Complicidad con el Demonio

Ayer el Tribunal Oral Federal Nº1 de La Plata, Argentina, condenó a reclusión perpetua al cura Christian von Wernich tras encontrarlo culpable de participación en los delitos de secuestros, torturas y asesinatos cometidos durante la dictadura argentina entre 1976 y 1983. Von Wernich no ha confesado. Se declaró inocente y víctima de una conspiración.

Su historia es espantosa. Durante la dictadura era capellán de la policía de Buenos Aires. En esa condición, visitaba las cárceles y comisarías e incluso al menos un centro de detención clandestino, pretendidamente para el auxilio espiritual de los secuestrados y detenidos. El cura era un confeso partidario de la dictadura.
Von Wernich trabajaba con el comisario Ramón Camps, también condenado a perpetua y ya muerto. También era un admirador del nazismo. Hoy lo defienden (al sacerdote) grupos incoherentes. Es héroe de un inverosímil grupo de católicos neo-nazis de extrema derecha, lo que es realmente de una increíble incoherencia (pues el nazismo y el catolicismo son filosofías que se excluyen mutuamente; el nazismo tenía un panteón conformado por dioses de las antiguas tribus germánicas).
Parece que en Argentina es más habitual que en Chile encontrar admiradores declarados de los nazis. Por lo menos, no ocultan sus simpatías. En el juicio, los abogados del cura reprocharon a Occidente la instalación de los tribunales de Nurenberg, que juzgaron a los jerarcas nazis después de la Segunda Guerra Mundial, reprochando a los tribunales su supuesta ilegitimidad. Y tan tranquilos, ellos, los abogados nazis y el cura.

A von Wernich se le acusaba de la tortura y homicidio de ocho jóvenes (estudiantes secundarios algunos). Nunca confesó. Pero lo delataron sus cómplices. Y se cuenta con abundantes testimonios de testigos que lo vieron en sus andanzas en los centros de detención.

Es difícil imaginar un cura tan cerca de lo que definimos normalmente como demonio. Participaba en las torturas e interrogatorios de los prisioneros. En el caso de tres de los jóvenes asesinados, el cura visitó a sus familiares (cuando todavía estaban con vida) y les contó que él, gracias a sus amistades con los policías, podía lograr su libertad y posterior envío clandestino fuera del país para que reiniciaran sus vidas. A cambio, von Wernich les pidió varios miles de dólares, que repartió luego con algunos agentes de una de las comisarías bonaerenses. ("Es cierto que los familiares aportaban cantidades variables de dinero según sus posibilidades, porque los chicos tenían que irse al exterior y había que solventar sus primeros gastos", dijo el cura en una entrevista de 1984).

Naturalmente, las historias de von Wernich eran falsas. Ese dinero no era pagar costes de viaje y mantención ni nada de eso. Tras recibir el dinero, el cura volvió a la comisaría. Decidieron entonces matar a tres de los muchachos secuestrados. A uno de ellos (de la casa de cuya familia volvía el cura) lo trasladaron a un sitio eriazo. Cuando el joven presintió que lo iban a matar, resistió. Otro agente le golpeó violentamente. La sangre manchó también al cura. Bajaron al chico del coche y lo sujetaron -también participó el cura en esto. El médico que iba con ellos le inyectó veneno directamente en el corazón. El cura propuso volver a casa para cambiarse. Entonces prepararon un asado para celebrar el crimen (en mérici).

Uno de los policías que participó en el asesinato de ese muchacho y otros, no pudo soportar más la culpa que sentía y contó todo, delatando años después a von Wernich.

Von Wernich se ha negado a confesar e insiste en que las acusaciones son falsas. Pero las declaraciones de testigos y otras evidencias no dejan lugar a dudas. El cura sigue insistiendo en estrafalarias aclaraciones. Dice que los muchachos fueron trasladados a Uruguay, Brasil y Chile, pese a las evidencias. Dice que a ellos se les salvó la vida porque habían colaborado por la dictadura y se temía por sus vidas, porque podían ser asesinados por sus antiguos compañeros. Pese a los avances en la investigación, no ha variado su defensa desde 1984, cuando declaró en una entrevista con la revista Siete Días: "Esta es mi forma de interpretar esa acusación, porque para mí todos los chicos a los que yo ayudé a escapar del país, cumpliendo directivas de Camps, pueden estar escondidos temblando y esperando que sus antiguos compañeros los descubran y los maten" (la entrevista fue republicada hace poco por Página 12). Esto lo decía el demonio que había celebrado sus muertes con un asado.

Terminado el juicio, ha insinuado que la condena recae sobre toda la iglesia, porque la cúpula de la iglesia católica argentina apoyaba la dictadura. Citó en su defensa la declaración de un obispo de la época, que en un sermón en la Catedral de Buenos Aires pidió la ayuda divina para la guerra sucia. He leído esa declaración en que un obispo justifica la guerra sucia, pero ya no recuerdo dónde y la cantidad de materiales que se han publicado en los últimos días es tan abundante que simplemente no me atrevo ni a empezar a buscarla. Pero la conclusión del juez Baltasar Garzón, que procesó a elementos de la dictadura argentina en 1998, es definitiva: Se trató "de un genocidio presentado por la dictadura militar como una cruzada que tuvo el apoyo, instigación y bendición de la Iglesia Católica argentina" (en Clarín del 15 de mayo de 1998).

El juez Garzón, en la argumentación, "recordó declaraciones de autoridades de la Iglesia argentina apoyando la represión militar, empezando por el cardenal primado de la Argentina, Antonio Caggiano, quien en un acto público en 1976 indicó que la represión no es una mala palabra. Además, citó al ex vicario castrense Victorio Bonamín y al arzobispo de Bahía Blanca, monseñor Jorge Mayer, que en 1976 afirmó que la guerrilla subversiva quiere arrebatar la cruz, símbolo de todos los cristianos, para aplastar y dividir a los argentinos mediante la hoz y el martillo. El juez recordó que pocos días después varios sacerdotes palotinos y dos seminaristas fueron asesinados por un grupo de tareas de la Escuela de Mecánica de la Armada. También volvió a comparar a las juntas militares argentinas con el régimen nazi, ya que persiguieron el mismo fin de anular toda posibilidad de discrepancia ideológica o religiosa distinta de la oficial" (Clarín, enlace anterior).

La jerarquía católica argentina es extraña. Muchas de sus autoridades más altas eran/son declaradamente admiradoras del nazismo y otras ideologías criminales. Es incomprensible que elementos de esa naturaleza se hayan infiltrado en la iglesia y usurpado sus posiciones de autoridad. Es ciertamente una iglesia infiltrada por agentes del Mal. En América Latina, no es la única que sufre esas usurpaciones. También la venezolana parece ser una iglesia infiltrada por elementos demoníacos.

En los años ochenta, la cúpula eclesiástica argentina hablaba de "Soldados de Dios" para referirse a los represores responsables de la desaparición y muerte de casi 30 mil ciudadanos argentinos. Los perseguidos y desaparecidos eran "el Enemigo" (en Página 12). En 1996, el episcopado declaró, en un lenguaje francamente surrealista, que lo que había ocurrido en Argentina era que "que unos católicos (o sea, el "Enemigo" de los años setenta y ochenta) intentaron tomar el poder político en forma violenta y establecer una nueva sociedad marxista y otros les respondieron ilegalmente", pese a la innegable conclusión, como en Chile, de que la inmensa mayoría de las víctimas no podrían ser acusadas nunca de ningún delito en ningún tribunal de ninguna democracia occidental (en las que normalmente los delitos son conductas y no ideas).

En 2000, el propio Joseph Ratzinger, entonces de la Congregación para la Defensa de la Fe, presentó un documento (‘Memoria y reconciliación') que trataba de la dictadura argentina. En él, se decía que la recuperación de la memoria sólo era posible "mediante la profundización teológica sobre la naturaleza de la iglesia, como comunidad implicada también ella en el ‘misterio del Mal', y en consecuencia necesitada de reforma", que es, naturalmente, una manera de reconocer que, como se afirmaría más tarde, la iglesia no es inmune al mal y que la iglesia argentina había sido infiltrada por el Mal (en Página 12 ).

