¿Existe el Pinochetismo?

[Un bloguero de atina.cl llamó a definir el ‘pinochetismo' en una propuesta con el desafío de escribir una definición que fuese aceptable por los pinochetistas. Es una tarea imposible].

Los primeros puntos de la definición de ‘pinochetismo' [como movimiento político anticomunista] plantean muchas dificultades. Muchos, yo entre ellos, encontramos muy difícil considerar el pinochetismo como una postura política o a Pinochet como un líder realmente político. Sé que el general se proponía a sí mismo como alguien que luchó en el contexto de la Guerra Fría, pero yo considero esa postura estrafalaria y, en realidad, falsa. Por lo mismo, no entiendo qué quiere decir "derrotar al marxismo". Tampoco imagino qué se quiere decir con que "modernizó al país".
Explico enseguida. Ya en 1973, la Guerra Fría era un concepto más cinematográfico que real. Que algunos creyesen entonces que en Chile se corría el peligro de que los comunistas o marxistas se hicieran con el poder e implantasen lo que llamaban una dictadura del proletariado (vale decir, un sistema unipartidista avalado por una estructura de asambleas populares dedicado a la construcción del socialismo), debe ser considerado como una creencia o interesada o extravagante. Ciertamente, había grupos marxistas que perseguían estos objetivos. Pero no significa esto que estuviesen ni medianamente cerca de conseguirlo. Y hay grupos de extrema derecha que enfatizaban que Chile estaba a punto de caer en manos comunistas, y era igualmente falso.

Para resumir: el gobierno socialista de entonces, con el apoyo de otros partidos y de las fuerzas armadas constitucionalistas, promulgaron meses antes del golpe de estado una ley que permitió que los militares despojaran a la población de armas. Para septiembre de 1973, era obvio que en Chile no habría una guerra civil, por la simple razón de que no había armas en la población con la que desatarla. Es probable que justamente este hecho -que la población civil no tuviera armas- haya precipitado el golpe militar. Además, los partidos políticos del gobierno de entonces no aspiraban a implantar una dictadura popular, aunque sí había tendencias en esos partidos que aspiraban a ello.

Pinochet no derrotó al marxismo. Decir eso es como decir que Juanito derrotó al kantismo o al hegelianismo o al sofismo. Los ismos pertenecen al terreno de las ideas y estas no se derrotan matando a quienes creen en ellas. Esta es una suerte de lógica muy torcida. Objetivamente hablando, Pinochet no derrotó a nadie, sino que torturó y asesinó a muchas personas; suspendió las garantías constitucionales; cerró el parlamento; acabó con el sistema democrático; destruyó el sindicalismo y los derechos laborales; deshizo muchos de los logros conseguidos durante los gobiernos democráticos previos a la dictadura. Estos acontecimientos no se pueden resumir ni interpretar como derrota del marxismo. Y torturar y matar a los ‘marxistas' no me parece que sea defendible desde ningún punto de vista.
Creo que siempre se pudo, durante el régimen democrático, impedir o prevenir la violencia o los atentados terroristas y procesar a los acusados. Para ello no era necesario, obviamente, una dictadura. La inmensa mayoría de los actos de violencia de esa época fueron perpetrados por grupos de militares parias y de asociaciones falsamente políticas financiadas por la embajada norteamericana. (Estas acusaciones que hago, no son ni falsas ni demagógicas. La intervención de la embajada norteamericana, la cantidad de dinero pagada a los participantes, sus nombres, los actos terroristas específicos ordenados por la embajada norteamericana -como el asesinato del general Schneider- han sido ampliamente probadas tanto por investigaciones independientes como por la liberación de documentos previamente clasificados de los servicios secretos norteamericanos). Imagino que el golpe quería, entre otras cosas, liberar de las cárceles a los elementos de extrema derecha que ya habían sido capturados por las fuerzas de orden de la república.

En el contexto de esa época, en esa democracia, nuestras leyes determinaban que si eras fundadamente sospechoso de algún delito, podías ser procesado por tribunales y ser eventualmente condenado. No era un delito pensar que Hegel era idealista, por decirlo así. Ni era delito creer en Rousseau. Ni lo era defender el ideario social de la iglesia. Tampoco era delito defender la democracia.
Que la brutal represión del régimen militar hiciera todo lo posible por eliminar las huellas de los crímenes -mientras que un régimen dirigido por hombres correctos habría establecido tribunales, enjuiciado a los supuestos delincuentes, tomado declaraciones, deliberado, publicado las condenas, provisto de defensa a los acusados, etc.-, demuestra la mala fe y la cobardía que fueron siempre característica de los dirigentes del régimen militar. Sé que se defienden los militares diciendo que había guerra; pero todos sabemos que no la había. Para que haya una guerra no basta con que una de las supuestas partes declare que la hay. Es necesario demostrarlo. Habida cuenta del número de bajas y del bando al que pertenecían las víctimas durante las primeras semanas de la dictadura -vale decir, cientos de asesinados por los militares y apenas unas pocas víctimas de los aparatos represivos-, deja en claro que sería una infamia llamar guerra a eso, que fue la represión injustificada y abyecta de gente desarmada e inocente.

Atribuir la modernización al régimen pinochetista me parece grotesco. ¿Qué quiere decir? ¿Que Pinochet prometió a las clases ricas que eliminaría -como lo hizo- a los sindicalistas para que pudiesen explotar y robar impunemente a los pobres de Chile? Si hubiese habido una dictadura comunista (que, repito, es una infamia decir que corríamos ese peligro) y en esta se hubiese eliminado físicamente a los opositores y anulado, por ejemplo, la libertad de opinión, y el país se hubiese modernizado en el sentido de que los beneficios privados de las empresas se habrían invertido socialmente, ¿diríamos que esa dictadura ‘modernizó' al país? Alcanzar la ‘modernización' de ese modo es muy dudoso. ¿Y ha habido realmente modernización? A mí me parece que no.

El punto 4 ["Pinochet salvó a Chile"] supone que el ‘pinochetismo' fue patriótico. Yo creo que no. Al contrario, creo que un militar que acepta dinero de una potencia extranjera y ejecuta sus designios es justamente lo contrario de un patriota. (Entre 1970 y 1973, grupos de derecha y de delincuentes chilenos recibieron más de 14 millones de dólares para que provocaran el caos en el país. En 1973, Pinochet recibió 2 millones de dólares, lo mismo que Agustín Edwards, dueño del Mercurio; Patria y Libertad recibió 50 mil dólares, lo mismo que el grupo del general Viaux, por su participación en el asesinato del general Schneider).
La ley de seguridad interior del estado dice, en su inciso c, que cometen este delito contra la soberanía nacional "los que prestaren ayuda a una potencia extranjera con el fin de desconocer el principio de autodeterminación del pueblo chileno o de someterse al dominio político de dicha potencia". (Tanto Kissinger como Nixon y otros personeros de la época han dado amplias informaciones sobre el papel de Pinochet en el golpe de estado -que fue, antes que nada, una decisión norteamericana para la que la embajada norteamericana en Santiago buscó afanosamente militares que la llevaran a cabo).

Llego al punto 7 [el pinochetismo es una reacción contra las reformas a derechos fundamentales]. Qué duda cabe de que las clases ricas estaban indignadas por la serie de reformas introducidas por el gobierno de Salvador Allende, pero el caso es que la patria chilena votó por esas reformas, que la inmensa mayoría de los chilenos consideraba necesarias. No convenían a los ricos, es verdad. Cuando en julio y agosto de 1973 los agentes de la CIA en Chile informaron a sus superiores que el gobierno socialista venía planeando llamar a referendo y a la formación de un gobierno de unidad nacional y que era probable que el régimen socialista se mantuviese en pie hasta las elecciones de 1976, el gobierno norteamericano reaccionó instando a buscar y pagar a militares para dar un golpe de estado por temor a que la democracia cristiana de algún modo respetase o continuase con las reformas socialistas. Desde el principio estaba muy en claro que el régimen militar tenía como objetivo destruir la democracia y castigar a los chilenos por haber osado poner en peligro la preeminencia de las clases ricas. Los militares debían restaurar el orden.

