Cómo Hablar de lo que Pasa en Holanda
Todo comenzó con la extraordinaria decisión del gobierno de expulsar a 26 mil refugiados. Las leyes de deportación han causado estupor entre otras cosas porque estas 26 mil personas han vivido en el país durante más de cinco años, sus hijos van a la escuela y están completamente integrados, la gran mayoría de ellos habla holandés y trabaja, y la vida y derechos de la mayoría de ellos igualmente corren serio peligro en sus países de origen. La mayoría de esos refugiados proviene de Somalia, Sudán, Iraq, Afganistán e Irán, países que, si no en guerra, están lejos de ofrecer las garantías necesarias para un retorno involuntario. En las últimas declaraciones sobre el asunto la Unión Europea había también enfatizado la necesidad de dar respuesta a las solicitudes de asilo en un plazo de seis meses. Aunque no es todavía ley, Holanda viola tan grotescamente el espíritu de las directrices de la Unión que parece hacer mofa de su comunidad internacional.
Para proceder a la deportación el gobierno establece que los refugiados rechazados -también llamados solicitantes de asilo rechazados- deben ser internados en instalaciones llamadas alternativamente "centros de partida" [vertrekcentra], "centros de acogida" [opvangcentra], "centros de expulsión" [uitzetcentra] y, en alguna prensa, simplemente "cárceles para extranjeros". Una vez ahí, funcionarios del Servicio de Inmigración y Naturalización tratarán de convencer a los refugiados para que acepten su retorno voluntario al país de origen. El gobierno no previó lo que debe ocurrir con los refugiados que rechacen este retorno voluntario. Los alcaldes de las cuatro grandes ciudades -Ámsterdam, Rótterdam, La Haya y Utrecht- temen que si son expulsados a la calle se provoquen situaciones peligrosas desde un punto de vista social y de orden público. Este temor sólo tiene sentido si se considera que al mismo tiempo el gobierno ha prohibido el acceso a la vivienda de los "ilegales", estableciendo como norma obligatoria la presentación de un permiso de residencia o nacionalidad para la firma de un contrato de alquiler. Así, los refugiados rechazados no tendrían otra alternativa que tratar de vivir en la calle, lo que ciertamente sería una desdicha adicional para gente que viene de pasar por experiencias traumáticas y aterradoras.
Estos centros de retención no son cosa nueva. Existen desde principios de la década de los noventa. Según organizaciones de derechos humanos, muchos "ilegales" y refugiados son retenidos en esas instalaciones en condiciones francamente inhumanas. Son completamente desconectados del mundo exterior, no cuentan con asistencia jurídica ni médica necesaria, y no hay partido político alguno que haya hecho suya la causa de estos desdichados. Esos centros de retención conocen las tasas más altas de suicidios e intentos de suicido de todos los centros de reclusión del país, y se cuentan ya varios retenidos que han muerto fundamentalmente a causa de negligencias médicas asombrosas e intolerables. Hace dos años se enterró a uno de ellos en una tumba que lleva en su lápida solamente su número de inscripción en el centro de retención. Es una historia escalofriante, y significativa.
Por otro lado los argumentos del gobierno para insistir en esta expulsión masiva son espurios y rayan sinceramente en lo ridículo. Que el país está lleno es una de las insensateces más frecuentes en boca de ministros del régimen. Y sin embargo, el país necesita urgente y estructuralmente inmigrantes, so pena de enfrentar un colapso demográfico que terminará finalmente por destruir el estado de bienestar. Y parece que este es justamente el propósito de esta administración. Así, es difícil comprender la intención del gobierno.