En septiembre de 2000, Estanislao Karlic, que presidía el episcopado, leyó una declaración que terminaba con la siguiente oración: "Padre, tenemos el deber de acordarnos ante Ti de aquellos hechos dramáticos y crueles. Te pedimos perdón por los silencios responsables y por la participación efectiva de muchos de tus hijos en tanto desencuentro político, en el atropello a las libertades, en la tortura y la delación, en la persecución política y la intransigencia ideológica, en las luchas y las guerras, y la muerte absurda que ensangrentaron nuestro país" (enlace anterior).

Hoy el episcopado argentino ha emitido una declaración (en Página 12), que muchos estiman demasiado blanda y breve. Dice en una de sus partes: "Creemos que los pasos que la Justicia da en el esclarecimiento de estos hechos deben servir para renovar los esfuerzos de todos los ciudadanos en el camino de la reconciliación y son un llamado a alejarnos, tanto de la impunidad como del odio o el rencor" (en Página 12), lo que es insuficiente para muchos familiares de las víctimas, entre otras cosas porque no conciben que la búsqueda de justicia tenga algo que ver con el odio.

En los años ochenta protegió a von Wernich, procurando su fuga y posterior asentamiento en el balneario chileno de El Quisco, donde se hacía llamar Christian González. Fue descubierto por periodistas del desaparecido periódico chileno Siete.

Las aberrantes justificaciones ideológicas de la iglesia argentina me hacen recordar algunas iniciativas de Pinochet, que yo creo fue un demonio, aunque no logró extender el mal entre los católicos. En 1974 declaró que el régimen chileno era cristiano y occidental, justamente lo que no se podría decir nunca de la dictadura chilena, alejadísima de los valores occidentales y, ciertamente, nada de cristiana. Pero es sabido que estas incoherencias ideológico-lingüísticas son típicas e irracionales demostraciones de poder del Demonio o de seres demoníacos. Es el mismo mecanismo que sustenta muchos de los temores y acusaciones de gentes de extrema derecha. Los ejemplos abundan. Acusan a grupos de ciudadanos de haber querido provocar una insurrección comunista utilizando como prueba un documento (Plan Z) escrito por funcionarios de la misma dictadura. Para ellos, esto no es incoherente, como no es incoherente para el cura von Wernich solicitar dinero a los padres de los chicos que iban a ser asesinados para pagar el asado con que pensaba celebrar el crimen. Acusan a los detenidos de crímenes que nunca podrían haber cometido, porque ni siquiera habían nacido. Los nazis recurrían a cosas similares. En uno de los campos de exterminio se podía leer, en el portón: ‘El trabajo libera'. La idea era que las víctimas debían morir trabajando, sin alimentación, de inanición. Hasta que se aburrieron y decidieron matarlos sin más.

¿Habéis visto la cara del cura? Tiene la expresión de un demonio acorralado. A mí me intriga su conducta. Es la de un criminal sin vía de escape. ¿Cómo puede seguir insistiendo en que los jóvenes viven con identidades falsas en el extranjero cuando uno de sus cómplices confesó los crímenes? ¿Para qué seguir insistiendo en ocultar un crimen conocido por todos? Su actitud es similar a las de los demonios que se encarnan en seres humanos. ¿Los habéis visto? Repiten siempre lo mismo. Niegan los crímenes. Declaran incoherencias. Insultan y echan espuma por la boca. Ayer, el cura quería dar un sermón sobre la cruz. Dijo que era Cristo. Contraataca leyendo párrafos de la Biblia, pero sin responder. Finalmente lo hicieron callar. Gesticula. Mira con odio. Amenaza. Pide reconciliación. Llama demonios a los asesinados. Llama demonios a los testigos. Sólo falta que sus ojos empiecen a girar desenfrenados.

 

Novios y Violaciones Consentidas

A menudo se encuentra uno en la prensa chilena noticias sobre violaciones y otro tipo de abusos sexuales presuntamente cometidos por los novios de las chiquillas. Hoy, por ejemplo, el Diario de Atacama (de Copiapó) publica una noticia bajo el título de ‘Violación Sería Causa del Embarazo de Menor de 14'. Leyéndola me entero de que el violador es nada menos que su novio, que tiene 23 años. No es raro, pero sí poco frecuente, que los novios y maridos violen a sus parejas. Pero en este caso no se trata tampoco de una violación, pues las relaciones sexuales fueron consentidas.

Las leyes chilenas determinan aparentemente que los menores de edad no pueden tener vida sexual ni entre ellos ni con mayores de edad. La mayoría de edad es un concepto muy arbitrario, fijado a menudo al buen tuntún de los gobernantes de turno según diferentes contextos históricos. En 1920 o por ahí, uno era mayor de edad a los 25. Las mujeres no eran nunca mayores de edad, lo mismo que los retrasados mentales; pertenecían al mismo ámbito, y en el marco de discursos y justificaciones similares, que los animales domésticos.
En Chile la mayoría de edad ha ido disminuyendo. En los años ochenta se era mayor de edad a los 21. Luego a los 18. En otros países se es mayor de edad a los 16.
Pero el criterio mayoría de edad o adultez no siempre ni por doquier aparece asociada a las mores sexuales de la gente. Relacionar la mayoría de edad con la vida sexual es cosa propia de este pequeño y aislado pueblo. En países europeos se vota a los 18. Aunque la mayoría de esas culturas -occidentales y democráticas- prefiere no inmiscuirse demasiado en cuestiones que son responsabilidad y fuero individual, algunas niegan la vida sexual a los menores de catorce.

Cualquiera que lea un tratado de etnología o antropología cultural, o incluso de historia, descubrirá que los criterios que manejan las sociedades para fijar, cuando lo hacen, criterios tales como la mayoría de edad, o la edad en que se estima que la persona es plena y cabalmente responsable de lo que hace, varían muy ampliamente, hasta el punto en que en algunas sociedades se prefieren e instituyen las uniones desiguales en las que usualmente la mujer es bastante joven. No es raro encontrar parejas de niñas de trece con hombres de veinticinco o más años. En Chile colonial eran las uniones preferidas, y aceptadas incluso por la iglesia y fomentadas por la literatura y prohombres de la época, extendiéndose esta costumbre hasta bien entrado el siglo 20. (Véanse las novelas de Eduardo Barrios, Luis Durand y otros).

En algunas sociedades -como en el norte de Sudamérica- se prefieren las uniones en que las mujeres son considerablemente mayores que los maridos. Y los maridos suelen ser niños de catorce.

Las restricciones impuestas a las relaciones entre las personas suelen fundarse en ideologías y creencias más bien fanáticas. En nuestro caso, se quiere prohibir el sexo a los jóvenes -justamente durante el período en que estos viven períodos de intensa, necesaria y saludable exploración sexual.

Es incomprensible que los legisladores hayan adoptado estas leyes insensatas limitando y penalizando las relaciones sexuales de los menores de edad. En primer lugar, no tienen ningún derecho a hacerlo. Los jóvenes, como los adultos, debiesen tener una vida sexual libre, absolutamente sin trabas de ningún orden, como parte de su desarrollo pleno y saludable. Es una etapa en la que se suele experimentar. Y estas exploraciones son muy necesarias para la formación de los jóvenes. No veo yo en qué puede basarse un legislador para intentar prohibir lo que es de suyo algo natural del ser humano.

Las razones que esgrimen los partidarios de restringir o incluso prohibir la vida sexual de los jóvenes son ampliamente conocidas e igualmente repelentes. Suponen que el sexo, por algún motivo misterioso, es dañino para los jóvenes. En cuanto a las relaciones desiguales, creen que el adulto o simplemente el mayor en una relación entre menores está siempre en una situación de superioridad, habida cuenta de su experiencia. Pareciera que estas leyes estrafalarias hubiesen sido dictadas por un violador o seductor profesional que sabe de lo que habla. ¿Por qué la asimetría de una relación debiese implicar un abuso de poder o de autoridad? Si yo aceptara esta memez, tendría que empezar a mirar a mis abuelas y tías y tías abuelas como mujeres violadas por sus propios y legítimos violadores, pues muchas de ellas iniciaron sus relaciones antes de los 21, o de los 18, o quizás de los 16. (Agreguénse edades límite a discreción). Y esto lo negarían ellas obviamente en todos los tonos.

