No Somos Iguales ante la Ley

Que no somos iguales ante la ley es algo que sabemos, en Chile, desde que adquirimos uso de razón. La miseria, los abusos de las autoridades, la impunidad de los poderosos, los cotidianos maltratos a manos de las fuerzas de orden, las torturas y humillaciones de los pobres en comisarías y reparticiones públicas nos lo recuerdan a diario. Sin embargo, según nuestra Constitución, somos iguales ante la ley. Este principio no sólo es violado a diario por autoridades y jueces. Hace unos días, nada menos que el Senado acaba de confirmar, y establecer, por encima de la Constitución, que no somos iguales ante la ley.
Durante la tiranía, quien osara reclamar este principio terminaba secuestrado, torturado, robado, vejado y asesinado. A veces, incluso, se torturaba, violaba y asesinaba a los hijos y mujeres de los secuestrados; no porque hubiesen cometido algún delito que desencadenara la furia de los militares y agentes de las policías secretas, sino como método de tortura y por simple capricho. A veces, para hacerse con las propiedades de los secuestrados. Nunca en nuestra historia vivimos un régimen tan abyecto como el impuesto tan injustificadamente por las instituciones armadas.

Nos habíamos acostumbrado a que no éramos iguales ante la ley. Y nos habíamos acostumbrado a que las leyes no valían nada; tanto es así, que ni siquiera eran respetadas por los jueces.

Nos prometieron el retorno de la democracia, que finalmente no lo es. Pensamos que con este retorno a una cierta normalidad, si no democrática, al menos sin los crímenes horrendos, y arbitrariedad del régimen anterior, recuperaríamos ese principio perdido. Nada de eso. Al contrario, ahora, la clase política que reemplazó al dictador, intenta, como aquel, proteger a los que considera suyos; si Pinochet firmaba decretos de amnistía para las alimañas de sus servicios de seguridad y militares, la clase política hoy firma leyes que introducen la desigualdad ante la ley, en beneficio de su propia clase.

Hace unos días el Senado aprobó un proyecto que sanciona con cadena perpetua el asesinato de un fiscal y otros "defensores penales en el ejercicio de sus cargos" (en el diario de la Cámara http://www.camara.cl/diario/noticia.asp?vid=28655). El proyecto fue aprobado por un grupo bastante variopinto de senadores, compuesto por Soledad Alvear (demócrata-cristiana), Alberto Espina (liberal de derechas), José Antonio Gómez (social-demócrata), Hernán Larraín (pinochetista) y Pedro Muñoz (socialista).
Según el diario de la Cámara, "la iniciativa castiga con pena de presidio mayor en su grado máximo a presidio perpetuo calificado (entre 20 y 40 años), a quien mate a un fiscal del Ministerio Público o a un Defensor Penal Público en razón del ejercicio de sus funciones".
El texto establece toda "una escala de sanciones para quien hiera, golpee o maltrate a estos funcionarios. De esta forma, si la persona queda demente, inútil para el trabajo, impotente, impedido de algún miembro importante o notablemente deforme, el agresor recibirá una pena de presidio mayor en su grado medio (10 años y 1 día a 15 años).
"Si al ofendido las lesiones le producen enfermedad o incapacidad para el trabajo por más de 30 días, la sanción será de presidio menor en su grado máximo (3 años y 1 día a 5 años), a presidio mayor en su grado mínimo (5 años y 1 día a 10 años).
"Las lesiones menos graves recibirán una pena de presidio menor en sus grados medio a máximo (541 días a 5 años); si hay lesiones leves o no se produce daño alguno, el castigo será de reclusión menor en su grado mínimo (61 a 540 días), más el pago de una multa de 11 a 20 UTM ($371.239 a $674.980)".
El proyecto también sanciona, nada menos que con hasta cinco años de cárcel, a quien amenace a un fiscal o defensor público.

No he leído ni visto los alegatos, si los hubo, a favor de esta insensatez. Imagino que tendrá que ver con la causa mapuche, a la que el estado y la clase que nos gobierna quiere someter a cualquier precio, para llevar a buen término la campaña de pacificación empezada a fines del siglo diecinueve; también, quizás, con las frecuentes amenazas dirigidas a fiscales por delincuentes y comerciantes de drogas prohibidas (prohibidas por esa misma clase). Está claro, obviamente, que se quiere amedrentar a los ciudadanos. No está claro el porqué.

¿Creerán nuestros senadores que esta ley impedirá que algún ciudadano deschavetado, o en busca de justicia o reparación, asesine a un fiscal? ¿No han oído hablar nunca de asesinos a sueldo? ¿Acaso no se cometen crímenes en Chile, pese a la abundancia de leyes que los sancionan?

Este documento delata una impresionante falta de coherencia. Lo peor es que para amenazarnos, los senadores han decidido subvertir nuestra Constitución. Aclaremos, de paso, que estos señorones que nos oprimen en nombre del pueblo no fueron, la mitad de ellos, elegidos por nadie. Simplemente se nos imponen sin más. Para ello recurrieron a un invento patentado por la dictadura comunista polaca: el sistema binominal.

En Chile, según nuestra Constitución, somos iguales ante la ley. Lo establece el apartado 2 del Artículo 19 del Capítulo III, De los Derechos y Deberes Constitucionales, de la Constitución Política de la República de Chile. Cito: "La igualdad ante la ley. En Chile no hay personas ni grupos privilegiados".

Remata luego, muy a propósito en nuestro caso: "Ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias".

Pero condenar a presidio mayor calificado o a presidio perpetuo calificado a quien mate a un fiscal, mientras que por el asesinato de otras categorías de ciudadanos las penas son mucho menores, ¿no contradice la Constitución y la subvierte, justificando jurídicamente que los ciudadanos no somos iguales ante la ley? ¿En qué lógica se basa que quitarle la vida a un fiscal no es lo mismo que quitársela a una dependienta de banco, un jardinero municipal, un conductor de buses o un médico? ¿Por qué los familiares de un fiscal asesinado pueden enterrar en vida al autor del crimen, y los familiares de otros chilenos asesinados deben soportar que los asesinos salgan de la cárcel en apenas unos años, o que, a veces, ni siquiera cumplan pena de prisión? No me refiero a los casos de los violadores de derechos humanos, que son casos impresionantes que demuestran que el poder judicial chileno, en gran parte, sigue protegiendo a criminales. Me refiero a casos comunes en la sociedad civil.

Habrá que preguntarles a los senadores por qué no han seguido legislando sobre las penas que corresponden a los asesinos de otras categorías de chilenos. ¿Cuántos años de cárcel vale la vida de un panadero, cuántos la de un taxista, jinete de hipódromo, dueña de casa sin oficio, jubilado, carpintero, sacerdote, jornalero, bombero, director de cementerio? Y podríamos todavía hilar más fino: ¿Cuántos años de cárcel vale la vida de una mujer, de un niño, de un comunista, de un liberal? Sospecho que los senadores no recogerán este guante.

Pero todavía hay más. Nuestros payasos tienen una imaginación desbordante. En el nuevo proyecto de ley se establece que los años de presidio dependerán también de los efectos de la agresión. Si el fiscal quedase "demente, inútil para el trabajo, impotente, impedido de algún miembro importante o notablemente deforme", recibirá el autor una pena de entre diez años y un día y quince años. Lo que vale para otros ciudadanos (agravantes, atenuantes, edad), no se aplica en estos casos de muerte de fiscales. ¿Por qué?
Pero lo impresionante es que la nueva ley introduce una modalidad de castigo que es absurda, pues establece que si el fiscal, por ejemplo, queda demente, la pena será mayor que si no queda demente , aumentando la pena y asumiendo que la intención del autor era causar su demencia. Esta es una argumentación absurda, propia de un régimen dictatorial, e indigna de un país que dice estar en transición a la democracia.

Lo más cercano que se me viene a la memoria, para colocar este modo de pensar en algún contexto reconocible, son los argumentos de los personajes de ‘El Planeta de los Simios'. O quizás de ciertos alegatos fascistas, que sostienen que el pensamiento es acción, según decían algunos, por lo que se podía condenar a los ciudadanos a duras penas de reclusión por el solo hecho de pensar. O el razonamiento de algunos militares jibarizados, que pretenden que no hay delito si las autoridades no encuentran los cuerpos de las personas asesinadas -que será difícil porque los mismos criminales se han encargado de hacerlos desaparecer.

Me parece a mí que será difícil determinar si la intención del autor de un crimen semejante se pueda hacer equivaler al resultado de su agresión. Imagino que el autor del crimen no pensará necesariamente en los resultados de su agresión, que no puede determinar de antemano. Pongamos el caso inverso: Si a raíz de un atentado contra su vida, el fiscal recupera la visión de un ojo estropeado, ¿se liberará al agresor o se le agregarán todavía más años?

Luego viene la estrambótica pena por amenazas. ¿Querrán nuestros senadores encerrar a las madres que, en momentos de gran dolor, tensión y amargura cuando se condena a uno de sus hijos, gritan descontroladas amenazas incluso de muerte? ¿Y qué definirán sus señorías como amenaza? Si se grita al fiscal: Ojalá te mueras, mamón, ¿es una amenaza? Si se le dice: Te deseo una muerte lenta y dolorosa, ¿es una amenaza? Si se escupe al fiscal, ¿es agresión? Si se le escupe, pero no se da en el blanco, ¿es igualmente agresión? ¿O es quizás homicidio frustrado? ¿Y los desprecios con melena, cuánto valen? ¿Cinco años, tres años? Y si al fiscal se le envía una encomienda con algo putrefacto dentro, un ratón por ejemplo, ¿es amenaza también?

Sin embargo, la Constitución es clara: "Ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias".

¿En qué macabro circo trabajan nuestros senadores?

