Chile Condenado por Derechos Humanos
Tiene razón el senador chileno Jaime Naranjo cuando, a propósito de la reciente condena de Chile por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso del militante comunista Luis Almonacid asesinado en octubre de 1973, declara que lo que la gente esperaba era que Chile "fuera campeón en la sanción en temas de derechos humanos". Al homicidio de Luis Almonacid se aplicó la burda e ilegal ley de amnistía de 1978, mediante la cual el régimen de Pinochet intentó legalizar imposiblemente parte de sus crímenes y proteger a sus esbirros. La Corte Interamericana ha condenado a Chile por la aplicación de esa ley.
Llama la atención no solamente de los chilenos, que Chile no cuente todavía con una legislación propia en materia de derechos humanos y que descanse solamente en las obligaciones que impone la subscripción de tratados internacionales. En realidad es absurdo. El planeta esperaba más de Chile porque apoyó constantemente al país en su lucha por la recuperación de la democracia, de las libertades civiles y de la simple y llana decencia.
A este respecto, Chile ha causado una pésima impresión de falta de coraje moral, según el senador Guido Girardi. Ayer destacaba la presidente Bachelet que era ella el primer presidente en visitar el antiguo centro de torturas y exterminio del régimen de Pinochet, Villa Grimaldi, donde ella misma estuvo retenida cuando fue secuestrada, junto a su madre, por la policía del régimen. El dudoso y tenebroso presidente Lagos indultó al criminal impenitente que degolló al ciudadano Tucapel Jiménez. Desde que se reinstaurara la democracia, el país ha tenido presidentes que se han negado a recibir a las madres de los detenidos desaparecidos, y que han decretado una ley que impide conocer la identidad de los criminales y que por tanto obstaculiza la tarea de llevarlos a justicia. Esta última ley -también de Lagos- es en todo similar a la ley de amnistía de Pinochet, y persigue en todo caso el mismo fin. La ley misma es una violación evidente de los derechos humanos.
En otras palabras, Chile no solamente no se ha destacado en cuanto a enmendar el pasado, sino que en plena democracia ha permitido y dictado leyes que protegen a los criminales y que impiden llevarlos a justicia.
La ciudadanía espera que la presidente Bachelet inicie el camino de retorno a la dignidad. Dictar una ley de derechos humanos es una tarea que era urgente hace quince años. Y sigue siendo urgente.
Chile, el planeta y la gente de bien del mundo, necesita una ley de derechos humanos que sea radical e implacable en su aplicación. Ha de llevarse a justicia y castigarse con la mayor severidad imaginable a los violadores de los derechos humanos. Para facilitar este respeto a los derechos humanos han de formularse los medios para impedir la comisión de este tipo de delitos, autorizando y estimulando que personal subalterno de las fuerzas armadas y fuerzas de orden puedan y deban oponerse a las órdenes de oficiales superiores que impliquen violación de los derechos humanos de detenidos y otros ciudadanos. El personal subalterno debe resistir y oponerse a estas órdenes y debe neutralizar legalmente a los oficiales transgresores si persistieren estos en esas órdenes. Estos oficiales deben ser neutralizados incluso definitivamente si insistieran en la comisión de ese tipo de delitos (por ejemplo, si un oficial ordenase fusilar o torturar a un detenido, el personal subalterno y los soldados deben incluso recurrir a la eliminación física del oficial si no desiste de esas órdenes). Todo ciudadano, y especialmente los miembros de las fuerzas armadas y de orden deben velar por el respeto de los derechos humanos y el hecho de no intervenir para impedir la comisión de un delito de este tipo debe ser igualmente duramente castigado. Los subalternos y otros ciudadanos que impidan la comisión de violaciones a los derechos humanos han de ser protegidos y recompensados por el estado.
Chile debe impulsar una legislación que corresponda no simplemente a un natural anhelo de justicia sino además a nuevos principios en la vida política y moral del país. Nunca es justificable que las fuerzas armadas encargadas de velar por la seguridad de los ciudadanos se vuelquen como fieras contra ellos. El uso de la violencia contra los ciudadanos no es justificable nunca, en ninguna circunstancia, por ningún motivo. Quien recurra a esta violencia, esté donde esté en el espectro político, comete un acto ilegítimo que debe ser severamente castigado.
El principio de que un subalterno deba obedecer ciegamente y que sólo los superiores son responsables es falso y no tiene otro propósito que seguir permitiendo la comisión de esos delitos, protegiendo la ficción de que los subalternos no son responsables. Es un principio viciado que claramente pretende proteger las atribuciones de autoridad y que quiere legitimar la arbitrariedad en las decisiones de personas con poder. Las sociedades modernas y racionales, como pretende ser Chile y gran parte del mundo contemporáneo, deben deshacerse de estos principios anticuados y claramente incoherentes.