El punto 9 es curioso [los antipinochetistas son de izquierdas]. Ciertamente, no corresponde a la verdad que toda la derecha chilena haya apoyado a Pinochet. Amplios sectores del entonces Partido Liberal -que luego se fusionaría para fundar el Partido Nacional- rechazaban las posturas antipatrióticas de los conservadores de la época, siendo algunos sectores liberales abiertamente partidarios de las reformas sociales, encabezados por el eminente historiador Feliú Cruz. Estas personas fueron igualmente perseguidas. Lo mismo fueron perseguidos numerosos oficiales militares, que nada tenían que ver ni con los partidos de izquierda y ni siquiera con los liberales, que bien pudieran ser llamados conservadores, y que se opusieron resueltamente al golpe militar, pagando muchos de ellos con su vida la defensa de la constitución chilena.

El punto 10 [había una situación de guerra]. El ‘estado de guerra' fue decretado por los militares, y obviamente esa caracterización de la situación social y política en el Chile de entonces es muy interesada. En la realidad, nunca hubo un estado de guerra. Las violaciones de los derechos humanos no fueron excesos excepcionales sino una política sistemática del régimen militar. Es necesario que esto quede en claro. Ha sido probado y demostrado cientos de veces por numerosas comisiones de investigación nacionales y extranjeras. La campaña de torturas de 1974 y 1975, en la que se torturó sistemáticamente a más de 150 mil chilenos, es un claro ejemplo de ello. Basándose aparentemente en una ‘táctica' de Stalin, las guarniciones militares recibían orden de detener y torturar a una cantidad de personas, las que debían ser dejadas en libertad, sin formulación de cargos ( a menos que fuesen buscadas o militantes de partidos de izquierda), a la mañana siguiente. Nunca importó al régimen la creencia que quería proyectar, que el cincuenta por ciento de esas personas fueran hasta ese momento partidarias del régimen militar. Y este mero hecho echa por tierra la idea de que la dictadura fuese una dictadura ideológica con algún credo político. (Lo que, ciertamente, no quita que haya sido la dictadura de una clase, que es esencialmente lo que fue).

Punto 12 [la exigencia de justicia es estrategia para provocar odio]. Chile, creo, necesita justicia y sin esta no habrá reconciliación posible. Los chilenos necesitan creer en que la justicia existe, que ha sido restaurada, y que no es una farsa que conviene a los ricos solamente. Chile quiere creer que la justicia conviene a todos. Pienso que si los militares fuesen patriotas y creyesen en Chile, aceptarían someterse a justicia. Algunos argumentan en defensa de los militares que muchos de ellos creían honestamente que estaban en guerra. Lo dudo, porque no había por ninguna parte ni indicios ni elementos que permitiesen creer que estábamos en guerra. Y creer que se está en guerra no justifica ni las torturas ni los asesinatos ni las desapariciones ni los robos. Por lo demás, la guerra tiene leyes. Y sabiendo que hay gente que las viola, es que tenemos un derecho internacional que legisla sobre las conductas correctas en los conflictos bélicos. Si hay militares que actuaron equivocadamente, ¿por qué no lo dicen, confiesan y colaboran con la justicia? ¿Será que realmente tienen miedo de ser encarcelados? ¿Tienen miedo a la justicia de su propia patria? ¿Qué tipo de nacionalismo sería este? ¿Por qué no cuentan lo qué pasó y por qué lo hicieron? ¿Por qué no revelan dónde dejaron los cuerpos de sus víctimas? El país no puede seguir adelante sin resolver estos problemas. Chile necesita esta catarsis moral. (Aunque temo que nunca confesarán, porque los crímenes que cometieron y el modo en que torturaron y mataron a hombres y mujeres inocentes e indefensos son tan viles y cobardes que su confesión equivaldría al suicidio, pues se mostrarían tal cual son ante Chile y ante el mundo: chacales).

Respuesta a la pregunta B, de si aceptamos la definición político-ideológica del pinochetismo, mi respuesta es no. Pinochet y esos atisbos de ideología no son diferentes al arsenal de memeces de las tradicionales dictaduras latinoamericanas, como la de Fulgencio Batista en Cuba, por ejemplo. Veo a Pinochet como a un militar arrastrado al que las clases ricas chilenas sedujeron con dinero y autoridad y la promesa de movilidad social a cambio de que las restaurase en el poder. Esos propósitos fueron ocultados bajo el lenguaje, que creían aparentemente más convincente o coherente, del anticomunismo. Al general no le interesó nunca la ideología. Creo que si hubiese sido un militar ideólogo, que actuó movido por la idea del bien de la patria, no habría dejado como legado el enriquecimiento ilícito, el robo de las arcas del fisco, el tráfico de armas, el cobro de comisiones y sobornos, el tráfico de cocaína, la fundación de financieras falsas dedicadas al robo y al asesinato. Ni habría dejado todas esas víctimas que todavía duelen a Chile y que nos penarán hasta el fin de los tiempos.
Veo a Pinochet y los militares que le apoyaron como profundamente antichilenos, antipopulares y anticatólicos -lo último porque violaron todos los principios católicos de solidaridad y justicia social y sometieron a los chilenos, especialmente a los más humildes, a persecuciones y tormentos que sólo pudieron ser inspirados en las cavidades más profundas y macabras del infierno. Por eso lo tipifico como enemigo de Chile, de Dios y del pueblo.
Mi definición enciclopédica de pinochetismo sería la siguiente: Movimiento militar reaccionario chileno, sustentado e inspirado por Estados Unidos, cuyos fines fueron la restauración en el poder de las clases ricas cuando fueron estas despojadas de sus privilegios por el gobierno reformista de Salvador Allende, presidente elegido democráticamente en 1970 y que fue derrocado violentamente en septiembre de 1973. Movimiento caudillista de restauración social dirigido por un grupo de militares a cambio de privilegios y prebendas.

Finalmente, Pablo, concluyo que el diálogo será prácticamente imposible. Yo creo que es legítimo ser de derechas y defender, por ejemplo, la propiedad privada, la empresa privada, el ánimo de ganancia, etc. Pienso igualmente que es completamente legítimo abogar por una sociedad basada en la propiedad colectiva. Pero rechazo como profundamente inmorales cosas como la tortura y el asesinato. Esto es inadmisible, cometa estos crímenes quien los cometa. Y han sus autores de ser llevados a justicia y juzgados. No acepto nada menos que esto como punto de partida para toda posibilidad de diálogo y reconciliación.

Criminalidad y Política

El diario argentino Página 12 publicó en estos días un escalofriante reportaje sobre la represión durante la última dictadura en Argentina, especialmente sobre los crímenes cometidos por soldados y agentes represivos en la jurisdicción del Primer Cuerpo del Ejército. Las actividades de este grupo están siendo todavía investigados por un tribunal bonaerense.
El fiscal a cargo de la investigación "analiza la utilización de una decena de empresas de seguridad manejadas por represores para el robo de bienes de desaparecidos, el lavado del dinero que les robaban y el secuestro extorsivo de empresarios". Este grupo secuestraba y detenía a personas acusadas de los más inverosímiles delitos y, antes de eliminarlas mediante métodos igual de crueles que los usados por los militares chilenos, les robaba, haciéndoles firmar traspasos de propiedad y bienes.
También se dedicaban al secuestro de empresarios -que lejos estaban de ser sospechosos de ser de izquierdas. Siempre la afiliación política de los acusados -y posteriormente desaparecidos- y supuestos delitos fueron una excusa para torturarlos y matarlos vil y cobardemente y hacerse con su dinero o propiedades.
Que los militares adoptaron esta política de robo y expoliación de sus pretendidos enemigos políticos como política oficial lo demuestra el hecho de que un hijo del criminal Emilio Massera, fue encausado por este motivo cuando se descubrió posteriormente que apropió de las tierras del empresario Victorio Cerutti.
El grupo militar dedicado a estas labores -que hacen recordar los abusos a que fueron sometidos los judíos por los nazis- seleccionaba a detenidos ricos o adinerados para acusarlos de terrorismo, torturarlos y eliminarlos y apoderarse de sus bienes, que se encontraban en alguno de los varios campos de concentración donde los militares retenían a sus víctimas: Orletti, El Atlético, El Banco, El Vesubio y El Olimpo. En el proceso actual hay 63 imputados, 40 de los cuales en poder de la justicia.
Una de las actividades de estos militares era procesar los bienes y propiedades robados a los desaparecidos. Para ello, el general Otto Paladino, jefe del servicio secreto de la dictadura, fundó una empresa llamada Magister Seguridad Integral, que hacía de fachada para legalizar de algún modo los bienes robados. En esta terrible trama había implicados de los niveles más altos del aparato represivo de la dictadura, como el general Massera; el jefe de la policía bonaerense, y el jefe del Primer Cuerpo del Ejército, Guillermo Suárez Mason.
Según la fiscalía que lleva el proceso, "los hechos revelan que los funcionarios aprovecharon la represión para apropiarse de bienes de las víctimas para realizar los más variados emprendimientos. No hay dudas de que la represión ilegal y el robo fueron de la mano y que el aparato del Terrorismo de Estado inventó las herramientas "para asegurarse el éxito de sus acciones criminales".