Qué Hacer con los Jueces Parias

En las últimas semanas, diferentes salas de la Corte Suprema han firmado dos resoluciones contradictorias. La primera la redactó la Segunda Sala, y en ella condena a miembros del llamado Comando Conjunto por el homicidio calificado del militante comunista Carlos Humberto Contreras Maluje el 2 de noviembre de
1976. La pena fue ridículamente leve -tres años y un día por un delito calificado por la propia corte como homicidio calificado- y otorga a los condenados el beneficio de la libertad vigilada. Estos peligrosos criminales se pasean ahora libremente por las calles de nuestro país.
Este tipo de condenas ridículas en relación con el delito, a lo que lamentablemente los jueces nos han acostumbrado en su larga historia de colaboración con la jauría militar y su historial de denegación de justicia, constituyen una agresión constante a la conciencia de los chilenos. Cometen los jueces un delito moral incalculable, porque reafirman la creencia popular de que esos criminales siguen gozando de la inmerecida y aberrante protección de nuestros tribunales de justicia. Y parecen decirnos: Si quieren justicia, nuestros tribunales no son el lugar donde buscarla. La justicia habrá que encontrarla en otro lugar.
Esta resolución de los jueces de la Segunda Sala -formada por Alberto Chaigneau, Rubén Ballesteros, Jaime Rodriguez y Hugo Dolmestch- incluye sin embargo un reconocimiento fundamental en la jurisprudencia chilena. Me parece que nunca se dijo antes tan claramente que nuestras leyes, en el estado de las civilizaciones occidentales hoy en día, deben estar subordinadas, al menos en el capítulo de derechos humanos, al derecho internacional.
Los acusados habían pedido la aplicación del decreto de amnistía emitido por el Putrefactor en 1978, alegando, también, la prescripción de su crimen.
La resolución dice -y la citaré nuevamente in extenso, que:

"Que, por haberse cometido el delito en el contexto de violaciones a los derechos humanos, graves, masivas y sistemáticas, verificadas por agentes del Estado que pretendían excluir, hostigar, perseguir o exterminar a quienes fueran contrarios al régimen instaurado el 11 de septiembre de 1973, tratándose específicamente en el caso de autos de la eliminación de una persona militante del Partido Comunista, es decir perteneciente ideológicamente al régimen político recién depuesto, cabe concluir que se está en presencia de lo que la conciencia jurídica denomina delito de ‘lesa humanidad', calificación que trae aparejada la imposibilidad de amnistiar el referido ilícito, así como declarar su prescripción, conforme a las reglas imperativas del derecho internacional o ius cogens, que - tal como ha sido declarado en anteriores fallos - tiene prevalencia sobre la legislación nacional. Las reglas del ius cogens son verdaderas normas jurídicas en sentido sustancial, suministrando pautas o modelos de conducta, a partir de las cuales surgen obligaciones erga omnes, que existen con independencia de su formulación, en términos que cuando son expresadas en una fórmula legal no cambian su naturaleza jurídica.
Esta Corte reitera una vez más que los principios del derecho internacional y las normas del derecho consuetudinario, forman parte del ordenamiento jurídico chileno con primacía sobre las leyes internas, aún cuando no se encuentre traducido en tratados o convenciones obligatorias para Chile"

Se opuso a esta interpretación, como lo hace habitualmente, uno de los jueces parias de Chile -Nibaldo Segura-, que no solamente rechaza la noción de que las leyes chilenas deben estar subordinadas al derecho internacional -como lo reconocen prácticamente todas las democracias occidentales, a excepción de Estados Unidos-, sino además se ha caracterizado por su defensa de los criminales más perversos de nuestra historia.
En su argumentación, sin embargo, pero sin que se entienda cómo llegó a esa conclusión, confirma lo que sabemos y hemos sabido siempre casi todos los chilenos de buena fe: que "tampoco se ha acreditado que el 12 de Septiembre de 1973 [existiera] en Chile una rebelión militarizada capaz de provocar el estado de guerra interno". Su lógica es asaz torcida, porque pareciera que debido a esto o debido a la ausencia de un conflicto entre partes que pudiese definirse como guerra (se lee en su argumentación: "No se ha acreditado que en la época en referencia [existiera] en Chile una oposición entre dos fuerzas armadas o bien entre las fuerzas armadas de Chile y uno o más grupos armados que desconocían la autoridad de la primera y que estaban bajo el mando de una autoridad responsable, que ejercía dominio o control sobre una parte del territorio chileno"), no cabe contemplar la aplicación del derecho humanitario. Brillante absurdo que los otros jueces rechazan justamente alegando que las reglas de ius cogens fijan normas de conducta "que existen con independencia de su formulación, en términos que cuando son expresadas en una fórmula legal no cambian su naturaleza jurídica".
Las ratas condenadas son Freddy Ruiz Bunguer, Juan Francisco Saavedra Loyola, Daniel Giumpert Corvalán, César Palma Ramírez, Manuel Muñoz Gamboa, Alejandro Saéz Mardones y Rodrigo Cobos Manríquez (fuente para esta sección: El Mercurio online).

La segunda resolución es el fallo apenas unos días después de la Sala Penal de la misma Corte Suprema también en un caso de derechos humanos: el fallo que aplicó la prescripción del delito en el caso de los asesinatos múltiples cometidos por el militar Claudio Lecaros Carrasco el 15 de septiembre de 1973 -cuando asesinó a tres ciudadanos chilenos: Cesario Soto, Vidal Riquelme y Rubén Acevedo.
En este caso, votaron a favor de la prescripción de un delito que es claramente un delito de lesa humanidad o contra la humanidad los jueces Rubén Ballesteros y, faltaba más, Nibaldo Segura, dos jueces parias que se han caracterizado por su defensa de los criminales más salvajes de nuestra historia. Y un abogado pinochetista José Fernández. En contra de esta resolución aberrante votaron los jueces Hugo Dolmestch y Jaime Rodríguez. La mayoría pinochetista fue circunstancial, pues el abogado paria reemplazó en la Sala al ministro Alfredo Chaigneau, que reconoce la primacía del derecho internacional.
Este fallo aberrante ha provocado que el abogado Nelson Caucoto demande al estado chileno, nuevamente, por una grave denegación de justicia, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (véase La Nación).

Qué duda cabe que, como en casos anteriores, Chile será nuevamente castigado y objeto de escarnio en la escena internacional.

Es asombroso que una misma Corte Suprema no se ponga de acuerdo en principios tan fundamentales y que son definitorios del ordenamiento jurídico chileno. No es simplemente posible que una misma Justicia aplique criterios contradictorios, que parecen ser, además, igualmente admisibles. Por los mismos delitos, un grupo de jueces absuelve a un criminal, y otro, a metros más allá, lo condena. Nuestra Justicia se parece así bastante al Palacio de la Risa, que sabes cómo entras pero no sabes cómo vas a salir, y a veces sales desmelenado, y a veces caes de pie. Es francamente una ridiculez. Esto no se parece en nada a lo que debe ser una verdadera Justicia, que debería implicar la adopción de criterios uniformes ante los cuales los ciudadanos sabríamos a qué atenernos. Hoy en día, un militar puede cometer un crimen en la convicción de que quedará impune, y otro en la creencia de que será castigado. Y los dos tienen razón.

¿No es posible hacer nada contra estos jueces innobles e inmorales que persisten en burlarse de las víctimas de esos crímenes inhumanos, que recurren a cuanto truco y triquiñuela encuentran para proteger a esos militares cobardes y permitirles escapar de la acción de la justicia? ¿No podemos eliminar del poder judicial a los jueces pinochetistas, que tergiversan el espíritu de las leyes para defender a esos monstruos?

El gobierno hace la vista gorda y se justifica diciendo que no puede intervenir en asuntos que competen al poder judicial. En otras palabras, justifica el actual estado de cosas -la versión Palacio de la Risa del poder judicial. Sólo que cuando los jueces actúan en conciencia y condenan a esos criminales, puede aparecer un presidente -como Lagos- que, aun pretendiendo ser enemigo de la dictadura, otorga indultos -contra las disposiciones del derecho internacional- a sanguinarios criminales, como el que degolló a Tucapel Jiménez y que, gracias al Mandarín, se encuentra en libertad.
Las autoridades políticas chilenas, y entre ellas en primerísimo lugar, el gobierno, se burla llanamente de los ciudadanos, pretendiendo que debemos aceptar tanto que los jueces apliquen el derecho internacional -que es lo que venimos reclamando desde hace décadas- como que no lo apliquen, porque deberíamos aceptar su interpretación de la justicia como un tribunal de tómbola.

¿Qué pretende el gobierno? Su actitud de aparente respeto por la independencia del poder judicial es otro nombre que se da a la complicidad, a hacer la vista gorda, a pretender, como los partidos de derechas durante el régimen de la Bestia, que no están en casa. La actitud del gobierno es derechamente equivalente al delito de denegación de justicia. Y, obviamente, ha de ser denunciado en organismos internacionales.

¿O pretenderá que los ciudadanos se tomen la justicia por sus manos?

Sin embargo, la idea de que el gobierno está atado de manos y de que nada puede hacer para enmendar el curso de la justicia es igualmente una falsedad. El gobierno tiene dos maneras de intervenir en el poder judicial para lograr que nuestra justicia se adapte a las nuevas normas del derecho internacional y se acerque un poco más a las civilizaciones occidentales del planeta. Hoy por hoy, Chile, como su poder judicial, sigue siendo un paria en la comunidad internacional.

El primer instrumento está en manos del presidente de la república, pues es él o ella quien nombra a los jueces o ministros integrantes de la Corte Suprema, sobre la base de una nómina de cinco personas que es propuesta por la Corte Suprema con aprobación del Senado (según determina el Capítulo VI, Poder Judicial, de nuestra Constitución Política). El presidente debe simplemente rechazar todo nombramiento, o todo candidato que según sus informaciones sea simpatizante de ideologías criminales -entre ellas, el pinochetismo. Si hoy tenemos jueces de inclinaciones criminales en nuestros tribunales es porque han sido nombrados, algunos de ellos, por presidentes de la Concertación.

Obviamente, lo más cuerdo sería expulsar del poder judicial a todo juez o ministro de la Corte Suprema que haya sido nombrado durante el régimen dictatorial, por el origen ilegítimo de su nombramiento. Pero imagino que esto será mucho pedir para los políticos de ese acomodaticio conglomerado.

Pero el gobierno tiene otro instrumento que podría utilizar contra estos jueces parias. El artículo 79 del mismo Capítulo VI, citado antes, establece que "los jueces son personalmente responsables por los delitos de cohecho, falta de observancia en materia substancial de las leyes que reglan el procedimiento, denegación y torcida administración de justicia y, en general, de toda prevaricación en que incurran en el desempeño de sus funciones".
En caso de, por ejemplo, denegación de justicia o su administración torcida, que es nuestro caso, podemos seguir una de dos alternativas: demandar al juez, el que será expulsado del poder judicial "por causa legalmente sentenciada", que es ciertamente el camino más pedregoso y más incierto; o, como establece el artículo 80, por requerimiento del presidente de la república, "a solicitud de parte interesada, o de oficio", la Corte Suprema podrá declarar "que los jueces no han tenido buen comportamiento y, previo informe del inculpado y de la Corte de Apelaciones respectiva, en su caso, acordar su remoción por la mayoría total de sus componentes".

