Unos Muertos Más Muertos Que Otros

El Día de Todos los Santos pasado informaba El Mercurio de Antofagasta, escandalizado, sobre una "quema de ataúdes" en el Cementerio General de la ciudad. Según parece, empleados del cementerio retiraron algunos ataúdes, algunos de ellos "abruptamente", para ser luego lanzados a una fosa común y quemados (El Mercurio de Antofagasta). Con "abruptamente" quiso decir el periodista probablemente que el desalojo de los nichos e incineración en la fosa común del cementerio se llevó a cabo sin avisar previamente a las familias -como exige el reglamento sanitario- y probablemente se incluyeron nichos todavía vigentes.* El propio gobernador provincial, Jorge Arangua Coustasse, enfatizó la irregularidad del procedimiento y anunció una investigación. "Es una barbaridad", dijo, recordando que "[...] en otros cementerios es usual que sean avisados los familiares y se cumple con lo que establecen las normas vigentes para estos casos". El concejal electro Hugo Benítez lo calificó de "atentado a la salud pública". El concejal quiere terminar "con las quemas sin resguardo alguno y con evidentes riesgos tóxicos para las personas que viven en zonas aledañas al camposanto".

El 17 de octubre de 2008 el mismo diario informaba sobre una inminente exhumación en ese cementerio. "En el Cementerio General de Antofagasta está en marcha un proceso destinado a realizar 260 exhumaciones por deudas impagas", decía El Mercurio de Antofagasta. Antes de proceder al escandaloso procedimiento denunciado semanas después y que provocó la indignación de la ciudadanía antofagastina, la directora del camposanto, Claudia Páez, llegó incluso a decir que "para ello se cuenta con la resolución expresa del Servicio de Salud que autoriza tales exhumaciones".

Para informar a los familiares la directora ordenó pegar los listados de los nichos y sepulturas a exhumar cerca de los pasillos principales y sitios próximos a los estanques de agua.

Los motivos mencionados para estos desalojos son la necesidad de generar nuevos espacios, el hecho de que los familiares o deudos de los cadáveres a exhumar no han pagado el derecho correspondiente y que muchas de esas tumbas se encuentran abandonadas.**

Hace unos meses me tocó vivir una situación parecida a la que sufrieron los familiares de algunos muertos en Antofagasta. No sabía que el nicho de mi padre, que murió en 1985, no era perpetuo. Tampoco sabía que había caducado. Así que cuando este año fui al cementerio de avenida de La Paz a visitar a mi padre, no sabía si todavía se encontraría allí. Pensaba que era probable que lo hubiesen desalojado y que sus restos yacieran en una fosa común. Pese al contrato caducado, mi madre nunca recibió ninguna comunicación sobre el estado de cuentas con el cementerio.

Pues bien, ahí estaba, como siempre. Y ahí estará hasta el fin del mundo.

Los que estamos vivos miramos con horror la fosa común. Es el destino que se reserva a los más pobres, a los indigentes y, según el artículo 27 del Reglamento General de Cementerios, a los "restos humanos no reclamados", entre ellos las personas fallecidas en establecimientos asistenciales cuyos restos no son reclamados dentro del plazo establecido, los restos provenientes de necropsias, los restos de nacidos muertos en hospitales o maternidades, los cadáveres de personas fallecidas durante epidemias o víctimas de terremotos o calamidades públicas que no sean identificados -según señala el artículo 74 del reglamento general. El artículo 26 especifica que los cementerios deben destinar el diez por ciento de su espacio a fosas comunes y sepulturas gratuitas.

La fosa común provoca horror no sólo por su asociación con la pobreza, sino también con las modalidades de muerte con que está asociada. Ahí terminan no solamente los muertos en epidemias, terremotos y catástrofes, o los bebés que no llegaron a ser bautizados, sino además los que mueren violentamente -los fusilados y asesinados durante insurrecciones y dictaduras. Es evidente que la fosa común está asociada con las muertes violentas -aunque no todas las víctimas de muertes violentas terminan en la fosa común. Y está asociada, según se desprende del universal uso de la fosa común que hacen dictadores, tiranos y dementes por doquier, con el anonimato, con la ausencia de identidad, con la muerte más desnuda que se pueda imaginar -excepto las fosas clandestinas, de esas que sus excavadores esperan que nunca se descubran.

