La Insolencia de la Clase Política

En La Nación del domingo 9 de septiembre, Fernando Gaspar, en su columna, trata de explicarse el estado actual de la derecha chilena, en particular de la derecha autoritaria que representa la UDI. Le asombra la ausencia de reflexión política, "la tendencia a utilizar la descalificación personal, la ofensa pública y la denuncia sin fundamento", que es un estilo que cultivan sus políticos. También, dice Gaspar, a esta derecha le siguen resultando incómodos "los temas de derechos humanos", y continúa ejercitando "el arte de la denuncia efectista y sin fundamento".
Así las cosas, dice Gaspar, parece evidente que podemos anticipar un quinto gobierno de la Concertación.

Gaspar no se equivoca. Esta actitud de la extrema derecha ha sido censurada y rechazada repetidas veces por la opinión pública, que es la razón que explica porqué los errores de gestión del gobierno no redundan en beneficios ni puntos políticos para la derecha. En las encuestas, y se viene repitiendo esta situación desde hace más de medio año, baja la apreciación de los ciudadanos en cuanto a la gestión de gobierno, pero al mismo tiempo desciende la aprobación de la oposición.
Una de las críticas más frecuentes es que la derecha crispa e irrita la vida política sin que sea evidente el sentido de esta estrategia. Quizás debilite al gobierno, pero la opinión pública la rechaza y, en realidad, termina debilitando a la propia derecha. Produce una cacofonía estridente sin objeto alguno, fútil, llena de acusaciones huecas y exageradas, muy parecida a la igualmente desdichada oposición de la derecha al gobierno socialista español. Obliga a los ciudadanos, y a políticos y funcionarios, a un permanente desgaste en pequeñas odiosidades, rendición de cuentas o inútiles o insignificantes.

Gaspar tiene toda la razón. Lo más sorprendente, creo, es que pese a la irritación de la opinión pública, pese a la pérdida de apoyo en amplios sectores de la ciudadanía, pese a la futilidad de muchas iniciativas, la derecha autoritaria, y la presuntamente liberal, insisten en continuar esa estrategia, que creen que es una estrategia de desgaste. Más rechaza la ciudadanía la gestión de la oposición derechista, más se emburra y persiste ésta en el griterío, los aspavientos y los desdenes desmelenados.
Y es esta conducta la que me sorprende. ¿Cómo pueden actuar de este modo esos políticos pese al generalizado rechazo de la población? ¿No tienen interés en que las cosas cambien? ¿Les deja indiferentes lo que piense la ciudadanía? ¿Les tiene sin cuidado llegar legítimamente al palacio de gobierno? ¿O, según decía un conocido comentarista político, no les interesa ser gobierno porque la Concertación, que gobierna para las neoliberales clases ricas, lo ha hecho muy bien estos últimos veinte años -quizás mejor que la derecha misma, que representa naturalmente los intereses de esas clases?

Pero esta actitud de arrogancia, indiferencia, desdén e insolencia no es monopolio de la derecha. Lo comparte también el gobierno socialista o concertacionista. Hoy mismo hemos presenciado una nueva muestra del autoritarismo y arrogancia del gobierno cuando prohibió que los manifestantes que rendían homenaje a las víctimas de la salvaje dictadura pasaran por la calle Morandé, que es la calle donde está la puerta por donde salieron las primeras víctimas de ese régimen.
Es difícil imaginar una decisión tan bruta e insolente. La presidente tomó una lamentable decisión. Aunque sólo fuera por razones simbólicas, el palacio de gobierno, lo mismo que las calles adyacentes y en realidad todas las demás, pertenecen al pueblo, no a las autoridades. Ningún criterio, ninguna argucia, ningún truco de circo puede ocultar lo que es obvio. Simplemente no corresponde que el gobierno se arrogue ese derecho, sea o no parte de sus competencias. Y la argumentación del gobierno, ciertamente, es una increíble insensatez: dice que prohibió que los manifestantes pasaran por esa calle porque el año pasado un agitador anarquista arrojó una bomba incendiaria que quemó una de las ventanas del palacio. Un argumento francamente burro.

El gobierno también olvidó algo más: el palacio de gobierno es donde encontró la muerte Salvador Allende, que sigue siendo el presidente de los chilenos de bien. El palacio es también un templo, por decirlo así. Y en la plaza de ese templo hay una estatua del presidente de Chile, al que los manifestantes querían rendir homenaje por su lucha por el bienestar y la dignidad de las clases pobres.
No pudo ser. Lo impidió un gobierno socialista. ¿De dónde proviene tanta arrogancia y tanto desprecio por el pueblo por el que Salvador Allende dio su vida? ¿Y cómo entender esta actitud en políticos que son tan surrealistamente miembros del mismo partido que el presidente Allende?

Esta actitud insolente ya se había advertido cuando las negociaciones en el parlamento para el aumento del salario mínimo, antes de la súplica de monseñor Goic. En esos días se acercó a los políticos el dirigente sindical Arturo Martínez a pedirles que consideraran aumentar el salario mínimo a 180 mil pesos. Imagino que Martínez no llegó más allá de las puertas del palacio, si es que pudo llegar hasta allí. Su petición fue rechazada y ridiculizada. Los políticos se pusieron de acuerdo entre ellos, y posteriormente se felicitaron amplia y públicamente por el buen resultado de las negociaciones. Así es rico hacer política, llegó a decir la señora del palacio. Los políticos habían acordado, entre gallos y medianoche, que subirían el salario mínimo en unos ocho mil pesos, de 135 mil pesos a 144 mil pesos, algo así como el diez por ciento. Se felicitaron en todos los tonos en lo que era evidentemente un abuso que para los católicos se hizo obviamente intolerable.
Aparte de este bochornoso espectáculo, a ese diez por ciento habrá que descontarle el 3.4 por ciento de inflación de 2006 y la inflación acumulada en 2007, que sabemos que va en un cinco por ciento. En otras palabras, el aumento salarial se reduce en realidad al 1.6 por ciento del salario. Una verdadera vergüenza.

Y cuando los católicos, encabezados por monseñor Goic, reclaman contra esta patente y escandalosa burla, el gobierno, en lugar de actuar, nombra una comisión de casi cincuenta miembros que deberán, ellos, de aquí a unos meses (que se volverán años), proponer al gobierno un proyecto de reforma salarial, todo lo cual es una iniciativa espúrea, habida cuenta que en dos años ya tendremos nuevamente cambio de gobierno. Y sorprendente es que en esa comisión oficial no hay dirigentes sindicales ni pobladores ni trabajadores contratistas ni niños explotados y abusados, ni asesoras del hogar, en fin, nadie de esas clases sobre cuyas necesidades un grupo de señorones y señoronas diplomadas y bien pagadas deben decidir cómo deben mejor satisfacerlas para no morir de hambre y abandono.
Porque en Chile, espantosamente, los trabajadores no escapan de la miseria con su trabajo, sino que trabajando se hunden más en ella.

Dice Gaspar refiriéndose a la extrema derecha y a la conducta que explicamos al principio de este escrito (de insolencia, arrogancia e indiferencia hacia la ciudadanía), que esta conducta se explica porque la derecha permanece "aferrada al banco de los resentidos con la libertad y la democratización en la sociedad chilena", porque sus políticos sienten nostalgia por la dictadura y porque creen que sería mejor que en Chile no cambiara nada nunca.
Yo tiendo a pensar que esta actitud, que, como digo, comparten derecha e izquierda, gobierno y oposición, no puede explicarse solamente de este modo. Tratándose de un mal que afecta a la clase política en su conjunto, debe haber una sola explicación para esta insolencia.

Y me parece evidente que la explicación reside en que Chile es un país sin democracia, donde los políticos y partidos de los dos bloques establecidos se repartirán siempre a su buen entendimiento no solamente los recursos del fisco, sino también y eternamente todo el poder que se permitan. Porque los legisladores que tendrán los chilenos son, en lo que los políticos llaman el sistema político chileno (el sistema binominal, que no sé dónde en el mundo es reconocido como democracia), conocidos de antemano y serán perpetuamente los mismos.

Así se explica que no les interese en absoluto ni lo que piense la ciudadanía en las encuestas ni cómo voten los chilenos en las urnas, porque los resultados de las votaciones son irrelevantes para la clase política. Veamos un ejemplo. De los 38 senadores que tiene Chile, sólo 19 son elegidos. Los otros 19 son designados por el sistema. ¿Curioso? El régimen político establece que, presentadas dos listas o pactos o conglomerados o bloques, si en una circunscripción electoral (Chile tiene 19) la primera mayoría electoral la obtiene digamos el Pacto 1, el segundo candidato elegido (porque cada circunscripción sólo elige a dos legisladores senatoriales, por ejemplo) es automáticamente el primer candidato del Pacto 2, irrespectivamente de la votación efectiva, a menos que el segundo candidato del Pacto 1 doble la votación del primer candidato del Pacto 2.
O sea, si en las próximas elecciones legislativas la población elige propiamente a 19 candidatos, y si estos candidatos son del Pacto 1, los otros candidatos designados serán 19 candidatos del pacto opositor o Pacto 2. Así se anulan efectivamente los resultados en las urnas. Poco importa cuántos ciudadanos voten. Esos resultados serán siempre así, nada puede cambiarlos. Voten cinco millones o diez mil, los resultados serán siempre invariables. Y aunque la posibilidad de incluir un tercer pacto existe en la ley, es de todos modos igualmente ridículo, porque el candidato del Pacto 3 también se enfrenta a los mismos mañosos e insuperables obstáculos.

