Los Devaneos de la Ministro

Se discutirá en el parlamento sobre un proyecto de ley que regula los textos del etiquetado y rotulación de vinos y alcoholes, con el objetivo, según la ministro de Salud, de "no fomentar el uso y abuso del alcohol en jóvenes y niños" (en La Tercera ). Es una idea loable, en mi opinión, advertir en las etiquetas sobre los estragos que puede causar su abuso. Y también sería necesario, obviamente, someter a más restricciones la publicidad de vinos y alcoholes, a la que está expuesta normalmente gente de todas las edades.
Según la ministro, a Chile también le interesa fomentar la exportación de sus vinos, causando naturalmente el temor de los productores, que se resisten al etiquetado que piensan que puede entorpecer sus negocios en el extranjero.
Así, la ministro concluye: "Entonces, nos parece que podemos encontrar acuerdo para cautelar estos aspectos. Por una, parte mantener el crecimiento de una industria sobre todo exportadora, porque para el país es muy importante, y, por otra parte, cautelar la salud de la población y creo que podemos buscar acuerdos" (misma fuente anterior).

Sin embargo, también vi una entrevista en la televisión en la que dice, en relación a una pregunta sobre el 15% de personas con problemas con el alcoholismo en Chile (es decir, con nuestro 15% de alcohólicos), que no le parece a ella que sea malo festejar de vez en cuando con alguna de nuestras drogas nacionales.
El abuso en el consumo de alcohol causa graves y serios trastornos sociales y personales. Recuérdese que, aparte las increíbles horas que se pierden de trabajo por San Lunes y el absentismo laboral y los accidentales laborales causados por el consumo excesivo, y la enorme carga de patologías relacionadas directamente con el alcohol, en Chile nada menos que el 25% de las muertes en accidentes de tránsito lo causó en 2005 el abuso del alcohol. Lo que gasta el país en el tratamiento de enfermedades relacionadas con el abuso del alcohol es simplemente incalculable.

Discuten ahora políticos y funcionarios los textos precisos que deberemos leer en el futuro en las etiquetas del vino y otros licores. Aparentemente se advertirá que su consumo es nocivo para las mujeres embarazadas, desaconsejándolo a los conductores y alérgicos al sulfito. Deberían también indicar las enfermedades que causa, y desaconsejarlos a los enfermos de cirrosis, ¿no?

La actitud de la ministro y otras autoridades de gobierno contrasta con la que adoptan cuando se trata de la marihuana. Esta, que es una planta medicinal que no produce grandes adicciones ni provoca enfermedades de ningún tipo (la única desventaja visible y comprobada que provoca la marihuana es, después de un uso prolongado, la paulatina pérdida de memoria; pero ésta, hay que decirlo, también se recupera cuando se suspende el uso de la droga) es perseguida tenazmente por las fuerzas policiales.

Y en esta absurda y desgastadora campaña permanente (lo que repiten como loros que es la implementación de la ley) las autoridades intervienen de una manera sospechosamente sesgada. Según lee uno los diarios, carabineros detienen a diario a jóvenes y niños por consumo de marihuana, mientras que Investigaciones se dedica fundamentalmente a la captura, no de consumidores de cocaína, sino a los vendedores y transportistas de la droga. Si uno se atiene a las estadísticas, debiese en realidad atacarse a los consumidores de cocaína. Pero no se hace, y creo que la verdad que lo explica es que los consumidores de marihuana son en general de estratos sociales bajos, mientras que los de cocaína pertenecen a los estratos altos. Y los carabineros prefieren no molestar a los hijos de las clases altas, por justificados temores de sufrir las consecuencias.
O sea, la ley que penaliza el consumo de drogas y su implementación sesgada está contaminada por el nefasto, primitivo y desagradable clasismo chileno.

Este mismo clasismo impregna las decisiones del gobierno. Se aplican las autoridades con saña a castigar a los consumidores de una planta reconocidamente medicinal e inofensiva, pero se deshacen en explicaciones ante los productores y exportadores de un producto que, mal usado, es una droga muchísimo, pero muchísimo peor que la marihuana.

Yo creo que el problema con las drogas, se trate del vino o de la marihuana o la cocaína, es, por decirlo así, la domesticación de su uso, que a su vez forma parte del proceso de civilización de la sociedad chilena. A los chilenos (pero no exclusivamente, pues este es un problema global) les cuesta trabajo domesticar el consumo; ciertamente, los que se ven incapaces de controlarse (de controlar sus pulsiones, diría un sociólogo de la cultura alemán), terminan alcohólicos con serios problemas de adaptación. Muchos terminarán en la calle, indigentes. Nada menos que el 15% de los ciudadanos. Controlar o domesticar el consumo del vino implica cosas como no beber en horas de trabajo, no beber antes de marcharse al trabajo, y saber en qué momento dejar de beber. Estas son costumbres que, por lo general, aprende todo el mundo. En general, la sociedad chilena ha logrado esta domesticación.

Con la marihuana se trata de lo mismo. Una vez legalizado y socializado su consumo, habrá que domesticar su uso. No fumar (para los que la fuman, pues se puede ingerir de muchas otras maneras) ni antes de la jornada laboral ni durante ella, no conducir después de utilizarla, etc. Afortunadamente, nadie muere de sobredosis de marihuana, y, por otro lado, el exceso es muy raro, porque el usuario por lo general se duerme.
Pero si se continúa manteniendo en la ilegalidad el consumo de marihuana (y hay que decir que la postura de las autoridades es de una increíble estupidez, pues jamás ganarán la guerra contra las drogas, se pongan como se pongan, porque nunca la ha ganado ningún gobierno, ni entre los fenicios de antes de Cristo ni entre los franceses del siglo diecinueve ni nunca en ninguna parte, porque va contra el espíritu humano), se empuja a sus usuarios (y a jóvenes) hacia la criminalidad y se los expone a riesgos de salud que hoy apenas si existen, porque la ilegalidad favorece su adulteración, lo que puede ser muy peligroso. La marihuana, en efecto, puede ser intervenida. Y lo es. Hay productores, por ejemplo, que inyectan anfetamina en sus plantas, así como hay vendedores de cocaína que la cortan o mezclan con veneno de ratones o cristal molido. Todo es posible gracias a la testarudez de las autoridades.

Si las drogas fuesen legalizadas Chile obtendría una nueva clase de productores y comerciantes emprendedores y responsables que competirían en buena ley por un lugar en el mercado. Y se transformaría en un país con algún grado de decencia, en que respeta la voluntad del ciudadano en cuanto a decidir qué usar o no, privando a nuestros mandarinescos políticos y funcionarios de prerrogativas y atribuciones que no debieron tener ni deben tener. Lo que ocurre con nuestros cuerpos y mentes es cosa nuestra. Si, como dice la ministro, tiene ella derecho a festejar con una droga peligrosa como el vino, ¿por qué no tendremos derechos otros a festejar fumándonos un porrete que es una hierba medicinal que, según muchos, expande nuestra conciencia?

