Extraño Crimen Pasional en Colombia

Según la viceministro de Justicia de Colombia, María Isabel Nieto, no se puede descartar que el asesinato del dirigente sindical Leónidas Gómez, de la Unión Nacional de Empleados Bancarios, haya sido un crimen pasional. El dirigente fue visto con vida por última vez el 4 de marzo pasado. Su cuerpo sin vida y con las manos atadas a la espalda fue encontrado el 8 de ese mes en su apartamento. Fue apuñalado. Los asesinos se llevaron su ordenador portátil, varias memorias USB y el dinero que llevaba en los bolsillos. Leónidas Gómez había sido amenazado en los últimos días por sus actividades sindicales y en particular por sus intervenciones contra el tratado de libre comercio entre Estados Unidos y Colombia.

Este es el asesinato que la viceministro supone que fue un crimen pasional. Pero los crímenes pasionales suelen ser muy diferentes y es raro encontrar a autores de crímenes pasionales que conserven la sangre fría como para, además de quitarle la vida al rival, hacerse con algunas de sus pertenencias y, entre ellas, nada menos que memorias USB y dinero.

Tampoco es habitual que en crímenes políticos se detengan los autores a robar a la víctima. Excepto, claro, que se trate de un crimen cometido por paramilitares, que son simples delincuentes y criminales a la paga de grandes hacendados y empresas nacionales y extranjeras. En contraste, los guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, y del Ejército de Liberación Nacional, son reclutas voluntarios en lo que el gobierno colombiano se niega a reconocer como un conflicto civil. Muchos de los guerrilleros son colombianos que se integraron a las guerrillas después de que sus familias fueran exterminadas por los asesinos a sueldo de los grandes terratenientes.

Y este crimen fue, casi sin ninguna duda, cometido por paramilitares. Leónidas Gómez es uno de los diecisiete dirigentes sindicales asesinados en lo que va de año. En 2007, fuerza del gobierno y paramilitares asesinaron a 39 sindicalistas. En 2006, 72. Desde que Álvaro Uribe asumiera la presidencia colombiana, se han asesinado en Colombia cerca de cuatrocientos sindicalistas. Desde 1985, cerca de dos mil quinientos.

Leónidas Gómez, y otros sindicalistas asesinados este año, organizó las excepcionales marchas contra los paramilitares. También recorrió el país denunciando el tratado de libre comercio. (Los partidarios de Uribe organizaron igualmente marchas a favor del tratado y contra las guerrillas, pero ninguno de ellos ha sido asesinado).* Estas dos iniciativas sellaron su muerte. Los paramilitares decidieron influir en la votación en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, que debía votar la semana pasada la aprobación o rechazo del pacto comercial con Colombia, para impedir un voto adverso -eliminando a los detractores del pacto, como Gómez y otros dirigentes.

Sin embargo, estos mismos crímenes provocaron la reacción que el gobierno colombiano y los paramilitares habían tratado de evitar eliminando a los adversarios más declarados del tratado de libre comercio: los demócratas en la Cámara decidieron que las frecuentes violaciones a los derechos humanos en Colombia y la inacción y sospechada complicidad del gobierno impedían su aprobación y postergaron de manera indefinida una nueva votación sobre el asunto.

Pensaron que eliminando a los opositores al pacto, los representantes lo aprobarían. Es difícil encontrar un ejemplo de una lógica tan torcida como esta. Quizás pretendían atemorizar a los demócratas. En la demencia que caracteriza a la extrema derecha, todo es posible.

Está claro, además, que las numerosas campañas de los últimos meses, incluyendo el asesinato de veinticinco personas en un campamento de las FARC en Ecuador, y otros asesinatos posteriores, tenían como fin resaltar la amenaza que representan las guerrillas para convencer a los demócratas de que votaran a favor del tratado. El tiro les salió por la culata.

Pese a los numerosos y repetidos asesinatos de sindicalistas, de los dos mil quinientos casos documentados, sólo cien han llegado a tribunales, y en la mayoría de ellos se han dictado sentencias que rayan en lo ridículo. Numerosas organizaciones, entre ellas Human Rights Watch, han denunciado la sospechosa ineficiencia del poder judicial colombiano. De hecho, muchos activistas están pidiendo justamente que se destinen más fondos para reformar y enderezar un poder judicial notoriamente corrupto y parcial.