Felizmente no parece que haya ningún retrógrado que quiera prohibir las relaciones sexuales a los mayores de sesenta, aunque tratándose de Chile, cualquier absurdo es posible. En mi país, abundan los macacos, y no todos llevan uniforme.

Así, un porcentaje de gente encarcelada, y por períodos bastante largos, lo está por tener novias menores de edad con las que tuvieron relaciones sexuales. A los señorones no les gusta esto. El hombre de la noticia tiene 23 años y deberá pasar nada menos que cinco en la cárcel, acusado que violar a su novia consintiente. ¿No han pensado nuestros bárbaros legisladores que esto provocará más mal que bien, pues en la cárcel -por un delito que no cometió, que no es delito propiamente hablando y que las autoridades no tiene derecho legítimo para imponer sus propias creencias- no podrá asistir a su novia durante el período de embarazo, ni estar con ella y su hijo durante el parto ni poder encargarse de su sustento y crianza en los primeros años de vida de su hijo?
Sin embargo, esto parece normal a los legisladores chilenos. Así se crea a una madre joven y soltera y en el abandono o dependencia, en el mejor de los casos, de la familia, que es justamente la que, como en este caso que comentamos, está detrás de su terrible desgracia: de estar esperando a su hijo y tener a su amante en la cárcel porque la familia, que rechaza al novio, lo denunció a las autoridades. Un niño nacerá y se criará sin padre presente. Así han de felicitarse las autoridades chilenas, por haber destruido una familia y el fruto y futuro de esa familia.

Pues en Chile tanto el estado como las familias se atribuyen el derecho a determinar los aspectos y experiencias más íntimas de las personas, constatación que pone de relieve el terrible estado de barbarie de nuestro país y su desarrollo tan alejado de las civilizaciones modernas, donde el individuo y su plenitud es el elemento central de las ordenaciones jurídicas y de las costumbres. Pues mientras en los centros de civilización del mundo se concede al individuo libertades incuestionables en el fuero íntimo (que abarca las relaciones sentimentales y sexuales), aquí un grupo de señorones impone leyes imbéciles al resto de la población.

No son estas las únicas leyes absurdas del país. Posee muchas más, que son verdaderas y vergonzantes muestras de simple y llana estupidez, como las leyes que pretenden prohibir el consumo de drogas (que en los países civilizados con asunto personal) o incluso el delito de receptación (que ahora, cuando se detiene a la banda de los Pinochet, vuelve al tapete).
Pero sin duda la mayor rareza del país es su sistema electoral: pues estas leyes absurdas son dictadas por legisladores que, gracias al sistema binominal que dejó la Bestia a modo de legado, y que copió el mal llamado ‘senador' Guzmán de los comunistas polacos en época de Jaruzelski, ni siquiera son elegidos por la población.

Yo creo urgente la derogación de estas leyes ridículas. No tiene el estado ni estos legisladores de origen ilegítimo el menor derecho a inmiscuirse en lo que hacemos los ciudadanos en nuestras vidas privadas. Tampoco lo tienen las familias ni los padres ni tutores. Estos asuntos pertenecen estrictamente al ámbito individual.

Dicho esto, obviamente, no se me escapa la necesidad de proteger a los niños de los verdaderos criminales, violadores y pedófilos empedernidos. Claro está que la población infantil debe ser protegida de gente como el ex senador Lavanderos, pederasta impenitente. O como el ex secretario de Seguridad Interior de Estados Unidos, que fue sorprendido tratando de seducir a una niña de catorce en un chatroom en la red. (El secretario se hacía pasar por alguien mucho más joven). O de esos padres (numerosos por aquí) que violan a sus hijas, y a veces también a sus hijos de edades de hasta cuatro años. Eso simplemente es espantoso.
Pero las leyes para combatir a estos criminales no han de ser peores que el delito. Mientras que a esos delincuentes ha de perseguírseles sistemáticamente (sus actos implican agresiones violentas), no deben ser confundidos con personas involucradas en relaciones, desiguales o no, consentidas y asumidas por propia voluntad.

No al Ingreso de Chile en Consejo de DDHH

[petición ciudadana]
Para protestar por las pretensiones del gobierno chileno de ocupar un asiento en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que creemos que no merece, llamamos a subscribir la carta siguiente, que será luego enviada a ese Consejo y a la organización Human Rights Watch.

Estimado Señor, Señora,

Me he enterado por la prensa de los deseos del gobierno chileno de ser miembro del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. También me he enterado de que su organización ve con buenos ojos esa pretensión.
Grande sería nuestra alegría si Chile tuviera una realidad interna que le hiciera acreedor de tal reconocimiento, pero, desgraciadamente esto no es así.

Como primera cuestión Ud. debe saber que toda la prensa que se creó y luchó bajo la dictadura, convirtiéndose en gran factor de la victoria de la democracia, hoy no existe. La información dentro del país y hacia el exterior opera en condiciones ‘duopólicas' que muestran e informan lo que a ellos les interesa y sirve.

No creo que este gobierno merezca ese reconocimiento, y le escribo por esta razón.

El presidente Lagos fue siempre partidario de juzgar solamente a unos pocos oficiales y dejar impune al resto de las fuerzas represivas –a los que hicieron el trabajo sucio-, llegando incluso al extremo de indultar al notorio e impenitente asesino que, en los últimos días de la dictadura, degolló al dirigente sindical Tucapel Jiménez. El criminal indultado por el ex presidente Lagos es un fascista convencido, pese a que se defendió diciendo que obedecía órdenes -aunque las órdenes ilegales no
deben ser obedecidas.

Como usted sabe, el ex dictador Pinochet, pese a acumular más de 200 causas en su contra, no fue nunca sentenciado. (Esto debería decir todo sobre la postura del gobierno en cuanto a los derechos humanos: la reticencia a juzgar a Pinochet. Recuerde Usted además que fue el gobierno chileno, elegido en democracia, el que se opuso a que Pinochet fuese juzgado en España).

Es notorio, además, que las penas que se dictan en casos de violación de derechos humanos son ridículamente bajas y en comparación con las sentencias que se dictan a civiles en casos de violencia contra miembros de las fuerzas armadas demuestran un evidente lenocinio de parte de las autoridades judiciales. Hay aquí militares culpables de numerosos crímenes (secuestros, torturas, detención ilegal, homicidios) que sin embargo reciben sentencias francamente ridículas y las cumplen en recintos con comodidades que la inmensa mayoría de la población ‘libre' no disfruta.

Como lo denunció hace algunos días la Asamblea Nacional por los Derechos Humanos, hay crímenes cometidos durante los gobiernos post-dictadura que aún están sin investigarse: "nos referimos a Alex Lemun, Daniel Menco, Rodrigo Cisternas, Claudio López, Osmán Yoeman, Cristian Castillos, que lamentablemente no han encontrado justicia".

Chile sigue sin firmar la aceptación de la jurisdicción del Tribunal Internacional.

Chile es uno de los 4 únicos países en el mundo que se sigue condenando el aborto terapéutico.

Chile sigue si reconocer los derechos que las Naciones Unidas ha definidos como derechos inalienables de los pueblos originarios.

También nos hacemos eco del llamado de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos para que Chile no sea admitido en ese Consejo.

Por todos estos motivos, pido a Usted que deseche como impertinente e injustificada esa aspiración del gobierno chileno y le solicitamos enviar una Comisión de Trabajo que visite el país y se entreviste con dirigentes y militantes de organizaciones de Defensa de los Derechos Humanos, Derechos Ciudadanos, Medioambiente, Pueblos Originarios, etc.

Atentamente,

Para subscribir esta carta, pinche aquí .