Los Falsos Argumentos del Senador

Dos gárgolas de extrema derecha han defendido en los últimos días la tesis de que la dictadura representaba un estado de derecho y comparan la fuga del torturador y asesino sentenciado Iturriaga Neumann con la presidente Bachelet. En otro post rechacé esas pretensiones ridículas de la comparación -fundamentalmente, claro está, porque la primera autoridad de la república no es delincuente ni ha sido nunca juzgada ni condenada por nada, ni tiene sus manos manchadas con la sangre de nadie.

Las gárgolas dicen pues simplemente, como el senador Arancibia, que "el estado de derecho que había durante el gobierno militar, no les daba garantías" a los ciudadanos que se oponían al gobierno. En términos semejantes se expresa el diputado Uilloa, un ejemplo sublime de la indecencia e inmoralidad a la que puede llegar un mamón achulado de extrema derecha. Dice textualmente: "Había un gobierno militar. No había democracia, pero había estado de derecho".

También hace suya la desfachatez del cobarde Iturriaga Neumann, cuando este se defiende diciendo que los jueces no han probado que haya secuestrado a nadie y que para probar su participación en el secuestro y asesinato de ciudadanos chilenos los jueces deben en realidad mostrar sus cadáveres -los mismos que el engendro del infierno se encargó de hacer desaparecer. E insiste el diputado indecente en defender un punto de vista jurídicamente incorrecto, de que los delitos de la hiena han prescrito, olvidando aparentemente que los delitos de violación de derechos humanos o de lesa humanidad o de guerra nunca prescriben.

¿Pero a qué estado de derecho de refieren? Parece evidente que las gárgolas consideran que pertenecen al presunto estado de derecho pinochetista los secuestros (pues no dejando constancia de ellos ni siendo ordenados por los tribunales, no pueden considerarse detenciones), las torturas (que el gobierno fascista no eliminó como delito, a pesar de aplicarlas), la desaparición de los cuerpos de las víctimas (¿podrían estas gárgolas mostrarnos la ley o decreto que justificaba o prescribía el deshacerse de los cadáveres de los asesinados?), el tráfico de cocaína y su elaboración en laboratorios del ejército, el robo de las arcas públicas (empezando por las joyas que robó del fondo de reconstrucción nacional la mona Lucía), el asesinato incluso de pinochetistas ricos que invirtieron malamente su dinero en las financieras clandestinas del régimen pinochetista y que terminaron siendo ultimados por sus propios camaradas, la violación de las mujeres secuestradas (como hacía la rata Iturriaga Neumann encaramado en un cajón), el despojo de los cadáveres de las víctimas (que practicaba otra rata todavía peor, el llamado general Contreras, que arrancaba a los muertos los dientes y tapaduras de oro para venderlas luego en el mercado, junto con las joyas y otros objetos de valor que quitaban a las víctimas), el ultraje de los cadáveres (que eran mutilados, sus manos cercenadas, sus cuerpos cortados en pedazos o ultrajados de otros modos para dificultar su identificación y por simple placer, como cuando a una secuestrada le arrancaron los ojos antes de matarla)... ¿Estado de derecho? ¿Se puede llamar a esto estado de derecho? ¿El infierno es un estado de derecho? ¿Cuando un ser perverso se hace con el poder e impone un régimen criminal y arbitrario, se puede hablar de estado de derecho?

¿Lo repetirían en voz alta estas gentuzas de almas pútridas? ¿Estado de derecho? Y tampoco podrán argumentar que estos fueron casos aislados, extremos o excesos, cometidos por subalternos enloquecidos o fanáticos, pues estos crímenes los cometieron los jefes máximos de los organismos de seguridad y de las fuerzas armadas, como la rata Iturriaga, el torturador Romo recién muerto o el general Contreras, y según se sospecha por Pinochet mismo, cuando dio orden de exterminar a ciudadanos comunistas después de haberlos interrogado con sus propias manos.

Y tampoco podrán decir, como argumentaba hace poco un defensor del crimen esgrimiendo argumentos historiográficos, que no tenían los militares alternativa en esos momentos, pues bien pudieron, por ejemplo, instalar tribunales, que no hicieron; ni tampoco se entiende la necesidad o lógica en que puede haberse basado la violación de las prisioneras, ni el matar con torturas a los secuestrados, ni el ultraje de los muertos (como cuando la Gárgola Mayor se burlaba de sus víctimas siendo que ahorraba metiendo dos cadáveres por sepultura). ¿No había alternativa? Y considerese que en estos y otros muchos casos ni siquiera se puede argumentar que, quizás, su objetivo fuera infundir terror y atemorizar a la población, pues esas aberraciones se cometieron en la creencia y con la intención de que nunca se enterara nadie, lo que explica por qué intentaban deshacerse de los cadáveres.

Llamar al período de la dictadura un estado de derecho es burlarse de Chile. Eso, la dictadura de las bestias pinochetistas, no fue nunca un estado de derecho. Y cuando las clases ricas proveyeron a los militares de abogados, bachilleres y animales pervertidos de su propia medio y otros arrastrados para que escribieran justificando la dictadura que había salvado sus riquezas y posiciones mal habidas, y escribieron estos una suerte de panfleto de extrema derecha que se llamó Constitución, eso tampoco constituye estado de derecho. Un estado de derecho, por lo demás, no se instala cuando un gobernante, elegido o de hecho, lo decreta. En una democracia legítima, o incluso en menos que eso (como en Iraq), un estado de derecho se instituye mediante el llamado a una asamblea constituyente, y eso en Chile durante la dictadura no ocurrió nunca. La dictadura nunca fue un estado de derecho, sino un estado de usurpación y crimen dirigido por delincuentes y matones inhumanos pagados por las clases ricas del país. Que las clases ricas y sus senadores y diputados chulos quieran ahora defender a sus matones a sueldo y pretendan evitarles los castigos que merecen, es de algún modo comprensible, pero pretender que sus acciones se comprenden o justifican en el marco de un estado de derecho es realmente un acto de una vileza sin nombre.

[licencia cc]

La Sedición del Ex Almirante Arancibia

Nada más repugnante que las declaraciones del ex almirante Jorge Arancibia (en La Tercera ), cuando compara la situación del prófugo Iturriaga Neumann con la de la presidente Bachelet durante la dictadura militar. El despropósito del ex uniformado es intolerable. En primerísimo lugar, hoy vive Chile en un estado de derecho en el que incluso gentes de la calaña de Iturriaga Neumann, Augusto Pinochet y Osvaldo Romo, todos hijos de la misma nodriza, pueden defenderse propiamente, mientras que durante la dictadura de la que estos canallas formaron parte vivían los ciudadanos en un estado de la más absoluta arbitrariedad jurídica e indefensión.