En los últimos meses ha habido algunos incidentes sobre el modo en que hemos de referirnos aquí a lo que está pasando. Le molesta al gobierno que se compare su política de deportaciones con el régimen nazi o con la persecución de los judíos. Justamente rechaza que se hable de deportaciones y niega que lo sea. No muchos políticos se han atrevido a hacerlo. Pero lo piensa todo el mundo. El antiguo jefe del grupo parlamentario del VVD, Dijkstal, comparó el desafortunado plan de gobierno de obligar a los extranjeros que viven en el país a llevar consigo una tarjeta con su puntaje en el grado de integración, con la estrella de David amarilla que los nazis obligaron a llevar, cosidas en las solapas, a los judíos durante lo que se llamó después el Holocausto. El VVD es justamente el partido más activo e involucrado en la adopción de medidas cada vez más duras contra los residentes extranjeros. (Es declaradamente un partido liberal, pero lo es a la manera en que son liberales los partidos liberales ruso (una coalición indigesta de neo-nazis, comunistas y místicos) y austriaco (cuyo líder fue un reconocido cabecilla de un grupo neo-nazi).
El antiguo jefe del grupo parlamentario no ha sido el único en comparar las medidas del gobierno con el período nazi de la historia del país. También lo hizo el antiguo ministro de desarrollo del partido laborista, Pronk, y Lubbers, comisario de Naciones Unidas para los Refugiados. Y algunos otros. La comparación no es pues monopolio, ni de lejos, de la extrema izquierda. La hace todo el mundo. Tanto le molesta al gobierno esta comparación que se ha propuesto llevar a tribunales a quienes lo hagan en el futuro. Es una clara amenaza a la prensa, y al derecho de practicarla libremente.
Los temores de la población son justificados y cada vez mayores. Cuando después de los comentarios del antiguo jefe del grupo parlamentario del VVD, Dijkstal, se le pidió la opinión a la ministro Rita Verdonk, de Extranjería, y principal responsable de la política de deportaciones, esta se limitó a decir, para indignación de muchos, que la comparación no era válida porque el método empleado por los nazis -el coser una estrella de David en la ropa- no era científico, mientras que el del actual gobierno sí lo era. No se refirió en ningún momento a la parte substantiva del asunto, a la acusación de que sus métodos sí son comparables con los de los nazis.
Ha habido en los últimos meses amenazas y atentados contra políticos de gobierno a quienes se responsabiliza de la política de inmigración. Dos mujeres que mancharon a la ministro con salsa de tomate están todavía encarceladas, lo mismo que un señor que en un e-mail a un programa de televisión amenazó a la ministro de que "pasarían cosas" si no cambiaba su política de deportaciones, un supuesto delito para el que la fiscalía, haciendo uso de una ley del siglo diecinueve, quiere pedir cadena perpetua. Un absurdo de todo punto de vista, pero que demuestra las intenciones del gobierno con respecto a la prensa y a los ciudadanos que se oponen a sus planes.
Todavía en torno a las deportaciones ha habido otros incidentes nada prometedores y que preocupan a la gente de bien. Con ocasión de una manifestación contra la construcción de uno de estos centros llamados "de partida" en una pequeña ciudad del norte de Holanda -donde justamente quiere el gobierno construir uno de esos centros-, las autoridades decretaron estado de emergencia en varias ciudades circundantes y cortaron las comunicaciones telefónicas y de carretera de ellas durante varias horas, provocando graves daños a la economía y minando la confianza de la población en sus autoridades. Es una medida claramente intimidatoria, y al mismo tiempo un claro ejercicio de lo que está por venir. Al menos, según lo quiere el gobierno.