Obviamente, es una democracia manipulada por un payaso atormentado. Y en este caso se trata de un payaso comunista, porque esta extraña y kafkiana democracia, la inventó nada menos que el general comunista polaco Jaruselsky cuando intentó limitar el poder de los sindicatos del país en 1981.
Con este sistema se ha formado una poderosa clase política que comparte intereses muy precisos de supervivencia. Los escaños de los partidos de gobierno y los escaños de la oposición están asegurados por siempre. Bien podrían los chilenos votar una sola vez en la vida, pues nada cambiaría. Y poco importa por quién voten los ciudadanos, porque si votas por el candidato 1, el sistema te impone al candidato 2, tenga o no tenga votos. Y si votas por el candidato 2, el sistema te impone al candidato 1.
Dice la extrema derecha que este sistema garantiza la estabilidad política de Chile. Vale decir, les asegura el poder político eterno y una buena tajada del erario público independientemente de la voluntad de la población, porque si el sistema fuera una democracia normal, como las que conocen los países civilizados del mundo, es muy probable que la extrema derecha desaparezca simplemente del mapa político chileno.

En Chile los políticos han conformado una clase aparte. Fijan alegremente un salario mínimo de hambre (144 mil pesos) para el pueblo trabajador y casi 15 millones para ellos mismos (aunque finalmente sólo se metan al bolsillo cinco millones). Un legislador en Chile gana 104 veces más que un trabajador; en el mejor de los casos, 34 veces más. Y, oh portento y milagro, los payasos se fijan ellos mismos el salario, mientras que el de los trabajadores lo determinan los patrones en, como sabemos, alegres tertulias con los legisladores que el buen pueblo cree que elige.
Entonces se explica lo que presentimos: a nuestros legisladores les da un bledo lo que ‘determine' la ciudadanía en las urnas, porque ellos, sustentándose en una Constitución escrita con letra chica, estarán siempre ahí gobernándonos, nos guste o no, nos opongamos o no. Y seguirán pensando que una familia política, extrañamente, necesita 104 veces más dinero para sobrevivir que una familia de chilenos corrientes.
La derecha y la extrema derecha seguirán actuando de la misma manera. Los partidos y políticos de gobierno seguirán actuando de la misma manera. La clase política no depende de nuestros votos. Lo que pensemos los ciudadanos les deja fríos. No contamos. De ciudadanos no tenemos más que la chapa, porque en realidad somos esclavos y siervos. De aquí a que los políticos empiecen a casarse entre ellos para formar estas tan provechosas dinastías no hay más que un paso.

Granier, Visita No Grata

Visita el país por estos días el presidente de RCTV Caracas, el canal venezolano cuya licencia no fue renovada este año por las autoridades y que ha sido acusado de haber participado en el golpe de estado contra el gobierno del presidente Hugo Chávez en abril de 2002. Entonces, el presidente de la organización patronal de Venezuela, Pedro Carmona, fue instalado brevemente en el poder. Durante su breve período de gobierno ordenó asesinar a Chávez, asesinato que fue impedido por los soldados encargados de su custodia en un regimiento. Carmona, con la aprobación de Chávez, se refugió en Colombia. RCTV colaboró activamente con este usurpador.

Este señor, Marcel Granier, vino a Chile a agradecer a la extrema derecha (UDI, partido pinochetista) y sus aliados democrata-cristianos, su colaboración en las campañas contra Chávez, en las cuales el Senado chileno tuvo también la desfachatez de participar. Curiosa situación en que una institución eminentemente autocrática, como el autodesignado Senado chileno, reprocha al gobierno venezolano conductas poco democráticas porque este se niega a permitir que ese canal continúe sus transmisiones ilegales por el sistema público (aunque sí lo puede hacer en la televisión por cable). RCTV era un canal eminentemente al servicio de intereses políticos obscuros que había convertido su oficio en atentar contra las instituciones democráticas de Venezuela, llegando incluso a hacer apología de la violencia contra el gobierno legal y legítimamente elegido. Un absurdo que me alegro que, si acaso fue así, el gobierno de Chávez haya castigado con su exclusión.

El presidente de RCTV viene nada menos que a pedir ayuda a la UDI, obviamente, y al Senado chileno, para restaurar la democracia en Venezuela. Qué caradura. Según organizaciones internacionales por encima de toda sospecha, como el centro del ex presidente norteamericano Carter, la democracia venezolana es una de las más honestas y abiertas del mundo. Venezuela ciertamente posee un sistema político pero de lejos más democrático y, por tanto, superior, a la magra farsa de democracia que es Chile. No sorprende que el venezolano pida justamente ayuda al sector político que fue cómplice activo de la dictadura más brutal e injustificada de la historia del país. Y que, en segundo lugar, pida ayuda a Chile, un país que todavía se rige por el ridículo y torcido sistema político implantado por la Bestia.

Las palabras de Granier carecen de sentido. Dice por ejemplo que los venezolanos (se refiere a él mismo y sus patrones, porque que yo sepa el ochenta por ciento de la población votó por la coalición chavista en las últimas elecciones) quieren un proceso que permita la participación. ¿Pero a quién quiere engañar? Son los partidos de derecha los que se excluyeron voluntariamente del proceso político venezolano cuando descubrieron que, en las encuestas de intención de voto, no lograban ni siquiera el cinco por ciento. En otras palabras, la derecha venezolana está socialmente muerta y enterrada. Simplemente no existe. No representa a nadie. Nunca representó a nadie.

En un editorial reciente del diario liberal estadounidense New York Times se criticaba fuertemente a la derecha venezolana, a la que responsabiliza en parte de la situación por la que pasa debido a su delirante ineficiencia. RCTV se casó con la extrema derecha y perdió. Se excluyó a sí misma del proceso político en un intento de quitar legitimidad al gobierno de Chávez y perdió. Ahora no le queda más que pagar la cuenta.

El editorial del New York Times (en mQh la versión en español; véase también Vox Populi Vox Dei ) es de una increíble e injustificada virulencia. Llama la atención que un diario liberal haya adoptado el punto de vista de los patrones venezolanos. Llama orwellianas a las reformas constitucionales propuestas por Chávez y neolengua su concepto de democracia participativa. Dice que se quiere aferrar al poder y concibe la reforma que le permitirá al presidente venezolano volver a ser reelegido como un acto que socava la democracia.
Este argumento es muy dudoso. Según esta norma, en la lista de enemigos de la democracia entrarían también Fujimori, Lagos, Uribe, que introdujeron reformas constitucionales para ser reelegidos. (No estoy diciendo que estos presidentes no hayan incurrido en prácticas antidemocráticas, sino que introdujeron reformas para ser reelegidos). Y obviamente, también ingresaría a esta lista su propio Franklin Roosevelt, que se hizo reelegir nada menos que cuatro veces (Pinochet usurpó el poder durante diecisiete años; Roosevelt gobernó durante veinte). Esto simplemente no es un argumento. De momento, la respetabilidad democrática de Venezuela sigue intacta, sobre todo si se la compara con democracias realmente orwellianas, como la chilena.

El diario lamenta y reprocha a Venezuela que los miembros de la Asamblea Nacional sean de la coalición chavista. ¿Pero qué quieren los neoyorquinos? La derecha se negó a participar en las elecciones. Y el pueblo venezolano no los quiere ni en pintura. El parlamento venezolano fue elegido en elecciones democráticas intachables, sin legisladores autodesignados, y los que están ahí son los que el pueblo venezolano quiere que estén. ¿Les gustaría que el presidente Chávez nombrara a algunas gárgolas a pesar de la voluntad popular?
¿Como en Chile?

Le parece al diario mal que los jueces de la Corte Suprema sean partidarios del presidente Chávez. Poco le faltó para decir que no son jueces o que no son profesionales, sino matones importados de las villas miseria o de las cárceles venezolanas. ¿En qué país no son los jueces de la Corte Suprema nombrados por el ejecutivo? La tiranía norteamericana tiene una Corte Suprema con jueces que fueron nombrados por el presidente Bush, quizás uno de los políticos menos inteligentes de la historia occidental. En Chile la Corte Suprema también es nombrada por el presidente. En Chile justamente todavía no hay justicia ni se avanza judicialmente en casos de derechos humanos; en Chile el dictador murió en la cama pese a tener más de doscientos procesos criminales en su contra porque el señor Lagos (Nuestro Hombre en Santiago) nombró a jueces encargados de impedir que hubiese justicia en Chile.
Que el presidente, directamente o eligiendo candidatos propuestos, nombre a los jueces de la Corte Suprema, es una práctica normal de todas las democracias occidentales y nada tiene de autocrático -a menos que convengamos en que todas las democracias, en este sentido, son autocráticas. Se lo considera un elemento de estabilidad indispensable para el funcionamiento mismo de la democracia.

También le parece al editorialista del New York Times mal que los gobernadores sean chavistas. ¿Qué quiere? Así fueron elegidos por el pueblo. ¿Qué debe hacer Chávez? ¿Nombrar a los gobernadores? Y si fuesen nombrados, seguramente pretendería que fuesen, además, antichavistas. ¿Qué nos habrán visto estos mentecatos de Nueva York? También reprochan que las compañías nacionalizadas sean dirigidas por profesionales leales a Chávez. ¿Qué pretende? ¿Quiere que Chávez instale en posiciones de tanta importancia para el país a enemigos de sus reformas? Realmente, no sé qué bicho puede haber picado al editorialista, normalmente bastante razonable.

Le molesta al editorialista que Chávez podrá, si las reformas son aprobadas, expropiar propiedades sin esperar la aprobación de tribunales. Pero el presidente ha sido claro en que se expropiarán las propiedades que constituyan un obstáculo para el desarrollo del país y que dichas expropiaciones serán pagadas de acuerdo al valor de mercado -como ocurrió, se recordará, en la época de Allende. Pero tampoco esta atribución del gobierno tiene nada de antidemocrática, menos todavía si es aprobada por los votantes venezolanos. Entiendo que pueda no gustarle, pero la práctica de expropiar propiedades que se convierten en obstáculo es habitual en todo el mundo, incluyendo a Chile, donde, por ejemplo, se expropió últimamente con bastante violencia las propiedades que yacían en la línea del trazado del metro. Chávez quiere acelerar la reforma agraria y es coherente con su plan de reformas que sus funcionarios puedan expropiar de manera rápida y expedita a los latifundistas que son un obstáculo para el futuro de Venezuela. Y estas reformas, tan terriblemente necesarias, tienen poco que ver con la izquierda y el izquierdismo o el marxismo, ya que fueron iniciadas por la Revolución Francesa en Europa y en América Latina por el presidente John F. Kennedy, con la activa participación de la democracia cristiana.