Es la muerte anónima. Porque pese a que el artículo 36 del reglamento general establece que "toda sepultura, mausoleo o nicho deberá tener una inscripción con el nombre de la o las personas o familias a cuyo nombre se encuentren registrados en el cementerio", es evidente que para la fosa común no se exige la identificación pública de quienes yacen ahí. Con el tiempo, desaparecen no solamente los muertos de la memoria de sus familias y finalmente de la de los vivos, sino también la fosa común misma, con todos sus muertos, cuyos restos, en caso de traslado, nunca se sabe dónde terminaron.

Los muertos que yacen en la fosa común están destinados al anonimato y a la nada. Por no poseer sus familias los recursos suficientes para asegurar una sepultura perpetua, y por carecer las autoridades de la piedad que debiesen exhibir, estos muertos están mucho más muertos que los otros: se les ha despojado de identidad, no tienen nombre ni apellido, ni fecha de nacimiento y muerte, y, al final, es como si no hubiesen vivido.

No encuentro yo nada que justifique esta separación entre muertos ricos y pobres. Como en la sociedad de los vivos, los muertos son organizados y separados en los cementerios entre ricos -que yacen en enormes y bellas edificaciones- y pobres, entre personajes ilustres y ciudadanos de a pie, y entre muertos con identidad y muertos anónimos, o mejor, convertidos en anónimos. Si la condición material en que se encuentran los muertos es irrelevante en relación con su condición ontológica, no se ve por qué deberíamos tolerar la existencia de muertos hechos anónimos por morosidad y la de muertos cuya muerte proclamarán sus lápidas hasta el fin de la historia.

Según veo yo las cosas, todos los muertos debiesen yacer en una tumba o urna o nicho o panteón, debidamente identificados y con sus fechas de nacimiento y defunción. O ninguno, si, como hacen algunos pueblos del planeta, en lugar de enfatizar la identidad ante la muerte, simplemente la obliterásemos, y nos hiciésemos sepultar envueltos en un sudario, pertinentemente en fosas comunes y sin indicación alguna de los nombres que se nos dieron al llegar a la vida.

Pero destinar a unos al olvido y a la nada eternos solamente por no pagar los derechos correspondientes es realmente impresentable. Las autoridades y los autores de leyes y reglamentos no tienen realmente derecho a disponer sobre el más allá de los ciudadanos. Por alguna razón cultural recóndita, en nuestra visión de la muerte y del más allá, es en una sepultura identificada donde debemos esperar el fin de todo. Erradicar del cementerio o privar de sepultura individual o familiar a los muertos es una forma de erradicarles de la historia, de negarles toda significación, en este mundo y en el otro. Y es todavía peor si el motivo es tan innoble como la falta de dinero.

La sospecha de que la fosa común es el destino de los que, según el estado, no significan nada y que son poco menos que equiparables con los animales, la confirma el artículo 147 del Código Sanitario. Según este, los fallecidos "en establecimientos hospitalarios públicos o privados, que se encuentren en establecimientos del Servicio Médico Legal, que no fueren reclamados dentro del plazo que señale el reglamento, podrán ser destinados a estudios e investigación científica, y sus órganos y tejidos, destinados a la elaboración de productos terapéuticos y a la realización de injertos". Estos muertos son los mismos mencionados en el artículo 74 del Reglamento General de Cementerios, que define qué muertos deben ir a fosa común: "[...] las personas fallecidas en establecimientos asistenciales, cuyos restos no hayan sido reclamados por sus familiares dentro de los plazos establecidos"; y también los nonatos, las víctimas no identificadas de epidemias y catástrofes, y los cadáveres desalojados de tumbas impagas o abandonadas.

