De la Necedad entre los Jueces

Hace un tiempo leí en la prensa un caso de extraordinario patetismo, que dejaba muy mal parado a nuestro poder judicial y cuya resolución aún se deja esperar. Según La Tercera y El Mercurio del 5 de septiembre de 2008, el ex carabinero Óscar Ramírez Contreras fue procesado por la violación de dos hermanas menores de edad, una de catorce y una de dieciocho -diecisiete, para La Cuarta- y condenado a tres años y un día, y 541 días por el segundo delito, de libertad vigilada.

La sentencia sorprendió por su liviandad. Pese a la gravedad de los delitos, el Quinto Tribunal Oral en Lo Penal de Santiago justificó la remisión de la pena en lo que se llama la irreprochable conducta anterior del acusado. Esta consideración descriteriada es la que más polémica ha causado: ¿Cómo se puede calificar a alguien como de ‘conducta irreprochable’ cuando ha cometido dos delitos de violación que necesariamente han tenido lugar en el tiempo? Si el ex carabinero hubiese cometido una sola violación, se habría justificado la calificación de conducta irreprochable. ¿Pero en una segunda violación?

Esta sentencia refleja en cierto modo una situación ideológica bastante generalizada en el país y que es que los jueces tienden o a hacer la vista gorda o a dictar sentencias que rayan en lo ridículo cuando los acusados y sentenciados son ex miembros de las fuerzas armadas o de Carabineros. Quizás es una reacción inconsciente, o una bien reflexionada decisión que se justifica en los servicios que prestan los uniformados a la sociedad y que da pie para que algunos en el poder judicial crea que merecen la indulgencia de la ley.

Muchos otros piensan que el castigo para carabineros y militares que violen la ley debiese ser mayor que el castigo para civiles por el mismo delito, en razón de que cometen el delito adicional de traicionar la confianza y responsabilidad que ha depositado la sociedad en ellos. De ninguna manera haber sido carabinero o militar podría servir como atenuante de algún delito. Además de violar su juramento y cometer un delito, el policía actúa siempre en una posición de superioridad, precisamente por su función, obligando a civiles a conductas que en este contexto son accesorios de un delito. O sea, utiliza el irracional temor del ciudadano hacia sus policías para cometer un delito.

También sorprendente es la ausencia de alguna medida cautelar usual en otros casos de este tipo, como la prohibición de acercamiento o el destierro o similares.

¿Hasta qué punto se puede creer en la candidez del tribunal? ¿Cómo han podido resolver de manera tan patentemente absurda y arbitraria? ¿Cómo puede un carabinero tener una conducta irreprochable después de violar a una segunda niña?

Esta excesiva indulgencia que se muestra hacia policías es totalmente injustificada. Los jueces -Danilo Báez, Érika Villegas y Constanza Feliú- consideraron también, aparte del hecho de ser carabinero, el hecho de que Óscar Ramírez Contreras quedó huérfano a los dieciséis años y su padre fue alcohólico y que el policía compareció voluntariamente.

Pero la guinda de la torta no es este alegato afiebrado de la defensa, sino el hecho aberrante de que la afirmación de que el acusado Óscar Ramírez Contreras era carabinero era falsa y que este individuo no fue nunca miembro de las fuerzas de orden. Nadie se dio el trabajo -ni los jueces- de verificar la historia del acusado. Declarándose ex carabinero, el violador se ganó la simpatía de los jueces, que dejaron de lado el examen de antecedentes al que se somete a otros procesados.

Óscar Ramírez Contreras no ha sido carabinero ni un solo minuto de su vida.

Francamente, los papelones de la justicia chilena son memorables. Este caso, como otros, demuestran un espantoso provincialismo en su idea de la justicia como aliada de la ley. Sólo la simpatía de los jueces puede explicar este tipo de deslices. Esto sólo es justicia en algún pueblo remoto del Sur profundo de Estados Unidos, o en los ríos profundos de los Andes, o en las mesetas de Afganistán, donde el favoritismo y el caudillismo son dignos de elogio. Esto es pura y simple necedad.

Sin embargo, antes de emitir cualquier juicio, también es necesario considerar que en la prensa realmente no se nos informa gran cosa sobre este caso, así que, por ejemplo, no sabemos si las hermanas fueron violadas o solamente abusadas, si lo fueron una o varias veces, ni si fueron violadas el mismo día, ni si se trata en realidad de violaciones reales o relaciones consentidas (porque para la ley, en las relaciones sexuales si uno de los partícipes es menor de dieciocho, se describe simplemente como violación, haciendo irrelevante el contenido preciso de la relación). Tampoco sabemos qué tipo de relación de parentesco o social tenían estas personas -si eran vecinos, colegas o parientes.

El fiscal Tufit Bufadel, de Maipú, dijo que presentaría un recurso de nulidad. Todavía no sabemos qué pasó con eso.

Con jueces como los nuestros causa asombro que el sistema todavía se sostenga en pie y no hayan empezado los ciudadanos a hacerse justicia por sí mismos y a ajustar cuentas con jueces y fiscales. Porque entrar a un tribunal es como ir a la kermes. Tanto someten al acusado a las penas más drásticas por delitos menores (más de tres años por robar un pollo -la sentencia es bastante típica de nuestro dickensiano país) como absuelven a los más descarados criminales (recuérdese la asombrosamente infame absolución del llamado Psicópata del Pincel, que golpeó, violó y enterró viva a una amiga de su novia, por falta de pruebas).

Un antiguo debate en antropología giraba sobre la irracionalidad de ciertas prácticas en sociedades nativas africanas. En una sociedad, recuerdo, lo que hacía cada uno de los vecinos de una aldea dependía de un brujo, que leía el futuro del día tirando guijarros. El debate giraba sobre si esta práctica era tan, más o menos racional que, digamos, una distribución racional de los días y el tiempo. Con racional se quería decir que el tiempo debía distribuirse de tal modo que el sujeto pudiese cumplir todos sus compromisos más establecidos (regar, sembrar, cosechar, ir de caza). El resultado era que la opción irracional era tan efectiva como la racional.

Siendo esto así, nuestros jueces podrían al menos hacer el paripé de que dictan justicia, y podrían fijar las sentencias, por ejemplo, abriendo el Código Penal a ciegas y dejando caer el dedo en un párrafo cualquiera que contendrá la sentencia, cualquiera haya sido su delito, como es costumbre en algunas regiones del mundo. Sería más honesto.

O dejar que las sentencias las dicten loros y urracas hispanohablantes.

[La imagen es una ilustración de Tomer Hanuka, que encontré en amateur illustrator].