Autorretrato Moral de un Paramilitar

Hay dos cosas en las ideologías autoritarias que son difíciles de entender. O no en absoluto. En un caso en Colombia militares y paramilitares1 se pusieron de acuerdo para expulsar a la guerrilla de cierta zona, lo que quiso decir que los ejércitos privados cometieron espantosas masacres mientras los soldados llamados a proteger a la población civil hacían la vista gorda. Para el ejército, había que exterminar a los guerrilleros y a los civiles que pudiesen llegar a apoyarlos. Las violaciones, robos, asesinatos arbitrarios -que fueron la gran mayoría- son todavía vistas como conductas de tiempos de guerra casi legítimas. La definición de botín de guerra incluía esos privilegios. A muchos campesinos los mataron para quedarse con sus tierras.
En el caso de los paramilitares y la brigada 17 del ejército en Urabá, entre 1996 y 2004, junto a lo que veían como una gesta heroica -la lucha contra las guerrillas comunistas-, cometieron aberrantes crímenes que ellos mismos no veían contradictorio con la lucha antisubversiva. Para pagarse a sí mismos, mataron a campesinos inocentes -los engañaron ofreciéndoles trabajo y asesinaron a sangre fría después de obligarlos a disfrazarse de milicianos- para cobrar las recompensas (unos 2.500 dólares por cabeza). ¿Se puede entender?
Los jefes de las autodefensas, los que podían tener alguna ideología consistente sobre lo que hacían, decían que luchaban por defender sus intereses contra los ataques de la guerrilla, que era lo mismo que defender su modelo de sociedad tradicional contra el comunismo -que incluye el despojo de lo que consideran propio y justo. Pero ¿cómo se justifica el asesinato de inocentes?

Pese a todo, estos criminales iban por la vida creyéndose héroes. Uno de los implicados, alias Pedro Bonito, decía que se sentía "orgulloso de pertenecer a la organización. Era una necesidad por la falta de operación del Estado. Éramos bien vistos, yo me consideraba un héroe." ¿Suena monstruoso? Supongo que nadie se puede sentir realmente orgulloso de asesinar a campesinos inocentes para presentarlos como bajas enemigas y cobrar las recompensas. Tampoco puede un país sentirse orgulloso de ofrecer dinero a asesinos a sueldo para asesinar a presuntos rebeldes de izquierda, si llevan como pruebas la cabeza o las manos de las víctimas.
Quizás algún fascista -una persona con ideas autoritarias- pudiera argumentar, como lo he oído muchas veces, que en realidad el asesinato de ciertas categorías de personas no es estrictamente algo malo. Por ejemplo, matar a ladronzuelos, a homosexuales o a indigentes no es visto como delito. No sólo son personas vistas como no importantes, o indefensas, sino además son como inadaptadas e indeseables. Ese criterio se puede extender incluso a los campesinos pobres, que comparten con los demás su indefensión ante la violencia fascista. O se puede aplicar también a personas con alguna discapacidad física. En un campamento de las autodefensas, los candidatos que fracasaban en el cursillo de adiestramiento o que eran considerados débiles, eran asesinados y presentados como bajas enemigas -por la recompensa. Y en algún caso extremo, algunos oficiales hicieron matar a reclutas de sus propias unidades, ante la escasez de guerrilleros o civiles. O, como en este enlace, unos soldados mataron a familiares de sus propios compañeros para conseguir a cambio de la baja enemiga, un permiso de salida. Así que un fascista podría decir que en realidad al matar a esos campesinos esos mercenarios no hicieron nada malo y que está incluso bien que se les pague por ello.

Atormenta que muchas personas aparentemente razonables justifiquen estas violencias y no sean capaces de considerar el respeto de los derechos humanos y de la vida como valores éticos superiores. Eso hiere nuestra sensibilidad moral. Porque son estas mismas personas las que los veían como héroes y no creían que pudiesen ser autores de esos crímenes horrendos. El horror, la crueldad y la inhumanidad de sus conductas, junto a la condición de héroes de que disfrutaban, según dicen, debía hacer imposible que pudiesen contar lo que hacían, o que dejasen testigos, porque tenían que proteger una fama terriblemente inmerecida. Eso creeríamos, erróneamente. Cuando un ser humano mata a otro desvalido, indefenso, inocente, probablemente lo lamentamos todos, menos el fascista. Para este, el asesinato de un débil es algo justificado, porque en su ideología los débiles no sirven para nada y no han de tener lugar en la sociedad. (De modo similar, un conocido defendía que los niños pudieran acosar, capturar, torturar y matar a animales porque los humanos tendrían un derecho natural a experimentar con seres inferiores.)
Por eso se puede incluso entender que criminales embrutecidos hayan sido convencidos de que matar a indigentes o jóvenes desempleados o vendedores ambulantes es algo bueno o necesario, que se consideren por ello héroes, y que, al mismo tiempo, oculten sus crímenes y los nieguen y traten de hacer desaparecer a sus víctimas. En otra perspectiva, la mayoría de nosotros cuando hacemos que creemos bueno, nos sentimos orgullosos y lo publicamos. El fascista, en cambio se siente orgulloso, pero lo oculta. Las justificaciones, la exaltación a la violencia, el elogio de la barbarie, son cosas que se dicen sólo entre ellos, en sus círculos íntimos. No se supone que el resto de los mortales debamos saber qué pasa por lo que en sus casos tiene la función de la cabeza. El fascista celebra sus victorias en secreto.

En resumen: los paramilitares fascistas no encuentran aberrante robar y matar a inocentes para apoderarse de sus tierras, mujeres u otros bienes, porque considera que es un botín de guerra justo. Sus víctimas son culpables de antemano, por pertenecer a ciertas categorías de personas que no tienen garantizado su derecho a la vida: indigentes, homosexuales, retrasados mentales, gente pobre en general. Así que no es necesario que las víctimas en concreto hayan cometido algún delito: es suficiente con el oficio que hayan tenido, y en muchos casos basta con el apellido o el aspecto para convertirse en enemigo. Y dos, el fascista se considera héroe por los violentos crímenes que comete y por todo lo que hace contra los demás. En su mente, si no te resistes, eres débil, y como tal como tienes derecho ni siquiera a la vida. Pero si resistes, te ejecutará con el mayor salvajismo, porque no debías resistir. Para el fascista, el dominio de la fuerza bruta, la superioridad física o militar son fuentes normales de legitimidad. No los argumentos, no la sensatez, ningún derecho ni alegato en defensa de ningún derecho. Sólo y simplemente la violencia y la brutalidad, con un rechazo absoluto de los valores que consideramos normales.

(Decía fascista argentino que para hacerse hombre, había que matar a uno. Tampoco importaba que el asesinado fuese del mismo grupo, otro fascista. En Colombia, algunos paramilitares celebraban su inclusión en la milicia asesinado a los compañeros menos fuertes, que pensaban igual o no que ellos. En Chile, el dictador Pinochet mandó torturar a detenidos durante el toque de queda, independientemente de si eran o no partidarios de su régimen. Para él, todos los chilenos eran posibles subversivos y posibles terroristas, porque asumía que todos sabían lo que había hecho y que eso sólo se podía castigar con la muerte. Para evitarlo, había que mantener a la población entera sometida por el terror.)

Ejem, mi pregunta sobre cómo explicar que un fascista se considere héroe por acciones que los humanos consideramos aberrantes, crueles, estúpidas, inhumanas o bárbaras la respondería un fascista así: la atrocidades, crueldades, estupideces, inhumanidades y actos bárbaros son y serán siempre prerrogativa y privilegio de vencedores, que no deben explicaciones a nadie por sus actos y que mientras más absurdas las justificaciones, más coherencia tienen en la mente fascista. El terror fascista no es nunca justificado. Se justifica por y en sí mismo. Y mientras más injustificado parezca, más disfrutará el fascista, porque el absurdo y la barbarie son la medida de su poder.2


Notas
1 Los grupos paramilitares son en general conformados por jóvenes delincuentes pagados. Son mercenarios. En realidad, sin el uniforme, ellos mismos podrían ser víctimas de sus propios compañeros. El recluta no tiene pues ninguna idea política de nada. Sólo acepta órdenes a cambio de una paga e impunidad. Sus jefes son otra cosa. En general, son hacendados, comerciantes o traficantes; algunos son ideólogos. Los hacendados formaron esas milicias para defenderse de la guerrilla y para imponer su orden y modelo de sociedad, lo que implicó que fueron usadas, como en el caso de la banda paramilitar de la familia Uribe, para expropiar a los campesinos aledaños, asesinándolos y quedándose con sus tierras. En otros muchos casos, los paramilitares impusieron modelos sociales aberrantes, incluyendo la esclavitud laboral, la esclavitud sexual y otros abusos.

2 Mientras más absurdo el motivo aducido públicamente como justificación de un crimen, más poder muestra e irradia el autor. Es tan poderoso que puede reprimir y matar sin motivo alguno. Como el general Poto Pelao, que mataba y comía a los hijos de sus propios colaboradores. A algunos presidentes europeos, y al presidente Obama, les ha dado por bombardear objetivos civiles en Libia diciendo que lo hacen para protegerlos.

[La imagen viene de este blog.]

Consideraciones sobre la Traición

En septiembre de 2009 un grupo de diputados de oposición visitó al embajador de Estados Unidos en Caracas para pedirle ayuda económica. Necesitaban dinero para iniciar una radio y/o un canal de televisión para difundir sus ideas políticas, pensando en las elecciones de 2010. Habían pedido ayuda el National Endowment for Democracy y otras instituciones. Se acercaron a la embajada para saber la respuesta. Aparentemente, les dijeron no. Es el informe del embajador Patrick Duddy el que publicó recientemente WikiLeaks. En este, el embajador reproduce parte de la conversación. Les dijo que Estados Unidos no intervenía en asuntos internos de Venezuela, que aparentemente fue el motivo por el que se rechazó la petición de los políticos. "Este es el momento de empezar", le dijeron. Más adelante en el encuentro ofrecen explícitamente defender los intereses de EUA en el país, sobre todo considerando la presencia de Cuba e Irán. Este elemento de extorsión no pasó desapercibido para el embajador, que dice que creyó que los políticos actuaron movidos por el pánico.