Un relato que lo dice todo sobre el supuesto carácter político de las dictaduras argentinas, termina el reportaje de Página 12: "Torres [un gendarme implicado que confesó] se refirió, en otra causa, a cómo en varias oportunidades los asesinos se terminaban peleando por el ‘botín', allí donde mataban y saqueaban. Relató que eso ocurrió en el operativo donde fueron asesinados Lucía Adela Révora de De Pedro y Carlos Guillermo Fassano, que fueron llevados ya muertos al Olimpo. En la casa había 150.000 dólares, que los represores se disputaron en un enfrentamiento donde un principal terminó muerto y otros dos heridos. En los días posteriores, vaciaron la casa, en la calle Belén 335, en Floresta".

Las sucesivas dictaduras argentinas implantaron también la práctica de dejar que las detenidas dieran a luz a sus bebés, si las apresaban embarazadas o quedaban embarazadas tras ser violadas por los militares y policías, para matarlas luego y regalar o vender sus bebés a parejas de militares que no podían tener hijos. Los militares también recurrieron al tráfico de armas para aumentar sus ingresos. Y, como ya se mencionó, a los secuestros de hombres de negocios ricos.

¿Cómo es posible que haya ocurrido algo así? Quiero decir, ¿puede todavía creer alguien que las dictaduras argentinas -como la chilena, de la que fueron aliadas, y otras dictaduras en América Latina- se fundaron en un proyecto político? Después de todos los antecedentes de que se dispone, sería absurdo. El pretendido objetivo de impedir el comunismo en nuestros países es simple y llanamente una falacia. No quiere decir esto que no hubiese personas y grupos que propusiesen la implantación violenta de un régimen comunista, pero decir que estos, aparte ser un problema más bien policial, en realidad ponían en peligro la estabilidad democrática de nuestros países es simplemente falso. (En algunos sistemas jurídicos, valga el alcance, no basta con que alguien confiese un delito o una intención; es necesario además probar que su confesión es verídica). Por lo demás, no tengo que probar que la constitucionalidad democrática la rompieron grupos de militares parias.
Pero si ese objetivo ridículo era una falacia, ¿por qué ocurrió lo que ocurrió? Mi teoría es relativamente simple y se aplica especialmente al caso chileno: en primer lugar, Estados Unidos no quería de ninguna manera que hubiese una solución pacífica a los problemas que vivía Chile en 1973. Para nada le convenía el referendo al que quería convocar Allende, ni le convenía el gobierno de unidad nacional que tenía este en mente. Había que provocar un régimen autoritario y criminal costase lo que costase. (Me baso en declaraciones de Nixon y Kissinger durante la investigación que se hizo después a fines de los años ochenta).
En segundo lugar, las clases ricas chilenas querían recuperar su poder: no solamente se habían quedado sin tierras (debido a la reforma agraria), sin bienes inmobiliarios extravagantes (por la reforma de propiedad urbana), sin sus abusivos recursos y prácticas financieras (por la reforma bancaria), sino además habían dejado de dirigir el país desde un punto de vista social. Simplemente ya no contaban. Estas clases sedujeron o contrataron, y en algunos compraron directamente a jefes militares y mercenarios civiles para poner orden, deshacer las reformas y los avances de las clases pobres (en salud, en previsión social, en ingresos, en situación general, en educación) y volver a ocupar sus antiguas posiciones de privilegio.
A cambio de ello, les ofrecieron privilegios similares a los que gozaban las clases ricas mismas. En otras palabras, les hacían un hueco bajo el sol del privilegio y la explotación de las clases humildes. Y entre esos privilegios se incluía el matar y robar impunemente. La condición, el acuerdo tácito, obviamente, fue que las víctimas debían ser personas de izquierda o al menos debían ser acusadas de ser de izquierdas, lo que, aún sin ser delito, ciertamente les condenaba a muerte. Y las clases ricas, nuevamente ocupando los escaños del poder judicial y económico del país, harían la vista gorda.
De aquí viene, creo yo, el tráfico de cocaína, el tráfico de armas, las expropiaciones y robos de bienes y propiedades de personas y organizaciones de oposición a la dictadura, la fundación de empresas financieras falsas para detectar, robar y asesinar a hombres de negocios ricos.
La dictadura chilena, como la argentina, fueron dictaduras impuestas por grupos de delincuentes comunes, de vulgares criminales codiciosos que utilizaron falsamente argumentos políticos e ideológicos para imponer su poder. Estos grupos de delincuentes cometieron crímenes terribles y jueces y antiguos políticos de derechas guardaron silencio, porque esos criminales garantizaban su retorno a la situación de privilegio que habían perdido. (Esos jueces y esos políticos todavía viven y todavía ejercen su poder). Los argumentos ideológicos de los militares eran un simple barniz que les permitía matar a inocentes y ofrecer a esas víctimas inocentes como terroristas para cobrar sus pagas y mostrar su lealtad a sus patrones. Eso explica la violencia de esas décadas.

Los invito a leer el reportaje en Página 12. O en mQh.

La Guerra de Chile

A poco de mudarme me encontré con mi vecina y conversando con ella en el descanso, se refirió en un momento a la "guerra de Chile". Me dijo, exactamente, que su hijo se había marchado a vivir en Estados Unidos para escapar de la "guerra". "Y ya ve usted lo que pasó".
Al principio pensé que se estaba refiriendo a la Guerra del Pacífico, pero deseché la idea por absurda, porque teniendo ella cerca de ochenta años, para la Guerra del Pacífico ni siquiera había nacido. Quizás se refiere, pensé entonces, a la Primera y/o Segunda Guerra europeas o mundiales, pero me pareció igual de estrafalario, sobre todo porque suponía ella que yo debería estar al tanto de lo que había ocurrido y yo, para esas guerras, tampoco había nacido. Luego, por otras cosas que agregó, me di cuenta de que se refería al período de la dictadura militar.

Nunca había topado antes con una persona que se refiriera como guerra a la dictadura. Pinochet mismo justificaba el golpe en el contexto de la Guerra Fría, aunque ya entonces sonaba muy estrambótico -algo así como ese soldado japonés encontrado en una isla en los años ochenta que pensaba que todavía estaba en guerra. Quiero decir, para 1973, en Chile la Guerra Fría era algo remoto, más propio de películas de Hollywood que de la realidad. Algo en lo que sólo podía creer una mente enferma.

En Chile no hubo guerra, ni civil ni fría. Sé que los militares y muchos ciudadanos insisten en que sí la hubo, pero es una afirmación interesada y profundamente falsa. No hubo guerra civil ni creo que hubiese estallado una. Para comenzar, las mismas fuerzas armadas, en conjunción con el gobierno socialista, ya habían tomado medidas drásticas para impedir que estallara, con la llamada Ley de Control de Armas, que permitió que los militares desarmaran a la ciudadanía -especialmente, claro está, a la ciudadanía pobre- realizando enormes allanamientos en los barrios populares de Santiago y otras ciudades. Para septiembre de 1973, sabían los militares, como lo sabía el gobierno y la prensa, que en Chile, aparte las armas en manos de los militares y de los grupos fascistas tolerados, no quedaban más que pistolas de agua y de tómbola. Y con ese tipo de pistolas es difícil incluso jugar a la guerra.