De otro modo, también puede copiar este texto y enviarlo desde su propia cuenta de e-mail al Consejo de Derechos HUmanos de Naciones Unidas, e-mail: [e-mail] y a Human Rights Watch (al llegar a esta página, pinchar en la sede de Nueva York)

Digamos No a la Farsa

El 14 de septiembre publica el diario La Tercera que la presidente Bachelet visitará la organización Human Rights Watch, de Nueva York, en el marco de su campaña para que Chile sea admitido en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. En esa organización de Nueva York hay activistas chilenos dispuestos a respaldar a la presidente.

En razón de la general impunidad de los militares y civiles que violaron gravemente los derechos humanos de ciudadanos chilenos durante la dictadura militar, la lenidad y parcialidad de los tribunales de justicia, el rechazo de Chile al Tribunal Penal Internacional y la mantención del sistema binominal, que impide el acceso del país a las democracias del mundo, invito a otros a escribir al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas pidiendo que Chile no sea admitido en esa comisión.

Al mismo tiempo, podemos solicitar a esa organización precisamente que estudie con más celo la situación de los derechos humanos en Chile, indicando las graves denegaciones de justicia y los tratos vejatorios e inhumanos a que son sometidos los detenidos (mencionando como ejemplo los vejámenes a que se sometió a activistas de derechos humanos y familiares de detenidos desaparecidos detenidas el 11 de septiembre de 2007, el tratamiento a los presos mapuches, etc.).

Veánse también las declaraciones que hace a Radio Cooperativa la prestigiosa dirigente del movimiento por los derechos humanos, Lorena Pizarro.

La presidenta de la AFDD, Lorena Pizarro, dijo a El Diario de Cooperativa que mientras Chile mantenga la ley de amnistía y cree un "estado de sitio" alrededor de La Moneda cuando hay manifestaciones o marchas hacia el monumento al Presidente Salvador Allende en Plaza de la Constitución, no puede ser un buen candidato para ser parte del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

Llamo a los lectores a escribir al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas y a la organización Human Rights Wacht, que ha comprometido su apoyo a la petición chilena, protestando y pidiendo que Chile no sea admitido en ese Consejo por las todavía permanentes y habituales atropellos a derechos humanos y civiles, describiendo la situación de derechos humanos en el país (por ejemplo, los vejámenes sexuales a que fueron sometidas las manifestantes el 11 de septiembre). Las cartas pueden ser enviadas por correo electrónico.

La presidente viaja este domingo a NY. Es, pues, urgente.

Consejo de Derechos Humanos Naciones Unidas
Correo postal: Equipo de la Comisión/Subcomisión (Procedimiento 1503) División de la Comisión y los Tratados Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra 1211 Ginebra 10, Suiza
Fax: + 41 22 917 9011
Correo electrónico: [e-mail]

Human Rights Watch
Correo Postal: 350 Fifth Avenue, 34th floor, New York, NY 10118-32
Correo electrónico: http://www.hrw.org/contact.html (en esta página pinchar en la sede de Nueva York y enviar desde ahí la carta).

Quién Mató al Cabo Vera

[En las tradicionales protestas y manifestaciones la noche del 11 de septiembre, en repudio y conmemoración del inicio de la dictadura militar chilena, esta vez cayó muerto un carabinero, y una bebita de 21 días murió asfixiada por gases lacrimógenos. Las autoridades han aprehendido y acusado formalmente al presunto autor, Eduardo Espinoza Bórquez, de 18 años, que aparentemente ha confesado haber disparado contra carabineros pero no saber si su bala, de 9 milímetros, causó la muerte del policía].

Resulta francamente inverosímil que la bala que mató al cabo Vera haya salido de la pistola de ese joven. Ciertamente, como a muchos me gustaría que el culpable fuese capturado y procesado, pero creo que las autoridades se muestran demasiado ansiosas en mostrarnos a un culpable. Y es una prisa del todo innecesaria. Más tranquila estaría la ciudadanía si las autoridades juzgan al autor identificado sin equívocos, que montar un caso que parece inverosímil y que arroja dudas sobre las pesquisas policiales.

He leído y oído las declaraciones del padre del joven, que dice que en su vida como miembro de una banda de narcotraficantes aprendió todo lo que alguien en esos círculos debe saber en cuanto a balas. Y tiene la convicción de que una bala de 9 milímetros no puede hacer lo que hizo.
He preguntado a otras personas, también con experiencia en estos asuntos, que no son delincuentes, y me han confirmado que no es posible que esa bala provenga de esa pistola. Una bala de 9 milímetros a 72 metros de distancia no podría atravesar un escudo de fibra de cristal y luego el casco, de materiales igualmente resistentes, y luego las paredes del cráneo, para volver a salir por el casco. Es simplemente improbable.

Hay que destacar que Carabineros dijo inicialmente que pensaban que se trataba de un arma de grueso calibre que podría haber sido disparada por un rifle de asalto M-16 o AK-47. Posteriormente han insistido en que la bala salió de esa pistola.

No soy un experto en estos asuntos, pero la bala de 9 milímetros es habitualmente usada por "civiles para la autodefensa y práctica de tiro, debido a su bajo costo y moderado impulso del disparo", según la wikipedia . Esta bala fue usada por la policía norteamericana en los años ochenta y noventa, pero fue reemplazada por sus bajos resultados en tiroteos por la bala .40. (Que fue exactamente lo que declaró el padre del acusado).
Igualmente, según declaró a la prensa un ex jefe del laboratorio de Criminalística de Investigaciones, "es muy difícil que una bala disparada por un arma nueve milímetros pueda hacer tanto daño, menos a 72 metros de distancia". En otra fuente, este mismo ex director señaló que "la bala que perforó la cabeza del cabo Cristián Vera puede ser una bala de fusil de 7 mm, de 7,62 mm o de 5,56 mm de una M-16" (en terra).
Según la transcripción de los agentes que se encontraban junto al cabo Vera, estos pensaban que estaban siendo atacados con metralletas Uzi (en El Mercurio ).
"La bala que atravesó el cráneo", según se informó originalmente, "era de gran tamaño y destruyó la masa encefálica, lo que produjo la posterior muerte del cabo", declaró la jefe de urgencias el Hospital de Carabineros, Patricia Nilo .

No voy a mostrar las terribles imágenes que se encuentran en la página terra.cl, pero hay en ellas dos cosas que llaman la atención: el enorme agujero que dejó la bala en el cráneo del carabinero y el hecho de que este agujero se encuentra prácticamente en la parte superior de la cabeza.
El primer hecho es aparentemente incompatible con el tamaño de una bala de nueve milímetros; lo segundo es difícil de explicar. Puede tratarse del impacto causado por el proyectil al salir del cerebro, o, igualmente, al entrar al cerebro, pero hay que insistir igualmente en la improbabilidad de ambas cosas, pues el imputado efectuó los disparos manteniendo la pistola en posición horizontal a más o menos un metro sesenta centímetros, o menos, del suelo. Para que la bala haya desviado hacia arriba su trayectoria, debe haber impactado previamente en otro objeto, que, según se dijo en su tiempo se trató del escudo del colega que estaba junto al cabo, que habría sido impactado y perforado por la bala, que continuó su trayectoria hasta volver a salir por el otro lado, impactando y perforando nuevamente el casco, lo que parece que es muy poco probable, según el análisis del ex jefe del laboratorio de criminalística que acabo de mencionar, Rubén Vilches Vega.
Que la bala lo haya impactado desde arriba es igualmente imposible. Vilches Vega dice que una hipótesis es que "el disparo pudo haber sido efectuado desde altura, como en un segundo piso de un inmueble. Si iba inclinado avanzando, ofreciendo su flanco izquierdo, es probable que la bala haya sido efectuada a menor altura, a menos de un metro 60".
Este mismo experto, por otro lado, duda que una bala de nueve milímetros haya podido penetrar el casco del carabinero, que está fabricado de kevlar, que es un material resistente utilizado frecuentemente en "la fabricación de cables, ropa resistente (de protección) o chalecos antibalas", según la wikepedia , pero que ofrece ciertamente menor protección que un blindado, resistiendo golpes y contusiones.