La centenaria cobardía de los militares chilenos les impidió instalar tribunales para juzgar a sus opositores y trataron de deshacerse de ellos, después de someterlos a torturas sin nombre ni justificación, de las maneras más abyectas, sólo comprensibles en el marco de la zoología o del demonismo más bestial -y lejos de la historia humana. Iturriaga Neumann y Romo, amamantados por el mismo incomprensible odio y caracterizados por la misma vileza, son excelsos ejemplos de lo que fue el pinochetismo, y de lo que eran y son los pinochetistas.

Pero en segundo lugar, Iturriaga Neumann es una bestia sedienta de sangre que fue juzgada en debido proceso, incluso con abogados a su servicio, pagados por todos los ciudadanos chilenos con el beneplácito del actual comandante en jefe, que cometió probadamente salvajes e innobles crímenes, torturando y asesinando o tratando de asesinar, con sus propias manos o mediante órdenes, a un sinnúmero de chilenos inocentes, incluyendo a próceres como Bernardo Leighton y el general Carlos Prats. Al contrario, la presidente Bachelet no cometió delito alguno, ni fue juzgada ni condenada por nada, siendo su falta no otra cosa que la defensa de su patria, que ha sido en Chile siempre un propósito loable. (Excepto, claro está, para los militares pinochetistas).

Cuando la presidente Bachelet fue secuestrada, no fue defendida ni protegida por las fuerzas armadas ni por su comandante en jefe. Y cuando vivió en la clandestinidad, para escapar de las ratas pinochetistas y de los cobardes que les obedecían, ningún militar la protegió diciendo que no sabían dónde estaba, como ocurre ahora con la hiena Iturriaga. Y este no fue tampoco nunca secuestrado.

El ex almirante, que comparte con su defendido su naturaleza bestial, tiene encima la osadía de pretender que durante la dictadura de Pinochet había un estado de derecho y justifica la fuga del cobarde. Considerando que el elogio de esta fuga y/o su justificación implica el desacato de las instituciones de la república y de los fallos de sus tribunales, el ex almirante comete el delito de sedición y debería por tanto, primero ser privado de sus prerrogativas y privilegios como senador y, luego, ser llevado a tribunales para que responda por su conducta y dichos.

Por otro lado, es indignante seguir expuesto a estas comparaciones intolerables e inmorales. Hoy compara el almirante a un ser abyecto e ínfimo como Iturriaga Neumann, un criminal juzgado y condenado, con la primera autoridad de la república. Otros comparan incluso al presidente Salvador Allende con el canalla Augusto Pinochet, como si de algún modo fuesen comparables o estuviesen al mismo nivel. Y olvidan que, como pretende Arancibia, que Allende fue un presidente elegido por los ciudadanos chilenos (aunque odiado por sus primitivas y rácanas clases ricas), y la bestia uniformada no fue nunca elegida por nadie, y luego, que Allende no cometió crimen alguno ni fue un delincuente, que pagó con su vida la defensa de la patria, mientras que Pinochet fue un delincuente ordinario y artero, arrastrado y vendido, que murió en la cama haciéndose el loco.

Estas comparaciones son inaceptables. Es como pretender que el Chacal de Nahueltoro de algún modo mató con justa razón a sus hijos, o como si la culpa del exterminio de los judíos y católicos y homosexuales y gitanos de Europa durante la Segunda Guerra Mundial la tuvieran las víctimas mismas y no los nazis con, a su cabeza, la encarnación del demonio que fue Hitler. Es culpar a las víctimas de los crímenes sin nombre que cometió Stalin contra ellas. Como creer que en Camboya los comunistas khmer fueron los héroes, y los dos millones de camboyanos asesinados los canallas. Como si Slobodan Milosevic fuera un héroe, y los ciudadanos bosnios y croatas los culpables de su irracional odio.

Y luego pretenden algunos defensores de esta doblez moral obligarnos a aceptar una definición de libertad aberrante, en la que los criminales (pues todo pinochetista es un criminal) tienen el mismo derecho a la expresión que los ciudadanos comunes y corrientes que fueron o no víctimas de su odio y violencia. Se olvidan estos defensores de esta definición retorcida de libertad que si viviésemos aún en dictadura, estos pinochetistas no estarían escribiendo y defendiendo malamente su causa putrefacta, sino lisa y llanamente persiguiéndonos y matándonos, porque esa es la única ideología que defienden: la defensa de sus intereses, y el odio contra todo lo que huela a Dios, patria y pueblo.

Así dicen pues los partidarios de la inmoralidad: que la víctima tiene los mismos derechos que sus victimarios, cuando en realidad la víctima, en cuanto tal, dejó de tenerlos, porque sus criminales le privaron de ellos. No, víctimas y victimarios no son iguales ni deben por tanto tener los mismos derechos. Cuando alguien defiende los crímenes de la dictadura está, por decirlo así, torturando y asesinando a sus víctimas por segunda vez. ¿Es posible creer que alguien piense que esto es normal y que refleja un cierto sentido de la libertad? No, esto es simplemente abyección moral, incapacidad de tomar posición y pronunciarse, cobardía ética. Esto último, en términos psiquiátricos, se llama síndrome de Estocolmo, cuando la víctima empieza a hacer suyas las creencias y punto de vista de su victimario, y termina creyendo que sus crímenes tienen justificación y que tienen, los criminales, tanto derecho a la libertad, entre ellas la de expresión, como sus víctimas -y esto es un punto de vista repugnante y aberrante.

Los criminales deben estar donde lo determinen las autoridades legítimas después de sus juicios en tribunales, pero nunca en medio de la sociedad, disfrutando de las virtudes de la civilización que pretendieron destruir y en la que claramente no creen ni creyeron nunca y que ahora sólo utilizan para eludir el castigo (y en el caso de Iturriaga Neumann) castigo levísimo- que merecen. (Pues Iturriaga Neumann debiese entrar a la cárcel para no salir nunca, tal es la gravedad de los crímenes que cometió. Pero los jueces aplican una incomprensible mano blanda con este tipo de chacales).

La inmoralidad del ex almirante, de comparar a un criminal condenado con la presidente, no por ser un punto de vista lamentablemente común, es menos reprochable. Llevándole a tribunales por su justificación y defensa de los actos de un torturador y asesino sentenciado y prófugo, por la razón de que implica los delitos de desacato y sedición, se empezaría a hacer justicia con seres de su calaña.

El Indulto de Libby

El presidente Bush, haciendo uso de una prerrogativa presidencial, ha indultado a I. Lewis ‘Scooter' Libby, ex jefe de gabinete del vicepresidente Dick Cheney y asesor en políticas de seguridad nacional, que acababa de ser condenado a dos años y medio de presión, más una multa de 250 mil dólares, por perjurio, obstrucción a la justicia y declarar falsamente en el caso de la filtración de la verdadera identidad de una agente de la CIA estacionada en África. El presidente Bush anuló la parte de la sentencia que lo obligaba a pasar treinta meses en prisión, pero mantuvo la multa.