Es verdad que se vivía una situación muy crítica, pero estábamos lejos de una guerra civil. Y estábamos también lejos de una guerra revolucionaria. Había un clima de caos en el país, pero era alimentado sobre todo por los atentados terroristas y crímenes cometidos por grupos de militares parias (léase el grupo de mercenarios del general Viaux) y elementos de extrema derecha (como Patria y Libertad), algunos de ellos pagados por la embajada norteamericana. No quiero desconocer que también había grupos de izquierda muy violentos, pero en conjunto los actos violentos de esos grupos eran los menos, aunque algunos fueron muy estremecedores. En ese momento sabía todo el mundo que la principal fuente de violencia eran los grupos de extrema derecha, que eran también los grupos que actuaban a todo nivel para crear un clima de caos que justificara una intervención militar. (Y ahora sabemos que esos grupos actuaban pagados por Estados Unidos).

Se equivoca la gente que piensa que toda la derecha se alineaba con los sectores más reaccionarios y menos patriotas. En esa época existía todavía el Partido Liberal, que más tarde se fusionaría con el Partido Conservador en el nuevo Partido Nacional. Y ese Partido Liberal, uno de cuyos ideólogos era el eminente historiador Feliú Cruz, contaba con amplios sectores que apoyaban abiertamente al gobierno socialista de Salvador Allende. Hasta tal punto, que muchos jóvenes universitarios liberales participaban codo a codo con militantes de las Juventudes Comunistas en las campañas de trabajo voluntario que se organizaron en la capital para hacer frente a las huelgas que ponían en peligro el abastecimiento de la ciudad. Y esto pese a las profundas y a veces violentas confrontaciones con los comunistas en las universidades, a las que querían dominar y definir a su manera. Estas son pequeñas páginas olvidadas de la historia, y hay mucha gente que quiere que sigan siendo ignoradas. Había entonces, quiero concluir, una derecha decente que la dictadura también persiguió y destruyó.
Cuento esto para recuperar el contexto en que vivíamos en esa época.

Los grupos de extrema izquierda eran abundantes y muy diversos y completamente incapaces de provocar el cambio social radical al que aspiraban. En primer lugar, carecían de las estructuras militares para una tarea semejante y a nadie se le habría pasado por la cabeza, excepto a algunos descerebrados, que alguno de esos grupos diminutos podía ni remotamente derrotar a las fuerzas armadas chilenas. Creo que nunca fue un objetivo verosímil de la izquierda chilena. Sí es verdad que hubo muchos discursos incendiarios y revolucionarios, como los del senador Altamirano, pero creo que se hicieron en un contexto muy específico, cuando ya se sabía de la existencia de una conspiración militar antipatriota y se trató de impedirla llamando a sublevación a las tropas.
Si de verdad la izquierda hubiese planeado hacerse con el poder en Chile para instaurar un régimen revolucionario, tras el golpe habría sobrevenido una guerra civil, y eso no ocurrió por la simple razón de que los partidos de izquierda no tenían ni armas ni logística ni estructuras militares ni paramilitares capaces de llevar a cabo un proyecto semejante. Ni tenían los partidos de izquierda entonces ninguna intención de instaurar un régimen revolucionario del tipo que fuese. Así, la idea de que la intervención militar salvó a Chile del comunismo es simple y llanamente una representación falsa de las cosas.

Sin embargo, para septiembre de 1973 la intervención militar estaba en el aire. No solamente la solicitaron algunos partidos de derecha y la democracia cristiana en ese momento, sino que casi todos pensábamos que sería una intervención de corte nacionalista, que llamaría a la formación de un gobierno de unidad nacional (que no ocurrió, obviamente) y de breve duración. La verdad era que había que devolver al país el orden necesario para que siguiera funcionando y se necesitaba que las partes involucradas se dieran un período de respiro y reflexión. Un gobierno de unidad nacional era pensado como posible, habida cuenta que Allende de cierto modo lo había inaugurado, incluyendo a militares en su gabinete.
Pero no sabíamos que Estados Unidos haría todo lo posible por impedir una intervención de este tipo y que necesitaba (y pagó por ello) una dictadura de extrema derecha prolongada, entre otras cosas porque desconfiaba profundamente de la democracia cristiana y temía que esta en las siguientes elecciones (las de 1976 o las que hubiera) levantara nuevamente el ideario social católico de la época, que estaba muy cerca de las reivindicaciones socialistas. La embajada norteamericana se embarcaría en un proyecto de intervención que impediría que los militares siguieran ese curso.
Luego, el inusitado e injustificado salvajismo de la intervención, echó por tierra toda idea o esperanza de que la intervención sería nacionalista y que tendría por fin la salvación y reconstrucción nacionales. Con la junta de gobierno que se formó, quedó en claro que sería una dictadura antinacional, bruta y violenta, y al servicio de una potencia extranjera y de las clases ricas del país: la reedición de una vulgar dictadura tropical.

Creo que nunca estuvo tan claro que el régimen militar no tenía pretensiones ideológicas muy profundas, y que le interesaba sobre todo perpetuarse en el poder por medio del terror indiscriminado, como cuando la junta lanzó la campaña de torturas sistemáticas y masivas de la población entre 1974 y 1975. Basándose en una estrategia ya puesta en práctica por Stalin, Pinochet y otros altos mandos dieron orden a las guarniciones militares de las ciudades de detener a números específicos de ciudadanos (mediante un sistema de cuotas fijado, según lo que sabemos, gruesamente al azar tomando en cuenta la población de cada ciudad), para que fueran detenidos, humillados y torturados, sin formulación de cargos, y ser dejados en libertad a la mañana siguiente. Se calcula que se torturó salvajemente de esta manera a 150 mil a 200 mil ciudadanos chilenos. Obviamente, según se calculan las adhesiones políticas de entonces, cerca de la mitad de los torturados deben de haber sido partidarios del régimen militar. Quizá esa noche de terror les hizo comprender la naturaleza bestial, irracional y antinacional (quiero decir, la naturaleza antipopular y antichilena, pues esa campaña puso en evidencia el desprecio y odio que sentían los militares hacia el pueblo y la patria chilenos) del régimen.
Otra prueba de que las justificaciones del régimen militar eran falsas y arbitrarias es que el régimen se esforzó (aunque inútilmente, se vería después) por no dejar ninguna huella de sus crímenes y borrar todo vestigio de ellos. Si de verdad defendían a Chile, ¿por qué no se procesó o enjuició a los detenidos? ¿Por qué no existen documentos en los que conste que cometieron algún delito grave? ¿Por qué no hay transcripciones de interrogatorios ni de confesiones ni de declaraciones ante tribunales civiles o militares?
Los militares se deshicieron de sus víctimas por otras razones: primero, para hacer creer al mundo que efectivamente había una guerra. Para ello, debían mostrar enemigos caídos, pero muertos, de tal modo que no pudiesen contar ni los horrores injustificados a que habían sido sometidos ni la falacia y falsedad de las acusaciones. En segundo lugar, pensaban probar con sus horrendos crímenes su lealtad a sus patrones -las clases ricas y Estados Unidos.
Si hubiesen actuado de buena fe, ¿no habrían enjuiciado a todos los detenidos, proveyéndoles de los medios normales de todo proceso debido, incluyendo el acceso a una defensa? No podían permitirlo, porque hubiesen quedado en evidencia. Se justifican diciendo que había guerra, pero sabemos que esta afirmación es falsa.

Que luego en el curso de la dictadura hubo ciudadanos que hubieron de organizarse para resistir al mal, que en la lucha de resistencia cometieron crímenes o que participaron en actos violentos, es harina de otro costal. Esa resistencia era un deber cívico y patriótico y en muchos casos un acto de mera supervivencia. Creo que la mayor parte de esos actos de resistencia fueron absolutamente legítimos. Pero, por espectaculares que hayan sido algunos, no fueron nunca guerra ni pueden ser exagerados como para ser interpretados como actos en el contexto de una guerra. Eso simplemente no es así.

Así, creo que mi vecina se equivoca. En Chile no hubo nunca guerra. Lo que hubo fue un régimen criminal, dirigido por chacales insensibles e irracionales, inmorales y codiciosos; un régimen de intervención dirigido por militares insolentes y arrastrados, acomplejados y cobardes, que por medio del terror y del odio hacia el pueblo pobre de Chile buscaban ganarse la simpatía y apoyo de las clases ricas y disfrutar también de su cuota de privilegios. Eso, pero no guerra.


Me pasó todo eso por la mente. Pero a mi vecina no le dije nada. No tenía ganas de discutir.

¿Se Puede Hablar con los Pinochetistas?