Así que el presidente de la RCTV no nos puede engañar ni puede seguir engañando. Yo concluyo de todo esto que la derecha venezolana es realmente boba. Flaco favor le hace a su partido asociándose con gentes como los matones de la UDI, que son enemigos acérrimos de la democracia y partidarios del terror y del crimen y que existen todavía socialmente gracias al sistema heredado de la Bestia, no por voluntad popular. Visitando a esas gárgolas Granier no ha hecho más que meter otro clavo en la tapa del ataúd de RCTV y de la derecha venezolana. Pese a esto, sigue siendo persona no grata.

Carta a un Joven Chileno 2

Algunos lectores me han reprochado aparentemente que no mencionara en mi carta anterior ni a la Cuba de Castro, ni a la Venezuela de Chávez. No me ha parecido pertinente. Un lector afirma que en Cuba se cometen torturas, y en Venezuela, atrocidades.
Las torturas y violaciones de los derechos humanos son reprensibles siempre, en todo lugar y en todo contexto. Es tan reprensible que se cometan en Cuba como en Rusia, en Argentina o Indonesia, en Chile o en el Congo. No sé si se tortura en Cuba. Si se torturase allá, me parecerían actos repugnantes y ciertamente reprochables. Ningún bloqueo puede justificar esas conductas. Hay muchos modos -y entre ellos el judicial- para impedir que sospechosos o enemigos declarados causen daño al país o a los ciudadanos.

En cuanto a Venezuela, no sé qué quiere decir el lector con "atrocidades". Que yo sepa, el gobierno de Hugo Chávez no se ha hecho responsable de ninguna atrocidad. Y yo mismo he reprochado al presidente Chávez haber dejado escapar al jefe de los patrones que, durante su breve período en el poder tras el golpe de estado, mandó a matar a Chávez, lo que no ocurrió porque los soldados de la guardia lo impidieron. Ese usurpador debió ser entregado a la justicia y procesado. Y en ese contexto, yo hubiese considerado justo que fuese fusilado o encarcelado de por vida. No solamente, y fundamentalmente porque ordenó el asesinato de Chávez, sino además porque sabemos por fuentes fidedignas que el jefe de la patronal venezolana mandó a disparar contra manifestantes con la intención, además, de matar a algunos de sus propios partidarios para culpar al gobierno bolivariano y justificar el golpe de estado. Parece cuento, pero no lo es. (La trama la descubrió el corresponsal de la CNN en Caracas).

Pero no mencioné al azar, en los comentarios a otros lectores, a Hitler, Pol Pot, Pinochet e Idi Amín Dada. Estos, y ciertamente otros que no incluí, se distinguen de los tiranos y dictadores corrientes porque tienen como denominador común la persecución de modelos de sociedad totalitarios y perversos donde las torturas y ejecuciones, la suspensión del imperio de la ley y la instauración de una cultura del odio son características estructurales, definitorias de sus regímenes. Hitler condenó al exterminio a una raza, y se aplicó a su plan sin que se le pasara por la mente nunca una consideración humana. Idi Amín Dada llegó a ser caníbal, tal era su desprecio por la vida humana. Pol Pot se empecinó en asesinar a todos los camboyanos que consideraba que habían sido contaminados por la cultura occidental: gente que hablaba inglés, maestros de escuela, taxistas. Pinochet quiso exterminar a todos los que, en su opinión, eran comunistas, definiendo el concepto comunista al buen tuntún, atribuyéndoles arbitrariamente propósitos estúpidos y descabellados (Plan Z, por ejemplo) y llegando al extremo, en 1974 y 1975, de implementar un plan de torturas indiscriminadas contra la población chilena que redundó en casi doscientas mil víctimas, muchas de ellas hasta ese momento partidarias de su régimen.
Ciertamente, a esta galería de la infamia se pueden agregar muchos más. Stalin, por ejemplo, que ordenó ejecutar a los que eran considerados de clase media y alta, vale decir, decidió la muerte de millones de personas sobre la base de que sus ingresos y modo de vida les convertían en contrarrevolucionarios. Mao Tse-Tung, que ordenó igualmente la masacre de millones de campesinos de clase media. Milosevic, el tirano yugoslavo, que quiso exterminar a la población musulmana de Bosnia. La lista sería bastante larga.
En los casos que he mencionado, las violaciones a los derechos humanos de los ciudadanos o de categorías de ciudadanos eran una parte fundamental, sistemática, de esos regímenes.

Negar a otro ser humano su condición sino de humanidad, al menos de igualdad, es un rasgo permanente en la historia del hombre. Pero no todas las violaciones a los derechos humanos presentan ese carácter sistemático, calculador, profunda y metafísicamente inhumano. En la vida política se cometen excesos en períodos convulsionados, pero esos excesos no son sistemáticos. Es posible que un grupo de combatientes, por ejemplo, en el fragor de la lucha fusile a sus prisioneros de guerra (que es ciertamente un delito atroz), pero será difícil imaginar que decidan asesinar a todas las personas que hablen inglés, que tengan familiares comunistas o fascistas, o a todas familias que tengan en sus gallineros más de tres gallinas -que, aunque suene absurdo, han justificado el asesinato de cientos de miles de personas. Es fácil comprender, por ejemplo, que un régimen ordene la captura de sus enemigos declarados; pero ¿cómo entender, por ejemplo, que Pinochet diera a sus jefes de guarnición regionales cuotas de detención de ciudadanos que debían ser torturados, sin ser acusados nada, para ser dejados en libertad al día siguiente, con la indicación de que si los detenidos por violar el toque de queda no eran suficientes, se debía aprehender a otros, indiscriminadamente, hasta cumplir con las cuotas? ¿En qué mente humana tiene sentido esta orden? ¿En qué lógica enfermiza se habrá basado este cálculo del terror? ¿Habrá jugado el tirano con alguna teoría sobre la significación de los números?

Yo considero demoníacos a este tipo de regímenes que, a diferencia de las dictaduras o tiranías que podríamos incluso llamar normales, practican las formas más crueles y sistemáticas de violencia y opresión. Tal pareciera que los conflictos humanos son para sus jefes meras excusas para dar curso a su odio contra la humanidad -porque lo mismo torturan y matan por respetar, por ejemplo, el toque de queda, como por no respetarlo; lo mismo torturan y matan a ciudadanos por ser comunistas, como matan a otros para acusarles de comunistas luego de asesinados -y algunos de ellos gentes de su propio bando. Son regímenes arbitrarios en los que el ciudadano vive en constante temor, porque nunca sabe qué puede desencadenar la violencia y el odio de sus gobernantes. Y son, además, regímenes que instauran sistemas de valores pervertidos, en los que, por ejemplo, se elogia y recompensa el servilismo, se ensalzan las características innatas, se reduce al ser humano a condición de mercadería (y, como en el caso chileno, se le extraen los dientes de oro para traficarlos en el mercado; en el caso argentino, las prisioneras que tras ser violadas quedaban embarazadas, eran retenidas hasta dar a luz, luego de lo cual eran asesinadas y sus hijos vendidos o entregados a familias de militares) o se inyecta el odio en las familias (el Ejército del Señor, en África, estaba formado por niños asesinos que, como se ha demostrado, se iniciaban asesinando a sus padres).

¿Qué atrocidades ha cometido Chávez? ¿Ha ordenado el exterminio de algún grupo? ¿Torturan sus policías sistemáticamente a sus opositores? ¿Hay fusilamientos, campos de concentración, violaciones, torturas, fosas comunes, desapariciones? ¿Es su régimen una dictadura? Todas estas preguntas se pueden responder con un rotundo No. El presidente Chávez está donde está por voluntad popular, y su régimen y sus elecciones han sido consideradas por numerosas comisiones internacionales como ejemplares para el mundo. No es un dictador ni un tirano, sino un presidente. No hay en Venezuela campos de concentración. No se persigue a políticos, sino a delincuentes. Las atrocidades que conocemos de Venezuela las han cometido grupos de reaccionarios y fascistas, como el señor Carmona. Si hubiese campañas de exterminio, campos de concentración, fosas comunes, desapariciones -como en el Chile de Pinochet, como en la Rusia de Stalin- lo sabríamos.
Bien consideradas las cosas, en Chile todavía se cometen hoy en día más violaciones a los derechos humanos de sus ciudadanos que probablemente en Venezuela, porque acá los tribunales continúan denegando justicia a las víctimas del régimen militar o imponiendo sentencias ridículas a los militares y agentes civiles procesados. Y de los cientos de criminales que actuaron en Chile, ¿cuántos están en prisión o bajo tierra? ¿Cuántos han sido condenados a muerte? ¿Cuántos, pese a la abundancia de pruebas, acusados de traición? Y en Chile las autoridades, pese a ser socialistas, continúan permitiendo la violación generalizada de los derechos humanos de las clases pobres del país.

Para Qué Sirven los Partidos Políticos

En los últimos meses y semanas he leído en la prensa sobre la formación o el anuncio de formación de varios partidos políticos. Según mis cuentas, en Santiago se está formando un partido con varias agrupaciones de la izquierda extraparlamentaria. Hay otra iniciativa -no sé si es la misma- en la que destaca que el futuro candidato presidencial de ese partido sería Jorge Arrate, ex ministro de dos gobiernos de la Concertación. También está en formación el partido Chile Primero. En el sur de Chile se estaría formando un más bien incoherente partido pinochetista. Y también hay en formación varios partidos regionalistas.
Si los partidos no tienen intención de participar en el proceso político chileno y aspiran a representar a los ciudadanos en las instituciones políticas del país, no se entiende para qué pudiese querer alguien que se funden. Habitualmente la razón de ser de los partidos es representar a los ciudadanos. Y se los representa después de presentar candidatos y participar en elecciones.