No conozco ese lugar y no sé si hay edificios en las cercanías. Tampoco sé si había en esos momentos, cuando murió el cabo Vera, algún helicóptero de Carabineros.

El ex director del laboratorio de Criminalística dice además que la bala que perforó el casco tiene que haber sido una bala de gran velocidad, capaz de perforar un casco kevlar, "lo que no ocurre con una de 9 milímetros" (en terra ). También conviene tomar en cuenta lo que agrega el ex director en cuanto a la velocidad y potencia de la bala: "Las fracturas que se aprecian en el cráneo se explican por la velocidad del proyectil. Era muy elevada y por lo tanto tenía mucha energía. Al perforar el cráneo a gran velocidad desplaza violentamente el contenido orgánico del cerebro, el que golpea contra las paredes del cráneo, generando las fisuras que se ven en las imágenes. En ellas se ve además que el cráneo estuvo a punto de explotar dentro del casco del carabinero" (misma fuente anterior). Esto es incompatible con el impacto de una bala de nueve milímetros a 72 metros de distancia.

Hay que señalar, sin embargo, que otros analistas dicen que es posible que esta bala pueda causar los estragos que causó, aunque la fuente (El Mercurio ) es notoriamente dudosa. Según militares, dice el diario, esa bala puede causar esos daños, pese al casco del cabo (pero dejando completamente de lado el escudo que se dice que atravesó la bala previamente y el hecho de que la bala al salir volvió a perforar el casco). Señalemos de paso que la pistola de 9 milímetros es corrientemente usada por las fuerzas armadas chilenas y por Carabineros.

Hay que tomar en cuenta que pese a que el general director de Carabineros, José Bernales, declaró en entrevistas con la prensa que esa noche -el 11 de septiembre de 2007- la policía utilizó balines de goma y no balas de verdad, en ocasiones ha ocurrido que carabineros individuales, en desconocimiento o no de sus superiores, han utilizado durante disturbios armas de grueso calibre. El 11 de septiembre de 2005 un carabinero mató de un balazo en el corazón a un joven (Cristián Castillo Díaz) en la población Lo Hermida cuando este ayudaba a montar una barricada (en La Nación ). La muerte le fue ocasionada por una bala calibre 38. Durante meses negó Carabineros que uno de los suyos fuese el autor del mortal disparo; sin embargo, el propio carabinero autor de los balazos confesaría meses después que él había disparado, que lo había hecho con un arma propia (aparentemente no de la institución, pues dijo que la había comprado él en el mercado negro) y que era una práctica normal de muchos agentes cuando se trataba de disturbios en poblaciones consideradas peligrosas. Ignoro si está procesado o si ha sido encarcelado.
Recordemos también que en esa ocasión, tras los disturbios se encontraron numerosas vainillas de balas de nueve milímetros, que fueron disparadas por efectivos de Carabineros, pese a los desmentidos de la institución (léanse los testimonios de testigos en La Nación ). Carabineros de Chile usa revólveres 38 y pistolas de nueve milímetros (en el foro razón y fuerza ).

En cuanto al contexto en que ocurrieron estos incidentes, algunos han atribuido al Partido Comunista la convocatoria a protestar esa noche, lo que fue desmentido enérgicamente por sus dirigentes. Las acusaciones de El Mercurio (que también he tratado en mérici ), de que los manifestantes habrían disparado con armas de guerra introducidas al país por el Partido Comunista, deben considerarse absolutamente infundadas. Tampoco se tienen evidencias de que esa manifestación, tradicional en Chile con ocasión del 11 de septiembre, haya sido convocada por el Frente Patriótico Manuel Rodríguez.

Sin embargo, Radio Cooperativa y algún canal de televisión recogieron declaraciones de vecinos del lugar que dijeron que en los días previos se habían repartido en el barrio panfletos anunciando que se mataría a un carabinero ("iban a matar a un paco"), aparentemente en relación con el asesinato de un niño de once años cometido en ese mismo barrio hace unas semanas por un carabinero de la misma comisaría del cabo Vera, que se encuentra hoy detenido y fue dado de baja de la institución. Esto no lo he podido verificar. (La mención del panfleto se encuentra en la entrada de Radio Cooperativa cuando se busca ‘crimen del cabo Vera'; pero en la página no se vuelve a mencionar el asunto). Igualmente ese día 11 de septiembre una hora antes de los incidentes que terminaron con la vida del cabo Vera, murió una bebita de 21 días por efectos de la asfixia que le provocaron los gases lacrimógenos lanzados por la policía para disolver a los manifestantes. Igualmente poco antes del fatal incidente una niña de dos años y medio, de la misma confluencia de calles, fue llevada por Carabineros al hospital tras sufrir un paro respiratorio que le fue ocasionado por los gases lacrimógenos.

Que las autoridades hayan decidido dejar este caso en manos de la justicia militar es ciertamente un grave error, pues debido a su pasado de complicidad con la dictadura militar y su todavía actual postura de colaboración, encubrimiento y lenocinio con militares culpables de violaciones a los derechos humanos no puede la ciudadanía confiar en que el presunto autor disfrute del debido proceso al que tiene derecho como ciudadano chileno. En realidad, es este un caso más en la absurda y kafkiana situación en que se encuentra Chile por voluntad de su repudiada clase política. No es posible creer que la misma institución que perdió de este modo a uno de sus hombres deba ser, además, la misma que investigue el caso para, luego, procesar, juzgar y sentenciar al autor.

Considerando las dudas existentes en el caso, y lo que acabo de mencionar en cuanto a lo irrazonable que suena dejar el caso en manos de la justicia militar (Carabineros forman parte de las fuerzas armadas desde tiempos de la dictadura), lo más coherente sería pedir a alguna institución internacional, específicamente a alguna policía científica internacional (que pudiese ser europea o el propio FBI) que realizase las pruebas balísticas y otras necesarias para verificar si una bala de ese calibre puede efectivamente causar los daños que causó, describir la trayectoria que siguió, rebotar y volver a penetrar superficies resistentes, etc.
Sería insensato elucubrar ahora sobre otro posible autor del disparo o disparos, porque no contamos con todos los elementos que serían necesarios para ello. Si se probase que esa bala no pudo matar al cabo Vera, habrá que determinar quién y con que arma disparó y desde dónde, porque no se puede descartar que la bala mortal no haya provenido de disparos efectuados por los manifestantes, por más que de momento parezca la hipótesis más a mano.

 

Qué Intenciones Tiene El Mercurio

En un editorial de El Mercurio de estos días el autor o autores ofrecen un análisis tan trasnochado y descabellado que no hubiésemos creído posible en estos días, pese a la ciertamente flaca reputación del periódico en cuanto a su solvencia periodística. El tema del editorial es la muerte del cabo de carabineros, Cristián Vera.
Empieza el editorialista separando este incidente de la violencia de los años de dictadura ("más allá de reviviscencias de la división que sufrió Chile en el pasado, irrumpe una violencia que desnuda las nuevas divisiones que amenazan al país, y cuya falta de resolución compromete su futuro") y afirmando, no sin cierta razón, que la violencia del 11 de septiembre también revela "la autocomplacencia y tolerancia frente a graves problemas que frustran las expectativas de los sectores más postergados".
Seguidamente, sin embargo, abandona los asomos de lucidez y, tras constatar el poderío de las organizaciones dedicadas al tráfico de drogas, que habrían impuesto en las poblaciones periféricas "la ley del más fuerte y de las mafias", el editorialista acusa a lo que llama extrema izquierda -el Frente Patriótico Manuel Rodríguez y el Partido Comunista- de haber convocado "subrepticiamente al lumpen, a los grupos antisistema y a los violentistas" ese 11 de septiembre pasado, agregando que las armas requisadas esa noche son "pertrechos introducidos por ellos [la llamada extrema izquierda] al país durante" la dictadura pinochetista.
Refiriéndose luego a la querella interpuesta por organizaciones de derechos humanos contra el ministro del Interior, Belisario Velasco, por los abusos sexuales, torturas y detenciones ilegales a que fueron sometidas algunas manifestantes por carabineros, escribe el editorialista que se trata de "acusaciones destempladas" en un intento de "instrumentalización" de la causa de derechos humanos. Mira quién habla.