¿Es traición lo que hicieron esos políticos? Wikipedia adopta la definición del Oran’s Dictionary of the Law, que la tiene como "las acciones de un individuo para ayudar a un gobierno extranjero a derrocar, hacer la guerra, o perjudicar gravemente al país materno".1 En algunas legislaciones, espiar para un país extranjero es considerado traición. Parece que los diputados pidieron ayuda a cambio de defender los intereses estadounidenses en política exterior, no necesariamente los intereses de Estados Unidos en general o de sus empresas o similares. Sin embargo, es también evidente que los diputados tenían algo más en mente que la política exterior de EUA (defender a ese país de Cuba e Irán), porque el embajador rechazó la idea de intervenir en Venezuela. Probablemente los diputados se referían a derrocar al gobierno, o a participar en la política venezolana con el fin de derrocar al presidente Chávez, en la convicción de que el presidente defendía una política hostil a Estados Unidos. Esas conductas con esas intenciones se definen como traición.

Lo que me llama la atención es que estamos habituados a oír acusaciones de traición, no tanto porque abunden las traiciones  sino porque es un modo usual de descalificar a rivales políticos. Pero en muchos casos, las acusaciones de traición son reales. En Chile, por ejemplo, se ha acusado al general Pinochet de haber traicionado al país por ponerse al servicio de Estados Unidos. Esta acusación la rechazan sus partidarios, aunque es evidente que cometió ese crimen, porque fue investigado por el propio Congreso estadounidense en 1975, y más tarde incluso por el secretario de Estado Henry Kissinger. Sabemos que aceptó la misión estadounidense (preparar un golpe de estado para derrocar al presidente socialista Salvador Allende y defender los intereses de Estados Unidos) a cambio de algunos millones de dólares. Esto parece ser innegable. Los partidarios de Pinochet se niegan en redondo a considerar la seriedad de la acusación y responden acusando a Allende de haber conspirado con la Unión Soviética y Cuba para instaurar una dictadura comunista. Ni la acusación de traición ni de conspiración con ese fin han sido probadas nunca.

Lo que también llama la atención es que no se conocen defensores de la traición o ideólogos de la traición. No conozco a filósofos que fomenten o defiendan la traición. Lo más cercano de una defensa de la traición sería algún diálogo en una obra de Aristófanes, en la que un personaje consideraba idiota defenderse ante un ejército invasor y proponía unirse a las celebraciones de victoria y pasarla bien -como haría probablemente un perro, que si los invasores le arrojaran un hueso reaccionaría dichoso y sin pensárselo dos veces. Pinochet nunca defendió abiertamente su traición. En realidad, no conozco a ningún traidor (como el general Contreras2, por ejemplo, que fue agente de la CIA) que haya alguna vez justificado sus actos.

No es algo inconcebible. Esos militares y políticos chilenos podrían argumentar que el modo de vida del país se encontraba en peligro, que el gobierno socialista estaba expropiando sus propiedades y negocios para entregárselos a los pobres o al Estado o a los comunistas, que en la sociedad socialista que se quería construir no estaban incluidos y que pronto tendrían que desaparecer. Que su alianza con Estados Unidos era legítima, porque ese país representaba el modo de vida que ellos querían para Chile -un modo de vida donde ellos y sus familias o sus patrones gobernarían Chile, eran y serían siendo dueños de la tierra y de las industrias y en el que las fuerzas armadas eran las encargadas de mantener ese modelo de sociedad. Que, por tanto, traicionar a Chile -en el sentido de ignorar el resultado de las elecciones, vale decir, conspirar con un país extranjero para negar la voluntad ciudadana explícita de apartarse del modelo tradicional para crear otro tipo de sociedad en el que los grupos tradicionalmente dominantes no tendrían nada que decir- era imperativo si querían conservar el modelo de sociedad en el que ocupaban todas las posiciones de poder y privilegio. Pero nunca he escuchado una defensa semejante de la dictadura. Y es esto lo que llama la atención.

Lo que está claro es que no había ninguna conspiración comunista. Pese a la difícil situación por la que atravesaba el país, no había ningún indicio de que estuviéramos cerca de una dictadura comunista. Aunque en algunos ámbitos (como el universitario) existía un intolerable autoritarismo y fanatismo de los partidos de izquierda, los ideólogos de la dictadura no idearon nada mejor que inventar una conspiración inexistente -el Plan Z, que nunca existió, que nunca convenció a nadie y que finalmente su autor terminó confesando que escribió por encargo. Muchos afirman que la invención del Plan Z fue un error y que su publicación desvirtuó y arrojó dudas sobre la intervención militar. Resulta todavía más extraño si se considera que la interrupción del orden constitucional había sido pedida a las fuerzas armadas por la propia Corte Suprema, el Parlamento, varios partidos de oposición y un sinnúmero de organizaciones ciudadanas. Se podría creer que el Plan Z fue redactado antes de que esas instituciones y organizaciones pidieran la intervención militar. O que los traidores, que ya venían conspirando desde antes de la investidura del presidente Allende, juzgaron que era más conveniente acusar a este y los suyos de la traición que ellos mismos estaban preparando. Quizá pensaron que para ocultar su propia traición, era más convincente acusar antes a sus rivales. El argumento sería que actuaban para defender la patria, porque decir que lo hacían para defender sus intereses, o el de sus patrones, era inadmisible en el Chile de entonces.

En 1970, elegido Allende en las urnas pero todavía no investido por el Congreso, la embajada estadounidense en Santiago conspiró para impedir que el presidente socialista llegara al poder. Se aproximó a militares y civiles de extrema derecha. Planeó el atentado y asesinato del general Schneider en octubre de 19703, que fue cometido, a cambio de cincuenta mil dólares cada uno, por la organización fascista Patria y Libertad y un grupo de militares. La idea era acusar a la extrema izquierda del asesinato, para provocar un golpe de estado que impidiera la investidura de Allende. El razonamiento es bastante alambicado, porque atribuir el asesinato a movimientos de extrema izquierda no podría justificar de ningún modo lo que pretendían justificar. Era a lo sumo un caso policial inquietante. Efectivamente fue resuelto en unas horas. Que la organización que cometió ese asesinato por instigación de un país extranjero se llamara Patria y Libertad ya dejó de sorprendernos. Algunos creen que se puede ser patriota traicionando a la patria. Recuerdo haber discutido en esa época con militantes fascistas y estos, pese a su nacionalismo, no veían ningún conflicto en su colaboración con Estados Unidos. Tampoco pensaban contradictorio que la defensa de la libertad implicara secuestros, asesinatos y campos de concentración. Sus conceptos de patria y libertad significaban otra cosa que para el resto de los ciudadanos.

Quizá estamos buscando una significación profunda que no existe, que los traidores no tuvieron nunca ningún motivo pero ni de lejos cercano a lo que definimos como nobleza de sentimientos e intenciones. En esa época tenía yo un profesor de historia, de esos que llamábamos marxistas vulgares, que argumentaba que prácticamente todas las conductas humanas se podían explicar por intereses materialistas directos. Que si un general traicionaba, era porque alguien le había pagado4, y que no había que escarbar a la búsqueda de ningún otro motivo superior porque no lo había. Es probable que haya sido el caso del general Pinochet, que era considerado un militar de izquierdas. Si hubiese sido encarcelado y obligado a confesar, ¿qué habría dicho sobre su traición? ¿Habría dicho que la tentación de esos millones de dólares había sido muy grande, o que había traicionado y aceptado dinero por ello en aras del bien común?

Ese mismo hecho, aparte de la invención del Plan Z, arroja todavía más dudas sobre los motivos de los traidores. ¿No es evidente que si recibían dinero para desbaratar una conspiración inexistente, debían demostrar alguna verosimilitud de su existencia, es decir, demostrar la existencia del peligro? Después del golpe de estado del 11 de septiembre de 1973, muchos ciudadanos fueron detenidos ilegalmente y asesinados bajo la pretensión de que conspiraban contra el estado. Esos asesinatos, muchos en enfrentamientos fraguados, debían demostrar al mundo, pero en primer lugar a los que habían encargado la misión, que la guerra era efectiva, que había una guerra. Ahí estaban los muertos para demostrarlo. Muertos que no podían hablar. Para demostrar la existencia de la guerra, había que inventar al enemigo: sólo así se justificaba la paga.

Pero, al mismo tiempo, ese enemigo debía ser capturado, derrotado y asesinado, porque si llegaban a algún tribunal y se investigaban sus casos, habría quedado en evidencia que no existía ninguna conspiración, que no había ninguna guerra, y que las víctimas, con o sin lazos políticos, eran ciudadanos entera y totalmente inocentes de esas acusaciones. Para que no se descubriera la falsedad, había que matarlos. Para que no pudieran relatar las violencias a las que habían sido sometidos, había que matarlos. Y para que nadie se atreviera a protestar, había que matarlos de la manera más salvaje que se pudiera concebir, reducirlos a cosas, mutilarlos, robarles las tapaduras de oro de sus dentaduras, arrojarlos al mar, o, como en algunas dictaduras similares en Centroamérica, a las jaulas de los leones en los zoológicos, o hacerlos desaparecer.