Así que el estado castiga doblemente a los pobres: les priva de identidad por no tener sus familiares dinero para pagar la sepultura y utiliza sus restos con fines médicos y de lucro. Muchos cadáveres no reclamados, embriones y fetos son utilizados en todo el mundo occidental, y más allá, en la producción de derivados de la sangre, tejidos, transplante de órganos e incluso en productos de cosmética. En su blog Navegaciones, Pedro Miguel comentaba, en septiembre de 2005, un impactante reportaje de The Guardian sobre una compañía china que utilizaba la piel de los prisioneros ejecutados en la elaboración de "productos de belleza que se venden en Europa". Aparentemente, muchas empresas chinas compran restos humanos y animales en mercados internacionales para la elaboración de productos terapéuticos y cosméticos, que son luego vendidos en Occidente. En los años setenta se conoció también un espeluznante caso en África, uno de cuyos dictadores saqueaba los cementerios para vender los huesos a compañías británicas que los utilizaban en la producción de gelatinas de consumo humano.

Con los muertos pobres, el estado chileno practica un discreto festín caníbal, autorizando la utilización y venta de cadáveres de pobres, indigentes y nonatos, cuyos restos irreconocibles terminarán en los mejunjes que acostumbran muchas guapas de las clases altas.

Pues la fosa común es el coto de caza de la clase caníbal.

* En la portada de la edición online de El Mercurio de Antofagasta del 3 de noviembre de 2008, en un video se informa sobre la demanda interpuesta por Florentino Andrade Araya contra el cementerio por la exhumación ilegal de su madre.

** En su edición online del 3 de noviembre, El Mercurio de Antofagasta publica un video sobre el retiro de ataúdes en el cementerio de la ciudad.

La Escopeta de Don Stalin

Hace unos días leía que en Arica un señor fue condenado a tres años y un día de cárcel por porte ilegal de armas. El condenado es un hombre con antecedentes penales; sólo se le ha acusado de porte ilegal y no de robo con violencia en grado de tentativa o cosa por el estilo. Ni de haberla utilizado previamente. Encima, la sentencia habla de porte ilegal de "arma de fuego artesanal", o sea, de arma hechiza. Ahora, por este en realidad ideológico delito, el señor Stalin Gallardo Ávila deberá pasar 36 meses y un día en la cárcel (la historia se encuentra La Estrella de Arica).

La historia me ha estado persiguiendo durante todo este tiempo. En Chile el estado tiene monopolio sobre la fuerza o la violencia y las armas. Es una ley o un conjunto de leyes muy polémicas y ciertamente discutibles. Para empezar, irrita que la policía tenga autoridad para detener a un ciudadano para someterlo a control de identidad y revisar si tiene o no antecedentes y otros datos disponibles sobre él en los archivos de policía. Me extraña muchísimo que debamos los ciudadanos ir obligatoriamente premunidos de un documento que, por decirlo así, certifica quiénes somos, cómo nos llamamos y cuándo nacimos. No digo nada sobre si es un documento necesario o no; simplemente, es una idea extraña a la que hay que habituarse forzosamente.

Hubo unos años en que el mundo entero miró con agradable sorpresa que Chile eliminaba de su Código Penal la detención por sospecha. No duró mucho tiempo. Al cabo de los años, Sus Señorías la volvieron a introducir como parte de su particular concepción de la guerra contra la criminalidad.

Se pregunta uno por qué aceptamos tan graciosamente que las autoridades puedan detener e interrogar a un individuo sobre la base de una mera presunción para provocarle una irritación padre y hacerle perder el tiempo. Además de darle, si se tercia, una buena zurra.

Aunque entiendo la necesidad de limitar y controlar la posesión de armas de fuego, todavía tengo que empezar a encontrar malo que la gente se defienda, y a los suyos, si ven sus vidas amenazadas. Y en realidad creo que eso es absolutamente legítimo. Si tuviésemos un código como el estadounidense, que permite la posesión de armas de fuego, no creo que aquí aumentaran automáticamente los delitos cometidos con armas de fuego. No hay ninguna ley histórica que nos permita profetizar si, eliminadas las limitaciones, aumentaría la comisión de delitos violentos.