Mi asombro es que, dado que Chile es regido por el torcido sistema electoral que dejó la dictadura, que conocemos como binominal -escrito de puño y letra por el político de extrema derecha Jaime Guzmán-, ninguno de los partidos que se están formando, ni los que se formen o quieran formar en el futuro, tiene posibilidad alguna de realizar las aspiraciones políticas que, como digo, serían propias de un partido político. Vale decir, ninguno de estos partidos podrá representar a sus ciudadanos en ningún órgano representativo de la república. El sistema binominal lo impide. Mejor dicho, los excluye de antemano. El sistema fue ideado para impedir la vida política democrática de Chile; fue creado para mantener una clase política que se reparte la representación de Chile en dos grandes bloques. Fue creado para perpetuar la presencia de la extrema derecha en las instituciones de la república y ahogar de modo permanente las aspiraciones de libertad y democracia de los chilenos. Las posibilidades de que partidos pequeños independientes lleguen alguna vez a tener representación en este sistema son prácticamente nulas.

¿Por qué excluye el sistema binominal la participación? Porque el sistema se funda en la protección de la minoría. En una circunscripción el segundo candidato con más votos no tiene asegurada su elección, pues si pertenece al mismo conglomerado político que el primero, deberá doblar en votos al primer candidato del segundo conglomerado para ser elegido. De no ser así, el segundo candidato elegido es el que tenga más votos del segundo conglomerado, aunque tenga menos votos que el segundo candidato del primer conglomerado. Así, por ejemplo, en las elecciones parlamentarias de 1989, los dos candidatos de la Concertación -Andrés Zaldívar y Ricardo Lagos- obtuvieron cada uno más del 30 por ciento de los votos; los candidatos del bloque de derechas -Jaime Guzmán y Miguel Otero- obtuvieron respectivamente el 17 y 15 por ciento de los votos. Sin embargo, el modelo binominal impuso como senador a Jaime Guzmán, pese a no contar legítimamente con los votos necesarios para ser elegido -porque la segunda mayoría de la Concertación no doblaba en votos a Guzmán. Este sistema aberrante puso así a dirigir los destinos del país a un señor que, según los votos, no habría llegado ni a concejal. Ahí estaba, pues, el más grande defensor de la dictadura instalado en el poder por encima de la voluntad ciudadana. (Véase una descripción del sistema aquí).
Y sólo menciono ese aspecto del sistema binominal.

¿Para qué, pues, fundar partidos si la posibilidad de participar en el sistema electoral es simplemente remota o imposible? Para ser coherentes, estos partidos en ciernes, o ya formados pero nuevos, deberían empezar demandando la convocatoria de una asamblea constituyente para redactar una nueva Constitución y someterla a votación popular en un referéndum posterior. Obviamente, la votación para la asamblea constituyente debería ser estrictamente proporcional. Para la redacción de la Constitución debería formarse una comisión en base a los resultados reales del referéndum.
De esta manera, Chile podría tener una Constitución más justa o en cualquier caso más ajustada a los sentimientos y opciones de la ciudadanía y, obviamente, más moderna. Si Chile tuviera una Constitución democrática, hoy en el parlamento no habría políticos de extrema derecha, a los que la ciudadanía repudia en las urnas. (En todo caso, no habría políticos que no representan las opiniones mayoritarias del país). Y entonces sí tendría sentido formar partidos políticos; tendría sentido formar y presentar candidatos; y tendría sentido aspirar a representar a los ciudadanos en las instituciones legislativas de la república.

De momento, formar partidos políticos no tiene ningún sentido. Ni siquiera votar tiene demasiado sentido. Lo único razonable en este esquema es que el partido nuevo se incorporara en su momento a alguno de los dos grandes pactos electorales y negociara su participación en circunscripciones específicas. Esto, sin embargo, no haría más que perpetuar el sistema binominal y, por tanto, consolidaría su usurpación de la voluntad ciudadana. Por otro lado, las posibilidades de éxito del llamado a una asamblea constituyente, en la cultura política acomodaticia que ahora tiene Chile, son muy limitadas. ¿Qué hacer?

2
[Lo que sigue son respuestas a algunos comentarios en un portal chileno]

En Chile en el pasado -y no muy remoto- un partido político era una organización que tenía por objetivo adquirir poder para, obviamente, tratar de realizar su programa. La realización de este programa no siempre se ajustaba a las normas de participación política que definen a las democracias. Algunos partidos, por ejemplo, propugnaban la ‘conquista' del poder por medio de las armas, sea mediante un golpe o asonada militar, sea vía una insurrección o revolución popular. Hay muchas formas intermedias, y más allá. Así, había en Chile partidos con milicias paramilitares. Aparte milicias, los partidos solían ofrecer toda una gama de servicios sociales para los ciudadanos: ayuda jurídica, asistencia en la formación de sindicatos y sindicalistas, en temas de educación, en problemas municipales y de barrio, etc.

Hoy en día es casi imposible pensar en la existencia de partidos semejantes. Quizás se pueda fomentar la vocación social de los antiguos partidos (no sé si es legal), pero ciertamente la formación de milicias paramilitares es una acción simplemente intolerable. Hoy un partido es una organización de ciudadanos con el fin de presentar un programa y sus candidatos en las elecciones a las instituciones legislativas, a todo nivel, del país. Si alguien quiere participar en política, debe aceptar este curso.

La política no es algo malo: su objetivo es participar en las decisiones en cuanto al uso de los recursos para orientar el país, y sus grupos constituyentes, en la dirección que han definido los partidos en sus programas y que cuentan con algún respaldo de la ciudadanía. Algunos creen que uno es serio en política cuando se une a esfuerzos existentes, a partidos existentes que ya cuentan con muchísimos seguidores y electores y experiencia en el manejo de los asuntos del estado. Estos son realistas: Si realmente quieres cambiar algo, si quieres hacer la diferencia, deberías elegir entre algunos de los partidos mayoritarios, que son los únicos que pueden efectivamente introducir cambios. Otros apuestan a formar partidos nuevos y empezar desde abajo o desde cero. Son los idealistas. Cada uno puede reflexionar en el curso de acción política más adecuado.

Mi reflexión sobre los partidos políticos empieza con la constatación de que los ciudadanos que quieran hoy introducir cambios o apoyar programas que no están incluidos en las plataformas de los grandes partidos (los partidos socialmente existentes), si creen que la solución es formar un partido político nuevo, creo que se equivocan. La estructura política chilena no facilita la participación de agrupaciones que estén fuera de la casta o clase política que ya está definida con antelación. Vale decir, si no eres el bloque de extrema derecha o del bloque concertacionista, tienes muy pocas posibilidades de hacer o significar algo en política.

El sistema político chileno no es democrático. El sistema binominal instaura simplemente una farsa cuyo fin es mantener intactas no solamente las estructuras instaladas a sangre y fuego por la dictadura pinochetista, sino además proteger y mantener en el poder a políticos de extrema derecha que defenderán el legado del tirano. En esta estructura política, el bloque de extrema derecha tendrá prácticamente siempre la mitad del mango de la sartén, así voten los ciudadanos una y otra vez contra ellos. Esos senadores de derechas no son elegidos; son simplemente impuestos por la estructura política. Recuerden que en 1989 el candidato de extrema derecha Jaime Guzmán fue ‘elegido' con el 17 por ciento de los votos; y el candidato demócrata que logró el 30 por ciento del apoyo ciudadano, no fue elegido. Esto de democracia no tiene nada. Es una ridícula farsa de la que ningún chileno puede sentirse orgulloso, pues nos ha convertido en el hazmerreír del mundo civilizado. Es una democracia contaminada por el nepotismo.

Lo peor, sin duda, es que desalienta la participación política. ¿Qué de bueno podría tener continuar votando si finalmente mi voto ni siquiera va a ser tomado en cuenta? Es como esas elecciones fraudulentas de los regímenes dictatoriales, en que los ciudadanos sólo pueden optar entre candidatos prenombrados. De hecho, el sistema es tan transparente que puedes saber de antemano cómo se verán las Cámaras después de las elecciones. Si la intención de voto otorga la mayoría de los votos al candidato del pacto 1, ya sabes quién será elegido en segundo lugar, voten o no voten por él o ella los ciudadanos. Es un sistema profundamente corrupto, porque determina que al menos la mitad de los candidatos no son elegidos en virtud de las aspiraciones y votos de los ciudadanos, sino por imposición del sistema cuyo objetivo es mantener en el poder a las fuerzas políticas que apoyaron a la dictadura. El sistema binominal es simplemente la continuación de la dictadura pinochetista.

Lo terrible, creo, es que no se atisba una solución. La derecha y extrema derecha no querrán nunca reformar la Constitución; están en el poder contra la voluntad ciudadana y, encima, han aprendido a enriquecerse pagándose a sí mismos sueldos fabulosos (hasta quince millones al mes). ¿Qué senador o diputado no elegido va a querer dejar de serlo, sobre todo si consideras que gana ese dinero gracias justamente a que es nombrado sin ser elegido? Y, además, en los círculos de los que pudieran apoyar una reforma constitucional (en la Concertación), hay partidos y políticos que, como los de derecha, también se oponen a esa reforma. Las perspectivas de reformar la Constitución y transformar a Chile en un país democrático son prácticamente inexistentes.
Por eso debemos seguir preguntándonos: ¿Qué hacer para lograr este anhelo de los demócratas del país de hacer entrar a Chile al bando de las democracias del mundo? Porque de momento, sin dictador, pero igualmente sin democracia y con legisladores autoimpuestos, Chile se encuentra simplemente en el limbo de las autocracias colectivas.