Si este mecanismo para remover de sus funciones a jueces corruptos o que se han destacado en la defensa de los bárbaros criminales pinochetistas en violación de las normas del derecho internacional*, lo establece nuestra propia Constitución Política, ¿cómo explicar las aseveraciones oficiales de que no pueden hacer nada? Ciertamente, en estos casos sería una tarea fundamental del gobierno procurar que los ciudadanos -todos los ciudadanos- puedan regirse por una sola interpretación de la ley y que tengan igualmente acceso a la justicia. Esto no lo garantiza el gobierno cuando pretende que debemos aceptar del mismo modo tanto que un grupo de jueces condene a quienes mataron tan vilmente a esos ciudadanos, como que los absuelva. Esto, francamente, es una estupidez. Se llama derechamente denegación de justicia. Y de esta denegación de justicia -que habrá que recordar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos- se hace culpable no solamente el ‘autónomo' poder judicial, sino también las más altas autoridades políticas del país. En la Corte, se ha de acusar tanto a los jueces como al gobierno mismo que permite que esos tribunales persistan en denegar justicia a los ciudadanos cuya defensa es precisamente una de las funciones del gobierno.

El gobierno, pues, cuando pretende que no puede hacer nada, simplemente está mintiendo.

*Quiero insistir en que el derecho internacional no es un cuerpo externo de normas, sino que Chile deberá aceptarlo porque está siendo desde ya juzgado por su respeto a este, por más que se oponga en estos momentos su gobierno y su clase política, por la sencilla y lúcida razón expuesta en el fallo de la Segunda Sala en el caso del Comando Conjunto, de que las normas del derecho internacional "existen con independencia de su formulación, en términos que cuando son expresadas en una fórmula legal no cambian su naturaleza jurídica". En otras palabras, poco sentido tiene enterrar la cabeza en la arena. Lo que hacen los jueces hoy, y lo que acepta el gobierno haciéndose por ello cómplice, es una grave denegación de justicia tal y como está contemplada en el derecho internacional, y podrán ser siempre juzgados de acuerdo a sus normas, reconozcan o no su primacía (ius cogens).
Por ello resulta aberrante la argumentación de los políticos de Renovación Nacional y la Unión Demócrata Independiente, de que el derecho internacional viola la soberanía de Chile (véase el alegato a favor de la impunidad de las ratas pinochetistas en La Nación). El derecho internacional tiene siempre vigencia, lo reconozca o no el gobierno o la clase política. No entiendo por qué argumenta la derecha de ese modo absurdo, sabiendo por experiencia que el derecho internacional disfruta de primacía fuera de nuestras fronteras, lo que permitió en su momento el arresto de la Bestia en Londres. Por la misma razón, cualquier personero o político chileno que se haya hecho culpable de delitos contemplados en el derecho internacional, podrá ser aprehendido fuera de nuestras fronteras. La presidenta Bachelet misma podría ser aprehendida si persiste en eludir sus responsabilidades como gobernante. Pero, obviamente, esto último es más bien ciencia ficción política -aunque teóricamente, insisto, no se puede descartar.

Carlos Larraín, cabecilla de RN, y que no cuenta en su familia con gente asesinada por militares chilenos, pretende aceptar, por ejemplo, la Convención contra la Desaparición Forzada de Personas a condición de que se excluya a los militares chilenos culpables de este delito -una idea francamente idiota porque la Convención se aplicará a los chilenos les guste o no, en primer lugar, y, luego, porque los delitos que cubre la convención son crímenes contra la humanidad o de lesa humanidad y son por tanto inamnistiables, por lo que, obviamente, no se puede excluir ni a los militares chilenos ni a ningún otro sujeto en el mundo culpable de ese delito.
Sin embargo, ayuda saber que Renovación Nacional, pese a sus protestas de lo contrario, sigue apoyando a la dictadura pinochetista y justificando los crímenes que cometieron esas ratas ponzoñosas. De liberales, ciertamente, estos partidos no tienen nada, excepto quizás el elogio de la codicia.
Entretanto, en relación con la Convención contra la Desaparición Forzada de Personas, en Uruguay (véase Página 12) y Argentina (Página 12) ya se han reabierto juicios y/o se ha adaptado la legislación interna para poder perseguir a militares culpables de ese delito. Y Chile sigue haciendo el ridículo.

Odio, Política y Demencia

[Como respuesta a mi crónica ‘Quién le tiene miedo al rey', escribió también un lector que me parece realmente un descerebrado y sospecho en realidad que se trata de un paciente psiquiátrico. No quiero sonar demasiado severo con él, pero pese a la evidente corrosión de su mente, su ‘punto de vista' encuentra eco en numerosos opositores al presidente Chávez. Por eso lo trato aquí].

Sobre el altercado entre el rey Juan Carlos y el presidente Hugo Chávez durante la Cumbre Iberoamericana, llama al primero "altivo y valiente", lo que, dice, le pone muy feliz. ¿Por qué le pone feliz? Porque el presidente, dice, "atropella los derechos individuales de su pueblo y tiene a Venezuela en la miseria", cosas que por lo demás no argumenta ni justifica.
Pero enseguida pierde la cordura y adopta un lenguaje todavía más ordinario y soez que lo que solemos llamar estilo de verdulera. A partir de esas dos líneas relativamente razonables, caracteriza a Chávez como "ese mono bocón que se llena las fauces con la revolución bolivariana", que en realidad es la vía, dice, hacia lo que llama ‘neo-comunismo'. Parece tener comunicación con el más allá, porque dice que Bolívar se menea en su cripta con las ‘tergiversaciones' de Chávez, aunque tampoco explica nada.
Supongo que no ha leído a Bolívar. Menos la frase que ilustra la portada de la revista Punto Final de este mes: "Los Estados Unidos parecen destinados por la Providencia para plagar la América de miseria a nombre de la libertad".

Continúa sus irracionales comentarios afirmando que Chávez es un dictador. Pero explica que lo es porque interviene en la vida política de otros países, lo que parece indicar que el descerebrado tiene criterios muy particulares para definir las dictaduras. Afirma que persigue a católicos y protestantes e incluso, oh, a los adventistas -pero igualmente sin argumentar. Y luego nos informa que el presidente quiere fundar una iglesia pagana, donde él [el presidente Chávez] será Dios. Como se ve, en este comentador tenemos una importante fuente de información.

Pero el desorden mental del pobretón no para aquí. Continúa diciendo que Chávez "es igual a Hitler, pero en versión sudaca".

Es muy curiosa esta expresión. Sabe el descerebrado que ‘sudaca' es el término despectivo que usan algunos en España para denigrar a los latinoamericanos. El comentador, que dice que es chileno y que vive en Rancagua, adopta pues un insulto peninsular, aparentemente sin advertir que el insulto le cae a él de perillas, porque es tan sudaca como Chávez. Pero, por un momentico, se imagina que es español, para poder insultar al presidente. ¿Qué trasfondo psico-psiquiátrico está en juego aquí?
Agrega que el presidente es un "bocón y tirano genocida" y que "persigue a la Iglesia", pero sin describir el supuesto ‘genocidio' ni a qué iglesia se refiere. Creo que se refiere a alguna secta, porque me han dicho que este señor pertenece a una secta de protestantes fanáticos -aunque no sé si cristianos. También nos informa que Chávez anda matando curas en Venezuela.

La guinda de la torta es su convicción de que "Chávez no es ninguna persona" sino "un mono bocón, una bestia sin sentimientos, un metiche y fanfarrón autócrata, sediento de poder y de venganza".

Bueno, estos comentarios ciertamente no se los puede tomar en serio, pero, sin embargo, asombra el odio que anida en el alma de este pobre individuo. No sé si es una buena idea que una persona semejante pueda vivir en libertad en sociedad. Es evidentemente un peligro para la seguridad pública y probablemente es un peligro para sí mismo y su propia familia. Según los antecedentes que manejo, es prácticamente un niño y es evidente que carece de la capacidad reflexiva y discursiva que la mayoría de la gente adquiere con los años. Pero en ausencia de una formación sólida, y dejado de la mano de Dios, no podrá sino empeorar. Creo que requiere urgente ayuda psiquiátrica. No estoy descalificando a mi interlocutor; estoy seriamente preocupado de su condición mental.

Pero volvamos a nuestro asunto. Al principio me discutí con él, pero ahora creo que eso es casi lo mismo que perseguir a un paranoico, es decir, un acto de maldad. ¿Cómo vas a discutir con un demente? Tratarlo como a un igual y discutir con él sólo empeorará su condición, haciendo todavía más difícil su recuperación.

Sin embargo, este individuo no es el único en hacer suyas semejantes idioteces. Conozco a otro que va por la vida proclamando que es periodista con cartón y que evidentemente tiene un grado de formación superior a este, pero que, no obstante, expresa las mismas cosas (no me atrevo a decir ideas) y con el mismo odio. Y este último no es, que yo sepa, protestante.
¿Cómo es posible que una persona relativamente cuerda y un demente descerebrado ‘piensen', o en todo caso, ‘sientan' lo mismo sobre un tema? ¿No es extraordinario? ¿Es posible que un demente y una persona cuerda crean lo mismo: por ejemplo, que Chávez es culpable de un genocidio que sólo ellos conocen porque el resto de la humanidad no está al tanto o ha sido engañada? ¿Pero a qué genocidio se referirán, cometido por Chávez?

Chávez, pues, dice el demente, no es un hombre, no es un ser humano, sino un mono y una bestia. ¡Un Hitler!, grita el hombrecillo sin cerebro. Y la prueba es ese genocidio del que Chávez es culpable y del que no sabemos nada. Sin embargo, ¿no debería ser Hitler su héroe? Yo pensaba que sí, porque los ‘argumentos' del destornillado son de naturaleza racista. Pero, en fin, no soy quien va a pedir coherencia a un orate. Eso sería otro acto de maldad.