Todo esto ocurre contra un telón de fondo ominoso y poco esperanzador. La actitud del gobierno hacia los extranjeros residentes es odiosa y claramente torcida. A pesar de las conclusiones de una comisión parlamentaria sobre la situación y condiciones de los extranjeros en Holanda, que determinó que estaban bien integrados, y que no podían constituir siquiera tema digno de mención en un programa político, el gobierno declaró lo contrario, desestimando esas conclusiones e instalando un llamado programa de integración absurdo y que efectivamente trae desagradables evocaciones a la mente. Los extranjeros serán obligados a seguir unos llamados cursos de integración, y el gobierno ha anunciado castigos -como la exclusión del sistema de seguridad social- a los trabajadores inmigrantes que no acepten o reprueben estos cursos. Los cursos serían originalmente proporcionados por instituciones estatales dedicadas a la enseñanza de extranjeros a tarifas francamente absurdas y arbitrarias: seis mil euros por inscripción. Aunque ahora se ha liberado a estos servicios, la obligación de aprobarlos permanece. A los extranjeros que quieran establecerse en el país se les exigirá que hablen holandés y dominen o compartan su cultura y que se sometan a un examen que tomarán los consulados holandeses, también a precios más allá de lo arbitrario: otra vez seis mil euros. El examen, ha anunciado el gobierno, será telefónico y durará 20 minutos; y se tomará en el país de origen. También se han aumentado arbitrariamente las tarifas de los permisos de residencia, llegando actualmente a casi 2.500 euros y que tiene el manifiesto propósito de obstaculizar la reunificación de las familias de inmigrantes, un derecho reconocido por la Unión y otras entidades internacionales. La intención clara del gobierno es excluir en lo posible a extranjeros cuyo origen el gobierno considera indeseable. Al mismo tiempo, se anuncian y se toman más medidas dirigidas contra los extranjeros, por ejemplo estableciendo que la edad requerida para casarse con un extranjer subirá a 21 años, y se suprimen las escuelas de enseñanza para extranjeros, las ayudas municipales para las organizaciones culturales de extranjeros y se quiere someter a reglas absurdas a las mezquitas y a los ciudadanos musulmanes. Curiosamente, estos requisitos no se aplican a los hombres de negocios (!) ni a los habitantes de todos los países del mundo: el gobierno ha confeccionado una ominosa lista negra de nacionalidades.
El ambiente pues en que se desarrolla la nueva política de extranjería del gobierno holandés es a lo menos amenazante. El gobierno desconoce ahora que todos los ciudadanos lo sean en la misma medida, pues el examen de integración o similar naturalmente no se aplica a la población aborigen. Y de pronto los extranjeros residentes descubren que sus derechos pueden ser recortados y hasta anulados por el solo hecho de haber nacido en otro país, hayan cotizado o no, pensando que sellaban un trato entre iguales. Ahora no lo son, o lo son cada vez en menor medida. El desempleo afecta sobre todo a los residentes de origen extranjero, cuyas posibilidades de trabajo son cada vez menores en el país donde el gobierno desestimula explícitamente la contratación de extranjeros y les acusa luego de no contribuir en la misma medida que los otros ciudadanos a los servicios del estado. Un plan francamente maquiavélico y que ciertamente trae a la memoria las primeras medidas adoptadas por los nazis contra los judíos y otras nacionalidades.
A esta descripción del paisaje social y político de Holanda hay que agregar, para hacer las cosas más negras todavía, las nuevas leyes adoptadas por el gobierno en otros terrenos. Por ejemplo, desde el año pasado los tribunales aceptarán como evidencia probatoria las declaraciones de agentes de policía, espías y soplones anónimos, ley cuya enemistad con una legalidad jurídica democrática es más que evidente. Y las medidas adoptadas por ejemplo por la policía militar en los aeropuertos, en cuyos chequeos se somete a los ciudadanos y a viajeros a tratos infamantes y que en otro país habrían terminado con la vida política de los ministros responsables (pues el vejamen de tener que abrirse el culo a dos manos y mostrarle el ano a un funcionario o funcionaria sería una afrenta de serias consecuencias). En estos terrenos y otros Holanda ha mostrado un absoluto desprecio por la legalidad y las normas de decencia internacionales, para no mencionar otra vez los derechos humanos de miles de personas.