Hay todavía otro aspecto relacionado con la traición: los perseguidos eran tratados como se trata a enemigos de guerra, y el propio país era tratado como un país ocupado. Se preguntaba Osvaldo Bayer en una columna: "¿Por qué esos miembros de las Fuerzas Armadas, de la policía y de los servicios se sintieron de pronto omnipotentes y creyeron ser dueños de la vida y la muerte de todos? Con el derecho a matar, torturar, hacer desaparecer, regalar los niños de las prisioneras. Es decir, ¿se sintieron con los mismos atributos que soldados en un país enemigo?" La respuesta más a la mano es que lo hacen para satisfacer sus instintos más bajos y quedar no solamente impunes, sino además ser tratados como héroes: saquear (las casas allanadas eran sometidas a pillaje), violar a las mujeres (práctica habitual de los militares chilenos y en otras dictaduras), torturar y asesinar a hombres que serán posteriormente declarados comunistas o subversivos, robar los bebés de las detenidas (tras su asesinato) para venderlos o entregarlos a familias de militares estériles5, como en Argentina.

El odio político puede justificar la traición y otros actos inmorales. En Venezuela, en el golpe de estado fracasado de 2002, los conspiradores dispararon contra manifestantes de su propio bando con el fin de acusar al gobierno de esos asesinatos y provocar un levantamiento popular. La estratagema fracasó porque la conspiración fue desbaratada rápidamente. Un periodista de CNN denunció posteriormente que había estado en la rueda de prensa que el nuevo gobierno había convocado, en la que se daba como uno de los motivos del golpe la matanza de manifestantes que aún no había ocurrido. Seguramente hay personas que creen legítimo actuar de ese modo. Probablemente dirán: Acusé falsamente a mi hermano para poder asesinarlo, y lo hice por el bien superior de la patria, vale decir, por el bien superior de mi grupo, de mi familia, de mi bolsillo. Si fuese demostrable, el delito sería irrelevante. Usualmente no lo es, porque no se puede ser traidor (vale decir, dar la espalda a tu grupo y violar la obligación de lealtad filial para beneficio de un extraño o, peor, de un enemigo) y tener al mismo tiempo motivos nobles. El acto de traición que querían cometer esos diputados venezolanos, ¿a quién convenía? Según trataron de convencer al embajador, convenía a Estados Unidos. No sabemos si pensaban también que convenía a Venezuela, ni si esta idea pasó por sus mentes. Pero si convenía a un país que ya había intentado provocar un golpe de estado en el país y que apoyaba abiertamente a la oposición más retrógrada y violenta, que no ocultaba sus intenciones de asesinar al presidente legítimo, entonces no podrían convencer a nadie de que también convenía a Venezuela.6

El embajador Duddy se muestra demasiado generoso cuando trata de explicar la conducta de esos diputados que se ofrecen para defender los intereses estadounidenses en Venezuela contra el gobierno y países como Cuba y Venezuela. "Había un elemento de pánico en la petición de Podemos", escribió Duddy en su comentario final. "Tal urgencia podría derivarse de la certeza no sólo de que la democracia venezolana se acerca a una etapa vulnerable, sino que el partido se enfrenta al desafío de la sobrevivencia como resultado de la nueva Ley Electoral", agregó. Es lo más explícito que he encontrado como explicación y defensa de la traición. Pero ¿qué terrible e inexplicable soberbia puede llevar a alguien a rechazar las decisiones tomadas libremente por su propio pueblo? ¿Tiene la soberbia una explicación política? ¿Tiene la soberbia algún motivo atendible? ¿Tiene Caín razón?

Con la terrible experiencia de las dictaduras latinoamericanas de las últimas décadas y la deplorable y maligna intervención estadounidense en el continente, deberíamos poder decir, y creer, que el diálogo debe ser el único Norte de todos y luchar para que a los ciudadanos no nos puedan confundir ni intrigas ni traiciones. Dice Bayer: "Todos los problemas tienen solución mediante el diálogo. Y el político, el gobernante deben proponerse el diálogo como única arma de poder. Porque si no caeríamos en reconocer a la guerra como única solución para los problemas entre los pueblos. Y eso finalmente significa la muerte." No era en Chile en esos años, ni lo fue Venezuela décadas después, un país con una democracia tan débil que no fuese posible solucionar nada recurriendo a sus propios mecanismos de mediación, ni existía un peligro tan grave e inminente para ella que justificase la intervención militar. El diálogo es la búsqueda sincera del conocimiento, que después nos guiará en la solución de los problemas que podamos tener. No existe una verdad previa al diálogo. Aunque lleguemos a él con nuestras ideas e interpretaciones, debemos estar dispuestos a aceptar que podemos salir del encuentro pensando otras cosas. La verdad se deriva del diálogo, y cuando se la busca con sinceridad y honestidad, se convierte en bien común.


Notas
1
Oran’s Dictionary of the Law (1983) defines treason as "...[a]...citizen’s actions to help a foreign government  overthrow, make war  against, or seriously injure the [parent nation]."

2
"Después del golpe, Estados Unidos dio apoyo material al régimen militar, aunque lo criticaba en público. Un documento liberado por la CIA el 19 de septiembre de 2000, titulado ‘Actividades de la CIA en Chile’, revela que la CIA apoyó activamente a la Junta después del derrocamiento de Allende y convirtió a muchos oficiales de Pinochet en contactos pagados de la CIA o de las fuerzas militares de Estados Unidos, aunque se sabía que algunos estaban implicados en violaciones a los derechos humanos. Manuel Contreras, el jefe de la DINA, fue un agente pagado de 1975 a 1977." En G. Venturini. (Mi traducción.)

3
Esta es la descripción en wikipedia: "El 16 de octubre de 1970, tras recibir un dato anónimo sobre dónde se encontraba Schneider, el primer grupo intentó secuestrarlo en su casa. El dato resultó ser falso, pues hacía dos días que había salido de vacaciones y no volvió sino al día siguiente.
"En la tarde del 19 de octubre de 1970, un segundo grupo de conspiradores leales al general Roberto Viaux, armado con granadas lacrimógenas, intentó secuestrar a Schneider cuando salía de una recepción oficial. El intento fracasó porque salió en un coche particular y no en el vehículo oficial que esperaban los conspiradores. El fracaso provocó un cable muy significativo desde el cuartel general de la CIA en Washington a la estación local, instando a una acción urgente debido a que "en la mañana del 20 de octubre el cuartel general debe responder a preguntas de los altos mandos". Se autorizaron entonces pagos de cincuenta mil dólares cada uno a Viaux y a su principal asociado, a condición de que lo volvieran a intentar.
"El 22 de octubre de 1970, los conspiradores volvieron a intentar el secuestro del Schneider. Su coche oficial fue emboscado en un cruce en la capital (Santiago), pero Schneider desenfundó su arma para defenderse y fue acribillado a balazos. Fue trasladado a toda prisa a un hospital militar, pero las heridas eran mortales y falleció tres días después, el 25 de octubre de 1970 ". (Mi traducción). Este y otros asesinatos y atentados terroristas de la extrema derecha de la época reforzaron la visión de muchos en la izquierda de que Estados Unidos y la derecha chilena harían todo lo posible por evitar las reformas sociales anunciadas y que no había otra alternativa que la lucha armada. La lucha armada por el socialismo se convertiría después en la resistencia armada contra la dictadura.

4
Para financiar a sus aliados en Chile en la época, incluyendo partidos como el demócrata-cristiano e incluso grupos terroristas, el Departamento de Estado destinó diez millones de dólares.

5
C. Lísperguer menciona un terrorífico relato sobre el robo de hijos de desaparecidos durante la dictadura argentina. "Algunos días las detenidas embarazadas eran obligadas a formar fila para que las esposas de los marinos eligieran, por ser rubias o de ojos celestes o negros y otros atributos físicos, a las que, tras dar a luz, serían asesinadas, para quedarse con sus hijos. Mientras algunas mujeres ya estaban embarazadas al momento de su secuestro y detención, otras muchas habían quedado embarazadas tras ser violadas por soldados o por sus interrogadores. Sus hijos eran ‘adoptados’ por familias militares en complicidad con jueces que regularizaban las ‘adopciones’." Se trata del testimonio de Rosa Roisinblit.

6
 Si hubiese algo de verdad en la acusación de que la Unión Soviética y Cuba conspiraban para despojar en Chile a sus grupos dominantes e instalar un régimen social basado en la propiedad y gestión colectivas, se hubiese evitado la dictadura si a Pinochet se le hubiese ofrecido un poco más que lo que le ofreció Nixon al general. Y la historia sería diferente, y hubiésemos, quizá, tenido una dictadura de otro signo. Quiero decir, ninguna consideración nos va a librar nunca del que traiciona por motivos fútiles, porque para esa persona la traición es simplemente un negocio más y probablemente tampoco entiende la gravedad de sus actos. Este es un hombre que, muerta su madre, ofrece su cuerpo a alguna facultad de medicina para que puedan ejercitarse los estudiantes. A cambio de dinero, claro está, y argumentando que lo hace por el bien de la ciencia.