El gobierno colombiano, y Uribe en primer lugar, difícilmente pueden negar su complicidad con grupos de criminales paramilitares. Pese a las aseveraciones del vicepresidente Francisco Santos, de que el estado no está implicado en los asesinatos, decenas de legisladores colombianos del partido de Uribe se encuentran ahora procesados por vínculos con organizaciones paramilitares. Y está probado que Jorge Noguera, que fuera jefe de inteligencia de Uribe, ahora procesado, entregaba a grupos paramilitares listas de activistas de derechos humanos, sindicalistas y otros ‘enemigos’ que debían ser eliminados.

El gobierno de Uribe no se puede lavar las manos. Su complicidad es demasiado evidente como para creer que su programa de protección (decenas de sindicalistas cuentan con protección policial) es sincero y no sólo una maniobra, ahora inútil, para convencer a los representantes norteamericanos de que aprueben el tratado y, de paso, hacerse con los miles de millones de dólares de ayuda que ofrece el Plan Colombia, que ahora también está en discusión.

En un editorial de El Espectador se sostiene que "bloquear el TLC no parece ser el mejor mecanismo para defender la vida de los sindicalistas colombianos", cuyo fin explícito es ayudar al desarrollo de Colombia. Pero detrás de los asesinatos se encuentran fuerzas gubernamentales en connivencia con organizaciones paramilitares. Los lazos entre el gobierno de Uribe y la extrema derecha son demasiado evidentes y han sido probados en tantas ocasiones que es ilusorio que el gobierno crea que puede desmentirlos con sólo negarlos. Uribe ha perdido credibilidad y ya no puede pretender que no es culpable de nada, al mismo tiempo que ordena en secreto el asesinato de figuras de izquierda que se oponen a sus planes.

En el último medio año su gobierno ha lanzado numerosas campañas con el fin de demostrar al mundo que hoy su país vive bajo la amenaza del terrorismo de extrema izquierda. Pero también se ha descubierto que, aparte los enfrentamientos reales, cientos de personas inocentes han sido asesinadas y vestidas con el uniforme de los ejércitos irregulares de las FARC y ELN para hacer creer a la opinión pública nacional e internacional que la amenaza de estas tropas irregulares es real.

Según las investigaciones de la Comisión Colombiana de Juristas y de la organización norteamericana Fellowship of Reconciliation, el año pasado fuerzas oficiales y paramilitares asesinaron a 287 personas, aparte de los 39 dirigentes sindicales. Se trata de casos documentados de personas no implicadas en ninguna actividad subversiva que fueron asesinadas y vestidas como guerrilleros. Y sus victimarios no fueron exclusivamente paramilitares, sino tropas regulares de las fuerzas armadas colombianas. (Uno de los motivos confesos de la serie de crímenes que se siguen cometiendo es que se recompensa a las tropas con cada muerto que aporten a la causa de la extrema derecha, como solían hacer otras tropas en otros tiempos con la población indígena de América).

En Colombia, el mayor problema no son los ejércitos guerrilleros, sino el gobierno mismo y sus aliados paramilitares, que son los responsables de la muerte de la inmensísima mayoría de los cerca de quince mil muertos que se ha cobrado el conflicto civil.

El gobierno colombiano no puede hacer pasar esos asesinatos como crímenes pasionales. Sabemos demasiado.

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Después de la marcha contra la violencia del gobierno y paramilitares, cuatro de sus organizadores han sido asesinados, según denuncia Iván Cepeda, director del Movimiento de Víctimas de los Crímenes de Estado: Carlos Burdano, Carmen Cecilia Carvajal Ramírez; Leónidas Gómez Rozo; y Gildardo Antonio Gómez (en El Espectador). Los asesinatos han corrido por cuenta del nuevo grupo paramilitar Águilas Negras, y han sido instigados, según organizaciones sociales, por el gobierno mismo cuando el asesor presidencial, José Obdulio Gaviria, calificara de guerrilleros a los organizadores y participantes en la marcha contra la violencia paramilitar y autorizara de este modo sus ejecuciones.

[Para esta columna me ha basado en un artículo anterior, ‘Uribe, Criminal de Guerra’, que se puede consultar en mérici; en ‘Militares de Uribe Siguen Matando’, en mQh; y en un reciente artículo, ‘Asesinato de Sindicalistas en Colombia’, también en mQh].