[Esta nota la escribí en un debate (en atinachile.cl) contra la incoherente argumentación de una señora pinochetista].

Acabo de leer que Ignacio, y probablemente también yo, calificamos a Pinochet "como asesino a este señor que lo único que hizo fue salvarnos de los asesinos mundiales del comunismo".
Qué extraña y curiosa afirmación. No logro entender, por más vueltas que le dé, qué tiene que ver la acusación de que Pinochet fue un asesino, con los crímenes probable y ciertamente cometidos por dictadores comunistas, como Stalin, o Mao, o Pol Pot, etcétera.
Si acaso quiere insinuar que las víctimas de la dictadura eran asesinos, lo dudo. En todo caso, si lo hubiesen sido, ¿quiénes fueron sus víctimas, cómo se llamaron y dónde están? Igualmente, ¿por qué no fueron detenidos y sometidos a procesos debidos en tribunales, con jueces y abogados y prensa? Igualmente, ¿por qué se vulneraron sus derechos ciudadanos, violándose leyes chilenas e internacionales, judiciales, religiosas y morales, sometiéndoles a suplicios y tormentos y matándoles despiadadamente para deshacerse de manera indigna e inhumana de sus cuerpos?
Como no fueron las víctimas de la dictadura sometidas a procesos legítimos, nada de las acusaciones de la dictadura ni de sus partidarios puede ser ni probado ni tomado en serio. Por esta razón, quienes afirmen que las víctimas de Pinochet fueron ultimadas con razón, cometen infamia y debiesen ser procesados por este delito innoble y cobarde.

Son demócratas quienes defienden la democracia. Liberales quienes defienden la libertad. Atacar la democracia y atacar la libertad es un delito ideológico y político castigado por nuestras leyes. La apología del crimen y del terror también es penalizado por nuestra legislación.
Probablemente tampoco me gustaría vivir en Cuba, con tantas privaciones y restricciones. Chávez no me parece loco; al contrario, comparto con él la defensa del pueblo, de Dios y de la patria. No creo que los chinos sean robots; más bien, que son víctimas de una terrible y extraña dictadura comunista.

Así que no sé qué pensar. Ya se ve que el diálogo con algunas personas es imposible, o, en todo caso, muy difícil. No es que me agrade hablar con pinochetistas; en realidad, para nada. Pero sí me gustaría entender sus motivos, y no los encuentro. Pienso que probablemente es gente que nació mala y que, realmente, no tienen otro motivo que causar el mal y llevar dolor y sufrimientos al pueblo de Dios.

¿Por Qué Cometió Pinochet los Crímenes Que Cometió?

[Esta crónica es un comentario a una publicación de otro autor en un debate en atinachile.cl]

Hay personajes que siempre intrigan. También intrigan sus seguidores. Cuando salió a la luz que Pinochet había traficado cocaína (que, en realidad, es algo que se supo en los años ochenta, pues su pandilla había montado un banco para blanquear el dinero), leí una carta de una partidaria suya en la que proponía dejar tranquilo al militar. Decía, además, que tenía este derecho a acumular riqueza como forma de pago, ya que en Chile se pagaba tan mal. Proponía, pues, no investigar nada de los delitos que habría cometido, no sólo en el ámbito de los derechos humanos sino en todo otro donde hubiese participado: tráfico de cocaína, aceptación de sobornos de parte de compañías extranjeras, participación en financieras ilegales (cuyos prestatarios eran luego asesinados), simple robo de bienes públicos.
Francamente, la opinión de esa señora me pareció incomprensible.
Para la misma fecha pasaron por el canal del Senado una interesante entrevista con otra señora, muy elegante esta, que afirmaba que Pinochet se había pasado de la raya en el mandato que se le había otorgado y que era, reconocía, restablecer la primacía de las clases ricas. El capataz se había sublevado, era el tenor de su discurso. Y se mostraba arrepentida.
¿Cómo puede haber reconciliación si no hay reconocimiento de las cosas ocurridas? ¿Y realmente es cuerdo hablar de reconciliación? ¿Entre quiénes? ¿Entre víctimas y asesinos? Yo, sinceramente, no creo que sea deseable.
Lo deseable, a mi juicio, es que se dicte justicia. Que aquellos de quienes se demuestre que son culpables, sean condenados. Y que se pague reparaciones, morales y pecuniarias, a las familias de las víctimas. (Con morales, quiero decir cosas como, por ejemplo, incluir sus historias en los libros de texto para las escuelas, erigir monumentos en sus memorias, poner sus nombres a calles y plazas).
Más sorprendentes me parecen esos puntos de vista abierta y reconocidamente irracionales, cuando considero que las víctimas de la dictadura fueron todos o casi todos inocentes. Veamos: Los dirigentes sindicales, profesionales, estudiantiles y políticos que fueron torturados y asesinados no cometieron ni habían cometido crimen alguno cuando fueron capturados, y en algunos casos llamados por los mismos militares a presentarse a los cuarteles. Es terrible pensar que este hecho sea para algunos de poca importancia y que puede ser olvidado.
Otras víctimas cayeron después, en actos de resistencia. También son inocentes. O, en cualquier caso, no serían delincuentes ni terroristas sino que héroes, porque resistieron como era mandato de la patria y cayeron luchando contra el mal. Era mandato patriótico luchar contra los usurpadores y contra quienes habían destruido la constitucionalidad democrática, y, también, contra quienes se habían unido a una potencia extranjera para derrocar al gobierno socialista de entonces.
A Pinochet, y los militares que lo apoyaron, no se los juzgó ni acusó nunca formalmente, que yo sepa, de traición a la patria, que es el único delito que la justicia militar puede todavía castigar con la muerte. Sin embargo, la investigación de la comisión parlamentaria que investigó el caso chileno en los años setenta, cuando se investigó a Nixon y Kissinger, concluyó que Pinochet había recibido una suma cercana a los dos millones de dólares por su participación en el golpe de estado (lo mismo que recibió Agustín Edwards, dueño de El Mercurio; el llamado general Viaux recibió 50 mil dólares, lo mismo que Patria y Libertad, un grupo que se pretendía fascista, que fue fundado secretamente por la embajada norteamericana).

Pinochet, así como otros militares, tienen que haber vivido siempre con la idea de que eran traidores, y quizás con el temor de ser descubiertos. Probablemente de este temor provenga parte de su salvajismo y violencia y el afán de exterminar a los que eran llamados terroristas o comunistas. En los primeros meses y años de la dictadura, los militares tenían que mostrar hechos, mostrar que había enemigos comunistas. Como no los había, pensaron no tener otra alternativa que matar a los rojos -como quiera que se definieran-, acusándoles de algún delito coherente, y mostrar los cadáveres, a los chilenos y a sus patrones en Washington. Obviamente, sin muertos quedaría en evidencia que no había guerra alguna. Y Pinochet y los militares tenían que demostrar que el dinero recibido era efectivamente a cambio de servicios prestados.
Se me viene a la memoria que en 1974 y 1975 el régimen implementó una orden de Pinochet que consistía en detener a ciudadanos arbitrariamente, trasladarlos a cuarteles y torturarlos, sin acusación y sin interrogatorio, y dejarlos nuevamente en libertad a la mañana siguiente. Se calcula que 150 mil chilenos fueron torturados de este modo. Bien, ¿por qué lo haría? ¿Para instaurar el terror en la población? Pero si fuera así, ¿por qué ordenó torturar también a sus partidarios? Otro misterio. Este es un hecho, en todo caso, que demuestra patentemente que a Pinochet la ideología le importaba muy poco, y que la lucha contra el comunismo era una farsa.
Yo creo sinceramente que la explicación de la personalidad de Pinochet ha de buscarse por aquí: un hombre desclasado, apocado y acomplejado que fue mandado o contratado o seducido por las clases ricas y patrones extranjeros para que restableciera el viejo orden, ese orden añorado por estas clases en el que ellas gobernaban socialmente en el país y al que el gobierno socialista estaba poniendo fin. La violencia se explica probablemente por su afán y anhelo de ser admitido entre las clases ricas, en querer ser reconocido como uno de ellos. Mientras más violento se mostrara, más aceptación ganaría y más demostraría lo lejos que estaba de sus propios orígenes. De aquí viene probablemente la manía de llenarse de títulos antojadizos y altisonantes -costumbre y mecanismo que se encuentra en muchos dictadores del mundo. Comportándose de manera cruel e inhumana con los opositores; implantando un régimen económico que favorecía a las clases ricas; reinstalando en el poder judicial a los vástagos de las clases altas, y otras medidas, pensaba que demostraría que merecía los mismos privilegios y regalías que sus patrones. Cuando este esquema empezó a fallar, ideó otros mecanismos para enriquecerse, recurriendo a sobornos, robos y homicidios por motivos económicos, tráfico de drogas y otras estrategias. Quería demostrar su lealtad a las clases altas costase lo que costase; pertenecer a ellas o al menos ser admitido como igual por esas clases, probar que era necesario o indispensable. La violencia ejercida contra el pueblo demostraba ese propósito y hacía imposible dar marcha atrás.