El burdo panfleto editorialista no ofrece sin embargo ningún amago de demostrar la participación de las organizaciones de izquierda mencionadas y se entretiene en difundir calumnias e infamias, delitos estos que es de esperar que las organizaciones aludidas busquen desmentir y castigar en tribunales.

Pero más allá del carácter bruto del editorial, no hace el autor o autores ningún intento por probar fehacientemente estas graves acusaciones ni de buscar su demostración por vía de la lógica. En ningún lugar dice el editorialista -ni aparentemente se entera de la contradicción- por qué o para qué el Partido Comunista, que está buscando incorporarse al sistema político pese a los absurdos y poco democráticos presupuestos de la primitiva Constitución pinochetista, estaría al mismo tiempo armando a las bandas de narcotraficantes.
¿Quizá probablemente para tomarse el poder e instaurar una dictadura comunista? Un igualmente descerebrado lector de El Mercurio escribe, sobre el editorial de marras, que los marxistas están preparando al pueblo "en los principios terroristas". El descerebrado, inspirado en las instigaciones del diario, interpreta así los incidentes de la noche del 11 de septiembre: "Los jóvenes se entrenan con las armas en la calle, y ya empiezan a matar carabineros y mañana serán civiles". Patético, pero es el tipo de sentimientos (ya que será difícil llamarles ideas) que El Mercurio quiere despertar al menos entre sus lectores habituales. Porque si el Partido Comunista tiene interés en incorporarse al sistema político chileno, y nada hace dudar de ello, su colusión con el narcotráfico y la repartición de armas en las poblaciones pobres sería ciertamente la mejor manera de poner fin a sus ambiciones.
Al contrario, en una declaración pública el Partido Comunista ha negado haber convocado a esas manifestaciones nocturnas, y no tenemos motivo algún para desconfiar de esas palabras.

Los incidentes de la noche del 11 han provocado torrentes de declaraciones e interpretaciones, muchas de ellas, como el editorial que comentamos, absurdas, infundadas e histéricas.
Esa noche un carabinero perdió la vida tras ser impactado en su cabeza por lo que se cree que fue un proyectil de un arma de grueso calibre. En la población La Pintana se habían reunido varios cientos de ciudadanos para protestar en conmemoración del inicio de la dictadura el 11 de septiembre de 1973, como viene siendo habitual desde el fin del régimen. Como en años pasados, los manifestantes atacaron con armas a las fuerzas de orden, que, a diferencia de otros años, intentaron disolver a los manifestantes haciendo uso de bombas lacrimógenas y balines de goma, en lugar de balas de verdad. No se sabe que ninguna organización haya convocado a la manifestación, que como todos sabemos se ha convertido en un evento anual que no necesita que nadie lo convoque. Son los ciudadanos quienes espontáneamente salen a las calles a manifestar su repudio a la dictadura y sus secuelas.

Esa noche hubo dos incidentes previos a la muerte del carabinero. El primero fue la muerte de una bebita de tan sólo 21 días que murió asfixiada por los gases lacrimógenos lanzados por la policía y que aparentemente cayeron también en otras casas del vecindario, muchas de cuyas viviendas son endebles construcciones de madera y otros materiales improvisados. Casi al mismo tiempo, una niña de dos años y medio fue trasladada urgentemente al hospital tras sufrir varios paros cardíacos ocasionados igualmente por los gases lacrimógenos que agravaron una condición previa de dificultades respiratorias. Estos dos incidentes, que no han sido reportados por la prensa escrita (fue un canal de televisión el que informó y entrevistó a la madre de la primera víctima), ocurrieron a eso de las diez de la noche. La muerte del cabo ocurrió pasadas las once de la noche. Algunos lectores en foros en la prensa online han sugerido que algunos manifestantes tuvieron la intención de vengar la muerte de la primera víctima.
La segunda víctima salvó su vida, según las últimas informaciones publicadas (que son de hace algunos días, pues la prensa no ha vuelto a referirse a este caso), gracias a la oportuna y ciertamente valerosa intervención de carabineros, debido a que debieron entrar justamente al vecindario donde se empezaba a librar esa noche el cruento enfrentamiento que terminó con la vida del carabinero.
Sin embargo, ninguna autoridad de gobierno, ni la presidenta, se aparecieron por el funeral de la bebita. Ni nadie emitió declaraciones de ningún tipo, ni histéricas ni cuerdas, sobre ese incidente, del mismo modo que ninguna autoridad dijo nada ni se dio a interpretaciones bizarras cuando hace unos días un carabinero de ese mismo barrio mató a balazos a una niña de once años porque esta reñía con el hijo del uniformado. Nadie llamó a reformar la institución policial, nadie acusó al agente de ser drogadicto, nadie acusó a Carabineros de estar coludidos con el narcotráfico. Y nadie hizo nada. Ese carabinero fue obviamente dado de baja, pero la institución no se hace parte del juicio y en el clima de impunidad que protege a los policías, jueces alcahuetes suelen dejar a estos elementos en libertad y condenarles a penas escandalosamente ligeras.

Según informaciones de la propia policía, la bala que mató al carabinero es de grueso calibre y ha sugerido que puede tratarse de un proyectil de rifle M-16 e incluso del rifle de asalto AK-47. Sin embargo, el arma que portaba el único detenido que está acusado de esta muerte, es una pistola de 9 milímetros, que fue disparada a 62 metros de la víctima y que antes de penetrar, destruir su cerebro y salir del cráneo del policía, atravesó primero un escudo (del colega que estaba junto a él) y su casco de fibra de vidrio.
Ahora, la policía cree que, pese a lo inverosímil que suena, la bala que mató al cabo fue en realidad un proyectil de 9 milímetros. Que la policía cambie su versión de rifle de asalto a una pistola de bajo calibre, huele mal. No es creíble que un proyectil de 9 milímetros cause los estragos que causó, y menos todavía a esa distancia. Y menos que, tras cruzar esa distancia, atraviese un escudo y un casco. Simplemente, es inverosímil.
Hace mal la policía en apresurarse a encontrar un culpable. Con estas interpretaciones encontradas, pierde credibilidad. Quizás a estas alturas, lo mejor sería que el gobierno solicitara a alguna policía internacional o extranjera, como el FBI, que realizara las pruebas balísticas y otras con las que Carabineros aparentemente tiene dificultades.

Dejando de lado la inverosímil afirmación de El Mercurio, en cuanto a que el Partido Comunista se habría coludido con bandas de narcotraficantes a las que habría entregado armas de guerra introducidas clandestinamente al país durante la dictadura, que, además, las recientes interpretaciones de Carabineros echan por tierra, se ha afirmado que los ciudadanos que se manifestaban esa noche son soldados o niños soldados de las mafias santiaguinas. Estas son igualmente afirmaciones precipitadas.
Ciertamente, no es necesario que una persona sea un mafioso, y menos vendedor de drogas, para que posea un arma y dispare contra agentes de policía u otros funcionarios. Ni siquiera sabemos si es posible sostener una insinuación semejante. Y nadie se ha detenido a pensar que esa terrible fecha es conmemorada por toda la ciudadanía, de diversos modos, independientemente de la manera en que se ganan la vida. Esta fecha la recuerdan autoridades de gobierno, pero también militares, panaderos, empleadas y taxistas y, obviamente, delincuentes. Incluso se ha recordado la bestial figura del dictador en una capilla, de este modo mancillada y desacralizada, donde se reunieron varios elementos criminales de la dictadura. Nadie ha gritado blasfemia sobre ese encuentro; ninguna autoridad ha denunciado en ningún término que esos elementos criminales sigan todavía en libertad y celebrando los crímenes que cometieron.