Los derechos humanos han de ser protegidos y defendidos con todos los medios al alcance. Su protección hace parte de la lucha sin cuartel contra el mal.
Chile tiene mucho que decir sobre esto. Y debe orientar al mundo en una nueva legislación acorde con los principios morales de esta época.
Llama la atención no solamente de los chilenos, que Chile no cuente todavía con una legislación propia en materia de derechos humanos y que descanse solamente en las obligaciones que impone la subscripción de tratados internacionales. En realidad es absurdo. El planeta esperaba más de Chile porque apoyó constantemente al país en su lucha por la recuperación de la democracia, de las libertades civiles y de la simple y llana decencia.
A este respecto, Chile ha causado una pésima impresión de falta de coraje moral, según el senador Guido Girardi. Ayer destacaba la presidente Bachelet que era ella el primer presidente en visitar el antiguo centro de torturas y exterminio del régimen de Pinochet, Villa Grimaldi, donde ella misma estuvo retenida cuando fue secuestrada, junto a su madre, por la policía del régimen. El dudoso y tenebroso presidente Lagos indultó al criminal impenitente que degolló al ciudadano Tucapel Jiménez. Desde que se reinstaurara la democracia, el país ha tenido presidentes que se han negado a recibir a las madres de los detenidos desaparecidos, y que han decretado una ley que impide conocer la identidad de los criminales y que por tanto obstaculiza la tarea de llevarlos a justicia. Esta última ley -también de Lagos- es en todo similar a la ley de amnistía de Pinochet, y persigue en todo caso el mismo fin. La ley misma es una violación evidente de los derechos humanos.
En otras palabras, Chile no solamente no se ha destacado en cuanto a enmendar el pasado, sino que en plena democracia ha permitido y dictado leyes que protegen a los criminales y que impiden llevarlos a justicia.
La ciudadanía espera que la presidente Bachelet inicie el camino de retorno a la dignidad. Dictar una ley de derechos humanos es una tarea que era urgente hace quince años. Y sigue siendo urgente.
Chile, el planeta y la gente de bien del mundo, necesita una ley de derechos humanos que sea radical e implacable en su aplicación. Ha de llevarse a justicia y castigarse con la mayor severidad imaginable a los violadores de los derechos humanos. Para facilitar este respeto a los derechos humanos han de formularse los medios para impedir la comisión de este tipo de delitos, autorizando y estimulando que personal subalterno de las fuerzas armadas y fuerzas de orden puedan y deban oponerse a las órdenes de oficiales superiores que impliquen violación de los derechos humanos de detenidos y otros ciudadanos. El personal subalterno debe resistir y oponerse a estas órdenes y debe neutralizar legalmente a los oficiales transgresores si persistieren estos en esas órdenes. Estos oficiales deben ser neutralizados incluso definitivamente si insistieran en la comisión de ese tipo de delitos (por ejemplo, si un oficial ordenase fusilar o torturar a un detenido, el personal subalterno y los soldados deben incluso recurrir a la eliminación física del oficial si no desiste de esas órdenes). Todo ciudadano, y especialmente los miembros de las fuerzas armadas y de orden deben velar por el respeto de los derechos humanos y el hecho de no intervenir para impedir la comisión de un delito de este tipo debe ser igualmente duramente castigado. Los subalternos y otros ciudadanos que impidan la comisión de violaciones a los derechos humanos han de ser protegidos y recompensados por el estado.
Chile debe impulsar una legislación que corresponda no simplemente a un natural anhelo de justicia sino además a nuevos principios en la vida política y moral del país. Nunca es justificable que las fuerzas armadas encargadas de velar por la seguridad de los ciudadanos se vuelquen como fieras contra ellos. El uso de la violencia contra los ciudadanos no es justificable nunca, en ninguna circunstancia, por ningún motivo. Quien recurra a esta violencia, esté donde esté en el espectro político, comete un acto ilegítimo que debe ser severamente castigado.
El principio de que un subalterno deba obedecer ciegamente y que sólo los superiores son responsables es falso y no tiene otro propósito que seguir permitiendo la comisión de esos delitos, protegiendo la ficción de que los subalternos no son responsables. Es un principio viciado que claramente pretende proteger las atribuciones de autoridad y que quiere legitimar la arbitrariedad en las decisiones de personas con poder. Las sociedades modernas y racionales, como pretende ser Chile y gran parte del mundo contemporáneo, deben deshacerse de estos principios anticuados y claramente incoherentes.
Los derechos humanos han de ser protegidos y defendidos con todos los medios al alcance. Su protección hace parte de la lucha sin cuartel contra el mal.
Chile tiene mucho que decir sobre esto. Y debe orientar al mundo en una nueva legislación acorde con los principios morales de esta época.
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