El caso es el siguiente: Libby pidió a un periodista amigo de extrema derecha (Robert Novak, también llamado a veces ‘paleo-conservador') que difundiera en público (lo hizo en la columna de un periódico) la identidad de la espía, Valerie Plame, esposa del embajador norteamericano Joseph C. Wilson en Níger. Se trataba de castigar a Wilson por haber denunciado públicamente la manipulación de la Casa Blanca en el caso de la pretendida compra de uranio efectuada por Saddam Hussein en Niger para construir una bomba atómica. Esto se utilizó como uno de los argumentos para invadir y ocupar Iraq. [Pinche aquí para leer la historia de Libby].

Pero era falso. El embajador Wilson fue encargado de investigar la veracidad de esas informaciones (que provenían del círculo del lamentable pelele iraquí, agente de la CIA y ex líder del Congreso Nacional Iraquí, Ahmed Chalabi), y el embajador, descubriendo el engaño, informó debidamente al gobierno. Sin embargo, su informe fue desechado y el gobierno norteamericano persistió en la utilización de esa falsedad para justificar el ataque. Wilson escribió una columna en el New York Times en julio de 2003 denunciando, aunque tardíamente, la manipulación. [Pinche aquí para un artículo sobre Valerie Plame].

No se sabe mucho más. La decisión de vengarse del embajador en la persona de su esposa sólo pudo provenir de gentes enfermizas, o tan llenas de odio que pensaban legítimo eliminar físicamente a la mujer de un adversario de la guerra por haber denunciado públicamente que el gobierno de Bush estaba manipulando las informaciones en que se basó la guerra. Pues la pareja Wilson viajaba frecuentemente a África y la revelación de su identidad la exponía al inminente peligro de que al Qaeda o alguna otra organización terrorista atentara contra ellos. Su carrera como una altamente especializada analista de la CIA había terminado.

Pero Libby es un subalterno y es improbable que haya actuado por su cuenta. La verdad que no se ventiló en el tribunal es que debe haber recibido órdenes de Dick Cheney, el vicepresidente, lo que equivale a decir, obviamente, que las recibió del presidente Bush mismo. Es por eso que el indulto que le otorga Bush a Libby debe interpretarse como su recompensa por haber guardado silencio y no haber delatado la fuente última de las órdenes que recibió.

El presidente del Comité Judicial de la Cámara, John Conyers, condenó la decisión de Bush diciendo que ""hasta ahora parecía que el presidente se había limitado a hacer la vista gorda ante el hecho de que un alto funcionario del gobierno filtrara información clasificada. La acción de hoy del presidente deja en claro que aprueba esa actividad. Esta decisión es inconsistente con el estado de derecho y envía un terrible señal al pueblo norteamericano y a nuestros operativos de inteligencia que arriesgan sus vidas todos los días". [Véase un artículo sobre el caso en mQh ].

sta decisión del presidente deja una vez más en evidencia el precario estado de la democracia norteamericana. Aunque seguimos considerando que Estados Unidos es una democracia, yo creo que hace bastante tiempo dejó de serlo, para transformarse en una simple y llana y bruta tiranía -aunque ciertamente subsisten áreas independientes. Hoy en día Estados Unidos no logra cumplir con algunos requisitos básicos de las democracias occidentales, que son, por ejemplo, el derecho de habeas corpus, eliminado hace años, y el principio de la igualdad ante la ley, principio constitucional también puesto en cuarentena.

Ahora se trata del poder judicial. Aunque no lo cancela directamente, Bush se reserva así el derecho de cuestionar las decisiones del poder judicial, y en este caso específico de una comisión de tres jueces, dos de ellos justamente republicanos. Quizás es por la creciente oposición republicana a su presidencia que dejó la multa en pie, en una especie de mal interpretado acceso salomónico.

Muchos republicanos repudian su decisión, que efectivamente envía un pésimo mensaje al mundo y en particular a los servicios de inteligencia de su país. El presidente Bush se reserva el derecho de delatar a los innumerables enemigos de la potencia a cualquier miembro de los servicios de seguridad y espionaje que se oponga a sus políticas. Y todavía peor, no solamente a quienes se oponen a sus políticas, sino incluso a los familiares de quienes se oponen a sus políticas. ¿Puede imaginarse algo más primitivo y bárbaro que esto? ¿Entregar a la muerte a la esposa del embajador al que odia, como en tiempos de los romanos, cuando todavía los pecados de un miembro de la familia condenaban a la ruina a todo el clan?

Con su decisión, el presidente Bush muestra una vez más su verdadera naturaleza. Es un presidente autoritario y avieso, que hace mal uso del temor del pueblo norteamericano ante el terrorismo, que aceptó sin chistar dos elecciones patentemente fraudulentas para no dividir al país en tiempos tan revueltos. Es la peor desgracia que ha sufrido Estados Unidos en años. Y su mandato ha llevado a Estados Unidos al borde de su extinción como democracia libre de América. Poco a poco, ha ido socavando, amparándose en el peligro terrorista, lo que hizo de Estados Unidos en el pasado, una democracia razonablemente pasable. [Para un artículo sobre el crecimiento aislamiento y enajenación de Bush, véase este articulo en mQh].

Ahora quizás los arrastrados del Senado chileno reunirán el coraje suficiente para protestar o pedir a la cancillería chilena que proteste ante el gobierno norteamericano por la arrogante y bárbara desfachatez del presidente Bush, que con el indulto de Libby hace mofa del poder judicial y desconoce sus resoluciones autónomas, empujando a Estados Unidos a un abismo todavía más profundo y siniestro donde se pisotean diariamente los principios básicos de la democracia.

¿Tendrán coraje los senadores chilenos para protestar por la insolencia y usurpación de Bush? Lo dudo.

Pero esta decisión del presidente contribuirá probablemente a su mayor aislamiento, ahora que más republicanos optarán por abandonarlo. Los jueces que redactaron la sentencia de Libby son republicanos (dos de los tres jueces) y contrariamente a lo que afirma Bush, es una sentencia bastante leve, habida cuenta que el delito de Libby estuvo muy cerca de la traición. Bush deberá seguir soportando una enorme presión, no solamente de la opinión pública estadounidense y de los demócratas, sino también de su propio campo, que advierte en sus decisiones una testaruda obcecación. Ya hay una iniciativa en curso para pedir la impugnación del siniestro Cheney. Quizás no esté muy lejos el día en que se impugne a Bush mismo. 

Qué Descubrió Otto Neustald

Otto Neustadl es el periodista que cubría, para la estación de CNN en Venezuela, lo que estaba ocurriendo en los días previos y posteriores al 11 de abril de 2002, cuando sectores de extrema derecha intentaron provocar un golpe de estado para derrocar al presidente Chávez.