Para Quién Trabajan los Jueces de la CS

Hace unos días nos enteramos que la Corte Suprema había abierto un cuaderno de remoción contra tres jueces de Arica. El cuaderno de remoción "es un expediente que se inicia a un funcionario judicial para resolver su exoneración del cargo".  Es la más alta medida disciplinaria y contempla el apartamiento definitivo de funcionarios judiciales, según el artículo 80 de la Constitución. El artículo 76 contempla como causal de remoción los delitos "de cohecho, falta de observancia en materia sustancial de las leyes que reglan el procedimiento, denegación y torcida administración de justicia y, en general, de toda prevaricación en que incurran en el desempeño de sus funciones".
Estos son algunos de los delitos de los que se acusa a jueces como Nibaldo Segura y Rubén Ballesteros, introducidos en el poder judicial por el presidente Lagos. Es imposible calcular el terrible daño que ha causado la influencia de estos jueces en casos de derechos humanos. Ambos dictan frecuentemente fallos aberrantes que creíamos que no eran posibles, por ser ilegales. Por ejemplo, aplicar la amnistía de 1978, que prohíben tratados internacionales firmados por Chile, que consideran imprescriptibles los delitos de lesa humanidad, que se definen como crímenes de guerra (por ejemplo, asesinato, violación, desplazamiento forzado) por motivos religiosos o políticos o étnicos como parte de un plan sistemático de ataques contra la población civil. Este es exactamente el caso con las violaciones contra los derechos humanos cometidos por militares y civiles chilenos.
Muchos defienden la posición de estos jueces (de la Segunda Sala Penal de la Corte Suprema) argumentando que estos delitos no han sido incorporados en la legislación nacional o que se debe respetar la autonomía del poder judicial. Ambas defensas son erróneas. Tratándose de delitos contra la humanidad, el Pacto por los Derechos Civiles y Políticos  de 1966 (ratificado por Chile hace décadas), establece en su artículo 15 que "nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho nacional o internacional. [...] Nada de lo dispuesto en este artículo se opondrá al juicio ni a la condena de una persona por actos u omisiones que, en el momento de cometerse, fueran delictivos según los principios generales del derecho reconocidos por la comunidad internacional." En otras palabras, si al momento de cometerse esos delitos ya eran delitos en el derecho internacional, no importa si las legislaciones internacionales no los hayan incorporado: son delitos imprescriptibles y deben juzgarse como tales.
El segundo argumento, de que se ha de respetar la independencia de los poderes, tampoco se sostiene, porque es en interés del bien general que los jueces apliquen correctamente las leyes y acaten tanto la legislación nacional como el derecho internacional que obliga a los estados firmantes, como Chile. Ningún gobierno serio puede defender ante la ciudadanía que no puede intervenir cuando los jueces dictan sentencias que son claramente ilegales. Eso sería perpetuar un estado de impunidad inaceptable y es labor del presidente de la República velar porque los poderes del estado funcionen de acuerdo a derecho. No se viola ninguna autonomía si se erradica del poder judicial a jueces que utilizan las leyes para encubrir y proteger a sus aliados. Al contrario, se hace sólo lo que imponen la propia Constitución y la decencia.
La remoción de jueces moralmente corruptos no es algo frecuente en Chile. En 2001 se expulsó, por primera vez en la historia del poder judicial, al juez Luis Correa Bulo, por faltas a la ética.  En 2010 se expulsó a la jueza Sonia Navarro, por consumo de cocaína. Ambos casos son menos graves que aplicar una amnistía que es ilegal o la prescripción de la acción penal a delitos que son imprescriptibles.
Estos jueces, y otros casos de infiltración pinochetista en el poder judicial, dictan frecuentemente penas ridículas para los casos más graves de violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura en Chile: secuestros, asesinatos, internación en campos de concentración y violaciones como parte de un plan sistemático de exterminio. Las penas que dictan estos jueces, incluso en casos de asesinatos múltiples, nunca superan los cinco años remitidos o de libertad vigilada, lo que es un agravio a nuestro sentido de justicia, que agravan el dolor de los familiares de las víctimas, que observan que los ladrones de gallinas reciben penas más severas que los militares renegados que participaron en un plan de exterminio de otros chilenos.
El reciente fallo de la Corte de Apelaciones de Concepción, en el caso de los asesinatos de 29 personas a manos de militares y civiles pinochetistas en Santa Bárbara en 1973, está mucho más cerca de nuestra noción de justicia que los fallos aberrantes que denunciamos. En este caso, el magistrado Carlos Aldana dictó sentencias de entre 10 y 6 años de cárcel sin beneficios.
Estos mismos fallos dejan igualmente en evidencia la aberración jurídica y moral que significan los fallos de la Corte Suprema en Santiago.
Esos jueces -Segura, Ballesteros, Pffeifer- que son un obstáculo para la correcta administración de la justicia, deben ser removidos de sus funciones e inhabilitados a perpetuidad. El presidente Piñera debe tomarse en serio que la administración correcta de justicia es uno de sus deberes fundamentales, porque ha jurado defender a los ciudadanos. Sólo después de eso podremos hablar de reconciliación.
Los familiares de las víctimas no tendrán más alternativa que recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde podrán encontrar la justicia que su propio país les niega.

Qué Hacer con los Perros de la Calle

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Más que pensar en las dificultades que los perros de la calle presentan a veces a los humanos, debemos pensar en la reformulación de nuestra relación con los animales.

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1
Los perros que se hallan en las calles son, en ese orden de importancia, perdidos y abandonados. En general, los que viven en la calle no son perros felices. Pese a que la mayoría de ellos cuenta con madrinas y padrinos (tutores, y las que llamamos cariñosamente viejas locas) que los alimentan, sanan de sus enfermedades y vacunan regularmente, se trata de perros que viven bajo un enorme estrés, primero por los terribles y cotidianos riesgos que corren (de ser agredidos por humanos y otros perros, de morir atropellados, de contraer enfermedades) y, luego, porque su destino natural es una familia humana que, aparte protección, les proporcione compañía, cariño y una función en el seno del grupo familiar -que son cosas que esperamos todos los mamíferos.

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Los perros deben ser retirados de la calle por su propio bien, aunque hay casos, como los perros comunitarios en los barrios periféricos, en que sobreviven sin grandes dificultades y con funciones de seguridad que la comunidad humana aprecia enormemente. (No me refiero a los perros que salen a la calle para volver a casa a comer y dormir, según una extendida costumbre chilena, que tiene a los perros como niños, hijos o miembros de la familia, con derechos similares a los de los niños -de tener amigos y salir a jugar con ellos, por ejemplo.) Se los debe retirar de la calle para facilitar su reencuentro con la familia que los extravió o para su adopción por otra familia humana. En ningún caso deben ser retirados simplemente porque provocan molestias a los humanos, y menos ingresados en caniles, privados o municipales, que sean en realidad botaderos de perros, de donde no saldrán con vida, sea porque esos caniles no implementan políticas ni de reunificación familiar ni de adopción y donde los canes mueren por enfermedades contraídas en caniles hacinados e insalubres o a manos de otros perros agresivos.

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A mi juicio, es muy probable que los perros corran este destino horrible en caniles con grandes concentraciones de animales, de cien o varios cientos o miles de perros, que son inmanejables, que carecen de recursos, capacidad o personal y que conocen una tasa de muerte altísima. Lo ideal sería crear redes de refugios o caniles familiares, u hogares adoptivos, de no más de cinco o diez perros, en los que deberían ser preparados para su nueva vida con una familia humana.

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Para facilitar la reunificación familiar deberían crearse e implementarse programas de reencuentro que faciliten la identificación de los canes perdidos. Esto se puede lograr subiendo fotos y descripción a páginas web, municipales o privadas o de asociaciones y pidiendo la colaboración de medios de comunicación social, como prensa escrita, radio, televisión y prensa online, que podrían ceder espacio o tiempo para presentar sus fotos para facilitar el reconocimiento y reencuentro con la familia humana o la adopción.

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Una vez en el canil, los perros deben ser examinados médicamente y tratados si tuviesen alguna enfermedad. Al mismo tiempo, debiese aprovecharse su estadía en el canil para rehabilitar a los perros que se muestren agresivos o muy territoriales, con el fin de adiestrarlos para facilitar su reinserción social -es decir, que pueden ser adiestrados para que puedan ser reincorporados en la sociedad humana como perros terapeutas para trabajar con niños, ancianos, en hospitales, residencias de ancianos, hogares infantiles, escuelas, y en otros oficios, como detectando enfermedades, como perros bomberos y policías, como perros sabuesos o rastreadores y lazarillos y en otros innumerables oficios. Todos los perros pueden ser adiestrados en estas labores, independientemente de su raza. Todos los perros son un verdadero tesoro y al adiestrarlos así empezaremos a verlos, más que como fuente de peligro y miseria, como colegas de inmenso valor. Al mismo tiempo, a muchos perros se les pueden enseñar algunas habilidades sociales que faciliten su adopción, como por ejemplo enseñarles a jugar a la pelota (uno de mis amigos perros juega a la pelota vasca, y no lo aprendió de nadie), a recoger el diario, a jugar al Friesbee y otras habilidades que son especialidad de los encantadores de perros. Estas habilidades aumentarían la posibilidad de ser adoptados de muchos chuchitos.

En esos caniles se podrían prestar ciertamente estos servicios de adiestramiento no solamente para los residentes recogidos, sino para perros cuyos dueños quieran prepararlos a alguna de esas funciones. Por ejemplo, se podría adiestrar a perros guardianes o con funciones de guardianes para enseñarlos a proteger la propiedad que custodian (casas, locales comerciales, parcelas, fábricas) sin provocar lesiones letales a los infractores. Obviamente, estos perros no deben ser tratados como monstruos ni robots y deben formar parte de una familia humana. El adiestramiento podría ser pagado a los especialistas encargados por las mismas instituciones que los contratarán en el futuro.

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No hay que tener miedo a la idea de tener muchos caniles pequeños, familiares, en lugar de uno solo con cientos de animales. Es mucho más humano, prepara a los perros para su destino final en una familia humana y no costará demasiado dinero a las municipalidades. Cuando se trate de la creación de refugios familiares temporales o permanentes, las municipalidades debiesen ofrecer servicios médico-veterinarios gratuitos, que incluyesen las vacunas y tratamientos médicos permanentemente o durante un tiempo o dependiendo de los ingresos de la familia. Esto facilitaría enormemente la capacidad de recepción de los ciudadanos, que muchas veces no reaccionan no por falta de piedad sino por falta de recursos.