3
[Respuesta a una lectora y propuesta de anular las papeletas de votación]

Yo tampoco estoy inscrito [en el registro electoral] y no sé si votaré. Según mis cálculos, este extraño, orwelliano y kafkiano sistema electoral quita sentido a las elecciones, porque en la práctica, votemos los ciudadanos por quien votemos, el segundo legislador elegido de cualquier circunscripción será con toda probabilidad, salvo casos excepcionales, del bloque opositor. O sea, si el candidato 1 del pacto A obtiene una mayoría de votos, el segundo candidato ‘elegido' será el candidato 1 del pacto B, independientemente de la orientación política de los pactos. Por tanto, mi participación en las urnas es redondamente inútil. Las fuerzas políticas se cancelan eternamente.
Esta idea de democracia es una farsa de pesadilla escrita por payasos mal intencionados. Lástima que Chile todavía se rija por esta memez. ¿No debería someterse a plebiscito? Quizás entonces lo podríamos borrar de nuestra historia.

Cada día me convenzo más de que la solución más razonable es simplemente convocar a una asamblea constituyente, aunque hoy en día esta propuesta aparece como la menos realista. Pero no es la menos realista en términos racionales; es la menos realista porque a la hora de pensar cómo o quién decidiría esta convocatoria, descubres que son exactamente los mismos legisladores designados automáticamente de los que queremos deshacernos y que ciertamente jamás admitirán una reforma del sistema que tantos beneficios les reporta, en poder político y en dinero.

Mi temor es que estos legisladores y la clase que representan se resistan incluso violentamente a cambios en la estructura política de Chile. Es un sistema impuesto por uno de los dictadores más bestiales y corruptos de América Latina y favorece a la clase que lo contrató para hacer el trabajo sucio. De hecho, las advertencias que han hecho algunos ‘legisladores' de extrema derecha, de que el sistema garantiza la ‘estabilidad' del sistema, son claramente amenazas veladas, pues ¿por qué el sistema democrático tradicional sería inestable? La democracia que conoce el mundo civilizado es la que tuvimos hasta 1973 y pocos analistas podrían concluir que es inestable. Esta conclusión sólo tiene sentido en ideólogos que temen que la democracia, como ocurrió en Chile, amenace con desmantelar las estructuras de poder de las clases ricas.

Yo creo que, de inscribirme, terminaré anulando mi voto o depositándolo con una gran cruz encima, para manifestar mi rechazo de la farsa.

Las Reformas Constitucionales de Chávez

En diciembre votará la Asamblea Nacional venezolana el paquete de enmiendas a la Constitución que anunció el presidente Chávez hace unos días. Las reformas políticas aparentemente más importantes son la que extiende el período presidencial de seis a siete años y la que retira las trabas a la reelección inmediata y sin límites del presidente. En este esquema, Chávez, de ser reelegido cada vez, podría mantenerse hasta el 2020 en la presidencia, que ha declarado que es su anhelo.
Algunos comentaristas internacionales han señalado el malestar que ha producido el anuncio de esta decisión en círculos antichavistas, lo que era de esperar y que, en realidad, es en gran parte irrelevante. Las acusaciones de nepotismo o de violación de principios democráticos no se sostienen en nada, habida cuenta que el curso que se seguirá para introducir las enmiendas constitucionales es demostrativa y hasta ejemplarmente democrático. Se decidirá en las urnas si el pueblo venezolano acepta o no las reformas. El presidente Chávez puede ganar el referéndum anunciado. Algunos comentaristas, como Raúl Sohr , interpretan la introducción de una tercera reforma, la reducción de la jornada laboral de ocho a seis horas, como un intento de asegurar la aprobación del paquete total de reformas. (Aunque cabe preguntarse si finalmente el horario laboral debe formar realmente parte de las reformas constitucionales). De cualquier modo, también una derrota de Chávez en las urnas sería ciertamente un triunfo de la democracia venezolana.

El mundo oficial, las cancillerías y los otros presidentes de América Latina prefieren guardar un cauto y necesario silencio. En primerísimo lugar no les compete obviamente decir nada, por respeto a la soberanía de Venezuela, según ha declarado, por ejemplo, el despacho del presidente mexicano Felipe Calderón. Pero más importante es que ha sido un anhelo permanente de muchos presidentes americanos, hoy y en el pasado, de prolongar sus períodos de gobierno y conservar o introducir la posibilidad de gobernar durante varios periodos consecutivos.
Ha sido el caso, como señalaba un artículo en Los Angeles Times y en español en mQh , de Alberto Fujimori, Carlos Menem, Ricardo Lagos, Álvaro Uribe y otros. El caso más paradigmático en este sentido es ciertamente el del presidente Franklin Roosevelt, que fue presidente de Estados Unidos durante cuatro periodos consecutivos. En cuanto a la extensión del periodo presidencial, no hace mucho la presidente Michelle Bachelet dijo que cuatro años le parecían muy pocos, y sugirió aumentar el mandato con un año más. En estos temas, las reacciones suelen ser contradictorias. Los partidarios de un presidente querrán que su autoridad se prolongue y amplíe todo lo posible; sus críticos, que se limite y reduzca. Los presidentes adelantan todo un arsenal de argumentaciones en pro de lo razonable que sería que se mantuviesen más tiempo en el poder.

Sin embargo, la decisión del presidente Chávez causa desazón. En países de tradición democrática y republicana, vale decir, en las tres Américas, esta enmienda puede oler a nepotismo, a bonapartismo, a presidencia vitalicia, a presidencia hereditaria, a monarquía. Huele a todo eso, peor no es ninguna de esas cosas. Creo que todos compartimos un cierto prejuicio demócrata-republicano que nos hace mirar con sospecha los periodos de gobierno demasiado largos y a los dirigentes políticos que quieren perpetuarse en el poder. Tendemos a creer que la extensión de esos períodos favorece el surgimiento de castas, la formación de una clase gobernante o de una clase de funcionarios que, como el presidente, también querrán perpetuarse. Tenemos motivos fundados para sospechar, porque la experiencia histórica en cuanto a estas formas de gobierno ha sido habitualmente desastrosa.

Pero, de hecho, junto con reconocer que no hay nada imposible en la historia, tampoco hay nada esencialmente nocivo en la idea de que un presidente sea elegido regularmente por periodos prolongados. En esto creo yo que debemos mostrarnos fundamentalmente pragmáticos. Aunque sospechemos de la monarquía, nada podríamos reprochar a la vocación democrática del rey Juan Carlos de España, y sin él la democracia española hoy se vería muy diferente. No estoy comparando a Chávez con el rey Juan Carlos; lo que digo es que no hay nada a priori para un republicano que le obligue a repudiar las reformas que propone Chávez, del mismo modo que no podemos creer como cosa fija que un rey es siempre un déspota enemigo de la democracia. (Creo que puede haber democracia con reyes, lo mismo que la puede haber con comités de obreros y campesinos). Según lo entiendo, ni Chávez ni los ciudadanos que lo apoyan vulneran o violan ningún principio de la democracia. El de Chávez es un proyecto explícito de país, y es un proyecto que se viene ratificando regularmente en las urnas. Y eso lo legitima. (Véase la interesante nota en el blog de Vicente Ulive-Schnell , sobre un artículo original de Jean-François Kahn).

Creo que deberíamos dejar de revisar la historia con criterios puramente ideológicos. Por la misma razón, creo que a nadie debe asustar el giro socialista que empieza a tener la revolución bolivariana. Si el modelo socialista venezolano no logra los objetivos de construir una sociedad más justa que mejore de manera substancial las condiciones de vida de su pueblo y contribuya a su desarrollo y felicidad y amplíe sus libertades, podrá ser desmantelado, del mismo modo que el modelo capitalista puede ser desmantelado. No veo yo en eso ninguna tragedia, y ciertamente ninguna justificación a los llamados furibundos, irracionales e injustificados de la derecha y extrema derecha venezolana a derrocar al gobierno de Chávez. Si Chávez los tiene aburridos, diría yo a los enemigos del presidente, inscríbanse, presenten candidatos, convenzan a la población y voten. Ni siquiera es tan complicado.

Otros cambios que serán sometidos a votación son más locales y requieren más conocimiento de Venezuela para poder juzgarlos. Hay algunas propuestas muy interesantes: ciertamente, la reducción de la jornada de trabajo a seis horas, la prohibición para un patrón de exigir horas extraordinarias a sus trabajadores, la creación de un fondo de jubilación para pequeños empresarios independientes o autónomos, como pescadores artesanales y taxistas, la prohibición de los monopolios, la prohibición y erradicación del latifundio en el agro, la modificación del estatuto autónomo del banco central y el críptico boletín de prensa sobre la transferencia de "los servicios de salud, educación, vivienda, deporte, cultura, programas, al poder del pueblo" (Globovisión ).

No se puede realmente criticar al presidente Chávez, que, como dice Kahn, "destina lo esencial de los recursos a una política de lucha contra la miseria, planes de alfabetización y de salud" (en Vicente Ulive-Schnell ). Las reformas constitucionales van en ese sentido y consolidan en un esquema jurídico cambios largamente anhelados por los venezolanos. El proyecto de Chávez será entonces el segundo proyecto para constituir un estado de derecho socialista después de la experiencia chilena con Salvador Allende. La oposición de Estados Unidos será dura. El irracional fanatismo de la oposición venezolana la ha llevado a excluirse de las reglas del juego democrático, prefiriendo, como en su tiempo la reacción chilena, los asesinatos, los atentados terroristas y las asonadas militares. Chávez, obviamente, tiene todo el derecho a defender el bienestar y la estabilidad de su país. Es esto último lo que explica el énfasis otorgado a la Reserva Nacional, que se llamará, de aprobarse el paquete de reformas, Milicias Populares Bolivarianas.

