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El Mercurio y la Corte Penal Internacional

Hace unos días un editorial de El Mercurio del 4 de agosto de 2008 llamaba a la derecha y extrema derecha de Chile a legislar sobre derechos humanos en relación con el debate sobre la eventual ratificación de la Corte Penal Internacional (CPI). Ambas corrientes políticas, y el diario que mejor representa a la extrema derecha chilena, se han opuesto tenaz e irracionalmente a la ratificación de los tratados y pactos internacionales que dieron origen al tribunal internacional que busca perseguir judicialmente las acciones que consideramos violatorias de los derechos humanos: crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra y genocidio.

El cambio de opinión es asombroso. Desde hace años que se les viene advirtiendo que el rechazo chileno al tribunal internacional es derechamente irrelevante. A medida que se extiende el imperio del derecho internacional y la sensibilidad ideológica global otorga prioridad al respeto de los derechos humanos, los pequeños reductos refractarios como Chile tienen cada vez más dificultades en defender sus legislaciones nacionales. Guste o no a la clase política chilena, el derecho internacional prevalece y los ciudadanos chilenos acusados de la violación de alguno de los delitos que cubre el tribunal penal internacional pueden ser aprehendidos y juzgados en cualquier país del mundo que haya suscrito los tratados de defensa de los derechos humanos, sean las víctimas ciudadanos o no de alguno de esos países.

Ahora, tras la detención en España del ex fiscal militar Alfonso Podlech Michaud, sabidamente responsable de numerosos secuestros y asesinatos y buscado en Italia por el homicidio de un ciudadano italiano en 1973, pareciera que finalmente se han dado cuenta de que eludir la justicia internacional es derechamente imposible. La testaruda oposición a la corte internacional es irrelevante y tan bruta y hueca como las estentóreas declaraciones de criminales como Milosevic y, ahora, Karadzic, en su negación de la legitimidad del tribunal de La Haya. El editorialista de El Mercurio se ha dado cuenta además de que, en realidad, seguir rechazando la ratificación del Estatuto de Roma es también perjudicial para la propia causa de la extrema derecha, que es la defensa de los criminales pinochetistas.

El argumento es intrincado. Pero la lógica que lo sustenta es la siguiente: Seguir negando el derecho internacional no tiene ningún sentido, pues este rechazo no tiene validez jurídica fuera de Chile. Ante la eventualidad de que criminales chilenos continúen siendo aprehendidos y juzgados en el extranjero, sería mejor contar con una legislación propia en esas materias, de modo tal que, frente al mundo, el país pudiera decir que las personas acusadas de esos delitos ya han sido juzgadas y evitar de ese modo que caigan en manos de tribunales internacionales o extranjeros.

Habida cuenta de la venialidad de muchos jueces chilenos -jueces moralmente corruptos, como el recién rechazado Alfredo Pfeiffer, capaces de aplicar leyes ilegítimas y sin anclaje jurídico en defensa de los peores y más crueles criminales que ha conocido el país en su historia-, el razonamiento de editorialista parece claro. Con una legislación nacional adaptada, jueces como el recién nombrado que, lamentablemente, abundan, podrían fallar a favor de los acusados, dejándoles impunes y pretendiendo al mismo tiempo que se ha hecho justicia.
En la situación actual, como señala el editorialista, Chile carece de una tipificación de los delitos que cubre el tribunal penal internacional. Y debe hacerlo, pues "de lo contrario, se le estaría dando una competencia directa a la CPI, impidiendo que nuestros tribunales tengan la oportunidad de pronunciarse sobre estos graves delitos".

Hoy los pinochetistas acusados podrían ser aprehendidos y juzgados en el extranjero y, habida cuenta de la extrema gravedad de sus delitos, serían probablemente condenados a reclusión perpetua calificada sin posibilidad de salir de la cárcel antes de su muerte -que es justamente el destino que esperaba a Pinochet en Londres o Madrid.

Los temores de El Mercurio pueden ser justificados. Es sabido que el tribunal sólo actuará cuando considere que alguno de los países firmantes no ha cumplido con el compromiso suscrito de juzgar causas de derechos humanos. "En efecto, de considerarlo necesario y previa prueba de alguna de las amplias causales que el Estatuto establece, la CPI puede entrar a conocer de una materia, no obstante que haya sido resuelta o la estén conociendo los tribunales nacionales". El editorialista advierte el peligro de que, aun contando Chile con una legislación propia sobre derechos humanos, nada asegura que criminales mal juzgados aquí vuelvan al banquillo de los acusados en tribunales fuera del país.