Por otro lado, también pienso que la ciudadanía debe poder adquirir armas legalmente para, entre otras cosas, prevenir la ocurrencia de algún nuevo estallido de demencia fascista. A mediados de 1973, un general traidor impulsaba la aprobación de una ley que permitió implementar la ley de control de armas, que justificó el allanamiento masivo de todas las poblaciones y barriadas del país para despojar a los ciudadanos de sus armas. La intención manifiesta era impedir enfrentamientos entre civiles. El propósito oculto era impedir que la ciudadanía resistiese armada la usurpación de los generales traidores que preparaban la sublevación.

Me he preguntado algunas veces qué habría pasado si, en septiembre de 1973, los ciudadanos hubiesen estado armados para resistir la insolencia militar y la hubiesen aplastado. Pero lo más probable es que no habría pasado nada del otro mundo. Ya antes se había intentado un golpe de estado, y sus actores fueron detenidos y procesados por tribunales civiles y condenados. Si su traición hubiese fracasado, Pinochet habría corrido la misma suerte, y habría terminado durmiendo con el general Viaux en el patio 2 de la penitenciaría de Santiago.

Este escenario es ciertamente muy especulativo. La idea de un golpe de estado de extrema derecha suena ahora como algo impensable. Pero creo que en la historia no hay nada impensable y las mismas atrocidades pueden volver a ocurrir. Para impedir que ocurran, o en la protección de los nuestros, los ciudadanos tenemos derecho a defendernos.

En este caso específico, don Stalin no pudo explicar qué hacía con esa escopeta hechiza en su mochila, y su respuesta no sonó para nada convincente. Dijo que había quitado el arma a unos individuos que lo habían tratado de asaltar momentos antes. La escopeta está hecha de dos tubos y percuta cartuchos calibre 36.

No sabremos nunca si don Stalin no fue detenido poco antes de cometer un delito violento. O si portaba la escopeta hechiza para defenderse de asaltantes. Pero ciertamente no ha cometido ningún delito comprobable. Su delito es solamente ideológico. Su delito es no acatar las disposiciones de la ley, sin detenerse sobre su contenido o justicia. No se le detiene por haber significado un peligro o amenaza para otros ciudadanos, sino simplemente del estrambótico delito de no compartir con las autoridades su definición de delito. Pues según proclama el Código Penal, es delito todo lo que la ley denomina o define como delito, y no el mero causar daño a terceros, que es, según otra escuela, lo que es verdaderamente el delito.

En nuestro país predomina la estrafalaria concepción autoritaria de la noción de delito.

La pena es extremadamente severa si se considera que la fiscalía carece de pruebas de que el acusado pensara cometer un delito, ni puede acusarlo en realidad de nada. En delitos peores, como cuando un borracho atropella y mata a alguna persona, el autor del delito suele no estar más que unos días, si acaso, en el calabozo. Tres años y un día de cárcel por una presunción de delito es realmente un escándalo. Y todavía es más escandaloso que nadie diga nada por eso y que a todos nos parezca de lo más normal que unos señores uniformados secuestren y encarcelen a nuestros ciudadanos, acusándoles no de haber cometido un delito, sino de estar en posesión de un arma que podría eventualmente ser usada en la comisión de uno.

Algunos personajes de Kafka vivirían dichosos en Chile.

Algunos peligrosos criminales, verdaderas hienas sedientas de sangre de la época de la dictadura de Pinochet, han sido condenados a penas menores por delitos inhumanos e indescriptibles, que empiezan con el secuestro, las torturas y finalmente el asesinato de decenas y cientos de víctimas. Tal parece que a los jueces les parecen estos horrendos crímenes menos graves que, según dice el artículo 307 del Código Penal, los que comete un vago disfrazado "o en traje que no le fuere habitual" portando armas "que inspiren fundada sospecha".