Eso era Pinochet: un capataz inculto y brutal, ambicioso y soberbio, insolente y rastrero, siempre solícito ante sus patrones.

¿Ley de Punto Final?

Hay quienes defienden una ley de punto final en relación con los militares que cometieron crímenes y violaciones a los derechos humanos durante la dictadura pinochetista en Chile. Una ley semejante es, según creo, y por muchos motivos, indeseable.
Para comenzar, desde un punto de vista ideológico, tratándose de crímenes tan innobles, cobardes e inhumanos, no es deseable que sean perdonados ni olvidados. Al contrario. Muchos militares, culpables de los crímenes más horrendos e injustificados imaginables, viven aún en libertad y ni siquiera han sido llevados a justicia. Es necesario que los jueces reciban orden de acelerar los juicios existentes, a fin de dictar sentencia y cumplir con uno de los objetivos de las leyes: castigar y sentar ejemplo. Y los militares que todavía escapan de la justicia han de ser capturados y procesados.
Ha de recordarse que, aparte los crímenes atentatorios contra las personas, los militares y otros que participaron en la dictadura, y en todo caso en el golpe de estado, cometieron un crimen que, de acuerdo a la legislación militar actual, se castiga con la pena de muerte: la traición a la patria. Este delito, del que Pinochet y otros nunca fueron acusados, es sin embargo fácil de demostrar. Pinochet y otros militares atentaron contra el orden constitucional democrático chileno para satisfacer los anhelos de la administración norteamericana de entonces. Para ello, fueron pagados. (Según se sabe, recibió Pinochet dos millones de dólares, la misma suma que recibió Agustín Edwards, dueño de El Mercurio para que, por medio de la difusión de noticias falsas, contribuyera a crear un ambiente que justificase la intervención militar. Patria y Libertad, el grupo que se hacía llamar de extrema derecha y que fue fundado y financiado por la embajada norteamericana, recibió, al igual que la pandilla del general Viaux, cincuenta mil dólares cada uno -según sabemos por la numerosa documentación disponible, muy en especial el libro de Peter Kornbluh, ‘Pinochet: los archivos secretos', y los documentos desclasificados durante las audiencias de la comisión parlamentaria norteamericana que estudió estos pagos a Pinochet).
En segundo lugar, muchos de los crímenes cometidos por los militares son de lesa humanidad y/o crímenes de guerra (vale decir, cometidos durante el período que los militares llamaron de guerra, a pesar de que nunca hubo ninguna guerra en el país). Y estos delitos no prescriben. No juzgarlos sería contrario a las leyes chilenas.
En tercer lugar, en estos casos tiene preeminencia el derecho internacional, que tratándose de crímenes como estos, de lesa humanidad, y violaciones graves a los derechos humanos, no caben ni amnistías ni indultos.
En este último caso, tampoco es relevante el criterio de soberanía, ni debe utilizarse esta argumentación para defender lo indefendible.
Muy al contrario, la ciudadanía debe exigir mayor rigor y mayor celeridad a la hora de juzgar a los criminales y no esperar a que la muerte, natural o por enfermedad o accidente, solucione los problemas que debe resolver la justicia, como lamentablemente ocurrió con el caso de Pinochet. Estos militares deben ser excluidos de beneficios de cualquier tipo y ser condenados a firme y, en el caso de violaciones graves a los derechos humanos, a perpetua.
Los ciudadanos chilenos de hoy, y las futuras generaciones, deben recordar siempre que el período de la dictadura pinochetista es la página más tenebrosa y siniestra de la historia de Chile, escrita con la sangre de miles de víctimas inocentes y de cientos de miles de ciudadanos exiliados y torturados, de generaciones enteras que fueron sacrificadas por la codicia e inhumanidad del estamento militar y las clases ricas del país. Como tal, es un período que no ha de olvidarse ni perdonarse y que debiese ser recordado como un período de infamia y de crímenes sin nombre cometidos contra el pueblo, contra Dios y contra la patria chilena.
Yo iría todavía más lejos e implementaría las leyes que prohíben y penalizan la apología y justificación del crimen y del terrorismo, y la aplicaría por ende a todo aquel que, individualmente o como miembro de alguna organización, defienda la dictadura militar y los crímenes que esta cometió. Prohibiría, igualmente, toda organización que defienda y/o justifique la dictadura pinochetista, por considerarla una asociación criminal de corte terrorista -un poco a la manera en que en Europa se castiga a quienes niegan el exterminio de los judíos o hacen apología de Hitler y el nazismo.

Más Sobre la Marihuana

Lo que viene ocurriendo en torno a la marihuana y la seguidilla de detenciones de consumidores no se puede definir de otro modo que como una intolerable campaña de provocación y persecución, desatada por políticos y jueces y fiscales de los que lo menos que se puede decir es que son estúpidos y mal intencionados. Ahora el juez local de Coyhaique viene de decretar prisión preventiva para la socióloga y ex directora del Servicio Nacional del Menor en Aysén, tras acusarla de tráfico de drogas y cultivo de marihuana.
La acusación es, para decir lo menos, estúpida. O es el juez un ignorante -muchos jueces chilenos lo son-, un estúpido, o algo se guarda en la manga. ¿Querrá el imbécil dar un castigo ejemplar a la socióloga, Verónica Venegas? Porque en el allanamiento policial los funcionarios sólo encontraron marihuana suficiente para liar cuatro cuetes. Y nada más. Nada de plantas, por lo que acusarla de cultivo de marihuana es una redonda memez. En cuanto al tráfico, ¿pensará la disminuida mente del juez que la posesión de cuatro pitos equivale a tráfico? ¿Será, pensará la eminencia, que la socióloga vende papelillos de marihuana a ratones diminutos? La posesión de otros elementos -pipa, moledor y semillas- no constituyen delito. Sería como acusar a alguien de terrorista por tener en su biblioteca una biografía de bin Laden o una biografía de Carlos, el terrorista venezolano. Por lo demás, la posesión de marihuana en cantidades pequeñas no constituye delito.
Supongamos que este juez actúa de este modo a sabiendas de que la acusación y el proceso subsiguiente no llegará a ninguna parte y que la socióloga deberá ser absuelta, vale decir, que actúa conscientemente de que distorsiona el sentido y espíritu de la ley con el fin de destruir y humillar a la acusada, ¿no debería ser castigado? ¿Podrá la acusada acusarlo y hacerlo procesar legalmente, después? ¿O deberá tomarse la justicia en sus manos?

La persecución activa del consumo de marihuana -que, nuevamente, no es un delito- no deja de llamar la atención. Dejando por un momento de lado la siempre terrible constatación de lo hipócrita que es la cultura chilena, no deja de llamar la atención la simple y llana estupidez de los defensores de una legislación punitiva.
Se ha demostrado cientos de veces, en decenas y decenas de investigaciones realizadas por investigaciones científicas en todo el mundo que el consumo de marihuana es completamente inofensivo y que puede incluso ser beneficioso para el tratamiento de una serie de enfermedades, entre ellas el cáncer. Tanto es así que en algunos países europeos, como Holanda y España, los médicos pueden recetarla como medicamento. En Holanda hay plantaciones administradas por el estado para proveer a los pacientes que hacen sus adquisiciones en las farmacias, que están autorizadas para su venta. Y en Holanda, como ya sabrá todo el mundo, su consumo y venta es legal desde hace varias décadas y nada indica que por ello el país sufra algún descalabro. La situación de la marihuana -y en parte también de la cocaína- en Europa y Holanda en particular demuestra la insufrible idiotez de la clase política y judicial chilena, aperrada en sostener teorías llanamente brutas con motivos e intereses inconfesables.
Nadie muere por consumo de marihuana. Al contrario, prolonga la vida de quienes la utilizan como producto medicinal. En cambio, el consumo de alcohol -tan celebrado en Chile por su prensa y atávicas costumbres- ocasiona innumerables males y muertes y otra seguidilla de negativas consecuencias, todas ellas en el plano criminal, y sin embargo la clase política y su prensa celebran abiertamente su consumo. Y hasta se enorgullecen de ello cuando logran exportar algún alcohol nacional. Es francamente una realidad inverosímil y terriblemente bruta.

