Pinochet Nuevamente A Juicio
Se inicia una nueva espera. Nunca se sabe con la justicia chilena. Ahora hay en Chile serias y fundadas acusaciones de que el poder judicial hizo la vista gorda durante la dictadura, contribuyendo a la impunidad del régimen. Es ciertamente una buena noticia, pero deberá aclararse ahora el sentido de las antiguas resoluciones sobre la supuesta y evidentemente falsa pretensión de que el antiguo dictador estaba incapacitado de seguir un juicio. El régimen socialista ha tenido una actitud al menos ambigua en lo que se refiere al procesamiento del ex dictador, admitiendo dilaciones que han llevado a muchos a creer que el actual presidente tiene un pacto secreto injustificado con los militares. Como sea, tampoco es suficiente que se procese al ex dictador. Los implicados en los asesinatos y en la represión de la época del tirano son muchos más y es urgente que el presidente desista de su anhelo de impedir que la justicia conozca las identidades de los implicados.
Es un mal síntoma que el presidente haya decretado secreto de estado la identidad de torturadores y asesinos. Tampoco es bueno que muchos de esos criminales continúen en el servicio público y en la judicatura. Después de negar justicia durante años a los miles de víctimas y sus familiares, el gobierno socialista debería publicar la lista de los implicados y expulsarles de inmediato del servicio del estado. Quizás sería también una buena oportunidad para legislar más estrictamente sobre los delitos de violación de los derechos humanos. Cometer este tipo de delitos debería ser castigado con más severidad. Pero también debe ser castigado no intervenir para evitar la comisión de ellos. De esa manera, nadie podrá esgrimir como argumento que obedece órdenes superiores en su comisión. También debe considerar el gobierno pagar compensaciones razonables a las viudas y familias de los asesinados. Lo debe Chile a sus víctimas.
Es un mal síntoma que el presidente haya decretado secreto de estado la identidad de torturadores y asesinos. Tampoco es bueno que muchos de esos criminales continúen en el servicio público y en la judicatura. Después de negar justicia durante años a los miles de víctimas y sus familiares, el gobierno socialista debería publicar la lista de los implicados y expulsarles de inmediato del servicio del estado. Quizás sería también una buena oportunidad para legislar más estrictamente sobre los delitos de violación de los derechos humanos. Cometer este tipo de delitos debería ser castigado con más severidad. Pero también debe ser castigado no intervenir para evitar la comisión de ellos. De esa manera, nadie podrá esgrimir como argumento que obedece órdenes superiores en su comisión. También debe considerar el gobierno pagar compensaciones razonables a las viudas y familias de los asesinados. Lo debe Chile a sus víctimas.
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