Es impresionante el odio que destila el insano. Su constante recurso a negar la calidad humana del presidente (mono bocón, bestia, no persona) y sus fantasmagóricas invenciones (genocidio, asesinato de curas, persecución de las iglesias -especialmente de la adventista, agrega, delatándose) lo señalan como una persona fanática francamente extraviada. Es imposible, y malsano, considerarlo un interlocutor válido.
Tal parece, sin embargo, que el chiquillo reclama su derecho al odio como criterio en la acción política -el odio que convirtió Hitler en dogma y ley, como hicieron otros antes y después de él, como Pinochet, Pol Pot, Stalin, Milosevic, Videla y tantos otros. Su presupuesto tácito es que el odio es un argumento legítimo de la vida política. Y, naturalmente, en un odio tan desenfrenado como el que siente él, sus diatribas están a milímetros de la acción criminal, pues sus escritos, por incoherentes que sean, son un llamado al asesinato de un líder político que él considera menos que humano.
No ignoro que mucha gente joven piensa de este modo: que su odio es algo legítimo y que se puede esgrimir y defender públicamente. El ethos enfermizo de la cultura de masas le autoriza a odiar descaradamente y le permite incluso no ofrecer ni siquiera un simulacro de argumento. Yo odio, dice el chiflado, por tanto todos odiamos. Y cuando trata, de cierto modo, de justificar su odio, recurre a falsedades de un orden francamente psiquiátrico (Chávez cometió un genocidio del que nadie sabe nada excepto él) y procura ganarse nuestra complicidad advirtiéndonos que el presidente nos persigue a todos: a católicos, a protestantes e incluso, dice, a adventistas. Válgame la macarena.

Pero es curioso constatar que mientras más nos acercamos al referéndum del 2 de diciembre, más bruta se hace la oposición a la votación. La derecha venezolana simplemente no se atreve a medirse en las urnas y lo que pretende es impedir la realización del referéndum. Sin embargo, en la prensa internacional, salvo excepciones aberrantes, se ha señalado que hasta el momento el proceso se ha desarrollado con toda normalidad, que ha habido amplios debates en todo el país y que la oposición ha podido expresarse con entera libertad. Naturalmente, esta oposición se parece mucho a las acciones y modo de pensar de la barbarie chilena, representada por la dictadura pinochetista y sus aliados políticos de Renovación Nacional y la Unión Demócrata Independiente.
Es justamente cuando Salvador Allende propuso la realización de un referéndum revocatorio que Estados Unidos ordenó a Pinochet adelantar la fecha del golpe de estado, que el embajador norteamericano había fijado inicialmente para el 19 de septiembre de 1973. Y el motivo fue que según las informaciones de la embajada, Allende ganaría ese referéndum. Esta es la razón por la que se ordenó quebrantar el orden constitucional chileno. A esa altura, y gracias al dinero norteamericano y la vileza y codicia de un puñado de generales traidores, la oposición chilena, como hoy la venezolana, no quería ni diálogo ni democracia, sino una solución de fuerza. La democracia no les convenía.

Es decir, que debemos prepararnos para una arremetida irracional que buscará por todos los medios el conflicto, porque es lo único que les interesa. Cuánto más llama la atención que estos argumentos absurdos, carentes de lógica y sin anclaje en la realidad, se conviertan en funcionales para el proyecto de la derecha venezolana, que es usurpar el poder e instaurar una dictadura de extrema derecha que se abocará, como la barbarie chilena, al exterminio sistemático de sus opositores.

Como digo, a medida que nos acercamos a diciembre, más irracional y violenta se vuelve la oposición venezolana. Y eso sí es un peligro. La derecha y Estados Unidos tratarán de provocar reacciones violentas, como la derecha chilena en los años setenta, que asesinó en 1970 incluso al comandante en jefe de las fuerzas armadas (el general Schneider), al que rechazaban porque era un militar patriota, y que asesinó también al comandante en jefe durante el gobierno de Allende (el comandante Prats), también porque se trataba de un militar patriota. Esto, aparte los numerosos actos de terrorismo que cometieron, tratando se endilgárselos a la extrema izquierda.

Conocemos la naturaleza de la derecha. Conocemos su codicia y su odio por el pueblo y la libertad. Su desprecio por la democracia. Su adulación del tío Sam. Si el imperio actúa como entonces, se instalará en Venezuela una dictadura tan sanguinaria como la pinochetista. El presidente Chávez y los suyos deben impedirlo cueste lo que cueste.

Quién Le Tiene Miedo al Rey 2

[Publicada esta crónica en un foro chileno, hubo algunos comentarios curiosos. No respondí a todos ellos. Ya se verá por qué. Algunas respuestas las he reformulado parcialmente.]

Un lector teme que los períodos de gobierno prolongado -sobre una de las enmiendas constitucionales de Chávez- puedan desvirtuar la naturaleza de las estructuras políticas democráticas.

Estoy en parte de acuerdo con usted. Debido a esa inclinación republicana a la que me referí, comparto con usted los temores con respecto a los mandatos presidenciales demasiado prolongados. Pero eso no convierte en dictador ni tirano al gobernante. No lo fue Roosevelt, no lo fue el ex presidente Lagos. ¿Por qué habría de serlo Chávez?

Hay un punto que quedó en el tintero, y es que si nos realmente nos preocupa el ejercicio prolongado del poder, deberíamos protestar todavía con más vigor contra las tendencias autocráticas tan evidentes en nuestros países. El poder, dice usted, corrompe. Yo le digo: Puede corromper. No solamente el personalismo.
Hay una tendencia evidente en América Latina hacia la formación de clanes familiares que intervienen en política y que controlan durante períodos prolongados la administración del estado. El ex presidente Lagos y su hijo, por ejemplo. Las parejas de diputados. Los diputados y senadores que pueden ser reelegidos -es decir, que pueden ejercer funciones políticas durante dieciséis años. Fuera de Chile, mire usted Argentina, donde la mujer del presidente lo sucede en el sillón presidencial. Y Cuba, donde gobiernan Fidel y su hermano Raúl Castro.

Personajes con poder político suelen también distribuir a sus parientes por todo el aparato de estado. Para qué menciono ejemplos. En nuestro país, abundan.
He llamado yo a esto en otro lugar una creciente tendencia autocrática en nuestros regímenes políticos.

¿No es este desarrollo algo grave que deberíamos impedir? No lo sé tan bien. Estos políticos son elegidos. Y, además, tampoco podemos impedir que familiares de políticos también escojan la carrera política de sus padres. Sería tremendamente injusto excluir a estas personas de la carrera política. Como sería injusto que un pueblo se prive de reelegir a su gobernante, si este ha demostrado al país los beneficios de su conducción en el marco del respeto de sus instituciones democráticas.

Sin embargo, creo con usted que efectivamente los mandatos presidenciales, pero también los legislativos, deben estar sujetos a límites. También pienso que esta regla debería extenderse a todos los funcionarios públicos en funciones altas y medias de la administración, que también suelen eternizarse en sus cargos. Pero también creo que deben tomarse en cuenta y respetarse las decisiones que otros pueblos adopten en democracia.

Con respecto a Chávez, no comprendo su posición. No lleva ni siquiera cinco años en el poder, y sin embargo se lo ataca como si llevara veinte. No es un presidente que haya violado los derechos humanos, y sin embargo se lo insulta y compara con los peores dictadores de la historia latinoamericana. Chávez no es un dictador, ha sido reelegido por abrumadoras mayorías. Las enmiendas constitucionales propuestas permiten, por lo demás, que la población, en elecciones libres y universales, decida si reelige o no al presidente.
¿Cree usted que sería mejor intervenir militarmente en Venezuela -quién lo haría- e imponer a sangre y fuego sus propias creencias (las suyas, don ***) sobre cuál ha de ser un mandato presidencial correcto? ¿No cree usted que con ese criterio deberíamos (usted, no yo) intervenir en muchos otros países del mundo, como, por ejemplo, España, porque su pueblo, en 1978, adoptó la monarquía? ¿Es así como imagina usted las relaciones internacionales?

Yo tengo un profundo desprecio por la derecha venezolana, que es todavía peor que la chilena. Nada de lo que digan esas gentes tiene para mí valor alguno. Cuando el líder máximo de la derecha ordena el asesinato de sus propios manifestantes para justificar el golpe de estado, es cuando no me quedan a mí dudas sobre el inmenso valor del presidente Chávez (describo este proceso aquí). Gracias a él y a unas fuerzas armadas leales ha logrado impedir una dictadura venezolana que sería todavía peor que la chilena.
¿Sabe usted que el cabecilla de los patrones, cerebro del golpe de abril de 2002, mandó a matar a Chávez y que los soldados que lo custodiaban rechazaron ejecutar la orden? ¿Y sabe usted que Chávez, en lugar de ordenar su fusilamiento cuando fue capturado, le perdonó y permitió marcharse al exilio en Colombia? En estos actos se mide la estatura moral de los hombres. Chávez es un hombre piadoso y buen católico.

Yo considero malo el continuismo de Bush porque no es seguro que su elección -elecciones- hayan sido correctas. Sabe usted igual que yo que hay abundantes evidencias de fraude. Pero aparte esto, durante su período presidencial, que yo considero una tiranía, y gracias a sus amplios poderes presidenciales, ha subvertido por ejemplo la propia Constitución norteamericana, anulando el principio de igualdad ante la ley, ha instituido la tortura como una forma normal de interrogatorio, ha corrompido profundamente la noción de justicia, estableciendo cárceles secretas, secuestros, detenciones indefinidas sin presentación de cargos, prisioneros que no pueden imputar las acusaciones en tribunales y que, en realidad, ni siquiera pueden enterarse de qué se les acusa. Hoy Estados Unidos sufre la tiranía de un gobernante estúpido, con todavía menos inteligencia que las dependientas Holly y Molly del salón de bronceados del canal 50.

Yo no creo que las dictaduras rojas sean buenas. No lo he dicho nunca ni lo creo. No tengo ninguna simpatía por las dictaduras comunistas. No me interesa si una dictadura es comunista o no. No tengo simpatía por las dictaduras. Pero no confunda usted las cosas: Si el presidente Lagos, reelegido y gobernante de Chile durante ocho años (¿o diez?) no es un dictador, ¿de dónde saca usted que Chávez, que lleva cinco años de presidente, si lo es?

He insistido en esta opinión que deberíamos ser más pragmáticos. Simplemente el mundo no puede ser juzgado exclusivamente por lo que uno cree que es bueno. Ciñamósnos a algunas normas claras de medición: respeto por los derechos humanos, condiciones de vida de los ciudadanos, observancia de las instituciones y leyes. Como digo al final, en cuanto al respeto por los derechos humanos Venezuela supera de lejos a Chile. Y en cuanto a la preocupación por las condiciones de vida de la gente más pobre, también. Y, sin embargo, todavía osan algunos defender la creencia de que son, Chile y los chilenos con su falsa y estúpida democracia, mejores que esa patria hermana.

