¿Dónde Está Iturriaga Neumann?
[A propósito de la fuga del general en retiro Raúl Iturriaga Neumann cuando debía presentarse a cumplir una condena de cinco años de cárcel por el secuestro y desaparición de un militante del MIR durante los primeros años de la dictadura. El general ha sido procesado también en otras ocasiones, por el asesinato del general Carlos Prats y su mujer, en Buenos Aires, y el atentado fallido contra el político demócrata-cristiano Bernardo Leighton y su mujer, en Ialia].
Tras la fuga del militar cabe preguntarse si es posible creer al gobierno y a las fuerzas armadas cuando declaran con tanta candidez que no saben dónde está. ¿Es posible que, conocido el expediente de este señor, y conocido su retrato psicológico, ni investigaciones, ni el servicio de inteligencia del estado, ni los servicios de inteligencia de las diferentes ramas de las fuerzas armadas, ni incluso servicios de inteligencia extranjeros hayan considerado necesario vigilar a este elemento y seguir sus pasos en prevención justamente de lo que hizo? ¿Qué quiere decir? Si son nuestros servicios de inteligencia y policías tan ineptos e incapaces de una operación tan simpe, ¿qué debemos esperar de ellos cuando se trata de la defensa de la soberanía o de las fronteras?
A mí me resulta evidente que estos elementos -ex militares procesados- tratarán de escapar y de eludir la justicia -cuando y si la hay. Al mismo tiempo, son obviamente sujetos temibles, que están siendo juzgados por crímenes terribles, y constituyen un terrible peligro inmediato para la sociedad si son dejados en libertad. Deben ser vigilados constantemente.
También queda claro que cuentan con algún tipo de apoyo logístico, puesto que todavía no ha sido capturado. Y al menos dos grupos de uniformados, la Agrupación de Soldados Presos Políticos en Democracia y el Círculo de Generales en Retiro han expresado su apoyo y solidaridad con el criminal fugitivo. Los primeros incluso han llegado a amenazar veladamente que, de seguir los juicios contra los militares criminales, "tarde o temprano pueden producirse tempestades, si siguen sembrando vientos". Y animan al fugitivo a "que siga en la clandestinidad", rechazando de este modo la resolución judicial y negando la validez del ordenamiento jurídico chileno.
Algunos de los políticos más indecentes de la extrema derecha, como el diputado Ulloa y el senador Novoa, y el señor Arancibia, también han expresado su solidaridad con el ex militar. Según Ulloa, el veredicto judicial es "consecuencia de una justicia altamente politizada y presionada por los gobiernos de la Concertación. Digo esto porque está fundada en mentiras jurídicas y de hecho, como es el secuestro permanente". En esas mismas declaraciones, además, el diputado Ulloa amenaza directamente a los jueces, advirtiéndoles que deben tener especial cuidado "aquellos jueces que sean propuestos para integrar la Corte Suprema".
Estas dos organizaciones de militares y ex militares, y los políticos indecentes que amparan al ex general, cometen el delito de sedición y debiesen ser acusados formalmente y llevados a tribunales. No debe quedar duda que expresiones como las suyas son absolutamente inaceptables en un estado de derecho y que no deben quedar impunes. Dice el artículo 272 del Código de Justicia Militar, en su Título V, Delitos contra el Orden y Seguridad del Ejército. Sedición y motín: "Los militares que, en número de cuatro o más, rehúsen obedecer a sus superiores, hagan reclamaciones o peticiones irrespetuosas o en tumulto, o se resistan a cumplir con sus deberes militares, serán castigados como responsables de sedición o motín". La pena contemplada para este delito es incluso la muerte, si se comete frente al enemigo, o si ocasionase alguna muerte. Y es igualmente un deber militar obedecer y acatar las resoluciones de los otros poderes del Estado.
El Código de Justicia Militar establece además que si estos delitos son cometidos por militares en retiro -como es el caso aquí-, "serán considerados como militares para el efecto de su juzgamiento y penalidad". Este delito de sedición, los cometen además quien "induzca a cualquier alboroto o desorden, de palabra, por escrito, valiéndose de cualquier otro medio".