El 10 por la noche el periodista recibe una llamada. "El día 10 en la noche me llaman por teléfono y me dicen Otto, mañana 11 viene un video de Chávez, la marcha se va hacia el palacio de Miraflores, va a haber unos muertos y aparecen 20 militares de alto rango pronunciándose en contra del gobierno de Chávez y pidiéndole la renuncia al presidente. Esto me lo dicen el día 10 en la noche".
El 11 de abril se había convocado una manifestación de defensa del gobierno de Chávez en la sede de gobierno, el Palacio de Miraflores. Pese a ello, los manifestantes de extrema derecha, que habían sido autorizados para manifestarse en otro lugar de la ciudad para evitar enfrentamientos con los constitucionalistas, fueron convocados a reunirse en el mismo Palacio de Miraflores por los canales de televisión que, aparentemente, se habían puesto de acuerdo justamente para esto: Venevisión, Globovisión, RCTV.

Los diarios de ese día ya anunciaban el golpe de estado. Curiosamente, pues todavía no había ocurrido. "Los Militares Tienen la Palabra", anunciaba el Nuevo País. "Gobierno Agoniza", proclamaba el Daily Journal, el diario en lengua inglesa de Caracas. El Nacional convocaba incluso: "Batalla Final Será en Miraflores", y en páginas interiores pedía la renuncia de las autoridades de gobierno.

El alcalde metropolitano de Caracas, Freddy Bernal, pide cordura a la derecha: "Es una irresponsabilidad que usted esté convocando frente a Miraflores, cuando usted sabe que hay miles de personas concentradas en Miraflores". Pero los canales reaccionarios incitan a la gente a marchar al Palacio de Miraflores. "Hasta que se vaya", anunciaban, refiriéndose al presidente Chávez. La manifestación es desviada con apoyo de los canales de televisión hacia el Palacio de Miraflores.

Agentes de la policía metropolitana, que participaron en el golpe, ocupan los altos de los edificios del centro de la ciudad, fuertemente armados.

Mientras la gente marcha hacia el Palacio y los constitucionalistas se preparan para defenderlo, en el Palacio de Cristal ocurre algo extraordinario. Se han reunido allí una decena de altos oficiales, el jefe de la central patronal Pedro Carmona Estanga y un equipo de televisión, para ensayar y grabar la declaración del comunicado de toma del poder. Llevan trajes de gala. El vicealmirante Héctor Ramírez Pérez, uno de los militares anticonstitucionalistas, lee parte del comunicado: "Los francotiradores para este momento llevan seis muertos y docenas de heridos en Caracas". Neustadl se sorprende. Sabía que hasta ese momento no había muerto nadie.

Así se descubre (pero días después) la macabra conspiración organizada por los militares anticonstitucionalistas dirigidos por el vicealmirante Héctor Ramírez y los empresarios dirigidos por el patrón Pedro Carmona. Habían dado orden o a un grupo de asesinos a sueldo o bien a elementos de la policía metropolitana o a militares amotinados para disparar contra sus propios partidarios para culpar, como se desprende del ensayo del discurso, al gobierno del presidente Chávez y justificar el derrocamiento y asesinato del presidente. Se sabe que ese día los elementos de la policía metropolitana que ocuparon los altos de los edificios en torno al Palacio de Miraflores se habían puesto guantes quirúrgicos, para que no quedaran rastros de pólvora en sus manos.

El golpe duró cuatro días. El presidente Chávez fue detenido y retenido en un cuartel militar. Ramírez y Carmona ordenaron matarlo. Estuvieron a punto de hacerlo. Cuando los conspirados intentaron hacerlo, los soldados de la custodia se opusieron.

Véanse los detalles de esos increíbles días en ‘Investigación de unos medios por encima de toda sospecha ', de Luis Britto García.

Pinche aquí para ver el video en el que Otto Neustadl cuenta la historia .

En un artículo titulado ‘¿Quién los mató?', refiriéndose a la veintena de víctimas de esos días, entre el 11 y el 14 de abril de 2002, Mariana Hernández concluye: "La diferencia entre el comportamiento de los reinados de Chávez y de Carmona es obvia: ni antes ni después del golpe el reino de Chávez ha cometido los desmanes que se cometieron durante las pocas horas del reinado golpista y monárquico de Pedro I El Breve, llamado por otros Pedro El Cruel".
Se puede leer aquí .

En esos cuatro días los canales de televisión mencionados, entre ellos RCTV, participaron abiertamente en el intento de subversión del orden constitucional, encubriendo y/o justificando los asesinatos cometidos por los conspiradores.

Pero posteriormente Otto Neustadl se retractaría. Con posteriormente queremos decir de junio y septiembre de 2002. Con este periodista ocurre algo bastante extraño. Le tomó varios días contar la verdad de ese 11 de abril. Y la contó más tarde en abril a un grupo de alumnos de la escuela de periodismo de la Universidad Bicentenaria de Aragua. Alguien filmó y filtró esa charla a las autoridades. (Eso es lo que leo, pero yo recuerdo vívidamente haber visto a Neustadl en CNN la semana misma del golpe). Por esa razón, el periodista dice que fue una filmación no autorizada ("ilegal", dice él). Y afirma que "nunca he responsabilizado a los militares que se han pronunciado públicamente contra el gobierno de Hugo Chávez ni a la oposición de haber causado las muertes y las lesiones de todos aquellos que marcharon pacíficamente el 11 de abril". Sin embargo, no se puede echar atrás. Es demasiado tarde. Aunque es un hombre de derechas, en esa charla se fue de lengua y dijo la verdad.

Pero parece evidente que su retractación, más que motivada por creencias políticas, se funda en el temor. Dice inmediatamente que al hacer uso de esa charla, el gobierno venezolano "ha puesto en peligro la vida de mi familia y de mis amigos". ¿Por qué? El gobierno venezolano estaba más que contento con su charla. No es al gobierno venezolano al que teme, sino a la extrema derecha.

En una intervención bastante incoherente, Neustald, después de acusar al gobierno de violar las libertades fundamentales y los derechos humanos, acusa al gobierno de ser "responsable por cada una de las muertes al no haber protegido esas vidas". ¿Cómo se explica esto, si lo acusa al mismo tiempo de causar las muertes que descubrió que fueron anunciadas cuando aún no se habían cometido? En Venezuela se reprocha a Chávez que las fuerzas de orden leales no ocuparan los edificios aledaños al palacio de gobierno para prevenir justamente acciones como las que ocurrieron. Una ‘torpeza' que muchos han criticado al presidente Chávez.

Luego en esa confusa rueda de prensa, los abogados del periodista intentan quitar valor a su testimonio diciendo que no tiene valor jurídico, porque no se obtuvo en debido proceso -lo que es un argumento totalmente inútil, porque no interesa la dimensión jurídica de esa filmación sino, en este contexto, su contenido de verdad.
Lo que parece evidente es que esta rueda de prensa -donde además de enterarnos de que su familia corre peligro, nos enteramos también, de paso, que Otto Neustald renunció al oficio de periodista- está inspirada en el temor. Y está claro que a los únicos a los que puede temer ese periodista es a los elementos de extrema derecha de intentaron derrocar al gobierno de Chávez en abril de 2002.
La rueda de prensa se puede consultar aquí .

