¿Ley de Punto Final?
Hay quienes defienden una ley de punto final en relación con los militares que cometieron crímenes y violaciones a los derechos humanos durante la dictadura pinochetista en Chile. Una ley semejante es, según creo, y por muchos motivos, indeseable.
Para comenzar, desde un punto de vista ideológico, tratándose de crímenes tan innobles, cobardes e inhumanos, no es deseable que sean perdonados ni olvidados. Al contrario. Muchos militares, culpables de los crímenes más horrendos e injustificados imaginables, viven aún en libertad y ni siquiera han sido llevados a justicia. Es necesario que los jueces reciban orden de acelerar los juicios existentes, a fin de dictar sentencia y cumplir con uno de los objetivos de las leyes: castigar y sentar ejemplo. Y los militares que todavía escapan de la justicia han de ser capturados y procesados.
Ha de recordarse que, aparte los crímenes atentatorios contra las personas, los militares y otros que participaron en la dictadura, y en todo caso en el golpe de estado, cometieron un crimen que, de acuerdo a la legislación militar actual, se castiga con la pena de muerte: la traición a la patria. Este delito, del que Pinochet y otros nunca fueron acusados, es sin embargo fácil de demostrar. Pinochet y otros militares atentaron contra el orden constitucional democrático chileno para satisfacer los anhelos de la administración norteamericana de entonces. Para ello, fueron pagados. (Según se sabe, recibió Pinochet dos millones de dólares, la misma suma que recibió Agustín Edwards, dueño de El Mercurio para que, por medio de la difusión de noticias falsas, contribuyera a crear un ambiente que justificase la intervención militar. Patria y Libertad, el grupo que se hacía llamar de extrema derecha y que fue fundado y financiado por la embajada norteamericana, recibió, al igual que la pandilla del general Viaux, cincuenta mil dólares cada uno -según sabemos por la numerosa documentación disponible, muy en especial el libro de Peter Kornbluh, ‘Pinochet: los archivos secretos', y los documentos desclasificados durante las audiencias de la comisión parlamentaria norteamericana que estudió estos pagos a Pinochet).
En segundo lugar, muchos de los crímenes cometidos por los militares son de lesa humanidad y/o crímenes de guerra (vale decir, cometidos durante el período que los militares llamaron de guerra, a pesar de que nunca hubo ninguna guerra en el país). Y estos delitos no prescriben. No juzgarlos sería contrario a las leyes chilenas.
En tercer lugar, en estos casos tiene preeminencia el derecho internacional, que tratándose de crímenes como estos, de lesa humanidad, y violaciones graves a los derechos humanos, no caben ni amnistías ni indultos.
En este último caso, tampoco es relevante el criterio de soberanía, ni debe utilizarse esta argumentación para defender lo indefendible.
Muy al contrario, la ciudadanía debe exigir mayor rigor y mayor celeridad a la hora de juzgar a los criminales y no esperar a que la muerte, natural o por enfermedad o accidente, solucione los problemas que debe resolver la justicia, como lamentablemente ocurrió con el caso de Pinochet. Estos militares deben ser excluidos de beneficios de cualquier tipo y ser condenados a firme y, en el caso de violaciones graves a los derechos humanos, a perpetua.
Los ciudadanos chilenos de hoy, y las futuras generaciones, deben recordar siempre que el período de la dictadura pinochetista es la página más tenebrosa y siniestra de la historia de Chile, escrita con la sangre de miles de víctimas inocentes y de cientos de miles de ciudadanos exiliados y torturados, de generaciones enteras que fueron sacrificadas por la codicia e inhumanidad del estamento militar y las clases ricas del país. Como tal, es un período que no ha de olvidarse ni perdonarse y que debiese ser recordado como un período de infamia y de crímenes sin nombre cometidos contra el pueblo, contra Dios y contra la patria chilena.
Yo iría todavía más lejos e implementaría las leyes que prohíben y penalizan la apología y justificación del crimen y del terrorismo, y la aplicaría por ende a todo aquel que, individualmente o como miembro de alguna organización, defienda la dictadura militar y los crímenes que esta cometió. Prohibiría, igualmente, toda organización que defienda y/o justifique la dictadura pinochetista, por considerarla una asociación criminal de corte terrorista -un poco a la manera en que en Europa se castiga a quienes niegan el exterminio de los judíos o hacen apología de Hitler y el nazismo.