Otro aspecto que llama muchísimo la atención y que dice mucho sobre el nivel de la cultura política chilena es que la legislación contra la marihuana se aprobó con la mayoritaria desaprobación de la población, que se manifestó contra las leyes punitivas en innúmeras encuestas y sondeos de opinión las semanas y meses previos a su discusión en el parlamento chileno. Cierto, se defienden los políticos diciendo que las mayorías significativas y legítimas se conforman en las urnas, no en las encuestas. Pero este es un argumento pueril. Obviamente no se trata de legislar por medio de sondeos, pero una clase política responsable y respetuosa de la ciudadanía debería tomar en cuenta la voluntad ciudadana, independientemente de si se expresa esta en sondeo o en votaciones. La negativa disposición de la ciudadanía en cuanto a la ley antidrogas habría llevado a los políticos, en otros países más civilizados, al menos a posponer su discusión hasta el siguiente período de gobierno simplemente para no aprobar una ley tan abiertamente rechazada por la población y permitir que se realizasen las investigaciones pertinentes y un necesario debate formal . En Chile, sin embargo, la clase política -y menos aún sus elementos derechistas- no tiene respeto alguno por la voluntad ciudadana. Al contrario, mientras más se opone la ciudadanía a alguna ley, más rápidamente se aprueba y se implementa.
Para la clase política chilena, la ciudadanía es una suerte de ganado, al que hay que perseguir y acosar y zaherir y mantener encerrado en corrales. Lo que digan los ciudadanos no tiene para ellos la menor importancia. La clase política es un conjunto de familias entrelazadas entre sí por relaciones económicas y de parentesco empecinadas en mantener su poder sobre el resto de la ciudadanía. Entre la gente de esta clase reina la tesis de que el pueblo es incapaz de pensar por sí mismo, que la opinión popular es desdeñable y hasta ilegítima en su origen y naturaleza, pues sólo ha de ser considerada como válida si se expresa en el mismo sentido que sus superiores y rechazada y perseguida si pone en cuestión las decisiones de sus directores. La democracia chilena es así en gran parte una farsa. Es, valga la analogía, como ese señero señor presidente que de día perseguía a los homosexuales, y de noche se vestía de mujer y salía a bailar desnudo en las mesas de los prostíbulos de putos de la ciudad.
Pero, sigamos: ¿A qué intereses sirve la legislación punitiva en cuanto a las llamadas drogas ilegales? ¿A quién le sirve que se prohíba la marihuana? ¿Por qué se prohíbe la marihuana, pero no el alcohol, que según su propio rasero sí es realmente nocivo e infinitamente más dañino que la marihuana? ¿Por qué se persigue a anónimos usuarios en sus casas mientras se tolera a notorios, hasta famosos y mediáticos traficantes de cocaína que suministran a jueces, periodistas y políticos de la capital? Es realmente asombroso todo esto: Todos sabemos que hay políticos cocainómanos que condenan con saliva en la boca el consumo de marihuana. A nadie preocupa que esos políticos usen cocaína. Recuérdese que casi la mitad de los chilenos usan cocaína normalmente. ¿Por qué ese sospechoso fanatismo en la condena del uso de marihuana y en la aplicación de leyes estúpidas? ¿Es un mecanismo de proyección, de defensa? ¿Es algo parecido al síndrome del rey desnudo?

Es curioso lo que ocurre en Chile. Llama la atención la completa indefensión de los ciudadanos, perseguidos por sus políticos, jueces y policías en virtud de leyes que no debieron ser aprobadas nunca porque son profundamente ilegítimas. Son leyes que si las hubiesen sometido a referendo, como exigían muchos, habrían sido rotundamente rechazadas.
Y esta profunda ilegitimidad de estas leyes y de la acción de políticos y jueces y policías explica ciertamente por qué en las poblaciones -visitadas con más vehemencia obviamente, que los barrios donde viven ellos mismos- se resista incluso violentamente la acción policial, siempre brutal e injusta. Son las madres y padres que defienden a sus hijos, que a sus ojos no cometen delito alguno. Los que sí los cometen son los jueces y políticos, que azuzan a sus matones uniformados para destruir los escasos bienes y posesiones de las familias pobres y someterles a un sinnúmero de violentos tratos y humillaciones, encarcelándoles, encadenándoles, haciéndoles violar en las prisiones, destruyendo sus familias acusándolas de delitos definidos de manera estrafalaria e insensata.
Es sólo natural que el pueblo se defienda y castigue a su modo las acciones de una clase política y judicial profundamente indecente e ilegítima. Y una clase tan ajena a la cultura popular chilena, que pareciera ser simplemente una clase extranjera, un grupo de familias e individuos mal habidos y fuertemente armados que exigen al pueblo chileno la expresión de tributos incomprensibles y bestiales, como aplaudir a rabiar y elogiar las tenidas de los nuevos mandarines cuando estos se pasean desnudos, ceceando incoherencias y firmando leyes brutas, por las plazas del pueblo.

Si el nuevo gobierno socialista tuviese un gramo de respeto por la voluntad ciudadana y por los derechos del pueblo, debería ordenar la suspensión, de oficio, inmediata de toda persecución y acoso en la venta y consumo de marihuana, y el indulto y libertad inmediata para todos los miles de ciudadanos encarcelados tan estúpida como injustamente. Debería formar nuevamente una comisión de investigación sobre las llamadas drogas ilegales y legales, no para prohibirlas o fomentarlas (y no para legislar, pues el consumo o no de drogas pertenece al ámbito íntimo de las personas y no debe la ley, nunca, intervenir en ello), sino simplemente para diseñar estrategias de información, para advertir a los potenciales y existentes usuarios de drogas sobre los efectos de su consumo continuado.
Y, ciertamente, debería decretar la libertad incondicional e inmediata de la ciudadana Verónica Venegas.

Los Límites de la Tolerancia

Hace algún tiempo me enteré en una plataforma chilena online de la siguiente historia: Una activa participante renunciaba a seguir contribuyendo a su foro debido a su descubrimiento de que entre los otros miembros del grupo había también pinochetistas. Algunos lectores le escribieron apoyándola sin reservas. Otros le dijeron había que ser tolerantes y que ese portal, justamente, se definía por su tolerancia. Un nuevo Chile sería un país tolerante y abierto a todas las corrientes de opinión, incluyendo la pinochetista.
Este último punto de vista me parece realmente extravagante. Pensándolo bien, creo que quienes adhieren a esta definición más bien aberrante de tolerancia, se acercan mucho más a las víctimas del síntoma de Estocolmo que a otra cosa. No lo considero un punto de vista realmente político.
Para empezar, ¿existe algo que podamos llamar pinochetismo? ¿Hay un punto de vista pinochetista? Yo lo pongo en duda. Creo que después de todo lo que sabemos sobre Pinochet y sus cómplices, pretender que hay o hubo un punto de vista ideológico o político detrás de sus acciones, es simplemente una pretensión, para decirlo gentilmente, inverosímil.
Muchos definen las acciones de Pinochet como el resultado del intento de impedir que Chile cayese en manos del comunismo. Pero esta es una falsedad de todo punto de vista. No fue un motivo de Pinochet -que, ha de recordarse, fue pagado por el gobierno norteamericano para que cometiese el golpe de estado y eliminase a los opositores- terminar con el comunismo, ni representaba el comunismo una amenaza para la democracia.