Más sobre Chávez y el Fascistín Aznar

Aparece hoy en La Nación una interesante crónica de Jorge Palacios sobre las enmiendas constitucionales en Venezuela. No se suelen oír argumentos coherentes contra esta reforma. Los opositores más cuerdos dicen que la permanencia prolongada en el poder corrompe.
Vamos a suponer que la proposición ‘el poder corrompe' tiene algún sentido, y no se la esgrime como ‘cuidado que viene el cuco', que es lo que parece. ¿Querría decir que, por ejemplo, el presidente se subirá el salario como los legisladores chilenos (el segundo más alto del mundo; se ve que nuestra clase política se cuida, ¿no?) o que, como Pinochet, se apropiará de fondos del erario público? ¿O querrá decir que empezará a nombrar a sus amigos y parientes en cargos públicos, como el ex presidente Lagos o el ministro Arrate? ¿O que se comprará vehículos de lujo para él y sus ministros, como la presidenta Bachelet? ¿O que se sentirá libre de agredir sexualmente a sus subalternas y colegas, como algunos ministros de nuestra Corte Suprema? ¿O que empezará a violar a niños y niñas como nuestros funcionarios del servicio de protección al menor?

Si la tesis ‘el poder corrompe' no significa nada de esto, ¿qué podría significar?

Que ‘el poder corrompe' no es una ley, pero en estos últimos tiempos toda una camada de nuevos filósofos la esgrimen casi como si fuese un fenómeno físico. Se la asume como ley. Y se la enfatiza y exagera todo lo que se pueda, para hacer olvidar que también existen mecanismos, en todas las democracias, que justamente deben impedir que eso ocurra, se trate de presidentes reelegidos o de ciudadanos de pie. Pero pareciera que los críticos no tienen a qué aferrarse

Palacios señala que los críticos de Chávez hacen equivaler la posibilidad de ser reelegido con una reelección cierta, pasando por alto que los ciudadanos son quienes en última instancia deciden si reelegirán al presidente o no. El presidente Bush ha sido reelegido dos veces, y es un criminal de guerra, pero los críticos de Chávez no lo consideran un tirano, pese a que tanto su elección como su reelección han sido ensombrecidas por graves evidencias de fraude electoral. El presidente Roosevelt gobernó durante veinte años, tras ser reelegido una y otra vez. Sin embargo, no veo yo a los críticos de Chávez llamar dictador al ilustre presidente norteamericano. ¿Qué explicará esta asombrosa ceguera y abandono del rigor lógico? ¿Abandonan la lógica sólo porque les conviene?

Dice Palacios, recordándonos que en muchas democracias el presidente puede ser elegido indefinidamente, que "una de las formas arteras de ataque contra Chávez es hacer aparecer la mencionada reforma como algo excepcional, producto del maquiavélico anhelo dictatorial del líder caribeño. Es una vergüenza que los numerosos países que tienen constituciones, que ofrecen la posibilidad indefinida de reelección de sus mandamases, no salgan en defensa de sus sistemas electorales y guarden un silencio cómplice para que Chávez sea atacado. En Francia, tanto el Jefe de Estado como su Primer Ministro, pueden ser reelegidos indefinidamente; en Italia lo mismo; en Inglaterra el Primer Ministro tiene también la opción; en Alemania el Canciller puede ser reelegido cuantas veces gane; en España, Portugal, Eslovaquia, Chipre, Suecia, Dinamarca, Bélgica, Eslovenia, Grecia, Letonia y Países Bajos. ¿Será toda Europa fascista y dictatorial por la reelección indefinida de sus líderes?"

Un argumento impecable, este del señor Palacios. Se nos había olvidado. Obviamente, si no es el presidente francés un dictador nada más que porque la Constitución de su país admite que sea reelegido, ¿por qué lo sería Chávez? Palacios deja al descubierto la profunda irracionalidad de los enemigos de Chávez.

Y me temo que tiene también razón en otro punto: Esta campaña contra Chávez es evidentemente una campaña lanzada por el presidente Bush, cuyo odio por América Latina y sus campañas contra la democracia y la libertad* en nuestro continente son archiconocidas. En Chile, arrebató la vida a tres mil de nuestros mejores ciudadanos cuando ordenó a sus reptiles pinochetistas que atacaran a la patria. Chilenos cobardes -nuestros militares- y arrastrados los hubo siempre y seguirá habiendo. Es evidente que está utilizando la misma estrategia que utilizaron los traidores contra el presidente Allende. Es de esperar que el presidente Chávez evite esos ataques y sea capaz de hundir de manera definitiva a los enemigos de la libertad.

También en la prensa de hoy se publica la denuncia del presidente boliviano Morales de que el fascistín José María Aznar conspira para Estados Unidos contra el presidente electo de Bolivia. Sinceramente, no me cabe a mí ninguna duda sobre este nefasto personaje y el hecho de que viaje tan a menudo a América Latina es algo que debiese preocuparnos a todos. Este intrigante no puede traerse nada bueno entre manos. Amigo íntimo del Memo Mayor, ha dado muestras de una codicia y una inmoralidad que no veíamos desde épocas romanas. Y siempre recuerdo su discurso el día anterior al ataque contra Iraq, cuando quiso convencer a los españoles -sin ningún éxito, como se vio- de que la invasión era buena porque él había logrado que Bush le prometiera que los empresarios españoles se llevarían una buena parte de los proyectos de reconstrucción. Un ser repugnante por donde se lo mire y al que habría que impedirle su ingreso futuro a este país y otros de América.

Pues bien, este señor Aznar colabora con la agencia oficial de ayuda norteamericana (Usaid), que es la organización que, junto con el embajador norteamericano en Bolivia, Philip Goldberg, estaría conspirando con la oligarquía boliviana para derrocar al presidente electo -y que será probablemente expulsada del país. La estrategia que usan es casi la misma que la que están implementando en Venezuela.
Morales contó durante su estancia en Chile para la cumbre de presidentes que los norteamericanos estaban conspirando contra Bolivia y mostró una fotografía en la que aparece un notorio y peligroso delincuente vinculado a las fuerzas paramilitares colombianas, John Jairo Banegas, con el embajador norteamericano (Goldberg) en Bolivia.
Originalmente, Estados Unidos negó en todos los tonos que existiese siquiera esa fotografía. Hoy el departamento de Estado se retracta y la reconoce, pero explicando que el embajador se encontraba en un evento público y que ese encuentro con el criminal fue fortuito (véase La Razón ; también sobre Aznar aquí )

Ahora estoy recordando el incidente de la cumbre, y entiendo mucho mejor la rabia de Chávez. Morales mostró esa foto del delincuente con el embajador norteamericano durante la cumbre. No lo vi en la prensa, curiosamente. Se me habrá escapado, quizás. Pero ahora entiendo mejor la ira de Chávez contra Aznar y encuentro totalmente justificada su intervención ante Rodríguez Zapatero, en la que le pidió que controlasen las actividades del payaso Aznar. No era nada descabellado. Y era muy pertinente -independientemente de si su intervención se ajustó a protocolo o no.

Me estoy preguntando: ¿Le creería yo -usted- a un funcionario norteamericano? ¿Es posible creer en un comunicado del departamento de Estado del presidente Bush? ¿Le creería yo a Bush?
Ni por sobre mi cadáver muerto.

* Hace unos días leí en la prensa que el gobierno chileno colaborará con Estados Unidos en una campaña de fomento de la democracia en el mundo. La iniciativa causa hilaridad. ¿Chile y Estados Unidos fomentando la democracia? Chile no es una democracia, y la norteamericana dista bastante de ser un ejemplo. ¿Así que estos dos países, cuyos gobernantes calatos exigen elogios por sus atuendos imaginarios, se ven a sí mismos como democracias? Vaya imaginación la de nuestros políticos. Chile, una democracia. Qué divertido. Voy a tratar de contenerme para no ahogarme risa.

El texto de Palacios se encuentra aquí).

La Corte Suprema y los Partidos del Mal

Hace unos días La Nación publicó una nota sobre los conflictos al interior de Renovación Nacional, sobre los derechos humanos, y en particular sobre si Chile debe o no ratificar la convención contra la desaparición forzada de personas. Esta convención sancionará la privación ilegal de libertad de personas a manos de agentes del Estado (véase su definición en el diario de la Cámara).
Como sabemos, la convención debía ser ratificada por Chile, pero el proyecto de ratificación encalló en la Cámara, donde la furibunda oposición de los partidos de derecha y la misteriosa ausencia de una diputada demócrata-cristiana impidieron la mayoría necesaria para su aprobación.
Ahora deberemos esperar un año más para intentar obtener esa ratificación en la Cámara, y está claro que es una esperanza inútil.
Parece que el principal temor de la extrema derecha (en Chile no existen partidos de derecha tradicionales y los que existen se inclinan hacia el fanatismo de extrema derecha) es que la convención, en la que Chile se compromete a introducir una legislación específica pertinente en su Código Penal, pueda ser aplicada a militares que violaron los derechos humanos durante la tiranía pinochetista.

A mí me sorprende enormemente que después de todo lo que sabemos sobre los crímenes cometidos durante la dictadura, pueda alguien seguir defendiendo al régimen que cometió esos terribles crímenes. Con esto quiero decir que, por ejemplo, sabemos de sobra que el argumento más importante para provocar el golpe de estado de 1973, que era la supuesta amenaza de una conspiración comunista para ocupar el poder (el llamado Plan Z), fue una completa invención y que fue maquinada por los militares para justificar de ese modo el asesinato de militantes de izquierda patriotas a los que el régimen -recuérdese, pagado por Estados Unidos- consideraba enemigos. De aquí surgió la estrategia de hacer desaparecer a los detenidos: para crear, por un lado, la falsa impresión de que había en el país una guerra civil, y, por otro, impedir que la opinión pública y la comunidad internacional se enterasen de las terribles torturas y muertes a que eran sometidos los ciudadanos secuestrados.
Todas las demás acciones características de la injustificada represión militar -las violaciones, los asesinatos, las desapariciones, las decapitaciones, las mutilaciones, la extracción de ojos, la extracción de dientes de oro y tapaduras para venderlas en el mercado, el robo de propiedades de personas de izquierda, las extorsiones, los campos de concentración, los envenenamientos, los experimentos con agentes químicos aplicados a prisioneros, el tráfico de cocaína, el tráfico de armas, el asesinato de inversionistas, etc., etc.- se inscriben en esa estrategia. Nunca han podido demostrar ni los militares ni sus defensores que alguno de esos asesinados haya sido espía o agente de los soviéticos o de los cubanos. Todos esos argumentos de la derecha chilena son de una falsedad que repugna.