Para comenzar, desde un punto de vista ideológico, tratándose de crímenes tan innobles, cobardes e inhumanos, no es deseable que sean perdonados ni olvidados. Al contrario. Muchos militares, culpables de los crímenes más horrendos e injustificados imaginables, viven aún en libertad y ni siquiera han sido llevados a justicia. Es necesario que los jueces reciban orden de acelerar los juicios existentes, a fin de dictar sentencia y cumplir con uno de los objetivos de las leyes: castigar y sentar ejemplo. Y los militares que todavía escapan de la justicia han de ser capturados y procesados.
Ha de recordarse que, aparte los crímenes atentatorios contra las personas, los militares y otros que participaron en la dictadura, y en todo caso en el golpe de estado, cometieron un crimen que, de acuerdo a la legislación militar actual, se castiga con la pena de muerte: la traición a la patria. Este delito, del que Pinochet y otros nunca fueron acusados, es sin embargo fácil de demostrar. Pinochet y otros militares atentaron contra el orden constitucional democrático chileno para satisfacer los anhelos de la administración norteamericana de entonces. Para ello, fueron pagados. (Según se sabe, recibió Pinochet dos millones de dólares, la misma suma que recibió Agustín Edwards, dueño de El Mercurio para que, por medio de la difusión de noticias falsas, contribuyera a crear un ambiente que justificase la intervención militar. Patria y Libertad, el grupo que se hacía llamar de extrema derecha y que fue fundado y financiado por la embajada norteamericana, recibió, al igual que la pandilla del general Viaux, cincuenta mil dólares cada uno -según sabemos por la numerosa documentación disponible, muy en especial el libro de Peter Kornbluh, ‘Pinochet: los archivos secretos', y los documentos desclasificados durante las audiencias de la comisión parlamentaria norteamericana que estudió estos pagos a Pinochet).
En segundo lugar, muchos de los crímenes cometidos por los militares son de lesa humanidad y/o crímenes de guerra (vale decir, cometidos durante el período que los militares llamaron de guerra, a pesar de que nunca hubo ninguna guerra en el país). Y estos delitos no prescriben. No juzgarlos sería contrario a las leyes chilenas.
En tercer lugar, en estos casos tiene preeminencia el derecho internacional, que tratándose de crímenes como estos, de lesa humanidad, y violaciones graves a los derechos humanos, no caben ni amnistías ni indultos.
En este último caso, tampoco es relevante el criterio de soberanía, ni debe utilizarse esta argumentación para defender lo indefendible.
Muy al contrario, la ciudadanía debe exigir mayor rigor y mayor celeridad a la hora de juzgar a los criminales y no esperar a que la muerte, natural o por enfermedad o accidente, solucione los problemas que debe resolver la justicia, como lamentablemente ocurrió con el caso de Pinochet. Estos militares deben ser excluidos de beneficios de cualquier tipo y ser condenados a firme y, en el caso de violaciones graves a los derechos humanos, a perpetua.
Los ciudadanos chilenos de hoy, y las futuras generaciones, deben recordar siempre que el período de la dictadura pinochetista es la página más tenebrosa y siniestra de la historia de Chile, escrita con la sangre de miles de víctimas inocentes y de cientos de miles de ciudadanos exiliados y torturados, de generaciones enteras que fueron sacrificadas por la codicia e inhumanidad del estamento militar y las clases ricas del país. Como tal, es un período que no ha de olvidarse ni perdonarse y que debiese ser recordado como un período de infamia y de crímenes sin nombre cometidos contra el pueblo, contra Dios y contra la patria chilena.
Yo iría todavía más lejos e implementaría las leyes que prohíben y penalizan la apología y justificación del crimen y del terrorismo, y la aplicaría por ende a todo aquel que, individualmente o como miembro de alguna organización, defienda la dictadura militar y los crímenes que esta cometió. Prohibiría, igualmente, toda organización que defienda y/o justifique la dictadura pinochetista, por considerarla una asociación criminal de corte terrorista -un poco a la manera en que en Europa se castiga a quienes niegan el exterminio de los judíos o hacen apología de Hitler y el nazismo.
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