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Los perros adoptados en los caniles familiares o municipales deben quedar inscritos en la municipalidad, para facilitar su seguimiento y detectar casos de maltrato y abandono. Lo ideal sería que las mascotas sean incluidas en las libretas de familia e identificadas con un nombre adecuado y los apellidos de los otros miembros de la familia.

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En cuanto a la alimentación, creo que esos hogares deberían adoptar dietas veganas, que son enteramente responsables y que consisten básicamente en una alimentación a base de verduras, frutas y legumbres, más los complementos necesarios. Gran parte de este alimento se puede obtener gratuitamente visitando las ferias a la hora del cierre, cuando quedan en los puestos grandes cantidades de alimentos retirados de la venta para humanos pero todavía perfectamente utilizables para preparar comidas para perros. (Los perros que viven conmigo se alimentan de acuerdo a una dieta vegana, tienen supervisión veterinaria y son perfectamente sanos.) Voluntarios veganos podrían además enseñar el uso de recursos para dar a los chuchos una alimentación variada y sana utilizando elementos presentes localmente. Estoy seguro que otros alimentos, como arroz y fideos, se pueden obtener gratuitamente apelando a la piedad y solidaridad de fabricantes, tiendas y ciudadanos.

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Los animalistas y municipalidades deberían trabajar conjuntamente para crear redes de voluntarios que acompañen a los perros en los caniles mientras dure el proceso de adopción: acompañarlos, sacarlos a pasear, servirles el alimento de vez en vez, bañarlos, limpiarlos y, sobre todo, buscarles familias humanas adoptivas en sus propios entornos y realizando jornadas de adopción regulares los fines de semana. Los voluntarios podrían también colaborar de otros modos, como confeccionando ropa para perros (que eventualmente podría ofrecerse en el mercado) o haciendo alimento seco vegano (que también podría comercializarse) y contribuir así a los recursos de los caniles. Las municipalidades debiesen fomentar las actividades económicas que puedan surgir en torno al cuidado animal (como las fábricas de pellet y talleres de confección de ropa para mascotas).

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Al mismo tiempo, debieran las municipalidades realizar campañas permanentes de esterilización, para contribuir al control de la población canina; restringir o prohibir la venta de perros de criadero o el funcionamiento de estos criaderos; y realizar campañas permanentes de educación sobre mascotas y la relación de los humanos con ellas en escuelas, jardines infantiles, centros de madres, juntas de vecinos, residencias, etc. El objetivo debiera incluir lo que llamamos hoy tenencia responsable, pero en el marco de la formulación de una nueva relación con los animales, que excluya la explotación y utilización abusiva, la esclavitud y el cautiverio, y que se base en una relación sana, incluyendo relaciones recíprocas no ajenas a la sociedad y cultura caninas.

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Las municipalidades y animalista debiésemos iniciar campañas de reclutamiento de voluntarios en todos los grupos de edad, y especialmente entre personas de la tercera edad, que disponen de más tiempo y son por eso quizá más receptivos al trabajo solidario y comunitario. Pero, obviamente, deberíamos reclutar en todas partes.

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Debemos pedir la colaboración de las iglesias para fomentar la adopción y la solidaridad con los animales. Debemos aspirar a que en los sermones del domingo y en otros servicios de otras iglesias, los sacerdotes y pastores llamen a los fieles a dar muestras de compromiso integrando a animales de la calle o de caniles a sus familias humanas. Al mismo tiempo, serviría que las autoridades, como por ejemplo el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, se dirigiesen a la ciudadanía sugiriendo que la adopción, basada en la piedad, es un gran paso hacia la solución del problema de los perros en situación de calle. Quizá podamos pedir la colaboración de figuras conocidas en sus oficios, como carabineros, senadores, diputados, hombres de negocios, sacerdotes, artistas, que hayan adoptado a perros de la calle y destaquen los efectos positivos de la adopción para la familia humana.

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En la formulación y creación de un nuevo tipo de relación con las mascotas deberíamos fomentar una cultura de respeto, pidiendo por ejemplo que en los restaurantes se instalen caniles para que las personas con mascotas no sean excluidas del uso de esos servicios, o para que se admita, como en otros países, a las mascotas en el transporte público, o para sepultar con dignidad a las mascotas fallecidas en cementerios de mascotas que deberían crearse en las comunas. Deberíamos terminar con la costumbre de arrojar a las mascotas muertas a la basura, a los vertederos o a la calle y enterrarlas con respeto, en un servicio adecuado, también para inculcar en nuestros hijos una cultura de respeto hacia los animales.

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Creo que es importante decir, por la experiencia en otros países, que la prestación de algunos servicios médico-veterinarios gratuitos no debe ser vista como competencia desleal por los veterinarios. La mayoría de las personas en Chile, por escasez de recursos, no visitarán nunca a un veterinario si los costes amenazan al presupuesto familiar, que es frecuentemente el caso. Así, la municipalidad estará ayudando a personas que de todos modos no contratarán nunca los servicios de veterinarios. Pero más importante es que en este plan se crean numerosos nichos donde los veterinarios pueden especializarse, como para el adiestramiento de perros terapeutas o de otros servicios, para la rehabilitación de perros agresivos o con conductas anómalas, para la búsqueda de perros perdidos y para asesorar a las familias humanas adoptivas en su relación con las mascotas.

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Es muy importante que el estado y el Parlamento participen en la creación de un marco ideológico y jurídico, colaboren en la promulgación de leyes que prohíban explícitamente el sacrificio animal como forma de control de la población canina y toda forma de eutanasia que no sea estrictamente médica y castiguen con severidad el maltrato animal, incluyendo penas prolongadas de cárcel para los casos más aberrantes, como los envenenadores de perros y otros maltratadores semejantes. El asesinato de un perro debiera equipararse con el homicidio simple. Al mismo tiempo, deberíamos contar ya con una fiscalía animal, que se especialice en estos casos, y el aumento de la dotación de las brigadas de policía del medio ambiente ya existentes para fortalecer la sección dedicada a casos de maltrato animal. Es importante también contar con una policía especializada en el rastreo de perros perdidos y/o fomentar la creación de bufetes privados especializados con el mismo fin (los llamados detectives de perros).

Del estado debiésemos también esperar que colabore en la promulgación de una ley que permita que los funcionarios municipales desobedezcan y denuncien órdenes ilegales sin temor a perder sus empleos. En la actualidad, los funcionarios deben obedecer, incluso si las órdenes de superiores son evidentemente ilegales. Cambiar la ley y permitir la desobediencia y denuncia justificadas nos permitiría estar al tanto, desde dentro, de posibles abusos y delitos y fortalecería las labores de fiscalización.

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Es importante intervenir en la comunidad para prevenir tanto el maltrato como el abandono. Muchas veces las familias abandonan a sus canes cuando alguna situación inesperada restringe sus ingresos, transformando la manutención de los canes en algo muy difícil. En otros casos, la falta de recursos para curar a un perro enfermo provocará casi ciertamente su abandono. En otros, la enfermedad del tutor humano (por Parkinson, por Alhzeimer o alguna otra enfermedad grave) redundará en el abandono del can. Los servicios municipales, en colaboración con las redes animalistas, deben detectar estos casos antes de que ocurra el abandono. Hay que recordar que en los casos de falta de recursos para tratar a los chuchos, la municipalidad debe ofrecer servicios médicos gratuitos.

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Si todo marcha bien, si se implementan planes como este haciendo funcionar al mismo tiempo todo el engranaje, al cabo de un tiempo habrá muy pocos perros en la calle, pues vivirán todos en familias adoptivas. Los perros que hallásemos en la calle serían pues perdidos o escapados, antes que abandonados, o simplemente perros paseando, porque la intención de impedir que los tutores permitan que sus perros salgan a pasear a la calle o a la plaza del barrio (estoy excluyendo el casco histórico o centro administrativo de las ciudades), como los cachorros humanos, o con ellos, es mucho mejor que no la tengamos. Es un rasgo valioso de nuestra identidad.

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Si hallado un perro en la calle no hubiese otra opción que un canil gigante, sin planes ni de adopción, ni de rehabilitación, ni de reinserción social, ni de nada, que son caniles donde son botados para que se mueran, sea de enfermedad, sea a manos de otros perros, o simplemente de tristeza, o si no hubiera caniles familiares con cupo, la mejor solución sería dejarlos en la calle, a cargo de una madrina o padrino, hasta que se le encuentre cupo en algún hogar.

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El principio guía de toda acción animalista es que los animales tienen derecho a la vida, que la vida animal tiene un valor intrínseco y que los perros o gatos y otros animales de compañía no deben ser matados nunca por motivos ajenos a aliviar su sufrimiento en casos irrecuperables o de enfermedades con dolores insufribles, igualmente intratables -o sea, lo que llamamos eutanasia médica. Toda otra muerte provocada debe ser considerada asesinato y un caso grave de maltrato animal y castigada consecuentemente. Cuando se acepte que los chuchos y meninos tienen el mismo derecho que nosotros a la vida y que son parte de nuestras familias, los humanos encontraremos siempre una solución, del mismo modo que encontramos solución cuando se trata de nuestros familiares humanos.

Notas
1 Estos comentarios y reflexiones los he escrito después de conversar con mis amigos y compinches habituales, P.G., E.J.M. y C.L., sobre el nuevo proyecto de ley de protección animal que se tramita en el Congreso chileno y sobre qué podríamos hacer para ofrecer a los perros en situación de calle una nueva vida en una familia humana.

2 El ministro apareció hace poco en una publicación, en un retrato con los perros hallados en la calle que ha adoptado. Es un gran ejemplo. Su compromiso ofreció una vida nueva a tres canes que, por razones desconocidas, terminaron viviendo en la calle.