La Justicia Militar también condena por ‘delitos contra el orden público' a los que "ultrajaren públicamente la bandera, el escudo o el nombre de la Patria, himno nacional, y los que difamen, injurien o calumnien al Presidente de la República, Ministros de Estado, Senadores o Diputados, miembros de los Tribunales Superiores de Justicia [y otros cargos] [...] sea que la difamación, la injuria o calumnia se cometa con motivo o no del ejercicio de las funciones del ofendido". Este es claramente otro delito cometido por las organizaciones militares y políticos de extrema derecha que han puesto en duda la probidad de las resoluciones judiciales, acusando a los jueces de actuar obedeciendo los dictados de los gobiernos de la Concertación, y afirmando que esas resoluciones son consecuencia de una politización de la justicia y de basarse en "mentiras jurídicas".
Los militares, ex militares y políticos sediciosos cometen además el delito de desobediencia, y los que induzcan [como es el caso aquí] a miembros de las fuerzas armadas o carabineros, etc., a la "indisciplina, o al desobedecimiento de las órdenes de las órdenes del Gobierno constituido". Se comete aquí ese delito cuando se le dice al ex general que "ojalá siga en la clandestinidad".
Es claramente el intento de los sediciosos arrojar dudas sobre el poder judicial y la actuación de los jueces involucrados en casos de derechos humanos y justificar de este modo una asonada militar (‘sembrar vientos') o la interrupción del régimen jurídico constitucional para favorecer a sus protegidos. Es también evidente que quieren introducir una cuña al interior de las fuerzas armadas y de orden, pretendiendo que la causa de la defensa de los violadores de derechos humanos sea la causa de los institutos armados.
El gobierno debe tomar de inmediato cartas en el asunto, procesar por sedición a los miembros de esas organizaciones militares como organizaciones sediciosas o asociaciones terroristas, desmantelar esas organizaciones y exigir cuentas al general Izurieta, jefe del ejército, por el evidente abandono de deberes o ineptitud de que dan muestras los servicios de inteligencia de las diferentes ramas. Estos criminales, incluidos el ex general, no deben estar libres, no debe tolerarse que sus partidarios les amparen y protejan ni debe tolerarse que los organismos de seguridad hagan la vista gorda o, peor, participen en el encubrimiento de estos delitos.
El general Izurieta tiene mucho que decir. Muchos chilenos queremos seguir creyendo en su idoneidad y compromiso con la institucionalidad democrática. Ahora tiene que convencernos.
Tras la fuga del militar cabe preguntarse si es posible creer al gobierno y a las fuerzas armadas cuando declaran con tanta candidez que no saben dónde está. ¿Es posible que, conocido el expediente de este señor, y conocido su retrato psicológico, ni investigaciones, ni el servicio de inteligencia del estado, ni los servicios de inteligencia de las diferentes ramas de las fuerzas armadas, ni incluso servicios de inteligencia extranjeros hayan considerado necesario vigilar a este elemento y seguir sus pasos en prevención justamente de lo que hizo? ¿Qué quiere decir? Si son nuestros servicios de inteligencia y policías tan ineptos e incapaces de una operación tan simpe, ¿qué debemos esperar de ellos cuando se trata de la defensa de la soberanía o de las fronteras?
A mí me resulta evidente que estos elementos -ex militares procesados- tratarán de escapar y de eludir la justicia -cuando y si la hay. Al mismo tiempo, son obviamente sujetos temibles, que están siendo juzgados por crímenes terribles, y constituyen un terrible peligro inmediato para la sociedad si son dejados en libertad. Deben ser vigilados constantemente.
También queda claro que cuentan con algún tipo de apoyo logístico, puesto que todavía no ha sido capturado. Y al menos dos grupos de uniformados, la Agrupación de Soldados Presos Políticos en Democracia y el Círculo de Generales en Retiro han expresado su apoyo y solidaridad con el criminal fugitivo. Los primeros incluso han llegado a amenazar veladamente que, de seguir los juicios contra los militares criminales, "tarde o temprano pueden producirse tempestades, si siguen sembrando vientos". Y animan al fugitivo a "que siga en la clandestinidad", rechazando de este modo la resolución judicial y negando la validez del ordenamiento jurídico chileno.