Aunque tengo una postura muy definida sobre este asunto, creo no haber tergiversado ninguno de los hechos que comento, algunos de los cuales he seguido de cerca (por ejemplo, sé que hay dependencias semi-clandestinas del estado que ya están en funcionamiento en Ámsterdam). No son cosas que sepa todo el mundo, ni que todo el mundo se anime a creer. Y ciertamente causa muchos problemas morales. Se ha creado un pesado y amenazador ambiente. El gobierno obstaculiza la contratación de extranjeros y expulsa del servicio público a los extranjeros que son profesores de enseñanza para extranjeros (en total varios miles de puestos de trabajo). Y así poco a poco ahogará a las comunidades residentes.
Por otro lado, al mismo tiempo que anuncia la expulsión de esos 26.000 refugiados anuncia también sus planes de inmigración para nada menos que 150.000 nuevos europeos (principalmente de los países de la antigua Unión Soviética) en un plazo de diez años. Ciertamente, da que pensar, y de pensar muy mal, sobre lo que se trae el gobierno entre manos.
El origen de esta xenofobia es difícil de precisar. Muchos observadores atribuyen el endurecimiento de la sociedad hacia los extranjeros al asesinato del líder de extrema derecha Pim Fortuyn, aunque fue abatido según se sabe por un militante de un grupo ecologista radical. Aparentemente la fiscalía sospecha que sus motivos tienen que ver con las ideas xenofóbicas y fundamentalmente anti-árabes y anti-musulmanas de ese político asesinado. Es curioso, por decir lo menos. Pero es probable que el ideario político del führer se haya resumido en el odio que sentía por los árabes. Gran parte de sus ideas, si no todas, y hasta más refinadas en crueldad, han sido retomadas por partidos establecidos, como los auto-denominados liberales del partido por la Libertad, el Pueblo y la Democracia, que yo creo que pueden ser mejor llamados "de extrema derecha". Curiosamente, este líder de derechas, que tenía como lema el militaresco "At your service", con mano a la sien y taconeo incluidos, había propuesto dar amnistía a extranjeros como los que hoy son atacados por el gobierno que ha hecho suyas sus ideas.
Este programa de gobierno fue adoptado en conciliábulos a puerta cerrada entre los diferentes partidos políticos y ninguna de las medidas aprobadas ha debido someterse a la aprobación específica del electorado. Al gobierno le basta, dice, con el apoyo parlamentario, ya que los diputados representan al electorado. Curiosa manera de pensar, tan típica de los países del norte y tan ajena a lo que en otros lugares se llama democracia. En cuestiones tan importantes la argumentación del gobierno se hace, cuando menos, poco seria. Pretende culpar al electorado de planes siniestros concebidos por funcionarios contratados específicamente para la labor, como la ministro Verdonk, cuyo pasado inquieta y asusta a muchos ciudadanos. Como antigua directora de prisiones y del servicio secreto es quizá la peor calificada de todo el equipo de gobierno, dueña de un estilo autocrático tan arrogante como sin fundamento y que nada ha hecho por disipar las dudas en torno a sus simpatías históricas.
Dicho todo esto, si uno camina por las calles de Ámsterdam, y si es extranjero, bien poco notará de esta xenofobia. Sí es verdad que hay un aumento de expresiones xenofóbicas a todo nivel. Hace poco publicaba un diario de esta ciudad un reportaje de un periodista que solicitó bajo nombres árabes y holandeses en varias industrias y fue sistemáticamente rechazado cuando se presentaba con su identidad árabe. Han aumentado las denuncias de residentes ilegales, una campaña que el gobierno inició hace dos años, que ha tenido enorme éxito y que pretende transformar la delación en una conducta normal y corriente. También ha habido intentos de desalojo de extranjeros en virtud de su origen. Pero a decir verdad, excepto eso, en Ámsterdam ciertamente no se siente esa pesadez de otras ciudades. Y aquí, si se es ruso, eslovaco, chino, inglés, francés, español, latino, se puede pasar bien y a nadie se le ocurrirá de buenas a primeras tratarte como si fueras nada. Nada de eso. Y aterra.