Falso Dilema

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Lucha por el bienestar animal no puede suplantar lucha por el fin de la explotación animal.

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Muchos confunden la causa por la abolición del consumo y utilización de animales con la causa que promueve el bienestar animal. Estas dos causas no deben confundirse. La primera quiere terminar con el cautiverio y la explotación animal y reconoce el valor intrínseco de la vida de los animales. La segunda sólo busca fomentar mejores condiciones de vida, especialmente para los animales de producción (es decir, destinados al sacrificio). Los partidarios de la abolición no podrían oponerse a que los animales, en tanto dependan de los humanos, tengan mejores condiciones de vida. Pero los partidarios del bienestar no puedan apoyarles, porque no reconocen que la vida de los animales, como la humana, tenga valor intrínseco.

En estas dos posiciones hay una zona aparentemente turbia, que también se insinúa en la Declaración Universal de los Derechos del Animal de 1977, que reconoce el derecho a la vida de los animales, al mismo tiempo que prescribe que se trate bien a los animales de sacrificio. Como los humanos, según sus derechos definidos globalmente, también tienen los animales derecho a una vida sin dolor, sufrimiento, torturas, persecución o acoso, angustia, aislamiento forzado, tratos crueles, esclavitud, destrucción de sus familias o desaparición forzada. Este derecho a que se respete su naturaleza es un derecho anterior a toda circunstancia y se ha de respetar siempre, en todas partes, independientemente de las circunstancias específicas de los que sufren la violación de esos derechos.

¿Pongamos a los perros como ejemplo? A estos solemos encerrarlos en a) jaulas pequeñas y estrechas en las que apenas si pueden moverse, que todavía se pueden ver en algunas perreras e incluso clínicas y hoteles caninos; b) en jaulas grandes y espaciosas, tan altas como una habitación humana, con montículos de arena y cobertizos. ¿Es necesario considerar el destino de los animales encerrados para saber qué tipo de jaula utilizar para su encierro? El primer tipo de jaula es claramente atentatorio contra el derecho de los animales a vivir sin angustia ni aislamiento ni tratos crueles ni en condiciones de confinamiento extremo ni en ninguna circunstancia que implique privaciones innaturales (de sueño, de compañía, de alimento). Ningún perro debe vivir ahí nunca, sea su destino una familia adoptiva, la calle o su sacrificio. Igualmente, ningún prisionero humano debe ser sometido a tratos crueles e inhumanos, independientemente de quién sea, de los crímenes que haya cometido e independientemente de su condena, sea esta la muerte. Ningún cerdo, ninguna vaca deben ser ni confinados en condiciones de hacinamiento, ni torturados, ni sometidos a tratos crueles, sea o no su destino final la mesa de las familias carnívoras.

Es falso el dilema que plantean algunos entre la lucha por la abolición y la lucha por el bienestar animal.  El objetivo animalista no es el mejoramiento de las condiciones de vida de los animales en cautiverio con el argumento de que en esta vida no podremos obtener nada mejor y que el mejoramiento de esas condiciones son de alguna manera fantasmagórica un paso hacia su liberación, pero obviamente el reconocimiento del derecho a la vida de los animales implica no solamente que no se piense en ellos como alimento o materia prima sino además que se rechace que, aun en cautiverio, se les someta a tratos crueles o violentos. Los veganos, los católicos, los budistas y otros muchos grupos humanos se opondrán siempre a que se inflija dolor o se torture a animales o humanos, independientemente de toda otra consideración.

Así que no se trata de dos estrategias divergentes con un mismo fin en mente. No se alcanzará el objetivo animalista de abolir la explotación animal mejorando las condiciones de vida de los animales criados para su sacrificio. Esa mejora no conduce a su liberación, sino únicamente al matadero. Pero ningún animal debe sufrir maltrato nunca, en ninguna parte, cualesquiera sean las circunstancias.

El Imperio de la Necedad

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Municipalidad recoge perros de la calle sin motivos justificados.

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Es increíble la mala fe y la arbitrariedad en la interpretación del último dictamen de Contraloría de parte de las autoridades, y confirma el peor temor de los animalistas, que es la absoluta falta de fiscalización  de lo que hacen los funcionarios en los caniles. Y, al mismo tiempo, es tan típico del partido de los enemigos de los perros. A raíz de dos ataques caninos recientes contra transeúntes, en el sector de calle Bellavista y calle Salvador Donoso, en el centro de Valparaíso, la municipalidad envía a capturar a los perros callejeros que viven en esa esquina. Pero en lugar de llevarse a los perros agresivos y peligrosos, que son conocidos en el barrio, y que son perros que salen de noche y que ya fueron identificados, se llevaron a perros que se encontraban en esa esquina, algunos de ellos con dueño. Ciertamente, algunos ciudadanos resistieron la incautación de sus mascotas, las que fueron, sin embargo, trasladadas al canil de Laguna Verde.
La impericia y necia arrogancia de los funcionarios fue defendida por el encargado del departamento municipal, Mauricio González, que pasó por alto que los perros secuestrados no tenían nada que ver con las agresiones denunciadas. Esto se parece más a un acto de irracional venganza, y es completamente indefendible.
El funcionario argumenta que no se debe alimentar a los perros que se encuentran en la calle de "forma indiscriminada", frase hueca que es inmediatamente desmentida por la segunda argumentación, que es que los comerciantes que alimentarían a esos perros de la calle están saboteando los objetivos de la Cámara de Comercio y Turismo, que protestan "por la proliferación de perros". Encima tiene el tupé de pedir la colaboración de la ciudadanía para satisfacer las pretensiones de la Cámara de Comercio.
¿Qué se supone que va a pasar si la gente ya no puede alimentar a las mascotas en la calle? ¿Habrá previsto las consecuencias? ¿Sabe dónde buscarán el alimento? A mí me parece, además, que es un delito fomentar la comisión de un delito, que es el maltrato por omisión. Se resiste uno a creer que esto sea serio, y menos la postura de las autoridades, que parecen más empeñadas en atormentar a la humanidad con medidas brutas e injustificadas, que en solucionar sus problemas. ¿A qué se refiere con que falta colaboración de la ciudadanía en el control canino? ¿Lo dice sobre la base de investigaciones independientes precisas, o es sólo una chupada de dedo, una bravuconada incompresiblemente necia, bla blá?
Porque, vamos a ver, según lo que sabemos por investigaciones realizadas en varios condados de Estados Unidos y en Inglaterra y otros países, la mayoría de los perros hallados en la calle son perros perdidos, y sólo una minoría, abandonados. Si las autoridades montasen programas que facilitaran el reencuentro entre mascotas perdidas y sus familias humanas, la población canina callejera disminuiría dramáticamente y haría que una queja como la del funcionario quedase totalmente fuera de lugar. Lo que falta es que las autoridades tengan el corazón donde deben tenerlo, y busquen soluciones en el marco de la sensibilidad chilena, que rechaza tanto el sacrificio como el encierro indefinido de las mascotas recuperadas en caniles que, con el paso del tiempo, convierten a los chuchos en condenados a reclusión perpetua.
Es derechamente impresentable que los funcionarios retiren indiscriminadamente a perros de la calle tras denuncias que no son investigadas. Muchos perros, que son alimentados y cuidados (incluyendo tratamientos médicos, vacunas y operaciones) por sus tutores, pasan el día en torno a los quioscos, y pueden dormir en ellos por la noche, y ciertamente están mucho mejor en la calle, con sus padrinos y madrinas, que en un canil con otros cientos de animales donde no tendrán muchas posibilidades de volver a ser felices si no se realizan campañas permanentes y bien diseñadas de adopción y/o reencuentro.
Los funcionarios siguen sin entender que cuando se reconoce, como hacen muchos, si no una mayoría de los chilenos, que el valor de la vida de los animales es intrínseco, no se los puede tratar como otra cosa que personas. Como entre los humanos, los delitos son actos personales, y no son intercambiables. De nada sirve llenar el canil (que es inmensamente grande) con perros que podrían estar perfectamente en la calle, porque no son peligrosos ni agresivos y tienen madrinas o padrinos, donde su calidad de vida es mucho mejor que en el canil. Y la calidad de vida de los perros en casos específicos debiese ser un criterio prioritario a la hora de decidir su traslado al canil. Lo que han hecho los funcionarios es una insensatez, un acto arbitrario, injustificado y estúpido.

Por otro lado, el fenómeno del perro perdido existirá siempre, por más estrictas que sean las leyes o su implementación, porque habrá siempre perros curiosos que salen a explorar, se van calle abajo y se pierden; que aprovechan un descuido y una puerta abierta; que excavan por debajo de las rejas; que saltan por encima de las vallas; que se lanzan balcón o terraza abajo; que empujan y rompen los portones hasta abrirlos; que rompen las telas metálicas; que tuercen los alambres. Y como el hambre que acompaña a las ganas de comer, tampoco son los humanos capaces de controlar todo lo que se le puede ocurrir a un perro que está empeñado en salir a pasear, ni pueden muchos respetar el paseo diario que se les prometió al principio. Lo más cuerdo parece entonces diseñar estrategias de reunificación familiar que sean efectivas y gestionadas por personal idóneo, de buena fe, como las miles de viejas locas y padrinos que estarían dichosos si las autoridades les incluyesen en esos planes, como voluntarios -voluntarios para organizar campañas permanentes de adopción, para encargarse de la reunificación familiar, para localizar a los perros perdidos, para acompañar y sacar a pasear a los perros que, en los caniles, esperan una familia humana, y en tantas otras cosas. Porque también deben entender, autoridades y ciudadanía, que el canil es un lugar de tránsito hacia una familia, y no el fin del trayecto. El incidente que comentamos deja en claro qué tienen las autoridades en la cabeza: para ellas, el problema no es que los perros lo están pasando mal en la calle, desorientados y hambrientos. El problema es que hay perros en la calle que pueden ser peligrosos y a los que hay que retirar de la vía pública. Más allá de eso, parecen no ver nada, porque tampoco parece que exista mucho interés en montar un plan de reunificación familiar, de hogares adoptivos temporales y de adopciones que permita lograr el objetivo central.
A ello se agrega el despropósito de llevarse al canil a sabiendas, como en este caso, a perros con dueño, porque ignoran y desconocen el derecho de la gente sin techo y de los nómades urbanos a tener perros, y lo desconocen ingenua y abiertamente y de hecho secuestran a sus perros para depositarlos en un canil no con el objetivo de ayudarlos, sino simplemente para sacarlos de la calle. Las autoridades aún no han aprendido nada. Parece que los senadores chilenos, al convenir en un proyecto necesario y tan bien intencionado que rechaza el sacrificio animal, viven en otro país que muchos energúmenos que hacen las veces de autoridades locales, que sólo piensan en encerrar o matar.