La oposición, pues, será feroz. La derecha venezolana se ha diseñado, con Estados Unidos, una estrategia similar a la que adoptaron contra el presidente Allende -lo que demuestra, de paso, la falsedad del argumento que relacionaba la dictadura chilena con la Guerra Fría. La violencia de la oposición venezolana es tan llamativa como incomprensible. ¿Por qué tanta aversión y fanatismo? ¿Es muy difícil aceptar las reglas, aceptar la voluntad popular, armarse de paciencia y prepararse para intentar convencer a la opinión pública? ¿Y qué mejor medio que las elecciones?

(Los demócratas deben recordar que uno de los motivos que tuvo Estados Unidos para adelantar el golpe de estado contra Allende fue la decisión de este de llamar a un referendo para que las urnas decidieran la continuidad de su mandato. Eso, más el temor de que en este referendo la opción socialista volviera a ganar. Y el temor de Estados Unidos de que si las nuevas elecciones fueran ganadas por la democracia cristiana, esta aplicaría un programa quizás menos radical que los socialistas, pero animado por un mismo espíritu de reforma social, todo lo cual era inaceptable para los fanáticos de la Casa Blanca).

Así que, pese a que, según señala Raúl Sohr en La Nación , la voz del pueblo es la voz de Dios, podemos anticipar que los enemigos del presidente y los enemigos de Venezuela, tratarán por todos los medios de impedir que el referendo anunciado se lleve siquiera a cabo.

La Senadora Burra 2

[A raíz de mi artículo anterior -que tuvo diversos títulos: ‘Senadora, Burra y Parásita', ‘Senadora contra Católicos'-, se originó en un portal chileno un debate, donde defendí mi posición frente a reacciones de algunos lectores].

1 Consumo y Consumismo
No he querido decir, en ningún momento, que mi defensa de la propuesta católica ha de interpretarse en el sentido de que monseñor Goic quiera para Chile una sociedad consumista o que ponga el consumo por encima de todo otro valor. Al decir que aumentando los ingresos se aumenta el consumo, me he referido a una simple ley de la economía; cuando las personas viven con ingresos que no les permiten adquirir los bienes esenciales de vida (no tener seguro médico, no poder pagar la escuela o la universidad de sus hijos, tener problemas para meramente sobrevivir, para trasladarse, para pagar las cuentas, para acceder a mejores servicios de mejor calidad, etc.), se supone que cuando logran mayores ingresos destinan estos a adquirir esos bienes vitales (contratar mejores seguros médicos, pagar la educación de los hijos, etc.) No hay nada malo en esto. Al contrario, es justamente la situación de precariedad de tanta gente en Chile -en realidad, de la mayoría de la población- que monseñor Goic, y otros antes de él y, obviamente, también y abundantemente después, han abordado derechamente este problema.

¿Le parecería malo, Sr. ***, que la gente, con esos ingresos adicionales, comprara bicicletas, que hoy no podrían pagar, para sus traslados casa-trabajo y en general como medio habitual de transporte? ¿Es malo que las familias de trabajadores, que con salarios dignos podrían ahorrar, abran cuentas en el banco para pagar en el futuro las matrículas de sus hijos? Usted cree que la gente en realidad va a usar el dinero para comprarse ropa de marca o viajar a Cancún. Qué idea tan estrambótica! Yo no creo eso, en realidad, pero es la propia gente la que debe decidir cómo gasta su dinero. Este asunto no es competencia de nadie, obviamente. Si una familia se satisface comprando ropa de marca, pues allá ellos: están en todo su derecho.

¿Le parecería malo que esas familias pobres pudieran, por ejemplo, pagar las vacunas de sus mascotas? ¿Sería malo que una madre obrera comprara un piano para su hija talentosa? ¿Es malo que la gente quiera televisores plasma?

Por otra parte, este es también un asunto de mera justicia social, de equilibrio, de humanidad, de compensación. Usted sabrá como yo que nadie, menos una familia, puede vivir con el salario mínimo. ¿Podría pagar un alquiler, vestirte, comer, viajar, salir de carrete, echarte una novia, comer fuera de vez en vez, ir al cine, comprar un libro o un compacto, adquirir un computador? No puede hacer nada de eso, sino además ni siquiera podría comer decentemente; ni usted podría comer decentemente ni sus hijos u otros familiares, si los tuviera. Por eso es que el contexto en que monseñor discute este tema, es el contexto ético. No es simplemente aceptable que un patrón se ampare en las leyes para continuar pagando lo que en el pasado se llamaba ‘salario de hambre': no te mueres, pero tampoco vives. Tus hijos son desnutridos. En invierno pasas frío. Vives en los peores barrios. Te roban y asaltan a cada rato. Tu casa tiene separaciones de tabique. Tu ropa huele. Te menosprecian e insultan en todos lados. Eres un pobre. Un paria. Un intocable. Sabes que hay lugares a los que no puedes entrar. Este es el legado de la dictadura. Y hay que terminar de raíz con este legado infrahumano. Hay que restaurar la noción de que el salario no es una dádiva ni una ayuda, sino una paga por servicios prestados que deben ser pagados de acuerdo a norma sociales generales y de acuerdo a una tabla de asignaciones verosímil. Acá en Chile este valor del trabajo aparentemente lo determinan los patrones según les place, y en realidad debería ser determinado por el estado de acuerdo al valor de los productos en el mercado y al valor social general que asigne el estado al trabajo (cuánto dinero/servicios necesita una familia para vivir dignamente).

2 Católicos, Iglesia, Catolicismo
***, no creo que monseñor haya propuesto este salario ético para rescatar ‘el asunto social' y enmascarar los ámbitos en los que la iglesia -no los católicos- falla tan lamentablemente, como en los de la sexualidad, el aborto, el divorcio, el sacerdocio femenino, el matrimonio homosexual o los curas casados. Estos últimos son temas por los que muchos católicos hemos venido demandando cambios durante largo tiempo -incluyendo la reforma introducida recientemente por el Papa Benedicto XVI, de tener la posibilidad de oír la misa en latín, que es un gran logro. El pueblo católico no coincide siempre ni necesariamente con la iglesia, que tiene también funciones metafísicas que a todos interesan. Pero en la lucha por los derechos humanos, por la democracia y por la justicia social tiene Chile en su iglesia católica un gran y formidable aliado.

Yo tengo la esperanza de que la gente medite en las palabras de la senadora de extrema derecha, que reflejan el odio en que tiene a los católicos y sus principios éticos. Y espero que le paguemos a ella, y a los suyos, desterrándola de las instituciones cívicas del país que, ciertamente, no fueron construidas pensando en gente de su calaña.

3 Salario y Ética
A menudo se dijo que la dictadura -que, según entiendo las cosas, fue una dictadura de clase antes que política- había llegado para realizar la fase de acumulación de capital. También la llaman algunos acumulación primitiva de capital. No sé qué tendrá de verdad. Pero me recuerda que hace veinte años los trabajadores aceptaron salarios muy bajos (40 mil pesos), en parte porque la dictadura significó para las clases trabajadoras un período terrible no solamente de opresión, sino de hambre y privaciones desde el golpe de estado de 1973. Porque aunque los militares perdieron en las urnas, han seguido comportándose como si hubiesen ganado alguna guerra y tratando a los chilenos como si fuesen enemigos extranjeros.

En Europa el salario mínimo ronda los mil euros y, según países, hasta mil 500 euros. Ese salario mínimo cubre el alquiler (entre 300 y 700 euros), el seguro médico (100 euros) y todos los otros gastos normales de un individuo que vive independientemente. Los patrones son en general profesionales; quiero decir, no es simplemente el patrón primitivo, prepotente y abusador, que es fuerte por su dinero, y al que respaldan leyes siniestras, sino un profesional que conoce su oficio o su ramo al revés y al derecho y que no se considera, de ninguna manera, por encima de sus trabajadores. Y los trabajadores son personas formadas, que conocen como el patrón su oficio también al revés y al derecho, y que ambos, patrones y trabajadores, han gozado generalmente del mismo tipo de educación. Pero la clase rica chilena está tan lejos de eso. Sospecho que aquí los patrones todavía creen, como en otros continentes, que se demuestra superioridad social comiendo y ¡engordando! Y es lamentable, porque mucho depende de las clases ricas.

4 Salario Ético No Es un Nuevo Término en Economía Política
Aunque no idolatro al mercado, creo que es la fuerza menos dañina si contamos con instancias de control y orientación. Y creo que sabemos, o podemos intuir, qué pasa cuando se lo niega. Creo que cuando monseñor avanzó su preocupación no estaba pensando en hacer una nueva contribución a la economía política, agregando a su arsenal el concepto de salario ético. Creo que quiso decir que el salario mínimo actual no es ético, o que es inmoral. Por eso, el asunto entre manos es simplemente el salario mínimo. Y, en concreto, cómo subir el salario mínimo y cómo fijar una norma de medición verosímil, objetiva, para determinar el ingreso mínimo.

Desde hace un tiempo que los trabajadores -sus sindicatos- demandan un aumento del salario mínimo, y hace unas semanas el señor Martínez, de la CUT, pidió a los parlamentarios subirlo a, según recuerdo, 180 mil pesos. Nadie lo llevó de apunte, ni los políticos concertacionistas ni los de oposición. Un senador de extrema derecha propuso incluso, antes de estos últimos debates, elevar el mínimo a, creo 216 mil pesos. No sé por qué ni cómo llegaron a esas cifras. Pero creo que es el camino para avanzar hacia un acuerdo. Quiero decir, con fuerzas del mercado no se entiende solamente la llamada ley de oferta y demanda. En la fijación de los salarios debe intervenir obviamente el sindicato o la asociación obrera (y creo que sindicalización debería ser universal, automática u obligatoria, y que las negociaciones debiesen ser colectivas) y otras instancias, como el estado. Tampoco me sé los detalles. No era la intención. Si algunas empresas no pueden pagar un aumento, pues deberían discutirse modos en que el estado pueda contribuir a cerrar esa brecha, durante unos años, o permanentemente, dependiendo de las condiciones del acuerdo.