Aterra porque es verdad que esto no se advierte en el día a día. Los centros de retención de extranjeros están lejos de centros poblados, o en las afueras de las ciudades, y el gobierno quiere construir varios más en las provincias del norte, en pleno campo, lejos de la vista y escrutinio de todo el mundo. Y, en verdad, las medidas del gobierno, aunque afectan a todo el mundo, van dirigidas específicamente contra los musulmanes o contra los árabes.
No sé si el origen de este temor ha sido tema de estudio. El hijo de un latino residente, nacido aquí, bilingüe y bicultural como casi todo amsterdamés, me dijo: "Tienen miedo". ¿Miedo de qué? "Tampoco lo saben", dijo. "Miedo". Miedo y odio. Injustificado, irracional, arbitrario, y artificial en el sentido de que ha sido literalmente inventado por el gobierno, que no deja de alimentarlo cada día, anunciando nuevas medidas contra ellos o simplemente con declaraciones y amenazas odiosas, un estilo tan característicamente holandés, y que muchas veces termina en nada, como observaba hace poco un editorialista de expatica.com. Esta vez, sin embargo, nada hace creer que quede en nada. El gobierno tiene esa determinación que muestran los regímenes fanáticos, y que se saben o creen impunes (el gobierno holandés se cree impune por la mayoría parlamentaria de que goza).
Así, por muchas razones, los amsterdameses de a pie no ven ni verán nada de esto que está pasando en Holanda. Y si vienes del extranjero tampoco lo verás. Para eso tendrías que ser moro. Si en las discotecas no te dejan entrar por verte moro, al cabo de un tiempo ningún árabe las visitará, y así ni te enterarás de lo que pasa con ellos. Menos si son ilegales. Lo que pasa, pasa a escondidas. Nada sabemos de la suerte de los ilegales y refugiados que han sido retornados a la fuerza a sus países de origen, aunque los pocos informes de que se dispone ya mencionan desapariciones forzosas de refugiados retornados de este modo. Es difícil contabilizar el sufrimiento y la miseria moral que causan las medidas a tantos miles de personas, que deberán empezar de nuevo, si acaso, en países que les son hostiles, o donde serán recibidos por enemigos tradicionales, de los cuales justamente habían huido.
Hace poco apareció en una página en la red una entrevista con un viejo amsterdamés que dijo: "En la época de la guerra tampoco decían [el gobierno colaboracionista de los nazis alemanes] adónde llevaban a los judíos. Sólo decían que los estaban deportando o expulsando. A nadie le interesaba lo que pasara con ellos. Pero tampoco nadie pensaba que los estaban matando". Una indiferencia similar parece reinar en este momento. Y es ciertamente inquietante.
Así, hablar sobre lo que pasa en Holanda se pone peligroso. A mí no me suena raro hablar de "extrema derecha", pues el gobierno lo es reconocidamente y hasta se enorgullece de ello. Hace poco una diputado de los llamados "liberales" del partido de gobierno VVD reprochó públicamente a la presidente de la comisión Franssen, encargada oficialmente de investigar la viabilidad del plan de medir con una tarjeta el grado de integración de los extranjeros, no haber respetado el acuerdo secreto de que el examen de integración no sería más que un arma, entre otras, para mantener a raya la inmigración, y que, por implicación, los propósitos declarados eran falsos. Todo en este gobierno, sus propósitos y planes para los extranjeros evocan desgraciadamente ese terrible episodio de la historia del país, y no creo que sea imposible que algo similar ocurra nuevamente. Este gobierno parece dispuesto a ello.
Extranjeros asentados aquí desde hace treinta años están re-emigrando masivamente, hacia futuros inciertos y abandonando los derechos que crearon y pagaron en el país.
Tenemos miedo. Pero puede resultar peligroso decirlo. Eso pasa en Holanda.
©mQh
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