No me parece que el dictamen de Contraloría, pese a su gótica redacción, justifique estas licencias en su interpretación. El dictamen termina, concluyendo, con que "[...] frente a casos específicos de canes enfermos o gravemente heridos, cuya vida no es viable desde el punto de vista clínico, y que de provocarse su muerte se le evitarán sufrimientos innecesarios, resulta procedente que la autoridad municipal disponga la adopción de las medidas adecuadas", las que incluyen el retiro de los canes de la calle y su sacrificio. La conclusión no faculta a las municipalidades a recoger en masa o sin motivo justificado a perros de la calle, sino solamente a canes enfermos y heridos, en "casos específicos".
Todos sabíamos que las autoridades mal intencionadas utilizarían este dictamen par justificar los retiros y posiblemente matanzas o desapariciones encubiertas (que ocurre cuando se terceriza el retiro de mascotas o se contrata a firmas de control de plagas), porque la ley no contempla ninguna instancia de fiscalización independiente. El dictamen tampoco justifica los retiros preventivos, sistemáticos y permanentes. En el caso de que se trata, los funcionarios debieron capturar a los perros acusados de haber atacado a esos transeúntes en horas de la madrugada y trasladarles a un canil donde deberían ser resocializados antes de su adopción. En lugar de eso, comportándose los funcionarios de un modo increíble e inaceptablemente rústico, se dirigieron a las calles mencionadas y recogieron a todo perro que encontraron -menos a los que sí debían recoger, que eran perros agresivos, y nocturnos. E inverosímilmente requisaron y secuestraron a perros que sí tenían tutores, pero cuyos reclamos ignoraron por tratarse de indigentes.

Está de más decir que no existe ninguna ley ni ordenanza que prohíba que un indigente o una persona sin domicilio fijo tenga perros. La condición social y personal no es tampoco un requisito legal que capacite para la propiedad o tenencia de animales. Esto es un sin sentido. Los funcionarios municipales no tienen ninguna facultad para proceder al decomiso y secuestro de animales en la calle que sí tienen dueños. La teoría que defendió el encargado municipal fue que los perros que atacaron a los transeúntes en la noche, son perros que durante el día han formado jaurías. Por ello, si se retiran los perros del día, no podrán formar jaurías para morder peatones por la noche. Todo este razonamiento pese a las declaraciones de una vecina de que se trata de un grupo de perros agresivos que sale de noche.

Es difícil imaginar tanta necedad, incompetencia y mala fe. Hace mal la municipalidad en contratar a matones o en intimidar a funcionarios para que realicen estas actividades que nada justifica, y hace mal en permitir que se discrimine tan grosera e ilegalmente a algunos ciudadanos. Con estas acciones sólo reavivará la hostilidad que caracterizó siempre la relación entre autoridades y porteños.

La Intuición del Mal

Ayer recordó el fiscal Félix Crous, en su alegato en la causa del centro de detención y exterminio El Vesubio, las palabras que escribiera Julio Cortázar, que desconocía. Y en el texto, Negación del olvido, de 1981, Cortázar escribió: ""Pienso que todos los aquí reunidos [en un coloquio en París, en 1981, sobre la desaparición forzada] coincidirán conmigo en que cada vez que, a través de testimonios personales o de documentos, tomamos contacto con la cuestión de los desaparecidos en la Argentina o en otros países sudamericanos, el sentimiento que se manifiesta casi de inmediato es el de lo diabólico. Desde luego, vivimos en una época en la que referirse al diablo parece cada vez más ingenuo o más tonto, y sin embargo es imposible enfrentar el hecho de las desapariciones sin que algo en nosotros sienta la presencia de una fuerza que parece venir de las profundidades, de esos abismos donde inevitablemente la imaginación termina por situar a todos aquellos que han desaparecido".

¿Creemos sentir la presencia del Mal sólo cuando no podemos explicarnos algo? La increíble cobardía, arbitrariedad y crueldad de los funcionarios de la dictadura chilena, por ejemplo, ¿se puede explicar humanamente? En la historia de la dictadura hay episodios dantescos: por ejemplo, el general Contreras, jefe de la policía secreta del dictador, no sólo torturaba y asesinaba a los detenidos, sino además, en una acción que todavía no ha sido explicada, les arrancaba los ojos; a otros les extraía las tapaduras y dientes de oro, que reducía luego para convertir en dinero. ¿Qué causa ideológica o política puede explicar estos actos? ¿Existe alguna ideología política que exija a sus seguidores la profanación de los cadáveres, la reducción de la persona considerada enemiga a la condición de cosa, o peor, de mercancía? Si los familiares y la ciudadanía se hubiese enterado entonces de estos actos, su efecto habría sido probablemente el terror, y hubiésemos podido concluir que la profanación tenía ese propósito. Pero de estos actos nos enteramos décadas después de sucedidos, gracias a la confesión de un criado del general. Su fin no era aterrorizar. Su fin era otro, y no es explicable en términos humanos.

Cuando pienso que, además, las personas a las que se sometía a estas violencias eran inocentes, en el sentido de que no eran autores de ninguna acción punible o descrita como punible en el Código Penal y, si eran culpables, no lo eran en el sentido tradicional de haber transgredido alguna norma o ley, sino simplemente porque los torturadores los clasificaban como culpables en parte para poder someterlos a esas violencias, que no tenían más propósito que la violencia misma, más allá de toda justificación ideológica o política, creando un contexto muy cercano a la psicopatología. Muchos detenidos fueron torturados y asesinados por motivos, si cabe, pueriles: por llamarse Ernesto, por llevar un jersey rojo o zapatos remendados, por ser primo de otro detenido, por mirar feo, por vivir en tal o cual barrio, o para poder robarle algún objeto, o para poder violar a alguna mujer o niño de la familia, o porque si. ¿A quién puede placer esta violencia arbitraria y estúpida? ¿A quién debes recurrir cuando se te acusa de llamarte Ernesto? ¿En qué tribunal te podrías defender? Porque quizá es posible explicar estas violencias cuando, por bizarras y crueles que sean, se ejercen contra enemigos. Pero cuando se ejercen no contra enemigos, sino contra personas detenidas sin motivo racional alguno, ¿cómo podríamos explicarlas?

En los campos de concentración argentinos se implementó un plan de apropiación de los hijos recién nacidos de las detenidas, mujeres que habían sido detenidas estando embarazadas o mujeres que quedaron embarazadas tras ser violadas por agentes del Estado. Torturadas, asesinadas y hechas desaparecer, sus hijos eran entregados o vendidos a familias militares estériles.1 En muchos casos, esos niñas y niñas, lejos de ser tratados como hijos adoptivos, fueron sometidos a increíbles violencias y maltratos. En Argentina se trata de cientos de casos. ¿Qué modelo de estructura social se puede imaginar que justifique estas aberraciones? Recuérdese que durante la dictadura miles de detenidos fueron obligados a trabajar como esclavos para instituciones del Estado. Los fascistas imaginan como ideal un estado social en el que una clase específica, definida arbitrariamente, debe ser oprimida, esclavizada, y sus mujeres tratadas como animales y eliminadas después del parto. ¿Se puede imaginar algo más diabólico que esto?

Hay otro aspecto que llama la atención en cuanto a la dimensión política de estas dictaduras. En Chile, entre 1974 y 1975 el régimen ordenó a las guarniciones militares la detención arbitraria de ciudadanos para ser torturados durante la noche y liberados, sin formulación de cargos, a la mañana siguiente. Se calcula que en ese periodo fueron torturadas cerca de doscientas mil personas. Cada guarnición debía encargarse de cumplir cuotas específicas de detenidos. Lo que llama la atención es que no se buscaba identificar a gente de izquierda para castigarla e intimidarla, lo que se podría comprender en el contexto de la violencia política que se ejerce contra enemigos o rivales políticos. En este caso, los enemigos eran todos los ciudadanos. ¿Lo eran? Los militares detenían a personas en allanamientos masivos efectuados en poblaciones pobres. Los torturados no fueron nunca personas de clase alta, sino casi exclusivamente ciudadanos humildes. La distinción entre izquierdas o allendistas y pinochetistas no era relevante para los militares. Parecen haber pensado que en tanto que pobres, eran todos simplemente de izquierdas. Así, se les torturó a todos por igual: allendistas y pinochetistas. Los enemigos eran todos los chilenos.