La oposición venezolana es de una absoluta e increíble carencia de principios morales sólidos, dispuesta a todo, incluso al crimen de sus propios partidarios, para recuperar lo que cree que son sus privilegios perdidos. Han buscado aliados y apólogos en toda América, y los encontrado, en Chile, naturalmente, entre los pinochetistas y otros elementos autoritarios. La suya es una causa pestilente. Huele mal. Huele a azufre, diría Chávez. Huele a fascismo.

 

mQh

piensa chile

 

 

La Traición de Libby, el Jefe de Gabinete

Libby, o I. Lewis ‘Scooter' Libby, es un ex asesor y ex jefe de gabinete del vicepresidente de Estados Unidos, Dick Cheney. Su historia ilustra cómo funciona una democracia con un poder judicial independiente, y las tenebrosas conspiraciones del gobierno republicano.

En 2003, en el período preliminar a la invasión de Iraq, los servicios de inteligencia occidentales, especialmente el norteamericano, difundieron en la prensa que Saddam Hussein había comprado uranio en Níger para construir una bomba atómica. Pero el embajador norteamericano Wilson, desmintió públicamente esas aseveraciones.

Tras la invasión, el gobierno de Bush decidió vengarse del ex embajador. Su vicepresidente Dick Cheney reveló a Libby, su jefe de gabinete, la identidad de la esposa del embajador, Valerie Plame. Esta era una agente de la CIA, y había trabajado para la agencia durante 20 años.

Libby acudió a algunos periodistas amigos del régimen a los que reveló la identidad de la señora Plame. Estos periodistas, a su vez, publicaron esa información a mediados de 2003. Entre ellos se encuentran Tim Russert, de la cadena de televisión NBC; Judith Miller, del New York Times (pero esta última no publicaría finalmente nada sobre la señora Plame); Robert Novak, comentarista de extrema derecha que publicó en Times la verdadera identidad de la señora Plame, y otros.

El plan de venganza contra el embajador Wilson fue tramado también por el subsecretario Richard Armitage, y el asesor político de la Casa Blanca, Karl Rove. Es imposible pretender que la orden original de divulgación de la verdadera identidad de Plame no fuera el mismo presidente Bush.

El juicio acaba de terminar y Libby ha sido condenado a dos años y medio de prisión, una multa de $250.000 y, cumplida la pena de prisión, varios años de libertad vigilada. Sus abogados alegaron que la filtración de la identidad de la espía no era un delito.

A mí me parece extraordinaria y terriblemente odiosa la determinación de la Casa Blanca de vengarse en la señora Plame de la actitud adoptada por su marido el embajador Wilson, que simplemente se negó a participar en la conspiración ordenada por Bush para difundir informaciones falsas sobre Hussein para justificar la invasión de Iraq. ¿Cuál podría ser el sentido de esta venganza? ¿Cómo se quería castigar a Wilson y por qué exactamente? El matrimonio se encontraba entonces en África, según entiendo, y/o viajaba frecuentemente a ese continente. La divulgación de la identidad de la espía la ponía en peligro de muerte. La señora Plame estaba siendo entregada en bandeja a los terroristas fundamentalistas de al Qaeda y otros grupos terroristas en África porque su marido había contado la verdad sobre las invenciones del gobierno de Bush. La señora Plame había sido entregada al que Bush dice que es, aparte él mismo obviamente, el peor enemigo de la humanidad: bin Laden.

¿Es posible imaginar que semejante brutalidad la comete un gobierno occidental, nada menos que el gobierno o el presidente y sus amigos más cercanos de la mayor potencia del mundo? Ciertamente, este no es el peor crimen cometido por Bush. Pero estoy hablando de crímenes cometidos contra sus propios funcionarios y ciudadanos.

Y lo que es igualmente extraordinario es que, en un país donde el presidente y el gobierno tienen tanto poder (como, por ejemplo, continuar con una guerra pese a la oposición del parlamento y de la opinión pública), sea todavía posible enjuiciar como se debe, y distribuir castigos más que apropiados, a personajes arteros como Libby, dispuestos a matar a funcionarios del propio gobierno para eliminar la fuente que dejó al descubierto uno de los aspectos de la conspiración de Bush. Y se demuestra al mismo tiempo el grave peligro que representa Bush para la democracia de Estados Unidos, y la capacidad de resistencia de esa misma democracia.

La defensa decía que revelar o delatar la identidad de un espía no era un delito. Es un argumento de bachiller, endeble y mentecato. (De modo similar argumentaba un comentarista hace unas semanas, que reconocía que Pinochet había cometido el delito de traición a la patria, para agregar que traicionar a la patria no era un delito demasiado grave. No era grave porque todos eran traidores. Vaya. Cree el ladrón que todos son de su condición.) Y este punto de vista francamente insólito lo defienden nada menos que personajes como Kissinger y Rumsfeld, que escribieron cartas de recomendación pidiendo clemencia para el delator. O para el traidor, pues creo que en realidad este delito -filtrar o dar a conocer la identidad secreta de un miembro de los servicios de espionaje- se llama traición.

En mQh se ha publicado esta inquietante historia.

¿Dónde Está Iturriaga Neumann?

[A propósito de la fuga del general en retiro Raúl Iturriaga Neumann cuando debía presentarse a cumplir una condena de cinco años de cárcel por el secuestro y desaparición de un militante del MIR durante los primeros años de la dictadura. El general ha sido procesado también en otras ocasiones, por el asesinato del general Carlos Prats y su mujer, en Buenos Aires, y el atentado fallido contra el político demócrata-cristiano Bernardo Leighton y su mujer, en Ialia].

Tras la fuga del militar cabe preguntarse si es posible creer al gobierno y a las fuerzas armadas cuando declaran con tanta candidez que no saben dónde está. ¿Es posible que, conocido el expediente de este señor, y conocido su retrato psicológico, ni investigaciones, ni el servicio de inteligencia del estado, ni los servicios de inteligencia de las diferentes ramas de las fuerzas armadas, ni incluso servicios de inteligencia extranjeros hayan considerado necesario vigilar a este elemento y seguir sus pasos en prevención justamente de lo que hizo? ¿Qué quiere decir? Si son nuestros servicios de inteligencia y policías tan ineptos e incapaces de una operación tan simpe, ¿qué debemos esperar de ellos cuando se trata de la defensa de la soberanía o de las fronteras?

A mí me resulta evidente que estos elementos -ex militares procesados- tratarán de escapar y de eludir la justicia -cuando y si la hay. Al mismo tiempo, son obviamente sujetos temibles, que están siendo juzgados por crímenes terribles, y constituyen un terrible peligro inmediato para la sociedad si son dejados en libertad. Deben ser vigilados constantemente.

También queda claro que cuentan con algún tipo de apoyo logístico, puesto que todavía no ha sido capturado. Y al menos dos grupos de uniformados, la Agrupación de Soldados Presos Políticos en Democracia y el Círculo de Generales en Retiro han expresado su apoyo y solidaridad con el criminal fugitivo. Los primeros incluso han llegado a amenazar veladamente que, de seguir los juicios contra los militares criminales, "tarde o temprano pueden producirse tempestades, si siguen sembrando vientos". Y animan al fugitivo a "que siga en la clandestinidad", rechazando de este modo la resolución judicial y negando la validez del ordenamiento jurídico chileno.