Tres años y medio es un montón de tiempo para permitirse cometer errores. Es posible que el detenido haya tenido alguna intención criminal, pero no llegó a ponerla en práctica, de modo que simplemente no cometió ningún delito real. Sorprender a alguien portando un arma no es lo mismo que sorprender a alguien en su coche, parado frente a un banco, con una ametralladora, un pasamontañas y un saco de correo en el asiento. Humanamente hablando, aún en ese caso posiblemente la sentencia a tres años de cárcel es tremendamente exagerada.

Pero ¿quién podría interesarse en la suerte de don Stalin? A los políticos no les va a quitar el sueño que don Stalin, honesto padre de familia y buen hombre o rufián, se pase tres años de su vida encerrado en una celda. Les va a dar un verdadero pepino. Los jueces son los menos interesados en dictar justicia. Don Stalin va a tener que quedarse tras las rejas porque sí, porque pudo haber pensado en cometer un delito.

Es simplemente de un delirante absurdo.

Un Perro en el Corredor de la Muerte

Hace alrededor de una semana, un perro atacó y mordió a una niña de diez meses, causándole la muerte. La niña jugaba en su andador en el patio de su casa. La acompañaba su hermana de 22 años, su madre, y una tía, que estaba cocinando. Kayser, un mestizo de doberman y pastor alemán, la atacó sorpresivamente. La tía intervino, debiendo separar las fauces del perro. La niña murió en el hospital.

Kayzer era un perro adiestrado por su dueño como perro guardián. Algunos vecinos dicen que en el vecindario era considerado un perro agresivo y peligroso, aunque no parece haber mordido a nadie. El padre de la niña ha declarado que lo había llevado a casa como perro guardián. Una persona en un grupo en la red observaba que la frialdad con que se referían a Kayzer su dueño y otros miembros de la familia, revelaba que lo habían adiestrado expresamente como perro agresivo para alejar o intimidar a extraños y que el perro vivía encerrado en un patio muy pequeño.

Según Mary, una vecina, "el perro actuó porque estaba acostumbrado a ser guardián y mostrar hostilidad" (en La Cuarta del 14 de octubre de 2008). Otros vecinos dijeron que el perro era bravo y que algunos le tenían miedo. "Yo le tenía pánico", declaró una vecina. "Ladraba día y noche, y tiene los muros rayados con los dientes" (La Cuarta del 13 de octubre de 2008).
 
La niña probablemente incordió a Kayzer, o este la desconoció al verla en el extraño objeto que es el andador, y la atacó. Pero algunos dicen que antes de atacarla Kayzer debe haber expresado hostilidad -gruñendo, erizando los pelos, mirándola fijamente- que probablemente los familiares no supieron interpretar, interpretaron mal o demasiado tarde o nunca.

El dueño del perro dijo que lo habían entregado a una institución -el Instituto de Salud Pública de Puente Alto- y que deseaba matar a Kayzer. En declaraciones a la prensa, miembros de la familia dijeron "[...] igual lo vamos a quemar". En un telediario, se ve un video con el que queda claro que Kayzer corría serio peligro de muerte. Si lo hubieran dejado ahí, a Kayzer lo habrían matado a palos, leí en un grupo.

Ahora el perro se encuentra en dependencias del Instituto de Salud Pública, que determinará después de un periodo de observación y análisis de diez días, si Kayser tiene rabia. Si el resultado es positivo, el veredicto será la muerte. En tal caso, Kayzer moriría por los efectos de una inyección de una mezcla de venenos. Pero si no se le encuentra nada, podría ser igualmente sacrificado, según alguna prensa, "[...] si la familia de la víctima lo autoriza por escrito" (La Cuarta del 19 de octubre de 2008). De no llegar esa orden, la Coalición por el Control Ético de la Fauna Urbana (CEFU) se ha ofrecido para evaluar al animal y buscarle un hogar adoptivo.

El caso del perro Kayzer plantea una serie de problemas jurídicos y de conceptualización. Y de mera lógica. Una de las preguntas es si el dueño del perro o la familia dueña del perro pueden decidir la muerte de un perro por el solo hecho de ser sus dueños. O si puede matar a su perro, aunque este no tenga rabia. O si el delito de maltrato incluye la muerte o si se ha de considerar, o se considera, que una muerte no dolorosa no constituye delito de maltrato. Y en todas estas consideraciones cada vez más enredadas, se dijeron también cosas bastante extrañas.