Obviamente no propone monseñor nada tremebundo. No creo que tenga en mente terminar con las empresas que no pueden pagar un salario ético, como pretende la señora pinochetista. Esa es una insinuación (de la senadora) muy tirada de los cabellos.

La iglesia, naturalmente, tiene sus cosas que decir, pero dudo que monseñor tenga una suerte de plan adelantado en vistas a las elecciones. Sería desastroso, y no lo creo, que la iglesia pretendiera extorsionar a los chilenos. Creo que simplemente hace lo que hace en su propio contexto. Hace algunos años a los católicos que lamentaban la desaparición de la misa en latín se los tildaba, creo, hasta de fascistas. Hoy la podemos oír en latín gracias a una reciente disposición del Papa. (Y en realidad, yo he asistido a varias misas en latín en los últimos treinta años, y nadie fue excomulgado). Con esto quiero decir que no hay que desesperar, que la iglesia también es susceptible de cambios.

En la cabina de votación, todos votaremos según nuestra conciencia como ciudadanos, pero sin olvidar que nuestra identidad más básica, como chilenos, ha sido modelada por la lucha por la justicia social, por la democracia y por los derechos humanos, y contra las fuerzas del mal que representó Pinochet. Y esos valores tan terriblemente propios -que nos llevó a elegir a Salvador Allende, y antes a confiar en la reforma agraria del presidente Eduardo Frei- son los mismos que compartimos con la iglesia.

Carta a un Joven Chileno

Estimado ***, no comparto tu idea de que se puede o debe aceptar en foros públicos a defensores de ideologías criminales de extrema derecha. Para mí, eso sería igual a aceptar a los nazis, que creo que deben ser prohibidos y perseguidos siempre, en todas partes, pues la defensa de ideologías demoníacas debe considerarse siempre un atentado contra la humanidad. No comparto tu posición de estar bien con Dios y con el diablo, confundiéndolo con libertad de expresión. En la vida, uno tiene que optar. (Te ruego que me perdones la expresión ‘ideología demoníaca'. Uso el término para designar ideas que justifican acciones contra la humanidad).

Hace algunos años se discutía en Europa un tema similar. Los grupos de extrema derecha estaban creciendo en medio de fuertes campañas xenófobas de los gobiernos de derecha de entonces. En Europa en general está prohibida la defensa de ideologías criminales, entre ellas el nazismo. Pero los neo-nazis y fascistas, que conocen la ley, la evitan no declarando abiertamente sus objetivos. De tal modo, muchos partidos neo-nazis pueden participar en elecciones pretendiendo lo contrario de lo que en realidad quieren. Los ejemplos abundan. En Bélgica un partido de extrema derecha fue prohibido por racismo. Se cambiaron el nombre. Manejaban dos programas, uno público y uno privado. Este último -el verdadero- planificaba la deportación masiva de los extranjeros.
En este debate, hubo quienes proponían permitir o tolerar la difusión o publicación o defensa pública de ideologías criminales. (En tu fuero privado puedes defender lo que quieras). El argumento era que si se admitía a esta gente en los foros y se les permitía publicar sus ideas, las autoridades los podrían controlar y la opinión pública podía saber en qué estaban pensando. (Lo que en teoría interesaba obviamente a la policía de inteligencia). Yo considero un error esa política. Era el punto de vista que defendían los partidos de derecha, que utilizan a la extrema derecha como comodín. (Como siempre).

En Bélgica y en Francia los partidos tradicionales de izquierda y derecha firmaron un pacto hace de diez años o más, que han respetado, en el que se comprometían a no gobernar ni negociar ni dialogar nunca con partidos de extrema derecha. El pacto ha dado resultados. La prensa de esos países ha firmado un pacto, también respetado, por el que se comprometen a no aceptar publicidad de partidos de extrema de derecha. (Y el pacto es fuerte, porque en Bruselas o Amberes, no me acuerdo, en unas elecciones municipales un partido fascista obtuvo casi el 30% de los votos, pero obviamente no pudo gobernar).

Yo estoy más cerca de esta posición. Los partidos, grupos e individuos de extrema derecha deben ser siempre pertinentemente excluidos de todo debate público. La razón es que defienden lo que en Europa se llama ideologías criminales o de odio. Una ideología criminal es aquella que defiende cosas como, por ejemplo, el exterminio de un grupo humano, la discriminación sobre la base que sea, la desigualdad ante la ley (de acuerdo a la raza o país de origen), el odio, el genocidio de los judíos y otros pueblos, etc. Simplemente no se considera, en Europa, que este tipo de ideas pertenezcan al universo normal de las ideologías humanas. No es bueno que la gente, y las nuevas generaciones de ciudadanos, crean que es normal discutir los pros y contras del exterminio de un grupo humano que, además, está constituido por gente que vive en tu mismo medio. Este tipo de expresiones son consideradas enfermizas.

En Holanda imperó, durante el gobierno de la derecha conservadora desde 2001 a 2006, del que formaron parte grupos e individuos neo-nazis, la tesis de otorgar libertad de expresión a fascistas y neo-nazis. Se discutía abiertamente en la prensa si, por ejemplo, los árabes eran inferiores o no a los holandeses; si no sería conveniente meter a árabes y otros extranjeros a vivir en guetos como medida de protección de la población blanca; si no sería conveniente deportarlos masivamente (de hecho, el gobierno deportó a 26 mil refugiados, pero no logró hacerlo completamente y hoy, esos refugiados han sido acogidos por el nuevo gobierno); si no sería mejor excluirlos de la seguridad social. El gobierno llegó incluso a construir en todo el país cárceles para extranjeros, donde encerraron durante años a cientos de familias, incluyendo niños y bebés. Para evitar situaciones como las de Ana Frank, el gobierno penalizó alojar o alimentar a personas ilegales.

Acá en el foro de un conocido portal una vez un señor defendió las torturas diciendo que todos podíamos ser torturadores. (Otro defendía la traición de Pinochet diciendo que todos los políticos chilenos de esa época eran traidores). Demás está decir que era un defensor del pinochetismo, que yo considero un punto de vista criminal. Como decía hace algunos días el presentador de Informe Especial, hay actos e ideas que no son defendibles en ningún contexto, que son injustificables siempre y en todo lugar. Defender la libertad de expresión que tú defiendes es defender el crimen. Te obligaría a aceptar como cosa normal que los pinochetistas defendieran como buena o necesaria la práctica de quitar los dientes y tapaduras de oro a los opositores torturados y asesinados, como ocurrió durante la dictadura militar. Tendrías que aceptar como normal que, por ejemplo, a los que iban a ser asesinados les arrancaran primero los ojos, como solía hacer el general Contreras.

Hay temas que, en la vida social de los pueblos civilizados, son indefendibles. ¿Te parecería normal dar libertad de expresión a los pedófilos, a los violadores de niños, a los partidarios de la esclavitud, a los asesinos en serie, a los defensores de las violaciones incestuosas? Provisto que no hagan nada, dirías. Pero si algún criminal defiende públicamente sus crímenes como actos normales e incluso buenos, admitiendo que está en su derecho, ¿no estarías cometiendo tú mismo un acto de barbarie, que las leyes igualmente castigan porque estarías defendiendo expresiones que son delito porque incitan al odio, a la discriminación y a la violencia? (Claro, pienso ahora que es posible que tú creas que esa gente debe tener derecho a incitar al odio).

Creo que muchos chilenos que se han criado durante la dictadura defienden estos puntos de vista moralmente aberrantes. Chile sigue siendo un país encapsulado, un poco ajeno a las grandes tendencias y movimientos morales del mundo moderno. A muchos chilenos el pinochetismo les parece normal y defienden el derecho a expresión y prensa o a espacio de prensa de fascistas y pinochetistas. Es corriente en períodos post-dictatoriales el surgimiento de tendencias de opinión o generaciones moralmente truncas, indecisas, incapaces de actuar sobre principios éticos. Saben, por la experiencia de sus mayores, que defender principios éticos se puede pagar caro.

Estas tendencias pretenden que sólo hay futuro, que el pasado es pasado y que terminada la pesadilla, ahora todos somos iguales y tenemos que mirar hacia el futuro. Es un tipo de ideología que, por determinación geográfica, llamo neo-pinochetista, pero cuyo surgimiento se ve a menudo en países que han sufrido dictaduras. Es cuando la gente acepta que el dictador o el criminal tuvo un motivo racional para hacer lo que hizo. Y esto es un error. En psicología, cuando una víctima adopta el punto de vista del criminal, se llama a ese peculiar estado mental ‘síndrome de Estocolmo'.
Digo, Chile es todavía un país muy aislado, sobre todo moralmente, del mundo civilizado (por ejemplo, acá se considera normal a un partido como la UDI, que defiende una ideología criminal, y algunos partidos de derecha, como RN, creen que pueden hacer pactos y alianzas con ellos como si fuese otro partido normal, que no es. En Europa, por lo que te conté, ningún partido, ni de derechas ni de izquierdas, tendría nunca pacto alguno con un partido como la UDI, habida cuenta que su rasgo sobresaliente es la defensa de una ideología de odio).