Pensaba yo que la inhumanidad de ese régimen, y su rechazo tan marcado de los valores nacionales y católicos del país, quedaría manifiesta para todo el mundo y seríamos capaces, como país, llevar a justicia a esos criminales y pasar a otro capítulo de nuestra historia. Lo pensaba así quizás en parte por experiencias familiares que pensé que eran más comunes. Una de mis tías -católica devota- apoyó inicialmente el golpe de estado de Pinochet. Pero a la semana se dio cuenta de su verdadera naturaleza y se convirtió en enemiga del régimen, al que consideraba enemigo del catolicismo -como también lo creo yo. Pensé que esto sería una experiencia más común. Pero parece que no lo es tanto.
La derecha se niega a distanciarse de esos monstruos y sigue defendiéndolos. También aplauden las violaciones y otras acciones deleznables de los probadamente cobardes militares chilenos. Siguen protegiéndolos. No queda más que concluir que esos crímenes y vejámenes contra patriotas indefensos era algo conveniente o deseable. Y todavía aplauden a esos cobardes. (Escribo esto sabiendo que muchos militares fueron pagados por la embajada norteamericana, pero también sé que hay muchos que creyeron que participaban en una suerte de cruzada).

Aparentemente el principal motivo por el que algunos políticos de Renovación Nacional rechazan ratificar el convenio contra las desapariciones forzadas, es que se podría aplicar a los militares. Esos políticos han exigido que la comunidad internacional exima a los militares chilenos de ser juzgados por estos delitos. Y es verdad que, contrariamente a lo que creía yo mismo, este convenio tipifica este delito como crimen contra la humanidad o de lesa humanidad y es por tanto imprescriptible y no puede ser amnistiado. Por la misma razón, se puede aplicar retroactivamente, en tanto no aparezcan los cuerpos de los secuestrados y asesinados, a quienes sean culpables de la comisión de estos delitos.
Este es sin duda el principal motivo de esos políticos pervertidos. A los militares, su propia cobardía y bajeza moral les impide dar la cara y pagar por los crímenes cometidos. (Dice mucho de la falta de dignidad del militar chileno, que los que se han suicidado acuciados por la culpa no superan los cinco individuos). No se puede esperar tanta hombría de un militar chileno.

Carlos Larraín, el cabecilla de ese grupo político (RN), dice acoger la idea del convenio, para retractarse enseguida. Dice el canalla: "Hacer reventar este asunto en la sociedad chilena hoy, sólo va a servir al cálculo político pequeño de personas que han optado por pasearse por la vida en condición de víctimas perpetuas. Si en la convención queda claro que esto sólo va a ser con efecto futuro, no veo ninguna razón para no ser firmada", señaló. Me gustaría saber qué pensaría o diría esta gárgola si alguno de los secuestrados y asesinados y desaparecidos fuese su propio hijo (si los tuviera); me gustaría saber cómo iría él por la vida y si agradecería que le dijesen que, por lamentar sus muertes y exigir justicia, se ha convertido en una víctima perpetua.
Claro que somos todos los chilenos víctimas perpetuas. ¿Que no lo sabía? En su misma intervención queda claro, por lo demás, el desprecio que siente por la idea de justicia. Sus amigos militares se lo agradecerán, seguramente. ¿De qué tamaño será el hueso que recibe en su caseta?

Curiosamente, los ‘liberales' de Renovación Nacional se han unido en bestialidad con las alimañas de la UDI (partido de extrema derecha fundado por la dictadura). El capo mayor de ese grupo, Hernán Larraín, pretende que el convenio por los derechos humanos pone en peligro la soberanía del país. Es increíble que precisamente él hable de soberanía sin que le caiga un rayo encima. Pero, tengamos fe, algún día ese rayo le caerá. Pero ¿por qué pondría este convenio en peligro la soberanía del país? Según creo yo, solamente en el caso de que las autoridades nacionales no quisiesen juzgar a alguien que haya cometido ese delito, y siendo ese delito tipificado como delito de lesa humanidad, me parece prácticamente imposible que surja alguna vez un gobierno que quiera proteger a quienes cometan ese delito. La argumentación de este sujeto es simplemente estúpida.

Me ha llamado la atención este aberrante pacto entre los llamados ‘liberales' de RN y los reaccionarios fascistoides de la UDI. Para alguien que se reclama de una tradición católica-liberal, es ciertamente doloroso. Pero es la verdad. La diferencia entre la UDI y RN es cosmética. No tiene otro fin que engañar a la opinión pública. Forman parte del mismo conglomerado, pertenecen al grupo de asesinos y traidores de Chile, profundamente reaccionarios, enemigos de Dios y del pueblo. Habrá que recordárselo siempre, en todo momento, y especialmente en períodos electorales.

Para los comentarios de los políticos de derechas, véase La Nación aquí .

Sin embargo, en estos mismos días se produjo una interesante, yo diría hasta histórica resolución de la Corte Suprema en un caso de derechos humanos. Se trata del caso de siete agentes del Comando Conjunto condenados por el asesinato, cometido el 2 de noviembre de 1976 de Carlos Humberto Contreras Maluje, militante del Partido Comunista. Estas siete bestias (Freddy Ruiz Bunguer, Juan Francisco Saavedra Loyola, Daniel Giumpert Corvalán, César Palma Ramírez, Manuel Muñoz Gamboa, Alejandro Saéz Mardones y Rodrigo Cobos Manríquez) habían argumentado la prescripción del delito y pedían la aplicación del decreto de amnistía de Pinochet de 1978, lo que fue rechazado por la Corte.
Por el interés del fallo, citaré in extenso el texto de la Corte:

"Que, por haberse cometido el delito en el contexto de violaciones a los derechos humanos, graves, masivas y sistemáticas, verificadas por agentes del Estado que pretendían excluir, hostigar, perseguir o exterminar a quienes fueran contrarios al régimen instaurado el 11 de septiembre de 1973, tratándose específicamente en el caso de autos de la eliminación de una persona militante del Partido Comunista, es decir perteneciente ideológicamente al régimen político recién depuesto, cabe concluir que se está en presencia de lo que la conciencia jurídica denomina delito de ‘lesa humanidad', calificación que trae aparejada la imposibilidad de amnistiar el referido ilícito, así como declarar su prescripción, conforme a las reglas imperativas del derecho internacional o ius cogens, que - tal como ha sido declarado en anteriores fallos - tiene prevalencia sobre la legislación nacional. Las reglas del ius cogens son verdaderas normas jurídicas en sentido sustancial, suministrando pautas o modelos de conducta, a partir de las cuales surgen obligaciones erga omnes, que existen con independencia de su formulación, en términos que cuando son expresadas en una fórmula legal no cambian su naturaleza jurídica.
Esta Corte reitera una vez más que los principios del derecho internacional y las normas del derecho consuetudinario, forman parte del ordenamiento jurídico chileno con primacía sobre las leyes internas, aún cuando no se encuentre traducido en tratados o convenciones obligatorias para Chile" (veáse El Mercurio aquí).

Si la cumbre de presidentes se vio opacada por el rechazo chileno a ratificar el convenio contra la desaparición forzada, este fallo de la Corte Suprema volvía a llenarnos de esperanzas. Chile finalmente se incorporaba a las grandes civilizaciones del planeta y daba primacía, en asuntos de derechos humanos, al derecho internacional por sobre las leyes internas. Es lo que veníamos esperando desde hace años.
Lamentablemente, un nuevo fallo de la misma Corte, echa por tierra esas esperanzas. Haciendo evidentes las debilidades del ordenamiento jurídico chileno, la misma Corte que resolviera la primacía del derecho internacional, absuelve a un notorio e infame asesino pinochetista, el coronel asilvestrado Claudio Lecaros Carrasco, que mató el de septiembre de 1973 a Cesario Soto, Vidal Riquelme y Rubén Acevedo. Con la tipificación de delitos de lesa humanidad y su imprescriptibilidad y la imposibilidad de acogerse a amnistías, los jueces de esa comisión hicieron caso omiso.

¿Qué querrán esos jueces? ¿Que los chilenos se tomen la justicia en sus manos? ¿Que empiecen a eliminar por su cuenta a los militares culpables de esos abusos y crímenes? ¿No es este en realidad deber del estado y, también, de las autoridades políticas que hoy, por interés propio y cobardía, se lavan las manos?
Me pregunto yo qué razón impedirá que la presidenta expulse sencillamente a esos jueces parias del poder judicial. ¿Se lo impide alguna ley pinochetista? ¿O también apoya el gobierno a esos militares? (Hoy, después de treinta años, todo puede ocurrir. Hace poco leí el testimonio de un chileno-sueco, antiguo refugiado, alabando al régimen militar).

Sin embargo, pese a este traspiés, creo que la resolución de la Corte Suprema en la que acoge la primacía del derecho internacional, es de un gran valor y será un muy útil precedente en otros casos.
Hoy mismo se ha anunciado en la prensa (La Nación aquí) que, por este mismo caso, y específicamente por el fallo aberrante de la Corte en que desconoce el derecho internacional, el abogado de derechos humanos Nelson Caucoto demandará a Chile ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la misma que ya en ocasiones anteriores, y para vergüenza de Chile y la Concertación, ha condenado al país en casos similares. Es de esperar que esta vez la sentencia sea más severa que las anteriores y que Chile sea castigado efectivamente por permitir que sus órganos de administración de justicia adopten puntos de vista pervertidos y aberrantes en violación de los derechos de las víctimas de la jauría militar.

Entretanto, mientras asistimos al deplorable espectáculo de las gárgolas y otros reptiles parlantes de la extrema derecha, nuestros vecinos no sólo han ratificado ese mismo convenio que las bestias chilenas dicen que pone en peligro la soberanía, sino que han empezado ya, tal como establece el convenio, a legislar sobre este, introduciendo en sus códigos penales la figura jurídica del nuevo delito de derecho internacional: la desaparición forzada de personas.
En Uruguay, la fiscal Mirtha Guianze solicitó el procesamiento del ex dictador uruguayo Gregorio Álvarez, por su participación en la desaparición forzada de personas "mediante traslados clandestinos de prisioneros uruguayos desde Buenos Aires. Al ser utilizada por primera vez la figura legal, ahora puede sentar precedente la causa por la cual también fueron implicados otros dos militares. En tanto, la Justicia estudia el caso para luego convocar a Álvarez nuevamente y resolver su situación" (en Página 12 aquí).
También en Argentina, según informa Página 12, "por 167 votos a favor y sólo dos en contra, la Cámara de Diputados dio ayer media sanción a la incorporación al Código Penal del delito de desaparición forzada de personas. Por la noche, los diputados convirtieron en ley otra iniciativa vinculada con los crímenes de la dictadura: la ratificación del tratado sobre el mismo delito de desaparición forzada".
En la iniciativa argentina, se castigará con "reclusión perpetua o prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua al agente del Estado, persona o miembros de un grupo de personas que, actuando con la autorización o apoyo del Estado prive de la libertad a una o más personas" (enlace anterior). Y que "la pena será de 8 a 20 años de prisión o reclusión cuando los autores o partícipes liberen con vida a la víctima o proporcionen información que permita su efectiva aparición con vida" (enlace anterior).