Algunos de los políticos más indecentes de la extrema derecha, como el diputado Ulloa y el senador Novoa, y el señor Arancibia, también han expresado su solidaridad con el ex militar. Según Ulloa, el veredicto judicial es "consecuencia de una justicia altamente politizada y presionada por los gobiernos de la Concertación. Digo esto porque está fundada en mentiras jurídicas y de hecho, como es el secuestro permanente". En esas mismas declaraciones, además, el diputado Ulloa amenaza directamente a los jueces, advirtiéndoles que deben tener especial cuidado "aquellos jueces que sean propuestos para integrar la Corte Suprema".

Estas dos organizaciones de militares y ex militares, y los políticos indecentes que amparan al ex general, cometen el delito de sedición y debiesen ser acusados formalmente y llevados a tribunales. No debe quedar duda que expresiones como las suyas son absolutamente inaceptables en un estado de derecho y que no deben quedar impunes. Dice el artículo 272 del Código de Justicia Militar, en su Título V, Delitos contra el Orden y Seguridad del Ejército. Sedición y motín: "Los militares que, en número de cuatro o más, rehúsen obedecer a sus superiores, hagan reclamaciones o peticiones irrespetuosas o en tumulto, o se resistan a cumplir con sus deberes militares, serán castigados como responsables de sedición o motín". La pena contemplada para este delito es incluso la muerte, si se comete frente al enemigo, o si ocasionase alguna muerte. Y es igualmente un deber militar obedecer y acatar las resoluciones de los otros poderes del Estado.

El Código de Justicia Militar establece además que si estos delitos son cometidos por militares en retiro -como es el caso aquí-, "serán considerados como militares para el efecto de su juzgamiento y penalidad". Este delito de sedición, los cometen además quien "induzca a cualquier alboroto o desorden, de palabra, por escrito, valiéndose de cualquier otro medio".

La Justicia Militar también condena por ‘delitos contra el orden público' a los que "ultrajaren públicamente la bandera, el escudo o el nombre de la Patria, himno nacional, y los que difamen, injurien o calumnien al Presidente de la República, Ministros de Estado, Senadores o Diputados, miembros de los Tribunales Superiores de Justicia [y otros cargos] [...] sea que la difamación, la injuria o calumnia se cometa con motivo o no del ejercicio de las funciones del ofendido". Este es claramente otro delito cometido por las organizaciones militares y políticos de extrema derecha que han puesto en duda la probidad de las resoluciones judiciales, acusando a los jueces de actuar obedeciendo los dictados de los gobiernos de la Concertación, y afirmando que esas resoluciones son consecuencia de una politización de la justicia y de basarse en "mentiras jurídicas".

Los militares, ex militares y políticos sediciosos cometen además el delito de desobediencia, y los que induzcan [como es el caso aquí] a miembros de las fuerzas armadas o carabineros, etc., a la "indisciplina, o al desobedecimiento de las órdenes de las órdenes del Gobierno constituido". Se comete aquí ese delito cuando se le dice al ex general que "ojalá siga en la clandestinidad".

Es claramente el intento de los sediciosos arrojar dudas sobre el poder judicial y la actuación de los jueces involucrados en casos de derechos humanos y justificar de este modo una asonada militar (‘sembrar vientos') o la interrupción del régimen jurídico constitucional para favorecer a sus protegidos. Es también evidente que quieren introducir una cuña al interior de las fuerzas armadas y de orden, pretendiendo que la causa de la defensa de los violadores de derechos humanos sea la causa de los institutos armados.

El gobierno debe tomar de inmediato cartas en el asunto, procesar por sedición a los miembros de esas organizaciones militares como organizaciones sediciosas o asociaciones terroristas, desmantelar esas organizaciones y exigir cuentas al general Izurieta, jefe del ejército, por el evidente abandono de deberes o ineptitud de que dan muestras los servicios de inteligencia de las diferentes ramas. Estos criminales, incluidos el ex general, no deben estar libres, no debe tolerarse que sus partidarios les amparen y protejan ni debe tolerarse que los organismos de seguridad hagan la vista gorda o, peor, participen en el encubrimiento de estos delitos.

El general Izurieta tiene mucho que decir. Muchos chilenos queremos seguir creyendo en su idoneidad y compromiso con la institucionalidad democrática. Ahora tiene que convencernos.

El Cura Venido del Infierno

Hace una semana fue secuestrada y retenida en un coche en La Plata durante unas horas Felisa Marilaf, ex sobreviviente de una prisión clandestina de la última dictadura argentina a fines de los años setenta. Sus secuestradores, luego de retirarle el brazalete con GPS de la policía que justamente impediría este tipo de agresiones, le advirtieron que no siguiera hablando. Que su secuestro era una advertencia a todos los demás. Pero Felisa Marilaf no está implicada en estos momentos en ningún juicio. La detención o secuestro y asesinato y desaparición de su compañero en 1976, no fue investigada nunca.
Pero según Página 12, su breve secuestro tiene relación con el segundo juicio oral del cura Christian von Wernich. Es el caso de este sacerdote el que llama mi atención. Pero digamos de paso que este atroz hecho demuestra que las fuerzas del mal en Argentina siguen operando en aparente impunidad, pues este secuestro demuestra su nivel de organización y su osadía -aunque no pueden dejar de ser cobardes, obviamente. Son de extrema derecha.

El cura von Wernich estuvo asociado a la policía bonaerense, a la brigada de homicidios y a una cárcel clandestina durante la última dictadura argentina. Ya fue enjuiciado una vez por secuestro, torturas y homicidio. El cura, un verdadero demonio, escapó a la justicia de su país y se asentó durante unos años, contando con la protección de la curia argentina y de elementos de extrema derecha al interior de la iglesia católica chilena, en El Quisco, donde este agente demoníaco llegó incluso a decir misa.