Veamos. Durante el gobierno de Salvador Allende hubo muchos grupos y muchas acciones de amenaza a la democracia. Quizás la primera, o una de las primeras amenazas serias, fue el asesinato del general Schneider, comandante en jefe de las fuerzas armadas chilenas. El general Schneider era un hombre de bien y un constitucionalista, que se habría opuesto a los planes de provocar un golpe de estado contra el presidente Allende.
En esa época, Estados Unidos (vale decir, Nixon y Kissinger) habían decidido provocar un levantamiento violento de los militares porque creían que los demócrata-cristianos estaban demasiado a la izquierda como para esperar las elecciones de 1976. Y ese país había contratado los servicios del diario chileno El Mercurio para que, por medio de la difusión de noticias falsas, preparase el terreno para legitimar un golpe de estado (dos millones de dólares fue la suma que recibió su dueño, Agustín Edwards). El grupo terrorista Patria y Libertad (fundado y financiado por la embajada norteamericana en Santiago), recibió cincuenta mil dólares para cometer atentados terroristas en Chile.
Se decidió pues matar al general Schneider. Su asesinato fue presentado por El Mercurio como un atentado de un grupo de extrema izquierda, aun sabiendo, ciertamente, que sus ejecutores eran elementos de la extrema derecha, entre ellos el ex general Viaux (que recibió otros cincuenta mil dólares de manos de personal de la embajada norteamericana). Pero la verdad se descubrió a los pocos días, o incluso al día siguiente del alevoso asesinato y el general Viaux fue prontamente encarcelado.
Los primeros en atentar seriamente contra el orden constitucional chileno fueron personajes de la extrema derecha y criminales mercenarios pagados por Estados Unidos (como el recién nombrado grupo, falsamente fascista, Patria y Libertad). Y se actuó contra esa gente del único modo que era razonable actuar: persiguiéndolos y encarcelándolos y sometiéndoles a juicio.
También hubo amenazas de extrema izquierda contra la democracia. Y los autores de esas amenazas fueron similarmente perseguidos por las autoridades socialistas de la época.
La idea de que estas tendencias extremistas eran importantes o lo suficientemente importantes como para poner en jaque el orden constitucional chileno es una falacia y no fue nunca el caso, a pesar de la gravedad de los atentados y crímenes cometidos por la extrema derecha y el personal de la embajada norteamericana en Santiago.
Así, la principal justificación política en cuanto a que existió una ideología política pinochetista, se derrumba por sí sola. Esa ideología política no existió nunca. Chile nunca corrió peligro de caer en manos del comunismo, ni los tres mil ciudadanos luego asesinados por la dictadura constituyeron nunca un peligro para las instituciones democráticas de Chile -excepto probablemente algunas excepciones que, de haber cometido algún delito, debieron ser llevados a justicia y procesados, y no torturados ni ejecutados extrajudicialmente como hizo la Bestia y sus cómplices.

El pinochetismo es una ideología absurda de defensa de crímenes sin nombre, injustificados y estúpidos, anclados en la codicia y en el espíritu arrastrado y vulgar de Pinochet y otros militares, que querían complacer a las clases altas, devolviéndoles los privilegios perdidos y el lugar prominente que habían ocupado alguna vez en la sociedad chilena -privilegios y preeminencia a las que el gobierno socialista había puesto fin.
Pero aun así sería absurdo creer que Pinochet fue motivado por una ideología política que fundamentara el predominio de las clases ricas en detrimento de las clases laboriosas, de una ideología que creyera que el mundo imaginado y gobernado por las clases ricas era mejor que cualquier otro. Pinochet y los otros militares tenían otros motivos, y es posible hasta que ignoraran que existen ideologías que justifican en términos morales y prácticos el gobierno de las clases altas. Para entender a Pinochet y los suyos hay que entender a los perros guardianes y a las hienas, hay que saber más de zoología y conducta animal que de historia y política.

Los militares mataron para ocultar sus crímenes. Calificaron de comunistas a sus víctimas para justificar sus crímenes, según creían que lo hacían, ante la sociedad chilena. No podían dejar con vida a las víctimas de sus torturas cobardes e innobles justamente para seguir pretendiendo que eran o habían sido comunistas, para evitar que hablaran. Y para poder seguir cobrando ante sus amos. Querían imponerse por el terror y nada les importaba. Cuando en 1974 y 1975 se implementa la política de torturar masivamente y sin motivos a cualquiera, queda en evidencia que el régimen en realidad carece de ideología. Ese plan represivo -calcado de las dictaduras comunistas de Europa del Este- consistía en detener y torturar durante una noche, sin formular cargos y acusando a las víctimas de las estupideces más inverosímiles, a todo ciudadano sorprendido en primera instancia en la calle después del toque de queda. Lamentablemente para los chilenos, como las comandancias funcionaban sobre la base de cuotas de detenidos determinadas por Pinochet mismo, cuando no había suficientes infractores del toque de queda, los militares procedían a acordonar calles enteras y llevarse a los hombres a los cuarteles y comisarías. Las víctimas eran usualmente dejadas en libertad a la mañana siguiente, sin que se enterasen nunca del porqué de su detención y tortura. A muchos de ellos ni siquiera se les tomaban sus datos.

Bien, dicho esto quiero volver al asunto con que empecé esta crónica. Cuando se nos dice que debemos tolerar a gente que defiende el régimen militar, se nos está diciendo que ellos, como nosotros, tenemos derecho a defender nuestras ideologías. Pero, en el caso de que esa gente tenga una ideología, lo que dudo, digo, en el caso de que tuvieran una, esa ideología consiste en la apología del crimen y la defensa de cosas indefendibles, como la tortura y el asesinato. Admitir que esa gentuza tiene derecho a expresarse es admitir que los nazis tienen derecho a expresarse y yo creo, justamente, que los nazis y toda gente que defienda el crimen no deben tener nunca, en ninguna parte, derecho a expresarse. Y que, en realidad, la defensa de esas ideologías debe constituir un delito: el delito de apología de la violencia o del crimen, apología de la discriminación y de la intolerancia. De la intolerancia, recordemos, pues si hoy podemos escribir y hablar lo que queramos es gracias al hecho de que ya no hay dictadura, vale decir, no hay pinochetistas en el poder, pues de haberlos, estaríamos todos, incluyendo los tolerantes del foro mencionado, o encarcelados, o en el exilio, o muertos.
Esta idea de que los demócratas y los pinochetistas, los judíos y los nazis, los partidarios de la libertad y los derechos humanos y los partidarios de la opresión (léase campos de concentración y exterminio) y el crimen somos iguales es una estupidez y un insulto, y es ciertamente simplemente inaceptable. No somos iguales. La opinión del ex presidente Lagos, de que en realidad somos iguales -que se puso de manifiesto cuando defendió el indulto que concedió al asesino del dirigente sindical Tucapel Jiménez-, es un insulto a las víctimas de los crímenes de la dictadura y un insulto a los familiares de los asesinados por los militares y sus cómplices.
¿Pretenderán también, los que defienden esa insólita acepción de tolerancia, que debemos tolerar la defensa, digamos, del asesinato de prostitutas, de la esclavitud, del cine snuff, de la violación de los niños, de la mutilación y otras desviaciones igualmente dramáticas y criminales del alma humana? ¿Si un pinochetista puede defender los crímenes sin nombre de la Bestia, no deberíamos también admitir en amable sociabilidad que algún nazi o neonazi defendiese la necesidad del exterminio de los judíos o comunistas u homosexuales? ¿Si se puede justificar a Pinochet, no se debería justificar también los crímenes de las dictaduras argentinas y de Centro América, los crímenes de grupos terroristas como Sendero Luminoso, los crímenes -con o sin ideología- del caníbal de África, Idi Amin Dada? ¿Si se puede justificar que los pinochetistas introdujeran ratas en las vaginas de las torturadas, por qué no admitir que se defiendan las violaciones incestuosas de los recién nacidos o la decapitación de las madres solteras? ¿Si se puede defender que Pinochet matara impunemente, por qué no admitir la defensa de que los dictadores argentinos detuvieran a mujeres embarazadas, las acusaran de comunistas, les quitaran sus bebés recién nacidos para venderlos o donarlos a otras familias de militares y mataran luego a las madres? ¿Me puede explicar alguien cuál es la diferencia?

Pinochet pertenece tanto o más a la historia de la crónica roja y la psicología criminal, como a la historia política o social de Chile. Y tenemos todo el derecho a rehusar la compañía de criminales como él y sus partidarios, y reivindicar que la defensa o apología del crimen es un delito, no una ideología política.
Nos pongamos como nos pongamos, no se puede estar bien con Dios y con el diablo al mismo tiempo.