Para Qué Sirve el Código de Justicia Militar

El Senado argentino viene de ratificar -el 7 de agosto- una decisión adoptada por la Cámara de Diputados en noviembre pasado y que era esperada por amplios sectores de la población: la derogación del Código de Justicia Militar. "Desde ayer", escribe el diario Clarín, "los militares son como cualquier hijo de vecino en la Argentina". Los delitos cometidos por militares serán juzgados según el Código Penal en tribunales de la Justicia ordinaria. Junto con terminar con el fuero especial de que gozaban los miembros de las fuerzas armadas, el fin de la Justicia militar significa también el fin de la pena de muerte que, como en el caso chileno, sigue siendo una prerrogativa de los tribunales militares.

Ciertamente, y explícitamente, la decisión de derogar esta anacrónica institución de la justicia militar ha sido provocada y acelerada por la participación de las fuerzas armadas en las bárbaras y violentas dictaduras de los años setenta y ochenta, y por la posterior conducta de los tribunales militares en sus intentos de encubrir y dejar impunes los crímenes y violaciones de los derechos humanos cometidas por sus miembros. También al otro lado de la cordillera, intentó la Justicia militar proteger a los criminales de entre sus filas.

Poco a poco, las fuerzas armadas argentinas han ido perdiendo sus reductos de poder. Y ahora esta histórica decisión las ha despojado de uno de sus últimos territorios. Al transformar en ley la derogación de la Justicia militar, se salda "una deuda contraída con la democracia", según la ministro de Defensa Nilda Garré.

En Argentina, la derogación del código de justicia militar también está relacionada con la plena aceptación y vigencia en la legislación nacional de los pactos internacionales suscritos por el país en materia de derechos humanos incorporados en la reforma constitucional de 1994.

A partir del 7 de agosto se establece el principio de que militares y civiles son iguales ante la ley. Sin embargo, las fuerzas armadas tendrán "sus propios regímenes disciplinarios y sanciones como el apercibimiento, arresto y destitución" (en la edición de Clarín ya citada). Según Página 12, "la iniciativa también crea un Procedimiento Penal Militar para tiempos de guerra y otros conflictos armados y un nuevo código disciplinario para los miembros de las Fuerzas Armadas".

Ciertamente, como dijera la ministro de Defensa, la derogación aprobada por el Senado elimina "un fuero especial, donde los militares se juzgaban a sí mismos a través de un sistema anacrónico, arbitrario e injusto, donde no se respetaban las garantías del debido proceso" (Página 12). La nueva ley constituye un enorme avance en la recuperación de la democracia en Argentina.

Pese a las diferencias que guardan los procesos de recuperación de la democracia en Argentina y Chile, los paralelos son evidentes.

Hace apenas unos días un ex militar argentino, autor de innumerables secuestros y asesinatos, entre llantos y simulaciones justificó sus crímenes diciendo que en esa época Argentina sufría una subversión "terrorista marxista leninista" (Clarín), un argumento del todo similar al de los militares chilenos. La conducta de las fuerzas armadas de los dos países fue esencialmente la misma: en lugar de dejar que las fuerzas policiales y los tribunales dieran cuenta de los aislados intentos de desencadenar una revolución social, optaron por fraguar imaginarias conspiraciones para justificar su intervención en la vida política de sus países.

Tampoco recurrieron estos grupos militares a la instalación de tribunales para juzgar a los presuntos terroristas, lo que en realidad refleja lo tenebroso de sus móviles. En lugar de eso, recurrieron a ejecuciones extrajudiciales, secuestros, torturas, asesinatos, cárceles clandestinas, robo de bebés y apropiación de los bienes y propiedades de los secuestrados y, posteriormente, de recursos del estado.

Excepción hecha del robo de bebés y posterior ejecución de sus madres, incidentes que, según entiendo, no ocurrieron masivamente aquí, las dos fuerzas armadas recurrieron a los mismos métodos y justificaciones y llegaron incluso a colaborar en la persecución de ciudadanos que se opusieron a la barbarie.

