Un Editorial Que Dice Mucho

Publica hoy el liberal New York Times un durísimo editorial sobre los gobiernos del presidente Bush.

Lo acusa nada menos que de violar las libertades civiles y los derechos humanos, de torcer y desvirtuar el estado de derecho, de desconocer los tratados internacionales y las Convenciones de Ginebra y de hacer tabla rasa con principios morales occidentales básicos.

Lo critica duramente por haber aprobado severísimos y bárbaros métodos de interrogatorio de prisioneros e insiste en que, según los informes publicados por ABC News y la Associated Press, en la elaboración de esos métodos inhumanos participaron los funcionarios de más alto nivel de su gobierno, desde el ex ministro de relaciones exteriores, Colin Powell, hasta la risueña Condoleezza Rice y el nefasto vicepresidente, Dick Cheney.

Censura la probada inutilidad de la tortura como método de recabamiento de informaciones y la ineptitud y falta de constancia de las agencias de inteligencia, que todavía no son capaces de dar caza a Osama bin Laden ni fueron capaces de prever las secuelas de la invasión de Iraq.

Censura igualmente en duros términos el hecho de que, contrariamente a lo que el gobierno afirmó entonces, el presidente Bush supo desde el principio que Iraq no poseía armas de destrucción masiva.

No es nada que no supiéramos ni nada tampoco que el NewYork Times y otros periódicos no supieran. Pero es una manera de recordar y ordenar los cargos con que se juzgará en el futuro al gobierno de Bush.

El gobierno de Bush es ciertamente una de las mayores desgracias políticas que ha sufrido Estados Unidos después de la Guerra de Vietnam. El presidente Bush ha incluso echado por tierra la propia Constitución norteamericana, que pasaba antes como un ejemplo de una carta magna democrática, al eliminar el principio de igualdad ante la ley.

Ha instalado tribunales secretos, exentos de todo tipo de control, y ha creado una nueva categoría de personas que pueden ser encarceladas indefinidamente sin presentación de cargos, sin informar a sus familiares y negándoles el derecho a la defensa y a la impugnación de los cargos -en realidad, ni siquiera pueden enterarse de los cargos de que se les acusa. Y, entretanto, autoriza la aplicación de espantosas torturas a los reclusos.


Se indigna el editorialista al recordar que lejos de ser decisiones tomadas por subalternos, los métodos de tortura fueron ideados y definidos por los funcionarios de más alto nivel del gobierno de Bush.

Hace siempre bien leer estas críticas de hechos conocidos ampliamente desde hace ya algunos años en la propia prensa norteamericana y en las páginas del diario más prestigioso del hemisferio occidental.

Contrasta con el servilismo de la prensa chilena, que no hablado nunca con la claridad del New York Times.

En Chile, en realidad, estas críticas suelen provenir del ámbito de la reducida prensa (de papel y sobre todo online) de la izquierda extraparlamentaria.

Lejos de reprochar al gobierno norteamericano el terrible daño que ha causado al derecho internacional y al estado de derecho en su propio país, la prensa chilena en general y el gobierno chileno en particular han mostrado una actitud de tal servilismo que raya en el absurdo.

Prueba de ello es la iniciativa anunciada por la presidenta Bachelet el año pasado de que Chile y Estados Unidos iniciarán campañas de fomento de la democracia en el mundo -una decisión tan incoherente que fue en gran parte simplemente ignorada por la prensa.

Las dos últimas elecciones en Estados Unidos han sido fraudulentas a vista y paciencia de todo el mundo. El planeta ha guardado un vergonzoso silencio sólo porque los perjudicados -los demócratas- decidieron callarse la boca, guiados por la creencia de que no era conveniente insistir demasiado en la invalidez de los resultados de las elecciones en momentos en que el país atravesaba una grave crisis de seguridad nacional bajo la forma de la amenaza del terrorismo islámico.

Pero Estados Unidos dejó hace tiempo de ser un país que se pueda clasificar sin más como democrático.

Tampoco es Chile como país democrático. Un país donde en las elecciones parlamentarias el voto del ciudadano equivale a medio voto y donde la mitad de los legisladores no son propiamente elegidos, no puede llamarse democracia sin más.

No se entiende, pues, cómo estos dos países podrían dar lecciones de democracia a nadie.

Todo lo contrario, ambos necesitan cada día con mayor urgencia deshacer los intentos de subversión de la democracia emprendidos, allá, por el presidente Bush, y acá por sucesivos gobiernos concertacionistas en su intento por gobernar con una Constitución que consagra la infamia de la dictadura de Pinochet y el poder -no sancionado en las urnas- de sus partidarios.

Mientras gobierne Bush allá, no se podrá decir que Estados Unidos es una democracia cabal. Y mientras se rija Chile por una Constitución pinochetista, no se podrá decir nunca que ha habido una transición hacia la democracia.

Se puede leer la versión original en inglés aquí.
La versión en español se encuentra en mQh.