Qué triste y ridícula figura la de nuestro país cuando se la compara con estos dos que acabo de nombrar. Chile, cuyos senadores y otros delincuentes patentados todavía cacarean de oficio bajo la batuta del cabecilla del Departamento de Estado, es una seudo-democracia estúpida hecha por payasos que quiere participar en plano de igualdad con las verdaderas democracias de América Latina. Un país que repugna y del que uno se avergüenza.

Con estas gentuzas no puede haber reconciliación. En la lucha eterna entre el Bien y el Mal, pertenecen al bando del Demonio y habrá que combatirlos hasta que se vuelvan a hundir en el infierno.

 

Quién Le Tiene Miedo al Rey

En el telediario de Televisión Nacional de ayer presencié un debate entre los senadores Navarro (Partido Socialista) y Romero (de la UDI). No me voy a referir a todo el debate, sino sólo al tema de las reformas constitucionales propuestas por el presidente Hugo Chávez. Lamentablemente, pareciera que los aspectos más positivos y luminosos de las reformas no interesan demasiado a los periodistas con cartón. Prueba de ello es que se concentran en la ampliación del mandato presidencial de seis a siete años y la posibilidad de la reelección indefinida de los presidentes venezolanos. Ni mencionan (no lo hizo el periodista) la reducción de la jornada laboral a seis horas. Ni la creación de organizaciones político-administrativas de base.

Sea. El tema candente es la posibilidad de que gracias a las reformas constitucionales el presidente Chávez sea reelegido, valga la redundancia, tantas veces como sea elegido. Y en esta forma de exponer el tema, queda en evidencia el dilema la mayor fragilidad de los bosquejos de alegato contra la enmienda propuesta.

Al senador Romero le parece horrendo y califica a Chávez de ser un dictador que se quiere eternizar. A Romero se le escapa aparentemente que el presidente Chávez ha sido elegido por abrumadora mayoría una y otra vez. Pero ya sabemos que a los descerebrados estos detalles lógicos se les escapan. Pero entonces, al final del debate, le dice Navarro a Romero: Usted ha sido senador durante veinte años, muchos más de lo que lleva Chávez en el poder. ¡Vaya golpe! El títere de aires versallescos tuvo que volver al ataúd donde vive. No creo que pueda volver a salir. Justamente. Este senador, que empezó su carrera como ministro de la Bestia, y que fue recompensado por su vileza y sumisión con un puesto de senador vitalicio designado, tiene la osadía de criticar a Chávez la aspiración de mantenerse en el poder tanto tiempo como quiera.

¿Por qué le parece mal al engendro que Chávez quiera ser reelegido? ¿Le molesta que sea elegido en votaciones democráticas? ¿Le molesta que sea de izquierdas? Este senador apoyó la tiranía del Putrefactor durante diecisiete años. Diecisiete estuvo lavando medias y llevando el amén a la Bestia, que no fue elegida por nadie y que dominó el país por encargo de las autoridades norteamericanas. Cuando él mismo fue designado senador, no en elecciones sino a dedo por la Bestia, guardó silencio, obviamente. ¿Habrá pensado que era un sátrapa que quería prolongarse en el poder para seguir chupando la sangre del pueblo y enriquecerse con el trabajo de los chilenos que desprecia?

Todas estas cosas pensaba yo entonces, mirando la tele. ¿Cuál es el problema con que Chávez sea reelegido? Yo creo que los latinoamericanos tenemos todos, o casi todos, una cierta inclinación republicana que nos hace desconfiar o rechazar derechamente a políticos que duren demasiado tiempo en el poder. Estoy hablando de estadistas y políticos de verdad, no de peleles. Si usted cree que es bueno que Pinochet gobernara diecisiete años ilegítimamente, y malo que Chávez gobierne siete legítimamente, es mejor que busque otra cosa que leer. Aquí me dirijo a gente seria.

En la Cumbre de Presidentes hay al menos tres blancos inmediatos de los republicanos a ultranza. (¿Pero cómo puede un pinochetista ser republicano? ¿No es una contradicción?) Hugo Chávez, que recibió los escupes del senador Romero y otros sujetos de la UDI. Pero también están Fidel Castro y Don Juan Carlos, el Rey de España. No he escuchado decir a ese senador, ni a otros sujetos de la UDI, que el rey Juan Carlos sea un dictador, un tirano, que se está eternizando en el poder y por tanto que habría que derrocarlo, o al menos insultarlo, como suelen hacer estos políticos jibarizados. Nadie lo ‘acusa' de no ser elegido.

¿Son malas las monarquías? Quizás las monarquías primitivas lo son. No sé. En varios mitos griegos de data muy antigua, los primeros reyes gobernaban hasta que llegaba un pretendiente al trono, que lo retaba y debía vencer en un combate de armas. Luego, antes y después de Cristo, nos quedamos con una imagen de los reyes en que estos son jefes militares, ordinarios, groseros y violentos que se apoderaban, según su poderío militar, de las regiones que apetecían. Pero desde la muerte de la monarquía francesa se han desarrollado en Europa varios modelos de monarquías constitucionales que no desmerecen nada junto a algunas democracias. Algunas monarquías incluso brillan, cuando se las compara con la diluida democracia chilena.

El Rey Juan Carlos es un rey demócrata. Gracias a su casa real ha podido España seguir adelante tras la criminal y prolongada dictadura del enano y convertirse en una de las monarquías constitucionales democráticas más logradas del mundo. El rey ha guiado a España por las turbulentas aguas de la transición. Y fue el rey quien salvó a España de sufrir una nueva dictadura fascista cuando se opuso tan resueltamente a la asonada de Tejero el 23 de febrero de 1981. Me pregunto si los descerebrados odiarán también al rey. Deberían. Es un rey anti-fascista. Anti-pinochetista. Y, como dice el vicepresidente cubano, en muchas cosas están incluso a la izquierda de los cubanos. (Voy a nombrar una: Un principio fundamental de las fuerzas armadas españolas es la defensa de los derechos humanos).

Creo que deberíamos deshacernos de prejuicios que entorpecen nuestra apreciación del valor de los sistemas políticos. No es mala la monarquía porque el soberano no sea elegido. Aun sin ser elegido, el monarca está sometido a varios y efectivos controles de parte del cuerpo político. Y el soberano español tiene un jefe de gobierno que gobierna, que es elegido, y que se llama José Luis Rodríguez Zapatero. Una monarquía constitucional, como demuestra el caso español, puede proporcionar al país, cuando el soberano gobierna con los representantes políticos elegidos, prolongados períodos de prosperidad y paz.

El rey, además, ha empujado a España a un escalón todavía más alto del proceso de civilización. La reforma de los principios de las fuerzas armadas es un claro ejemplo, pero también las políticas humanitarias de inmigración y la lucha contra el racismo y la xenofobia. El año pasado el rey viajó a las costas de las Canarias, a acoger a un grupo de inmigrantes africanos que entraban a España, ilegalmente, en una patera. ¿Quién no quisiera tener un rey así? Es como si Allende hubiese sido rey.

Pienso que debemos ser más pragmáticos a la hora de apreciar los pros y contras de la monarquía y de las democracias con mandatos presidenciales prolongados. ¿Alguien llama dictadura al período de gobierno de Roosevelt, que fue reelegido cuatro veces y gobernó veinte años? No. Sin embargo, Truman, que gobernó mucho menos, sí fue un tirano que causó un terrible daño a Estados Unidos y al mundo. Lagos gobernó dos veces. No es de mi predilección, como sabéis, pero fue elegido por el pueblo en las urnas en votaciones libres y universales y correctas. Quiera Dios que no quiera presentarse de nuevo como candidato a la presidencia. ¿Alguien cree que por eso fue un dictador? Yo le he llamado muchas veces mandarín, por su arrogancia e injustificados aires; pero no he puesto nunca en duda el proceso por el cual llegó a ser presidente.

Nosotros, en América Latina, nos olvidamos la monarquía a principios del siglo diecinueve. En cuanto a gobiernos absolutos, lo más cercano que hemos tenido son sanguinarios criminales enquistados en el aparato estatal para matar y robar a sangre fría. Los ejemplos abundan: Somoza, Batista, Pinochet, Videla... Personajes demoníacos que mancharon con sangre inocente las páginas de nuestra historia. En contraste, mencionemos al rey de la Patagonia, el francés Orélie Antoine, que nunca mató a nadie y se marchó escaldado a su tierra.

América Latina probablemente no conocerá ninguna monarquía en su territorio. No es a eso a lo que me refiero. Sí me gustaría que los políticos fuesen más consecuentes, y coherentes, a la hora de opinar. Simplemente no es admisible que a algunos parezca mal que un presidente sea reelegido, pero que justifican la tiranía de un jefe militar vulgar, ordinario y violento como Pinochet. Deberían aprender a detectar las cosas que importan, las cosas que están detrás de las apariencias.

Chile no es ni Venezuela ni España. España tiene un rey y conoce el país uno de los regímenes más democráticos y éticos del mundo. Venezuela tiene un presidente (lleva cinco años, tres menos que el Mandarín Arrogante) comprometido con la causa de los pobres de su país. Nada puede ser más loable. Chile tuvo una sanguijuela soez que no hizo nada bueno por el país. Chile hoy, una falsa democracia, tiene menos libertades que Venezuela. Menos ética que España. Y tienen las clases trabajadoras de Chile menos derechos que los trabajadores cubanos.

Día Negro para los Derechos Humanos

Ayer en la Cámara se impidió que Chile ratificara la Convención Interamericana contra la Desaparición Forzada de Personas. Es otra oportunidad perdida. Otra humillación para Chile en la comunidad internacional, particularmente dolorosa ahora que empieza la Cumbre de Presidentes de Iberoamérica, que han firmado en su gran mayoría esa Convención. ¡Vaya papelón!
Y, obviamente, se lo debe Chile a la extrema derecha. También se debe a la extrema derecha que Chile no pueda todavía firmar el tratado que funda el Tribunal Penal Internacional.

Poco a poco, a casi dos décadas del fin de la tiranía pinochetista, el país no se puede despojar todavía de su condición de paria de la comunidad internacional.

