relevantes alguna cláusula que permita el exterminio de perros. Estos funcionarios se amparan en oscuros informes y declaraciones de profesionales cuyo nivel de formación es simplemente aberrante y en muchos casos también inexistente. Tratándose de funcionarios protegidos por políticos de gobierno, es muy difícil enfrentarlos.

Las autoridades se aparecen por los barrios con este tema solamente cuando intentan, incansables, capturar o matar a los perros callejeros. El resto del tiempo no los ve nadie. Por eso no se enteran que casi todos los perros callejeros tienen dueños o al menos padrinos que cuidan de su alimentación, vacunas, enfermedades y esterilización, entre otras cosas, y saben muchísimo de conciencia social y responsabilidad ciudadana. Convendría pues que el gobierno empezara a practicar lo que, de vez en vez, le da por predicar. Predicar al mismo tiempo la tenencia responsable de mascotas y el exterminio de las mascotas abandonadas es una actitud propia de una mente enferma.

La presidenta se ha defendido en otro lugar diciendo que ella adora a los perros vagos, lo que ciertamente contradice las intenciones explícitas del documento que lleva su firma, que condena a muerte a los perros recogidos que no sean reclamados. No sé cómo concilia la presidenta el amor por los perros con el propósito de exterminarlos.

Lo que la presidenta debe hacer, si oyera el clamor ciudadano, es simplemente retirar esa indicación substitutiva y formar una comisión con profesionales de verdad para abordar este asunto. Hay experiencias internacionales que indican que la única solución para lo que se considera un problema de nacimientos descontrolados, sobrepoblación canina o salud pública es una combinación de campañas permanentes de adopción, esterilización y tenencia responsable. Sólo los criminales piensan que el crimen es una solución.

La foto es una ilustración. La encontré aquí.
Más información aquí.

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