¿Lagos, Cómplice de Pinochet?
Desde que el presidente Lagos, de Chile, hiciera aprobar una ley que prohíbe conocer la identidad de los asesinos y torturadores de la dictadura de Pinochet entre 1973 y 1990, y por ende priva de la posibilidad de justicia a las víctimas y familiares de las víctimas de la sangrienta y homicida jauría pinochetista, su imagen nacional e internacional en lo que respecta a la defensa de los derechos humanos y a la necesidad de justicia ha sufrido un fuerte revés.
Lagos en realidad perdió su lugar en el corazón de los chilenos cuando impidió, conspirando con los laboristas ingleses, que la bestia mayor de la dictadura fuera entregada a España para ser procesada por crímenes contra la humanidad. Lagos, y su subalterno Insulza, mintieron entonces al mundo, prometiendo que el animal sería juzgado en casa. Llegado al país, las esperanzas de llevar a juicio a uno de los mayores criminales de la historia de Chile se desvanecieron.
El presidente chileno no es un hombre que cumple sus promesas. Y ha demostrado carecer de principios y hasta de la necesaria hombría que debe exhibir todavía todo hombre de estado.
¿Por qué este hombre que se reclama heredero de Allende ha adoptado esta aberrante política de protección de los criminales? ¿Cree que es posible la convivencia sin justicia? ¿Teme que los militares se rebelen? ¿Ha sido amenazado?
Es muy difícil, sino imposible, explicar la actitud del otrora respetado presidente de Chile. Se le ha ocurrido que puede comprar la justicia con indemnizaciones y reparaciones monetarias. Se supone que por unos pocos dólares el pueblo de Chile deberá callar y salir a festejar con los criminales que todavía -sí, todavía- ejercen cargos públicos y pasean libremente por las calles, con los uniformes manchados de sangre.
Los militares chilenos han contribuido enormemente a la decadencia moral del país. El juez Juan Guzmán, en la entrevista que dio en España, les llamó "seres infrahumanos". Lo sabrá mejor él, que los ha tratado e incluso enjuiciado. Y los militares chilenos se diría que son, como muchos militares, casi constitucionalmente cobardes e inmorales.
Así, con esta calaña hace tratos el presidente. Es el mismo presidente que se negó durante años a recibir en palacio a los familiares de las víctimas.
Es difícil pensar en Lagos como cómplice de Pinochet. Pero desde hace muchos años -desde Londres- actúa como si lo fuera. Esa ley no tiene otro fin que impedir que se haga justicia. Se trata de criminales, no de funcionarios que han cometido alguna falta. Esas gentes son culpables de crímenes espantosos y repetidos. No es gente que obedecía órdenes que no debía obedecer. Son oficiales y agentes que participaron voluntariamente en las bandas de asesinos pagadas por Pinochet y su séquito de delincuentes. Deben ser erradicados de funciones oficiales y despojados de sus rangos militares. Deben ser sometidos a proceso. Pero para eso es indispensable contar con tribunales independientes.
La Corte Suprema es el más importante órgano del poder judicial. Pero no es independiente. Y sus últimas resoluciones impidiendo el enjuiciamiento del ex asesino son un reflejo de la corrupción moral de ese país.
Las esperanzas de justicia se encuentran entre una Corte Suprema acobardada y un presidente moralmente inepto. A nada sirve la ley que impide conocer la identidad de los criminales. Y la ley y el presidente protegen a esos mismos criminales manteniéndolos en sus posiciones con el dinero de los contribuyentes a los que se dedicaban a matar en años a anteriores. Es una vergüenza.
Sobre todo si se considera que este presidente vivió durante años recurriendo a la solidaridad internacional e insistiendo en la defensa legítima de los derechos humanos de los chilenos. Asumido el cargo, se olvidó y renegó de la causa de Chile. No es el presidente de todos los chilenos. Tampoco es el presidente de los patriotas. Su defensa de los derechos humanos no fue más que un tema de campaña. No cree en esos derechos. Para el presidente, son moneda de cambio y valores desechables.