¿Quién era el cura diabólico? El cura ayudaba a los represores y torturadores a obtener confesiones o a facilitar la obtención de confesiones de las personas secuestradas y torturadas antes de que se las asesinara. Pero los testimonios de sus acciones son escalofriantes. Ofrecía ayuda espiritual a los detenidos para obtener confesiones, pero con los datos obtenidos hacía otra cosa. A los padres de unos detenidos se acercó a pedirles rescate, diciéndoles que conocía a los policías que los tenían secuestrados y que a cambio del dinero serían enviados a Europa, o a Uruguay, según afirmaba, donde podían comenzar una nueva vida. De vuelta en la comisaría repartía el dinero con los agentes y mataban a los detenidos en cuestión. En una ocasión, el cura von Wernich organizó un asado para celebrar un asesinato y la obtención del rescate.
El cura también participaba en sesiones de tortura, y participó también como ejecutante directo en el asesinato y posterior quema de los tres detenidos cuyos padres fueron engañados diciéndoles que los llevaría a Uruguay. En el camino -los sacaron de la comisaría con el mismo cuento, en coche- pararon y uno de los cuatro represores (un policía karateka que después se arrepentiría y confesaría lo que había hecho) le dio un fuerte golpe en la cara a uno de los secuestrados con el objeto de dejarlo inconsciente. Pero este se resistió y empezó a sangrar profusamente, manchando con sangre en la trifulca al cura, al chofer y al karateka. En palabras del testigo: "Cuando el N.N. (Moncalvillo) ve el arma se precipita contra ella y se entabla una lucha, que me obliga a tomarlo del cuello y le descargo varios golpes en la cabeza con la culata de mi arma. Se le producen varias heridas y sangra abundantemente, tanto que el cura, el chofer y los dos que íbamos al lado quedamos manchados".
El coche para, los obligan a descender y mientras el cura y los otros policías los sujetan, uno de los represores les inyecta un veneno directamente en el corazón, causándoles la muerte inmediata. Mientras tratan inútilmente de limpiarse la sangre de su ropa, el cura repite ante los criminales que los asesinatos cometidos son actos que son aprobados por Dios.
Luego desnudaron los cadáveres, los subieron al coche y trasladaron a la cárcel clandestina, donde los arrojaron a un hoyo en la tierra, con neumáticos, que usaban para incinerar a los asesinados. Tras el macabro espectáculo, se retiraron los participantes de la masacre a casa de uno de ellos que vivía cerca, donde se asearon y trataron de quitar las manchas de sangre de la ropa.

El cura asesinó o participó en el secuestro, extorsión, tortura, asesinato y desaparición y ultraje de cadáveres de más de treinta personas. (En el siguiente enlace se encontrarán varios documentos relativos al cura diabólico).

En el centro clandestino donde trabajaba el cura von Wernich se sometía a los detenidos a tratamientos indescriptiblemente crueles, que evocan las torturas a que sometían los nazis a los judíos. Por ejemplo, les daban de comer hojas de repollo crudo y pan duro cada tres días, hasta el punto que a veces los prisioneros se peleaban a golpes por la comida. En ese centro también se secuestró e hizo desaparecer a recién nacidos, tras lo cual se asesinaba a sus madres. También se ignora el destino de muchos bebés, sin tener la certeza de que fueran todos vendidos o entregados en adopción o utilizados sus cuerpos para otros fines.

Se equivocan quienes piensan, en Argentina como en Chile, porque en esto las dictaduras funcionaron similarmente, que los detenidos eran sino culpables de algún delito, al menos personas de izquierda, sobre quienes se volcaba la violencia de los criminales uniformados. Muchas de las víctimas, y quizás la mayoría de ellas, no eran ni terroristas ni izquierdistas, sino simples y corrientes personas que tuvieran la desgracia de cruzarse en el camino de las jaurías sedientas de sangre en que se habían convertido los cuerpos policiales. A unos, por ejemplo, los detuvieron y torturaron porque, siendo empleados de seguridad de un supermercado, habían sintonizado por error, con sus walkie talkie, una frecuencia policial. A otros se les detuvo, torturó y mató porque eran hijos de padres adinerados, a quienes obligaron a pagar rescates antes de matarlos (algunos de los casos del cura von Wernich). La arbitrariedad de las detenciones y torturas la ilustra también un testimonio de un sobreviviente, que fue torturado durante sesiones en las que le preguntaban si acaso él había matado a Gardel.

Todavía increíble es que elementos de la iglesia católica argentina protegieron y protegen al cura von Wernich, pese a las acusaciones, pese a los testimonios y pese al juicio al que ya fue sometido. Gracias a esta protección logró el cura escapar hacia Chile, donde trabajó en una parroquia de El Quisco diciendo incluso misas. Ahora esa iglesia aberrante lo sigue defendiendo. La revista Cabildo (publicada por un grupo de extrema derecha ‘católico' asociado a la curia conservadora) ha publicado incluso una carta del cura demoníaco en la que dice que se considera "prisionero de guerra" y como león en un circo romano. El pervertido llama a "orar para vivir esta persecución con la misma fuerza y valentía que los hombres, mujeres y niños que, entregados a los leones, bañaron con su sangre de mártires a nuestra Iglesia".

¿Qué decir de este tipo de personajes? No son simplemente represores, individuos que llevados por su fanatismo aplicaron atroces torturas y métodos de muerte a los que consideraban sus enemigos. Tampoco simples funcionarios, que cometieron crímenes porque les ordenaron cometerlos o por temer a perder sus trabajos o temor a que, si no obedecían, los mataran a ellos. Tampoco son simples delincuentes que, como el cura von Wernich, delatan falsamente a gente que conocen por su riqueza para cobrarles rescate y matar a sus hijos.

Son algo más. Son fundamentalmente lo que en el habla normal llamamos chacales, o sea, almas perversas o corrompidas, profundamente retorcidas, que disfrutan con el terror y el dolor que causan y que, como muchos nazis, como muchos chilenos (como Iturrriaga Neumman, la cobarde rata de la DINA) mentirán hasta la muerte en su intento de eludir la justicia. Pues eludir la justicia y evitar el castigo merecido es para ellos, hienas que son, demostración de su astucia e inteligencia. Y es este tipo de violencias y las acciones asociadas, de una profunda arbitrariedad, irracionales, injustificadas, las que dejan en claro para mí (aunque sé que es un punto de vista poco común) la presencia y acción del demonio en la Tierra.

El segundo juicio del cura maligno empezará dentro de algunos días. Hace algunas semanas, aparentemente personas que lo protegen llamaron al juez del caso y otros involucrados, incluyendo testigos, amenazándolo si llevaba demasiado lejos el juicio. En relación con un caso parecido hace un año se secuestró a un testigo, que ha sido probablemente asesinado. Sin embargo, todavía no se ha detenido a nadie en relación con ese secuestro ni las amenazas. ¿Será posible creer en la inoperancia e ineptitud de las fuerzas policiales y de la contrainteligencia? ¿Es el servicio de inteligencia argentino tan aparentemente inútil como el chileno -que declara ignorancia en cuanto al paradero de la hiena fugitiva que va por la vida con el nombre humano de Iturriaga Neumann?

Qué bien se ve nuestra iglesia católica (la chilena) cuando se la compara con iglesias aberrantes, verdaderos enclaves del demonio, como la argentina o la venezolana! Una iglesia que ha defendido durante décadas la doctrina social del catolicismo, que enfatiza la solidaridad y la piedad, antes que la jerarquía, el orden y el boato, y que ha optado casi siempre por la causa de los pobres y de los oprimidos, porque entiende, como muchos chilenos que no son necesariamente religiosos, que la causa de Dios es la causa de los pobres y de la tierra, o la patria, como dicen otros.

Volveré más adelante a tratar este tema de la filosofía natural, que por escribir, no fui a misa.

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