En la descripción del delito de maltrato no se exceptúa del acatamiento de esta norma a los dueños de las mascotas, pese a que algunos dicen que, siendo los perros definidos prácticamente como objetos (como bien o cosa mueble, según el artículo 561 del Código Civil), sus dueños pueden hacer lo que quieran con ellos, incluso matarles, y por la razón y el método que se les plazca.

La ley de maltrato o crueldad animal de 1984 (artículo 291 bis) no especifica qué es maltrato ni explica por qué se ha de castigar a los que lo cometen ni por qué el maltrato animal debiese ser punible. Sin embargo, atendiendo a la época en que se dictó, parece evidente que los autores de la ley debe haber considerado en lo esencial que los animales son seres que sufren dolor y son seres sintientes y que infringir dolor a otros seres sintientes es éticamente intolerable. Se determinaron sanciones penales y multas para castigar a los infractores y prevenir la repetición de los maltratos.

Dicho esto, no se ve cómo se puede seguir sosteniendo que los perros son cosas o poco más que cosas y pretender que un artículo del Código Civil del año de la cocoa pueda considerarse en pie de igualdad con una disposición moderna en el código penal que se apoya en avances modernos en el estudio de la conducta animal. Simplemente no son del mismo nivel. Obviamente la nueva ley, pienso yo, caduca a la anterior. Si no, viviríamos en un mundo totalmente arbitrario, donde todas las leyes de todas las épocas tendrían la misma validez y donde la vigencia o aplicación de cada una de ellas dependería del juez con que te encuentres en la comuna o distrito en que te encuentres.

No sé si esto es un principio jurídico, pero creo lo es. Si no, no nos estaríamos disputando siempre sobre la retroactividad o injusticia o absurdo de la retroactividad de la ley.

Según creo, hay algunos casos que demuestran que en tribunales no se concede al dueño de una mascota el derecho a maltratarla o matarla. En un caso en Concepción el año pasado, un juez condenó a un hombre a pagar una multa de 480 mil pesos y a firmar semanalmente durante diez meses o un año por haber matado a una gata. La menina había sido recogida de la calle por los operarios de un taller, que la mantenían y cuidaban. Entre sus dueños o tutores se encontraba el que posteriormente la asesinaría. Cuando el juez acogió la demanda de sus compañeros de trabajo, entiendo que reconoció la propiedad de estos sobre la gata -vale decir, su derecho a reclamar por su muerte y exigir castigo y reparación. Por tanto, desconocía el derecho del autor del crimen, también dueño del animal, a hacer con su propiedad lo que se le viniera en gana.

Tampoco es el único caso. En San Antonio se ha procesado recientemente a un hombre por maltratar a sus caballos. A uno de ellos lo amarró a un árbol y lo dejó morir de hambre. A otros explotaba como caballos de paseo en las playas, sin alimentarlos adecuadamente. Fue denunciado por los vecinos. Está siendo procesado, o ya lo fue. En este caso igualmente la justicia acogió la demanda de los vecinos contra el dueño legítimo de los caballos, por maltratarlos.

En estos y otros casos se ve claramente que el reconocimiento de la propiedad no es obstáculo para proceder contra los autores de maltratos.

En realidad, nadie puede matar a una mascota, ni su dueño ni ningún otro. La única causal de muerte de una mascota es que represente un peligro para la salud pública en caso de que tuviese rabia. Ninguna ley permite matar a mascotas. Ninguna ley menciona la llamada entrega voluntaria. Tampoco existe ninguna ley que implique que las autoridades municipales, de salud o no, puedan matar a alguna mascota si cuentan con una declaración de un vecino en que se les exime de responsabilidad. Estos son trucos de leguleyos y no tienen ningún valor legal. Cualquiera que los produzca, creo yo, estaría cometiendo un delito adicional: el de falsificación de instrumento público, considerando que utilizan papeles y timbres oficiales para intimidar a los ciudadanos y cubrir con una capa de legitimidad una acción que es completamente ilegal sobre la base de disposiciones legales inexistentes y atribuciones imaginarias.