En Chile se vive un clima de irritante y dolorosa impunidad para los militares, carabineros y civiles que, en posiciones de mando u obedeciendo órdenes ilegales, cometieron los espeluznantes y de todo punto de vista injustificados crímenes contra ciudadanos chilenos. Recuérdese que de los cientos de criminales implicados, sólo una cincuentena se encuentra en prisión. Y muchos de los asesinos encarcelados han sido condenados a penas livianas francamente insultantes.
Las autoridades de gobierno afirman a menudo que esas son decisiones del poder judicial, pero suelen callar que ese poder judicial, en particular los jueces de la Corte Suprema que dirimen en última instancia en estos casos, fueron nombrados por el presidente Lagos, que era partidario de la impunidad (y que llegó al extremo de indultar, por ejemplo, a uno de los salvajes asesinos del ciudadano Tucapel Jiménez), o fueron heredados de la dictadura militar. Es sabido que hay jueces que actúan de alcahuetas de los militares que violaron los derechos humanos de tantos miles de chilenos, y sin embargo ningún gobierno de la Concertación ha tomado las medidas necesarias para limpiar las instituciones judiciales de estos nocivos elementos. Antes al contrario.
En este contexto de impunidad y lenocinio de las autoridades con los criminales de las fuerzas armadas y carabineros, se ha apoderado de la inmensa mayoría de los chilenos la convicción de que la justicia aquí es una farsa y que la diferencia entre un agente de policía y un delincuente no es quién está al otro lado de la ley sino quién controla las armas y las instituciones para proteger sus propios intereses. ¿Quién de nosotros podría decir que no es así?
Mientras los habitantes de las poblaciones deben sufrir diariamente por igual los atracos y violencias de grupos de delincuentes y de funcionarios del estado, como carabineros y detectives, los ladrones y asesinos que forjaron sus posiciones durante la dictadura militar siguen sin sufrir castigo alguno. En este contexto, las profesiones de moralidad del gobierno y de la oposición suenan huecas. La histeria oficial no contribuye en nada a la solución de los problemas. Al contrario, los empeora. La ciudadanía necesita claramente una justicia más severa, pero quiere más severidad con todo el mundo, no solamente con las clases pobres del país. Y antes de imponer el orden en las calles, debe imponer el orden en los cuarteles y en los tribunales, cuyos pasillos todavía son recorridos por las hienas pinochetistas que antaño asolaron la patria.

Las insinuaciones de El Mercurio en cuanto a que las denuncias de abusos, apremios y humillaciones a que fueron sometidas algunas manifestantes tras ser detenidas el 11 de septiembre, deben ser igualmente firmemente rechazadas. Sólo un completo ignorante, o una persona de mala fe, puede dudar de que efectivamente las fuerzas policiales suelen violar los derechos humanos de los detenidos. En las poblaciones sabe todo el mundo que la presencia de policías, carabineros o detectives, presagia destrozos de propiedad o simples robos de artículos, que van desde objetos de uso doméstico hasta armas y drogas. La policía debe ciertamente cumplir con sus tareas, pero no puede tolerarse la impunidad con que humillan y maltratan a la gente pobre del país.
Desde hace mucho tiempo vienen insistiendo grupos de ciudadanos en la urgencia de que los institutos armados y de policía hagan suya la doctrina de los derechos humanos. Es necesario que los miembros de esas instituciones sean adoctrinados en el respeto y defensa de los derechos humanos y que se dicten leyes propias que penalicen las diferentes formas de violación de estos derechos, en conformidad con el derecho internacional.
Diga lo que diga el gobierno, es un hecho indesmentible que hasta hace algunos años, igualmente durante gobiernos de la Concertación, Carabineros llegó a alcanzar un promedio anual de 48 delincuentes abatidos a balazos en las calles, no solamente negando el derecho de todo ciudadano a un debido proceso, sino además poniendo en grave peligro la vida de civiles inocentes. Tras protestas prolongadas de la ciudadanía, y sin que nadie dijera nada, la policía dejó de matar. El gobierno todavía debe a Chile una explicación.

Resulta curioso, para decirlo generosamente, que un diario como El Mercurio acuse a los partidos de izquierda de repartir armas entre grupos de delincuentes cuando es de todos sabida su participación en el encubrimiento del asesinato del comandante en jefe de las fuerzas armadas de Chile hace más de treinta años, el general Schneider. Según las informaciones disponibles desde los años setenta, cuando una comisión del Senado norteamericano interrogó a Kissinger y Richard Nixon, y por la desclasificación de materiales confidenciales de la CIA, sabemos que el gobierno norteamericano ordenó el asesinato del general, confiando el crimen al grupo fascista Patria y Libertad y a la banda dirigida por un general Viaux. La tarea de encubrir el crimen y culpar a grupos de extrema izquierda cayó en manos de El Mercurio, que, dirigido por el arrastrado de Agustín Edwards, recibió dos millones de dólares en pago por esa misión y otras. Nada de esto es un invento y cualquier lector puede enterarse por sí mismo de la veracidad de mis dichos.
Sin embargo, este personaje deleznable, que debió ser procesado al menos por traición a la patria, no solamente no ha sido procesado nunca sino además los propios gobiernos concertacionistas se han preocupado de mantener su diario a flote, pese a su desastrosa administración, por medio de la asignación o compra de espacio publicitario. Esto realmente es una vergüenza, toda vez que esos mismos gobiernos han impedido el surgimiento de una prensa independiente, llegando al extremo de amenazar al gobierno holandés, que en su tiempo pensaba apoyar a la prensa independiente, de considerar su ayuda a periodistas libres como una intromisión en los asuntos internos de Chile.
Esto lo dice prácticamente todo sobre la naturaleza de estos gobiernos de después de la dictadura: por razones que no conocemos o que no nos quedan claras, optaron por ocupar un lugar al otro lado de la barricada, junto a los patrones que, con sus matones y chulos en uniforme, causaron y siguen causando tanto daño a Chile.

Por una Ley de Defensa de los Derechos Humanos

[Daba por sentado que la nota que sigue la había publicado aquí, pero no he logrado reencontrarla. Sin embargo, fue publicada en piensaChile y en el foro de atinaChile , en junio de 2007, y la vuelvo a publicar aquí].

Hace unos días leí un artículo en la prensa, sobre un detenido que fue torturado y violado por un grupo de gendarmes en la cárcel de San Fernando y que le provocaron lesiones tan graves que finalmente murió a causa de ellas. Me parece incomprensible e intolerable que se vengan repitiendo en un Chile democrático, este tipo de situaciones.
La violencia policial, muchas veces injustificada e innecesaria, debe ser castigada duramente -lo mismo que la violencia contra los agentes de las fuerzas de orden. Pero yo sé que en los barrios pobres, la policía domina prácticamente por el terror, como se ha hecho evidente en muchos casos -en algunos los carabineros han llevado a zonas de conflicto incluso armas ilegales, de las que también lamentablemente han hecho uso. Estas situaciones son inaceptables.

En gran parte de los casos de violencias y abusos a manos de la policía, los tribunales se han mostrado sorprendentemente comprensivos. Hay carabineros homicidas que se pasean libremente por las calles de nuestras ciudades, mientras que constituyen realmente un peligro para la seguridad de todos (por ejemplo, los dos carabineros que mataron al chico al que se rememora ahora en el Día del Combatiente). No es posible que los jueces se muestren blandos con este tipo de delincuentes uniformados. Los agentes de las fuerzas de orden o militares que cometan estos delitos y abusos deben ser castigados más severamente que cuando esos delitos los comete un ciudadano de a pie, por la simple razón de que han cometido esos delitos en circunstancias de que su función consiste precisamente en proteger a los ciudadanos de esos desmanes y abusos. Por eso resulta incongruente ver que los jueces otorgan demasiado fácilmente beneficios a esos personajes, y consideran sin más su pasado libre de antecedentes como un atenuante.

Los derechos humanos no tienen solamente que ver con la política o los políticos. Su respeto debe extenderse a todos los chilenos, de todas las clases sociales y de todos los niveles de educación.