Tampoco podrán los chilenos redefinir al buen tuntún y según les convenga que ha de entenderse por genocidio, crímenes de guerra o crímenes contra la humanidad. Ni tampoco podrán seguir pretendiendo que hay materias o asuntos que sólo competen a tribunales nacionales. Esos ideales son anacrónicos y absurdos. También en la Edad Media defendieron reyezuelos y otros gobernantes sus propias legislaciones y fueros contra las emergentes legislaciones nacionales. Y ya se ve que no llegaron demasiado lejos. Ahora en un mundo globalizado, es similarmente urgente y derechamente inevitable el avance y consolidación de los principios del derecho internacional, y todavía más especialmente en el terreno de los derechos humanos.

El llamado de El Mercurio, pese a sus transparentes intenciones, no debe asustar. Que Chile debe tener una legislación propia en materia de derechos humanos es una aspiración compartida por muchos chilenos y en esto el diario de la extrema derecha va todavía más lejos y adopta una postura que supera incluso las propias posiciones de los partidos llamados de izquierdas.

Aprobada esa legislación, si nuestros jueces no estuviesen a la altura de los nuevos principios ético-jurídicos, podremos siempre recurrir a tribunales en el exterior para obtener justicia. Tampoco debiese asustarnos, aunque debe ser rechazada, la pretensión de que por firmar el Estatuto de Roma, este país dejará de procesar a los criminales que hayan dado libre curso a su naturaleza bestial antes de la ratificación del tratado. Las leyes internacionales de derechos humanos cubren crímenes que son imprescriptibles e inamnistiables, firmen los chilenos los papeles que firmen. Y la Corte Penal Internacional ciertamente no es la única instancia donde juzgar las violaciones a los derechos humanos. En caso de fallar la primera, todavía están, como es el caso hoy con Podlech, los tribunales nacionales que suscriben el Estatuto de Roma y otros tratados internacionales.

La testaruda posición de aplazar la ratificación de ese y otros tratados perjudica a Chile, a las víctimas y familiares de las víctimas de violaciones a los derechos humanos y perjudica igualmente a la propia extrema derecha que, como sugiere el editorialista, sin una legislación nacional previa específica sobre derechos humanos dejará a sus miembros a merced de tribunales extranjeros sin la menor posibilidad de intervenir ni influir ni orientar los eventuales procesos judiciales. Eso, aparte el ridículo que se hará sufrir al país todo entero, pues no escapará a nadie que la detención del ex fiscal en el aeropuerto de Barajas constituye, más todavía que un rotundo varapalo a la extrema derecha, una profunda humillación para el gobierno de la señora Bachelet, que ocupa una silla en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas y sin embargo es incapaz de juzgar en su propio país a notorios y peligrosos criminales pinochetistas. Es, justamente, uno de los propósitos del tribunal internacional y una de las cosas que El Mercurio considera un peligro para su causa: "[...] la discusión se plantea porque la CPI tendría las atribuciones para evaluar, en conformidad con un impreciso principio de complementariedad, el funcionamiento de nuestros tribunales. En efecto, de considerarlo necesario y previa prueba de alguna de las amplias causales que el Estatuto establece, la CPI puede entrar a conocer de una materia, no obstante que haya sido resuelta o la estén conociendo los tribunales nacionales". O que no la hayan conocido en absoluto, como es el caso del señor Podlech que, según el vocero de su familia, desconocía la existencia de una orden de captura internacional en su contra pues "en Chile nunca ha habido ningún procesamiento en su contra" (en La Tercera). Que haya sido juzgado o no en el país es, en realidad, irrelevante para la Corte Penal Internacional.*

* Los comentarios sobre el caso del ex fiscal militar los he incluido pese a que no es la CPI la que lo busca, sino la justicia italiana. Pero es evidente que se trata de dos asuntos relacionados, considerando que en ese país se lo quiere juzgar por el secuestro y homicidio de un ciudadano italiano en el marco de una campaña de exterminio de opositores políticos, lo que constituye un delito de lesa humanidad. En algún momento la CPI tendrá que ver igualmente este caso, y la oportunidad se presentó sola, pues Podlech está más cerca del tribunal en Italia que en Chile.

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