En Chile, la única instancia autorizada para determinar u ordenar la muerte de un perro es el seremi regional de salud. En plazo de observación de diez días, el personal médico decidirá si debe morir o no. Nadie más en todo el país, hasta en sus comarcas más remotas, puede matar a un perro. Ni siquiera si tiene rabia.
   
Por otra parte, imagino que se ha considerar delito de maltrato toda muerte de un animal que no haya sido autorizada por el seremi de salud correspondiente y ejecutada por los servicios médicos competentes, se produzca esa muerte de manera indolora o no. Parecería insensato pensar que el delito de maltrato no incluye a los que matan a sus mascotas sin provocarles dolor. El mero hecho de que un dueño de mascota mate a la suya, por el método que sea, comete un delito.

El maltrato, como la tortura, es simplemente una intimación de muerte. El fin natural del maltrato o la tortura es evidentemente la muerte. El proyecto de ley que debe ampliar la ley existente, castiga con presidio menor en su grado mínimo a los que, mediante maltratos, provoquen la muerte o mutilaciones de animales. "Se consideran actos de crueldad o maltratos", se lee en el proyecto, "entre otros, provocar riñas o realizar espectáculos que impliquen deterioro de la salud o muerte de los animales, y emplear en ellos instrumentos o sustancias que provoquen su muerte con sufrimiento innecesario" (Cámara de Diputados). Si los malos tratos no terminan en la muerte del animal, no se sigue por eso que no haya maltrato, ni se sigue que sólo hay maltrato cuando el animal es ultimado con algún instrumento o substancia.

En otras palabras, el dueño del animal no tiene derecho a cesar la vida de su mascota y no tiene derecho hacerlo ni aun en el caso de que lo elimine por métodos indoloros. En el caso que nos ocupa las perspectivas de Kayser eran todavía peores, pues la familia pensaba quemarlo vivo. De haberlo quemado, hoy el dueño estaría siendo procesado por maltrato animal. Kayser debe su vida hasta ahora probablemente a la oportuna intervención de Carabineros.

La familia de la niña tiene sus propias ideas sobre la justicia. Según lo que sabemos por la prensa y televisión, querían matar a Kayser en venganza o como castigo por haber matado a la niña, Catalina, del mismo modo que los humanos se condenan a veces a morir en la horca. Pienso que es probable, pero ciertamente inadmisible. Se supone que un perro, o un mamífero, o un animal, no posee razón, que no sabe lo que hace, que reacciona instintiva y espontáneamente y no distingue entre bien y mal. (Bueno, no distinguen tan finamente como nosotros, o creen que lo bueno es todo lo que tenga que ver con sus dueños).

Si eso es así, que los animales no poseen lo que llamamos razón, no se entiende cómo los quieren castigar en el conocimiento de que nada saben de lo que hicieron o que lo hicieron creyendo que hacían bien y que son tan inocentes como los niños, los dementes y los débiles mentales. Si ninguno de estos últimos puede ser imputado judicialmente en virtud de su ausencia de razón, con menos razón se podrá decidir castigar a un perro, que, según creemos, por naturaleza no la posee. Sería tan insensato y malvado como perseguir a un paranoico.

En los tribunales chilenos se han conocido casos de animales que fueron juzgados. El más impresionante es el de un perro de Osorno que mató a mordiscos a otros tres perros callejeros, fue detenido y está siendo procesado. Entretanto, fue trasladado al retén de los carabineros que lo detuvieron, donde es cuidado y alimentado. Ha pasado casi un año y todavía no se sabe nada. Ahora los carabineros han declarado que quieren adoptar al chucho.