La querella iniciada por algunos exonerados chilenos no llegará probablemente a ninguna parte. Pero es bueno que el planeta se entere sobre quién es realmente el gobernante de Chile.
Lagos en realidad perdió su lugar en el corazón de los chilenos cuando impidió, conspirando con los laboristas ingleses, que la bestia mayor de la dictadura fuera entregada a España para ser procesada por crímenes contra la humanidad. Lagos, y su subalterno Insulza, mintieron entonces al mundo, prometiendo que el animal sería juzgado en casa. Llegado al país, las esperanzas de llevar a juicio a uno de los mayores criminales de la historia de Chile se desvanecieron.
El presidente chileno no es un hombre que cumple sus promesas. Y ha demostrado carecer de principios y hasta de la necesaria hombría que debe exhibir todavía todo hombre de estado.
¿Por qué este hombre que se reclama heredero de Allende ha adoptado esta aberrante política de protección de los criminales? ¿Cree que es posible la convivencia sin justicia? ¿Teme que los militares se rebelen? ¿Ha sido amenazado?
Es muy difícil, sino imposible, explicar la actitud del otrora respetado presidente de Chile. Se le ha ocurrido que puede comprar la justicia con indemnizaciones y reparaciones monetarias. Se supone que por unos pocos dólares el pueblo de Chile deberá callar y salir a festejar con los criminales que todavía -sí, todavía- ejercen cargos públicos y pasean libremente por las calles, con los uniformes manchados de sangre.
Los militares chilenos han contribuido enormemente a la decadencia moral del país. El juez Juan Guzmán, en la entrevista que dio en España, les llamó "seres infrahumanos". Lo sabrá mejor él, que los ha tratado e incluso enjuiciado. Y los militares chilenos se diría que son, como muchos militares, casi constitucionalmente cobardes e inmorales.
Así, con esta calaña hace tratos el presidente. Es el mismo presidente que se negó durante años a recibir en palacio a los familiares de las víctimas.
Es difícil pensar en Lagos como cómplice de Pinochet. Pero desde hace muchos años -desde Londres- actúa como si lo fuera. Esa ley no tiene otro fin que impedir que se haga justicia. Se trata de criminales, no de funcionarios que han cometido alguna falta. Esas gentes son culpables de crímenes espantosos y repetidos. No es gente que obedecía órdenes que no debía obedecer. Son oficiales y agentes que participaron voluntariamente en las bandas de asesinos pagadas por Pinochet y su séquito de delincuentes. Deben ser erradicados de funciones oficiales y despojados de sus rangos militares. Deben ser sometidos a proceso. Pero para eso es indispensable contar con tribunales independientes.
La Corte Suprema es el más importante órgano del poder judicial. Pero no es independiente. Y sus últimas resoluciones impidiendo el enjuiciamiento del ex asesino son un reflejo de la corrupción moral de ese país.
Las esperanzas de justicia se encuentran entre una Corte Suprema acobardada y un presidente moralmente inepto. A nada sirve la ley que impide conocer la identidad de los criminales. Y la ley y el presidente protegen a esos mismos criminales manteniéndolos en sus posiciones con el dinero de los contribuyentes a los que se dedicaban a matar en años a anteriores. Es una vergüenza.
Sobre todo si se considera que este presidente vivió durante años recurriendo a la solidaridad internacional e insistiendo en la defensa legítima de los derechos humanos de los chilenos. Asumido el cargo, se olvidó y renegó de la causa de Chile. No es el presidente de todos los chilenos. Tampoco es el presidente de los patriotas. Su defensa de los derechos humanos no fue más que un tema de campaña. No cree en esos derechos. Para el presidente, son moneda de cambio y valores desechables.
La querella iniciada por algunos exonerados chilenos no llegará probablemente a ninguna parte. Pero es bueno que el planeta se entere sobre quién es realmente el gobernante de Chile.
1 comentario
Anónimo -