En los dos países recurren las fuerzas del mal al mismo orden de justificaciones, tratando de proteger a los criminales amparándose en motivos ideológicos falsos y en los reductos de poder que ocupaban desde su intervención en los asuntos públicos. La justicia militar les permitía, y en el caso chileno les sigue permitiendo, conservar un fuero especial anacrónico e injustificado que implica impunidad e incluso privilegios para los peores traidores y criminales de sus historias. Y en los dos casos utilizan sus ideólogos -por decirlo así- conceptos como punto final, obediencia debida y otras aberraciones conceptuales.

En Chile, el Código de Justicia Militar data de 1925 y ha sufrido desde entonces varias reformas y agregados. Y, como en Argentina, es hora de derogarlo.

Nada justifica su vigencia. Desde su promulgación, no ha sido más que instrumento de injusticias e impunidad de criminales militares. Aun dejando de lado la intervención de las fuerzas armadas en la vida política del país entre 1973 y 1990, la Justicia militar y sus tribunales son una fuente permanente de intolerables injusticias. Casi todos los casos de violencia -incluyendo casos de torturas y asesinatos- de que son responsables miembros de las fuerzas armadas y carabineros desde el fin de la participación militar en la dictadura chilena han terminado en impunidad para sus autores. La insolencia y desfachatez de los militares llega a extremos absurdos. En los últimos años, los tribunales militares se han negado a juzgar a carabineros que han sido autores de cobardes e injustificados crímenes en la represión de movimientos sociales y conflictos laborales. Como en una época que se creía pasada, las fuerzas policiales y la clase política actúan como defensores de las clases ricas. La justicia militar simplemente se niega a juzgar propiamente a su gente y priva de un debido proceso a los civiles que son sus víctimas.

Seguir tolerando la existencia de fueros especiales y privilegios para la casta militar es perpetuar un régimen de excepción que la clase política se empeña en hacernos creer, inútilmente, que terminó. ¿Por qué motivo permitir la existencia de la desigualdad ante la ley entre ciudadanos que se supone son iguales? La mera existencia del código de justicia militar es una subversión de la Constitución Política, que establece la igualdad de los chilenos ante la ley. Permitir que otros militares juzguen a miembros de sus propias fuerzas, es como permitir que otros gatos juzguen al gato que se quedó cuidando la pescadería. Según este modo de pensar, los carpinteros debiesen ser juzgados por carpinteros, las nanas por nanas y los diputados por diputados, todos ellos con sus propios códigos y sus propios privilegios y fueros.

Por otra parte, seguir manteniendo el código de justicia militar no sólo es una violencia contra los civiles que son víctimas de militares y carabineros, sino también contra los estamentos subalternos de los propios institutos armados, que han sido tradicionalmente víctimas de la arbitrariedad de oficiales y suboficiales. Derogar la justicia militar es por esto, además, algo que se debe a los hombres y mujeres de los propios institutos armados.

En Chile la recuperación de la democracia marcha muy lentamente. Nuestro régimen político perpetúa la dictadura bajo otro nombre. Policías y militares siguen torturando y matando. Las elecciones son una farsa. La clase política -senadores y diputados- no es exactamente elegida, pese a que se insista en llevar a los ciudadanos a las urnas. Todavía sigue Chile, pese a haber sido nombrado ridículamente miembro del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, sin ratificar importantes tratados internacionales de defensa de los derechos humanos.

El panorama es ciertamente sombrío. Sin embargo, la derogación del código de justicia militar colocaría a civiles y militares en el mismo plano frente a la ley, terminaría con los inverosímiles e inmerecidos privilegios de los miembros de las fuerzas armadas y llevaría justicia a muchas familias de chilenos que han sido victimas de la violencia militar y policial.

La mera existencia del código de justicia militar es un atentado contra la democracia y nuestra propia Constitución Política.

Aparte de felicitar a Argentina por esta histórica decisión, deberíamos empezar a prepararnos para seguir su ejemplo.