Chile, por otro lado, carece de legislación específica sobre derechos humanos y los veredictos que se han dictado sobre el tema se basan fundamentalmente en tratados internacionales. En realidad, también es vergonzoso pensar que, después de toda la solidaridad de que gozó Chile en su lucha por recuperar la libertad, todavía carezca el país de una legislación específica y sigan los jueces dictando veredictos en función de tratados internacionales, como si los chilenos se lavasen las manos y juzgasen a los criminales solamente porque se ven obligados a ellos por leyes internacionales y no por una voluntad propia de hacer justicia. Pienso que Chile, sin embargo, por su pasado, podría contribuir de manera distintiva a la legislación sobre la defensa de los derechos humanos en el mundo. Una ley específica de defensa de los derechos humanos podría ayudar a otros países a formular las suyas propias.

Esta ley debe naturalmente penalizar severamente las violaciones a los derechos humanos (los delitos en ese ámbito no prescriben ni deben prescribir nunca, como no prescriben los delitos de lesa humanidad o los crímenes de guerra).
Pero también debe proteger a quienes denuncian las violaciones a los derechos humanos. Pienso en particular en el caso de militares o rangos subalternos o de nivel medio de carabineros y las fuerzas armadas. En muchos casos, han debido obedecer a sus superiores cuando estos han dado órdenes flagrantes de violación de los derechos humanos de ciudadanos detenidos -como torturarlos, o matarlos, o vejarlos.

En esos casos, los subalternos deben estar obligados a impedir la comisión de esos delitos, y deben hacer todo lo posible por prevenirlos, incluyendo la neutralización o eliminación del oficial culpable. Esos subalternos deben ser considerados como militares o policías ejemplares y gozar de los beneficios y recompensas que esté el estado dispuesto a otorgarles. Y deben, obviamente, gozar de la protección efectiva del estado, en caso de que elementos militares o policiales quisieran tomar represalias contra ellos. Por otro lado, no hacer nada y/o no denunciar un delito de este tipo, debe considerarse en sí mismo un delito. Y, consecuentemente, también punible.

Obviamente, para que oficiales y tropa sepan cuándo dan o reciben órdenes atentatorias de los derechos humanos, es muy importante que se impartan clases de derechos humanos en todas las instalaciones militares y de las fuerzas policiales. Cada policía debe saber en qué consisten esos delitos, por qué no deben ni cometerse ni permitirse su comisión y por qué es su violación más severamente castigada que delitos semejantes cometidos por ciudadanos de a pie. La defensa de los derechos humanos debe convertirse en otro principio, e importante, de la carrera militar y policial. Y, obviamente, también se debe incluir a los gendarmes en esta reforma.

Pero para empezar con el pie derecho, obviamente, las fuerzas militares y policiales deben purgar sus filas, clara y absolutamente, de los elementos que deshonren o que ya han deshonrando al país con sus conductas y propósitos criminales, causando la muerte de miles de chilenos, con la sola justificación de que en su ruindad y delirios, vieron a sus compatriotas como enemigos.

La Presidente Perdió el Norte

A un extraño e inquietante espectáculo asistimos en estos días: Mientras las autoridades de gobierno se afanan para impedir que los chilenos rindan homenaje al presidente Salvador Allende y a las víctimas de la bestial dictadura de Pinochet y sus patrones, la presidente recibe en palacio nada menos que al ex jefe del gobierno español, José María Aznar.
La actitud de la presidente contrasta con la manera grosera, e impropia de una jefe de estado, con que trató en su momento al juez Baltasar Garzón, un verdadero amigo de Chile y al que los chilenos debemos tanto por su ayuda en la lucha por llevar a justicia a los criminales y por recuperar algo de la libertad perdida. Pues entonces, en agosto de 2006, según recuerdo, la presidente y otras autoridades de gobierno no solamente no hicieron ningún intento de demostrar al juez el reconocimiento que merecía, sino que además tuvieron la grosería de no recibirle.

Recuerdo que entonces las autoridades arguyeron que no podían recibirle en palacio (que parece que la presidente ha olvidado que no es de ella sino de los chilenos) porque el juez no ejercía ningún cargo público electo y no había venido a Chile en el marco de ninguna actividad oficial. Entonces el argumento sonaba falaz. De hecho, tratar al juez Garzón de esa manera fue un acto de una increíble bajeza e ingratitud.
Pero el juez Garzón estuvo felizmente en mejor compañía que la de la presidente: lo recibieron en el aeropuerto la presidente de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Lorena Pizarro, y otros activistas por los derechos humanos. También fue nombrado doctor honoris causa por las universidades Central y Arcis y tuvo durante su estadía en Chile numerosas muestras espontáneas de afecto y gratitud de la ciudadanía.

Aznar es una de las figuras más deleznables de la historia política reciente de España y del mundo. Como uno de los infames constructores de la guerra contra Iraq, será probablemente juzgado por crímenes contra la humanidad, cuando sea posible hacerlo. Aunque se presenta como demócrata y liberal, es en realidad una gárgola: tiene el dudoso honor de haber reconocido, al igual que Chile, como gobierno legítimo, la bruta dictadura del patrón Carmona en Venezuela, que sólo duró cuatro días y en los que mandó a matar al presidente legítimo, Hugo Chávez. Los soldados se negaron a ejecutar la orden. Recuperada la constitucionalidad, Chávez le dejó escapar a Colombia. Otros, y justamente, habrían sometido al patrón insolentado a un juicio rápido.

El ex presidente español jugó un papel deleznable y hasta ridículo en la guerra contra Iraq. Yo recuerdo haber visto por televisión el discurso en que declaró la guerra a ese país y, tratando de convencer a los españoles, relató que había llegado a un acuerdo con el presidente Bush en cuanto a los contratos de reconstrucción del país (es decir, antes de su destrucción), diciendo que la empresa privada española lograría contratos de reconstrucción por un monto de 800 millones de euros en el primer año de ocupación. Cuento esto para que tengáis una idea de la naturaleza de este payaso.
Participando así en una guerra ilegal y contra la voluntad de la inmensa mayoría de los españoles, fue castigado por el electorado y expulsado del palacio de La Moncloa. España se salió de la guerra y Aznar fue premiado por Estados Unidos con una beca para enseñar en la Universidad George Washington.
Aznar fue quien hizo todo lo posible por torpedear los esfuerzos del juez Garzón para juzgar al criminal chileno en Madrid y que finalmente, en complicidad con el inglés Tony Blair, logró impedirlo, facilitando así el regreso del tirano a su guarida en La Dehesa.

La presidente no debió haber recibido nunca a ese deleznable personaje, aunque sólo hubiese sido por dignidad. Recibirlo en circunstancias de que hoy Aznar es un don nadie y no representa nada ni tiene cargo alguno electo en la administración de su país, es insólito y una demostración de que la presidente ha perdido el norte. Además, evidentemente visitó Chile privadamente, por lo que no existe motivo alguno para honrarle con una visita en palacio. Si la presidente tuviese algo de coherencia, habría esgrimido contra Aznar los mismos argumentos que blandió contra el juez Garzón. Pero al no hacerlo, deja también en claro que los argumentos que se emplearon para ofender al juez, eran simplemente argucias.

Así, mientras sus policías detienen y maltratan a las dirigentes de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, mientras sus carabineros someten a increíbles vejámenes a las mujeres detenidas por querer rendir un homenaje al presidente Allende (y a las que, según contó hoy el secretario general del Partido Comunista, Lautaro Carmona, los agentes hurguetearon ano y vagina), la presidente se entretiene recibiendo a un solapado enemigo de la patria chilena.
La señora Bachelet ha colmado la paciencia no solamente de las gárgolas reaccionarias chilenas, sino simplemente de todo Chile. Parte de su futuro dependerá de qué medidas tome para castigar a los autores y responsables de los intolerables vejámenes y humillaciones a que sometieron sus hombres a las chilenas que quisieron pasar por calle Morandé, incluyendo a miembros de su propio gobierno.

Si no, corre el riesgo de que los chilenos la declaren, merecidamente, persona no grata.