En Chile hay un clima de tolerancia hacia el mal que es difícil de explicar, sobre todo si se considera que esta tolerancia admite la impunidad de los peores criminales que ha conocido la historia de Chile. Y estos criminales -algunos de ellos, pues la inmensa mayoría vive en libertad- cumplen penas asombrosamente reducidas en cárceles especiales provistos de todo tipo de lujo (lo que además es una violación del principio constitucional relativo a la igualdad de los ciudadanos ante la ley y las instancias judiciales del país). Otros siguen actuando en la vida pública. Chile conoce la vergüenza de contar con un senador que fue incluso miembro de la junta de criminales que gobernó Chile. Y hay partidarios del antiguo régimen en todas partes, muchos de ellos con funciones de gran poder. Y nadie dice nada ni trata de impedirlo. Al contrario, el ex presidente Lagos llegó al extremo de indultar a la cobarde sanguijuela que degolló al dirigente Tucapel Jiménez, como parte de su ofensiva, felizmente fracasada, de imponer a Chile una ley de punto final. (Aunque no se puede decir realmente que Lagos sufra del síndrome de Estocolmo, pues sus motivaciones parecen ser muy diferentes). Otro ejemplo notorio del clima de demente tolerancia del mal es el hecho de que la presidente Bachelet envió a la ministro de Defensa a los funerales del dictador, una decisión insólita que los chilenos vivimos como una puñalada en el corazón, y que derrumbó nuestras esperanzas en ella.

Me parece igualmente terrible tu idea de que debemos unirnos todos para construir... no sé, un futuro. ¿Con gente de extrema derecha, con pinochetistas? Nunca. Las ideologías de odio y sus defensores deben ser perseguidos siempre, en todo lugar. Con esa gente no se pueden construir futuros. Estás equivocado. Pinochet no recibió órdenes de dar un golpe de estado para construir un futuro, sino para destruir el presente que anhelaban los chilenos en los años setenta. No torturó y mató para construir un futuro, sino para satisfacer sus ansias criminales, para satisfacer a sus patrones en el Departamento de Estado y en los barrios acomodados de Santiago y pensando que así se enriquecería y aseguraría el ingreso de su familia a la clase alta cuyos privilegios envidiaba. Era un matón arrastrado. No te confundas. No fue un estadista ni un político. Ni siquiera fue un militar decente. ¿Recuerdas en el pescuezo de quién terminaron las joyas que recaudó la señora Pinochet poco después del golpe de estado? En el suyo propio, donde las reconoció una incauta que resultó ser ministro de gobierno del propio dictador, pero que contó al mundo su descubrimiento. Fascistas y pinochetistas son criminales. Con ellos se dialoga reja de por medio, y con la ley en la mano. La única libertad de expresión de que deben gozar es la que se otorga a asesinos y ladrones en tribunales, frente a un juez. Y su domicilio permanente, la prisión.

La Senadora Burra

Al contrario de lo que cree de sí misma, pienso que la senadora Evelyn Matthei no tiene nada de lista. En su furibundo rechazo (en La Nación ) a la invitación del obispo Alejandro Goic a definir un salario ético, mostró el plumero cuando proclamó, grosera como sabe serlo, que monseñor no tenía idea de economía. Sin embargo, yo creo que la burra es ella. Así al menos la habrían clasificado mis profesores.

¿Por qué sería malo subir el salario mínimo? ¿Es malo en general o es malo solamente en este caso? Para una senadora que fue, y es, como su padre, una ferviente partidaria del asesinato de los dirigentes obreros para crear las condiciones que permiten el desarrollo de la economía capitalista, seguramente todo aumento de salario es malo. La idea de que aumentar los salarios es malo es de por sí bastante curiosa, pero refleja en general la ideología de la codicia que impera en Chile. La senadora dice que es malo subir los salarios porque no conviene a los patrones. El asomo de lógica sigue así: Si los patrones no se sienten a gusto, dejarán de invertir. Si no invierten, habrá desempleo. Si hay desempleo, habrá pobreza. Y como la pobreza cría comunistas y malhablados, de seguro terminamos en un período de convulsión social.

En mis clases de economía me enseñaron que el aumento de los salarios (que son remuneraciones por servicios prestados, en primer lugar) era un factor no solamente para sacar de la pobreza a los trabajadores, sino además para desarrollar el país. Si los trabajadores ganaran lo suficiente, se convertirían en consumidores. El aumento del consumo redundaría en un aumento de la demanda, y por tanto, a su vez, en un aumento de la producción y la oferta y una aceleración general de la economía. El mayor consumo, el reajuste de oferta y demanda e ingresos normales redundarán a su vez en mayores niveles de inversión. Obviamente, usualmente se prevén también las posibles consecuencias negativas. Reformas de este tipo introducidas de manera abrupta, sin dar tiempo a que el sector productivo y comercial se habitúen a la idea y hagan las previsiones necesarias, puede resultar en presiones sobre la oferta y, luego, una inflación incontrolable. Es lo que pasó en el primer año del gobierno de Salvador Allende.

Dicho sea de paso, ¿recordamos todos que en 1973 no había miseria en Chile? Solamente en 1971 -digo esto como ejemplo-, en los primeros seis meses la producción industrial aumentó en un 14 por ciento, debido al reajuste salarial y a la mayor capacidad de compra de los sectores más pobres. La economía se aceleró tanto que empezó a descarrilarse. La conspiración norteamericana, el colaboracionismo y sabotaje de las clases ricas y la traición de los militares hizo el resto. (No me olvido de la falta de experiencia, de la arrogancia y prepotencia de muchos funcionarios y partidos del gobierno socialista, de la ineptitud y también corrupción de la época, pero no son pertinentes en este contexto).

Pero el caso de la senadora es todavía peor, pues parece ignorar las condiciones reales de vida de los chilenos. O quizás las conoce demasiado bien. A la senadora le parece aparentemente normal que los trabajadores no ganen lo suficiente para llegar a fin de mes. ¿Desde cuándo que en Chile se da por sentado que un salario obrero debe ser de tal magnitud que las familias obreras no puedan realmente subsistir con él? ¿Qué persigue la senadora con mantener la situación actual con millones de chilenos viviendo en la miseria y abyección, incapaces de salir de la pobreza en la que son sometidos por voluntad patronal y la complicidad de los políticos de oposición y otros, de mantenerlos viviendo en condiciones infrahumanas?
No es la economía lo que explica este nivel de salarios bajos, sino el ánimo de explotación y humillación de la clase alta. Estamos viviendo como si la clase rica estuviera todavía vengándose de los chilenos, a los que castigaron en 1973 con Pinochet, el matón apatronado, por haber aspirado a un futuro libre donde esta clase no tenía nada que decir. Hablemos en serio. Ciento veinte mil pesos es lo que se paga por una cena para cuatro personas en cualquier restaurante de medio pelo. No es un salario: Es una humillación repetida mes a mes, día a día. Es una burla.
No me parece realmente posible que una persona -la senadora de este caso- sea tan inconsciente, tan codiciosa y rácana, que crea que el salario mínimo actual sea suficiente para cubrir las necesidades de una familia. Y pensar que, cuando rechaza la invitación de monseñor a pensar en las necesidades de los pobres, probablemente saca cuentas con los cerca de seis millones que gana ella como senadora. Qué lástima que se malgaste el dinero de los chilenos pagándole a personas como estas. Qué lástima que haya chilenos que han votado por la gárgola pinochetista.

Obviamente, volviendo al asunto, imagino que monseñor Goic nunca pretendió instituir la sugerencia de 250 mil pesos como salario mínimo mensual. [Llevo la cuenta. Hace un tiempo propuse subir al doble el salario mínimo (270 mil pesos). Otros han propuesto 216 mil pesos (Longueira), 290 mil pesos (Piñera), 180 mil pesos (Martínez)]. Tampoco creo que el obispo haya pensando en los detalles prácticos a la hora de implementarlo, o en las negociaciones en el parlamento.
Creo simplemente que monseñor habló por todos nosotros, los chilenos, que queremos ver el fin de la pobreza, que sabemos que el estado guarda más de 30 mil millones de dólares, que sabemos que los empresarios pueden pagar más, que sabemos que el salario mínimo hoy en día no es justo y no corresponde a la participación del trabajo en la producción. Es simple y llana explotación y no hay nada que la justifique.

Claro está que a la hora de pensar en la implementación de un aumento del salario mínimo, tendrán los políticos que reunirse a negociar y diseñar los modos específicos en que este aumento ha de llevarse a cabo, en cuántos años o meses, cómo exactamente y con o sin subvención estatal a las empresas que no puedan hacerlo por sí solas y por cuánto tiempo y en qué condiciones. Como supongo que cualquier persona normal habrá pensado lo mismo, destaca todavía más la infamia de la senadora: Probablemente lo que quiso hacer fue marcar terreno. La senadora toma partido por los patrones contra los trabajadores y rechaza los valores del catolicismo chileno. Para ella, conceptos como justicia social y solidaridad, claves en el pensamiento católico y para muchos partidos de izquierda y centro, son ideas deleznables.

Cuando se burla de monseñor Goic, se burla de Chile, de los católicos y de la gente de bien del país.

La intervención de monseñor Goic, por otro lado, tendrá profundas y prolongadas consecuencias, pues parece evidente que su defensa de los pobres marcará el contexto de los debates que se aproximan en las próximas elecciones presidenciales chilenas. La pobreza, la justicia social, la solidaridad y la erradicación de la pobreza serán temas importantes, definitorios de las elecciones. Cuando se habla de pobreza y de explotación se habla obviamente de Pinochet y la dictadura militar, que hicieron de Chile un país donde casi el ochenta por ciento de su población vive en la pobreza. Así que, como en los últimos veinte años, es probable que en las elecciones por venir haya dos opciones éticas. Y una de ellas es la que preferirán los católicos chilenos.

Pero para entonces esperemos que los chilenos en las urnas recuerden también que, en medio de esta trifulca por los dichos de monseñor, los partidos en la Cámara y Senado llegaron todos felizmente al acuerdo, y felicitándose profusamente, de subir el salario mínimo de 137 mil a 144 mil pesos, vale decir, unos diez euros, sin mencionar para nada la ética, ni la explotación ni la pobreza. Mi propia conclusión es que ningún partido hoy en día, ni de gobierno ni de oposición, ha calibrado la magnitud del problema. Los niveles de pobreza y exclusión en Chile son simplemente inaceptables.