Se necesitaban 68 votos a favor. De los legisladores votaron 67 a favor, y se abstuvieron 31. Y faltó una legisladora demócrata-cristiana cuya asistencia, si no me fallan las matemáticas, debería haber asegurado la ratificación.

Es difícil entender los motivos de los legisladores de derechas. La convención, suscrita por la OEA en junio de 1994, no podrá ser tramitada sino dentro de un año. Existe la posibilidad teórica de que la presidenta insista ante el Senado y sea aprobado en ese foro por dos tercios de sus miembros, lo que es derechamente imposible.

¿Qué molesta a la derecha chilena?

En la nota que publica la Cámara , se define la "desaparición forzada de personas como la privación de la libertad a una o más personas, cualquiera que sea su forma, cometida por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo o el consentimiento del Estado, seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona, con lo cual se impide el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes".

Las partes firmantes se comprometen a no tolerar la desaparición forzada de personas, "ni aún en estado de emergencia, excepción o suspensión de garantías individuales" (mismo enlace); a sancionar a autores, cómplices y encubridores del delito; prevenir y erradicar la desaparición forzada; y adoptar medidas para implementar la convención. Se comprometen, además, a introducir en sus códigos penales el delito, imponiendo penas acordes con su gravedad.

La desaparición forzada de personas es, además, un delito permanente "mientras no se establezca el destino o paradero de la víctima".

Como digo, cuesta imaginar los motivos que han tenido los legisladores de derechas para impedir la ratificación de esta convención. Es verdad que versa sobre esos seres pervertidos, algunos de ellos en prisión, que secuestraron, torturaron y asesinaron durante diecisiete años en Chile. ¿Qué motivos podrían tener los legisladores para seguir defendiendo a estos criminales, después de todo lo que se sabe sobre sus motivos y los espantosos actos de terror que cometieron contra los chilenos? A mí me resulta incoherente que la derecha quiera todavía exculpar a esos monstruos tan alejados de nuestra definición habitual de humanidad. Las leyes que se deriven de esta convención no se podrían aplicar a los criminales chilenos, porque no podrán ser retroactivas.

Además, como medida de resguardo, la convención impide que acusados o perseguidos por este delito puedan ser aprehendidos y juzgados en cualquiera de los países firmantes que no sea el propio. Con la experiencia londinense del dictador todavía viva en la memoria, podría entenderse la reticencia de la derecha; pero es un temor injustificado.

La derecha no puede argumentar que no se trate de una convención necesaria ni que deban introducirse en el cuerpo de leyes nacionales las que sancionen este delito. Tampoco dice la convención que se quiera atacar solamente a los regímenes de derechas. El delito también lo pueden cometer, obviamente, regímenes de izquierda. Si no ha ocurrido todavía, este es un instrumento que permitirá obligar a esos regímenes, a todo régimen que viole el contenido de esta convención, a rendir cuentas.

Es difícil imaginar, pero es verdad, sin duda, que las derechas chilenas defiendan la comisión de este delito. ¿Por qué? La derecha que yo llamo indecente (UDI) fue, y sigue justificando el régimen de Pinochet y los métodos a los que recurrió para imponer su autoridad en el país. La UDI ha justificado las desapariciones, las torturas y asesinatos cometidos por la jauría militar. Que Pinochet haya definido deliberadamente una estrategia que excluía los tribunales, que le permitía cometer los abusos más inhumanos imaginables al tiempo que pretendía no saber nada de los chilenos secuestrados, dice todo sobre la increíble cobardía y vileza del estamento militar chileno.

Así que no sorprende que los legisladores de la UDI se opusieran a la ratificación del convenio. Pero sí sorprende -sin exagerar tampoco- que los legisladores de Renovación Nacional se hayan sumado a esta infamia. Creía yo, aunque con reservas, que RN era la derecha decente de Chile: la derecha liberal anti-autoritaria y anti-pinochetista. Tenía yo mis dudas, porque si eso era verdad, no entendía yo cómo era posible que RN y la UDI estuviesen juntos en un pacto. Para mí, lo lógico, para demostrar una verdadera postura liberal, sería que RN rompiera con la UDI y disolviera ese pacto. Siempre me pareció que RN cometía en esto el delito de bestialismo.

Pero, me equivoqué. Mi conclusión es que Renovación Nacional es tan indecente como la UDI. Mi impresión es que RN no tiene nada de liberal, si es que con liberalismo no se entiende solamente la defensa de la economía de libre mercado sino todo un conjunto de valores asociados con las sociedades libres, lo que incluye, entre otras cosas, un respeto irrestricto y a brazo partido, de los derechos humanos. Sé que a muchos les suena esto rarillo, pero les recuerdo que muchos líderes del partido liberal chileno, en los años sesenta y setenta, antes de su desaparición, eran partidarios del cambio social impulsado por los socialistas en los años setenta y resueltos opositores de la dictadura pinochetista. Estas tendencias genuinamente liberales desaparecieron tras la formación de lo que se llamó entonces el Partido Nacional. (Uno de los grandes ideólogos liberales de la tendencia reformadora fue el historiador Guillermo Feliú Cruz).

Así, en mi mente flotaba el recuerdo de esos liberales honestos y comprometidos como otros con la causa de la democracia y libertad. Pero, ya se ve que no fue RN el partido que continuó la tradición liberal.

Dicen algunos en la prensa que el ambiente rarificado de los últimos días llevó a esos legisladores a rechazar la ratificación de la convención. ¿Pero qué lógica tiene esto? Pues se dice que el rechazo al proyecto que permitiría gozar de beneficios carcelarios a los militares condenados por causas de derechos humanos que hubiesen cumplido al menos diez años en la cárcel, motivó la actitud de la derecha (en emol ). La lógica suena algo cavernaria, pero no se puede esperar más: Los violadores de derechos humanos no saldrán con libertad anticipada, por tanto me niego a ratificar la convención contra la desaparición forzada. ¿Y dónde está la lógica de este punto de vista? Aquí no hay nada de racional, pero ¿es racional la derecha?

Y tiene esta situación también que ver con la muerte del cabo Moyano. Según algunos legisladores de extrema derecha, había un pacto, una suerte de acuerdo secreto entre el gobierno o el conglomerado concertacionista que implicaba que a cambio de los beneficios carcelarios otorgados a los lautaristas en 2004, este año se extenderían esos beneficios a los violadores de derechos humanos. Varios legisladores concertacionistas y la presidenta misma han negado en todos los tonos que se haya cerrado un trato semejante. ¿Quién miente? ¿Y por qué los chilenos nos enteramos recién ahora de este pacto secreto?

Estos pactos son secretos porque se teme que, de ser públicos, desaten tal oposición que desbaraten los propósitos originales de los pactantes: si este pacto se hubiese hecho público, habría sido ampliamente rechazado por la opinión chilena. Esto de cerrar pactos secretos es más propio del ex presidente Lagos, cuyas inclinaciones mandarinas son innegables. Pero Lagos no se habría atrevido a informar a sus legisladores sobre la existencia de este pacto. ¿Fue con él con quién cerró la extrema derecha ese misterioso pacto?

Digo esto porque sabemos que el ex presidente es partidario de dar vuelta la página, amnistiar a los criminales y echar tierra sobre el pasado, sobre la justicia y sobre los legítimos derechos de los familiares de los asesinados. Esa postura le llevó a indultar al salvaje e impenitente criminal que terminó con la vida de Tucapel Jiménez, en una decisión que fue ampliamente repudiada por la sociedad chilena.

Así, el caso es que las derechas chilenas están, por lo que parece, picadas. La concertación les hizo fracasar un plan; pues ellos, en venganza, provocan una nueva humillación al gobierno en presencia de los presidentes del área iberoamericana. Nada más vergonzoso, para la derecha, obviamente, porque los invitados ya saben de qué se trata.

El rechazo a la convención, se dice, tiene que ver también con el caso del cabo Moyano. Los lautaristas indultados no cumplieron su palabra y volvieron a delinquir; pero de los violadores de derechos humanos se puede decir lo mismo, como demuestra la fuga de Iturriaga Neumann y de otro criminal cuyo nombre se me escapa en este momento, pero que se encuentra prófugo. En ambos casos es manifiesta la actitud de desprecio por la justicia e instituciones del país.

Otro punto es que la derecha suele proponer que los acuerdos deben ser válidos para ambos bandos. Lo idiota de la esta tesis es que en Chile no hubo dos bandos en guerra. No hubo guerra tampoco.* Y los participantes no son comparables. Los delitos que comete un estado a través de sus fuerzas armadas y policiales pertenecen a otro orden que cuando grupos de ciudadanos se organizan y arman para defender al país de lo que ven prácticamente como una ocupación extranjera. Cuando un cuerpo del estado secuestra, tortura y mata a un ciudadano comete un delito que no es el mismo que cuando un grupo de ciudadanos ataca o mata a un miembro de las fuerzas de orden. Te pongas como te pongas, es absurdo pretender que se trata de una situación del mismo orden. La razón es que esas agencias del estado existen sólo para proteger al ciudadano, no para perseguirlo y oprimirlo. Su función es velar por el respeto de las leyes y códigos del país, no de su violación. Se trata pues de una perversión del sentido de la función de las fuerzas armadas y policiales y debería por lo mismo ser castigado con mucha mayor severidad que los delitos cometidos por ciudadanos de a pie.

Quizá lo más cuerdo sería que no tratemos de seguir defendiendo lo indefendible. Los delitos cometidos por los militares son de tal inhumana gravedad que el derecho internacional impide que sean amnistiables. Tampoco prescriben. Un acuerdo más salomónico sería otorgar a todos los condenados los beneficios normales que permita la ley. Los que no puedan ser incorporados a este acuerdo, pues que mueran en la cárcel. Pero en este contexto sería igualmente lógico que los condenados hayan sido condenados o sean condenados por el mismo cuerpo de leyes. Sería inadmisible juzgar por leyes antiterroristas solamente a los militantes de extrema izquierda, porque entonces las penas se redoblarían para los militantes, mientras que los militares podrían acogerse a los beneficios pertinentes.

Pero, terminado el día, lo mejor sería no otorgar ningún beneficio carcelario a nadie y dejar que la justicia siga su curso normal, después de eliminar de ella las leyes pinochetistas -como las antiterroristas- que aún la pervierten.

La nota del diario de la Cámara se encuentra aquí.

* Dijo el senador binominal Jorge Arancibia: "En este país se produjo una confrontación seria, donde hubo caídos por ambos lados". ¿A qué país se referirá? No a Chile, ciertamente. Para el senador Jaime Naranjo, ayer se agregó otra página negra a la historia de los derechos humanos en Chile (en La Tercera ).