Esta violencia arbitraria, irracional, cruel e imprevisible es quizás una de las características de lo que llamamos la presencia del Mal. Pero otra característica es que sus autores la pueden ejercer contra sus propios seguidores, como un perro rabioso y enloquecido que ataca y devora a sus propios hijos sin ningún motivo aparente o por motivos pueriles. El Mal sólo cuida sus propios intereses, que es su reproducción como tal. Y yo creo que otra característica que refuerza el sentimiento de lo diabólico es que estas fuerzas del Mal suelen encubrirse u ocultarse en instituciones como la iglesia católica y otras, llegando a infiltrarlas tan profundamente que sus miembros (curas, obispos) llegan no sólo a justificar y defender esos crímenes, sino que a participar ellos mismos en ellos. Recuérdese el caso del cura argentino von Wernick, condenado a prisión perpetua y recluido en una cárcel bonaerense, que participaba en los operativos de la policía en los que se detenía, torturaba y asesinaba a jóvenes detenidos acusados falsamente de ser guerrilleros para poder extorsionar a sus familias antes de darles muerte. Este espantoso personaje contó con la protección de sectores de la iglesia chilena, que lo cobijó y le permitió incluso decir misa en una parroquia de El Quisco, en la Quinta Región. Ninguno de sus cómplices chilenos ha sido ni identificado ni castigado. La iglesia chilena no ha hecho nada y es probable que asistamos a misas leídas por algunos de esos demonios. El Mal se disfraza y bajo el ropaje del catolicismo integrista, oculta su verdadera naturaleza.

Para muchos, nada de todo esto, sin embargo, demuestra la presencia del Mal, vale decir, de una dimensión maligna que desconocemos y que interfiere en los asuntos humanos. Lo más lejos que podemos llegar es considerar estos casos como psicopatologías. E incluso aquellos que reconocen su pertenencia al Mal son considerados enfermos mentales irreductibles. El militar que en África llamaban el General Poto Pelao (Butt Naked) contaba que había hecho un pacto con el diablo y que por este se obligaba no solamente a considerar como carne animal a sus enemigos y comérselos después de muertos, sino además a comerse a los hijos infantes de sus propios colaboradores. Y en ocasiones salía el general a matar niños en los ríos, que eran los hijos de sus propias tropas.

Sé que a muchos les parecerán estas reflexiones generosamente medievales. "Si las cosas", escribió Cortázar en ese texto, "parecen relativamente explicables en la superficie -los propósitos, los métodos y las consecuencias de las desapariciones-, queda sin embargo un trasfondo irreductible a toda razón, a toda justificación humana; y es entonces que el sentimiento de lo diabólico se abre paso como si por un momento hubiéramos vuelto a las vivencias medievales del bien y del mal, como si a pesar de todas nuestras defensas intelectuales lo demoníaco estuviera una vez más ahí diciéndonos: "¿Ves? Existo: Ahí tienes la prueba". Sus reflexiones posteriores afirman quizás lo humano de lo demoníaco. Pero recuérdese que él se limita a la experiencia de la desaparición forzada de los que las juntas militares consideraban enemigos. Es verdad, sin embargo, que teme uno que te puedan clasificar como pensador medieval, como si el Mal hubiese desaparecido en esa época de la faz de la Tierra. Como si el nazismo, del siglo veinte, no representase la presencia del Mal.

Pero más allá de eso, cuando pienso en el Mal termino invariablemente pensando en cosas como la posesión demoníaca, que todavía nadie explica coherentemente, y especialmente una de las características de los posesos, que es hablar en arameo sin haberlo aprendido nunca. Considerando muchos casos tratados por la iglesia como casos innegables de posesión demoníaca, creo que la dimensión infernal no puede ser negada. Por lo mismo, pese a que no quiero fundar en esto ninguna ciencia política, creo que el Mal es un factor en la historia contemporánea que no puede ser desdeñado.
[La imagen es del fotógrafo Víctor Curto Frías, Bienvenido al infierno.]

Nota
1. Hace unos días el Congreso estadounidense rechazó la petición de desclasificar documentos confidenciales relacionados con la dictadura argentina. La petición se había realizado con la esperanza de poder determinar la identidad y destino de esos bebés robados. La decisión del Congreso permite sospechar que algunos bebés pueden haber sido vendidos o trasladados a familias de militares estadounidenses.

El Proyecto Social Paramilitar

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columna de mérici

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¿Qué sabemos de las milicias paramilitares colombianas? La opinión general es que se trata de grupos armados contratados o formados por grandes hacendados, comerciantes y políticos de extrema derecha determinados a poner fin a las guerrillas de izquierda que amenazaban sus propiedades y negocios y su propia seguridad, usurpando las funciones del Estado en los territorios en los que eran activas. Políticos y hacendados implicados en la formación de estas milicias ofrecieron a los paramilitares la posibilidad de hacerse con tierras de los campesinos de las zonas que irían liberando de las guerrillas -campesinos que, de acuerdo a sus informaciones, podrían ser izquierdistas, comunistas o colaboradores de la guerrilla. Los campesinos eran simplemente asesinados o expulsados y sus tierras pasaban a ser propiedad de los jefes de las milicias.
No todos los hacendados estaban implicados en la lucha contra las guerrillas. Para muchos, la lucha contra la subversión que representaban los ejércitos guerrilleros fue utilizada como un pretexto para ampliar sus propiedades, como lo demuestra el caso de la familia Uribe, cuya hacienda fue acrecentada asesinando a los campesinos que reclamaban parte de la propiedad. Santiago Uribe, hermano del ex presidente Álvaro Uribe, formó la milicia llamada de Los Doce Apóstoles, que cometió numerosos crímenes, todavía impunes. Posteriormente los miembros de esta milicia fueron asesinados sistemáticamente, sobreviviendo solamente uno de ellos -un ex capitán de la policía que escapó a Venezuela para salvar la vida.
Muchas de estas milicias limpiaron algunas zonas que estaban bajo control de la guerrilla simplemente despoblándolas, asesinando arbitrariamente a los campesinos que allí residían y justificando las atroces masacres que cometieron acusando a los campesinos, falsamente, de colaborar con las guerrillas. Estas zonas despobladas les permitieron al mismo tiempo utilizarlas para el transporte de cocaína, una de sus fuentes de ingreso.
Los paramilitares surgieron prácticamente en todo el territorio colombiano. Algunos de sus jefes -no todos- fueron hombres de extrema derecha o derechamente fascistas y neonazis. En la mayoría de los casos los jefes eran simplemente delincuentes o mercenarios sin formación ni propósito político alguno. Los reclutas rasos de las milicias eran habitualmente delincuentes violentos, reclutados en los bajos fondos de zonas rurales y ciudades. Muchas milicias fueron formadas por individuos que podrían ser llamados empresarios, que reclutaban a sus propios hombres con el fin declarado de hacerse con tierras y territorios e imponer su propia versión de lo que debía ser un orden social nuevo. Esas tierras así adquiridas eran y son consideradas por los paramilitares como un botín de guerra legítimo. Los paramilitares contaban para estas campañas de aniquilamiento y apropiación con el beneplácito y complicidad del ejército y de la fuerza pública de Colombia.
En realidad, el conflicto colombiano se parece mucho a la descripción de la conquista de América que proponía el historiador chileno Néstor Meza, que suponía que los capitanes y avanzados españoles habían formado sus propias empresas militares o ejércitos privados, reclutando a sus miembros incluso en cárceles (recuperaban los presos la libertad si se marchaban a América), para avanzar por territorio indígena, sometiendo a los nativos y reduciéndolos en encomiendas que eran luego reconocidas por la Corona española como botín de guerra o encomiendas. Aquí se encuentra el origen de las actuales sociedades americanas, con unos pocos descendientes de esos criminales como dueños de la tierra y la enorme masa de descendientes de indios reducidos y obligados a vender su fuerza de trabajo para sobrevivir. En este orden social no hay exactamente nada de espontáneo ni es el resultado de ninguna evolución social natural, sino de la violenta usurpación e imposición del imperio español.
Pero de estos planes de los paramilitares sabemos muy poco. Por eso es valioso el reciente artículo publicado por verdadabierta, titulado Las calvas de Puerto Gaitán, Meta, que ofrece una mirada en las aberrantes utopías de los jefes paramilitares. En Meta y Vichada las milicias paramilitares impusieron un nuevo orden social en el que incluía la esclavitud, el trabajo obligatorio y otras formas de servidumbre igualmente perimidas. Decenas de mujeres acusadas de ser "prostitutas, chismosas o rebeldes" eran sometidas a esclavitud y enviadas a trabajar en haciendas y proyectos empresariales. Muchas de ellas eran rapadas, a modo de castigo. Este nuevo orden social se mantuvo vigente en esas zonas de 1997 a 2004.
En la Sierra Nevada de Santa Marta, Hernán Giraldo impuso el derecho de pernada, que obligaba a los campesinos a entregar a las muchachas y muchachos vírgenes al jefe paramilitar, so pena de expropiaciones y otras formas de violencia.
Pero en un régimen social y político paramilitar no hay nunca ninguna certeza de nada, porque los jefes, haciendo honor a la tradición fascista, no respetan ni su propia palabra. Su creencia en su superioridad sobre los demás, que se deriva de su idea de que la superioridad física o militar otorga a los fuertes el derecho a hacer lo que quieran, les permitía cosas como cerrar acuerdos con los campesinos, incluso en algunos casos pagarles por sus tierras, para volver luego, asesinarlos y recuperar el dinero.

Los paramilitares nunca tuvieron, ni pueden tener, un proyecto social específico. Como milicianos pagados por hacendados y políticos de derecha, sus funciones terminaban con el asesinato de campesinos. Cuando adquirieron autonomía (porque la codicia les llevó a atacar a sus propios patrones), llevaron a la práctica planes e ideas estúpidas, como los descritos arriba, más propios de psicópatas que de combatientes. Ninguna de esas estructuras sobrevivió. Hoy la mayoría de sus jefes se encuentra en prisión, junto con sus aliados en la clase política. Muchos de sus secuaces continúan asolando el campo colombiano.