Algunos de los políticos más indecentes de la extrema derecha, como el diputado Ulloa y el senador Novoa, y el señor Arancibia, también han expresado su solidaridad con el ex militar. Según Ulloa, el veredicto judicial es "consecuencia de una justicia altamente politizada y presionada por los gobiernos de la Concertación. Digo esto porque está fundada en mentiras jurídicas y de hecho, como es el secuestro permanente". En esas mismas declaraciones, además, el diputado Ulloa amenaza directamente a los jueces, advirtiéndoles que deben tener especial cuidado "aquellos jueces que sean propuestos para integrar la Corte Suprema".
Estas dos organizaciones de militares y ex militares, y los políticos indecentes que amparan al ex general, cometen el delito de sedición y debiesen ser acusados formalmente y llevados a tribunales. No debe quedar duda que expresiones como las suyas son absolutamente inaceptables en un estado de derecho y que no deben quedar impunes. Dice el artículo 272 del Código de Justicia Militar, en su Título V, Delitos contra el Orden y Seguridad del Ejército. Sedición y motín: "Los militares que, en número de cuatro o más, rehúsen obedecer a sus superiores, hagan reclamaciones o peticiones irrespetuosas o en tumulto, o se resistan a cumplir con sus deberes militares, serán castigados como responsables de sedición o motín". La pena contemplada para este delito es incluso la muerte, si se comete frente al enemigo, o si ocasionase alguna muerte. Y es igualmente un deber militar obedecer y acatar las resoluciones de los otros poderes del Estado.
El Código de Justicia Militar establece además que si estos delitos son cometidos por militares en retiro -como es el caso aquí-, "serán considerados como militares para el efecto de su juzgamiento y penalidad". Este delito de sedición, los cometen además quien "induzca a cualquier alboroto o desorden, de palabra, por escrito, valiéndose de cualquier otro medio".
La Justicia Militar también condena por ‘delitos contra el orden público' a los que "ultrajaren públicamente la bandera, el escudo o el nombre de la Patria, himno nacional, y los que difamen, injurien o calumnien al Presidente de la República, Ministros de Estado, Senadores o Diputados, miembros de los Tribunales Superiores de Justicia [y otros cargos] [...] sea que la difamación, la injuria o calumnia se cometa con motivo o no del ejercicio de las funciones del ofendido". Este es claramente otro delito cometido por las organizaciones militares y políticos de extrema derecha que han puesto en duda la probidad de las resoluciones judiciales, acusando a los jueces de actuar obedeciendo los dictados de los gobiernos de la Concertación, y afirmando que esas resoluciones son consecuencia de una politización de la justicia y de basarse en "mentiras jurídicas".
Los militares, ex militares y políticos sediciosos cometen además el delito de desobediencia, y los que induzcan [como es el caso aquí] a miembros de las fuerzas armadas o carabineros, etc., a la "indisciplina, o al desobedecimiento de las órdenes de las órdenes del Gobierno constituido". Se comete aquí ese delito cuando se le dice al ex general que "ojalá siga en la clandestinidad".
Es claramente el intento de los sediciosos arrojar dudas sobre el poder judicial y la actuación de los jueces involucrados en casos de derechos humanos y justificar de este modo una asonada militar (‘sembrar vientos') o la interrupción del régimen jurídico constitucional para favorecer a sus protegidos. Es también evidente que quieren introducir una cuña al interior de las fuerzas armadas y de orden, pretendiendo que la causa de la defensa de los violadores de derechos humanos sea la causa de los institutos armados.
El gobierno debe tomar de inmediato cartas en el asunto, procesar por sedición a los miembros de esas organizaciones militares como organizaciones sediciosas o asociaciones terroristas, desmantelar esas organizaciones y exigir cuentas al general Izurieta, jefe del ejército, por el evidente abandono de deberes o ineptitud de que dan muestras los servicios de inteligencia de las diferentes ramas. Estos criminales, incluidos el ex general, no deben estar libres, no debe tolerarse que sus partidarios les amparen y protejan ni debe tolerarse que los organismos de seguridad hagan la vista gorda o, peor, participen en el encubrimiento de estos delitos.
El general Izurieta tiene mucho que decir. Muchos chilenos queremos seguir creyendo en su idoneidad y compromiso con la institucionalidad democrática. Ahora tiene que convencernos.
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