El destino que espera a Kayser es todavía peor que el del chucho de Osorno, porque ni siquiera lo llevarán a juicio. Ahora aloja en una jaula en dependencias del Instituto de Salud Pública de Puente Alto. Se ha mostrado agresivo. Si sus antiguos dueños firman una declaración (ilegal) que exime de responsabilidad a la municipalidad, será asesinado en un caso que demostrará que las autoridades se asocian ilícitamente para delinquir. Si sus antiguos dueños renuncian a la venganza y no lo quieren de nuevo, el perro, tras un periodo de reeducación, podría encontrar un nuevo hogar. Entretanto, Kayser sigue en el corredor de la muerte.

Políticos y Matones

La política y la delincuencia son dos actividades que, por lo general, parecen estar íntimamente unidas. Esto se ve todavía mejor en las actuales elecciones municipales. Es difícil creer en los candidatos cuando se constata que sus campañas quebrantan sistemáticamente la ley y demuestran escaso respeto por el bienestar y la vida de los ciudadanos.

Hay tres aspectos de las campañas de este año que son muy enervantes, y dos de ellos enfatizan la relación entre delincuencia y política, que son que muchos candidatos no mencionen en sus pancartas, carteles, octavillas y otras formas de publicidad el partido al que pertenecen y, luego, que prácticamente todos los candidatos coloquen sus materiales de propaganda en lugares explícitamente prohibidos por la ley, poniendo así potencialmente en peligro a los peatones y otros usuarios de las vías y espacios públicos. El tercero es que, según nos informan diversos medios de prensa, prácticamente todos los comandos electorales de los candidatos utilizan a grupos de delincuentes para destruir sistemáticamente los materiales de propaganda de los candidatos rivales.

El primer punto de mi alegato -que en sus materiales de propaganda muchos candidatos no mencionen el partido político al que pertenecen- ha sufrido interpretaciones muy encontradas. Una opinión extendida es que esos candidatos lo hacen para no crear en el público un rechazo a priori de sus candidaturas, habida cuenta del escasísimo prestigio de los partidos políticos en Chile. (La confianza en los partidos políticos es de apenas un seis por ciento en el último Estudio Nacional sobre Partidos Políticos y Sistema Electoral de marzo-abril de 2008).

En estas circunstancias, pareciera que los candidatos han preferido simplemente renegar de sus partidos, enfatizando los aspectos personales. En Viña del Mar, los que han recurrido a esta práctica -no mencionar el partido al que pertenecen en la propaganda- son generalmente los candidatos de extrema derecha. Es una constatación curiosa, porque deberíamos esperar, considerando los errores y  torpezas del gobierno, que fueran los candidatos de los partidos oficialistas los que trataran de engañarnos a los ciudadanos- en cuanto a su origen. Pero ocurre al revés.

La práctica ha llevado a que dos diputados -Álvaro Escobar y Marco Enríquez Ominami- presentaran un proyecto de ley que obligaría a los candidatos a incluir en su propaganda "los símbolos o colores institucionales de sus partidos políticos" (Radio Universidad de Chile). Además, el proyecto otorga facultades al juez de policía local "para retirar toda la propaganda política" que infrinja esta norma. Los diputados comparten la opinión de que los candidatos en realidad, con la ocultación de identidad, tratan de engañar al electorado. Pero la práctica no contribuye a la transparencia que deben tener estos y otros comicios, y despierta innecesarias sospechas de gato encerrado.

El artículo 32 de las Ley 18.700 (Orgánica constitucional sobre votaciones populares y escrutinios) establece que "no podrá realizarse propaganda electoral con pintura, carteles y  afiches adheridos en los muros exteriores y cierros, sean éstos públicos o privados, salvo que en este último caso, medie autorización del propietario, poseedor o mero tenedor; como asimismo en los componentes y equipamiento urbanos, tales como calzadas, aceras, puentes, parques, postes, fuentes, estatuas, jardineras, escaños,  semáforos y quioscos. Tampoco podrá realizarse propaganda mediante elementos que cuelguen sobre la calzada o que se adhieran de cualquier modo al tendido eléctrico, telefónico, de televisión u otros de similar  naturaleza" (en Leyes Electorales, servel).

Esta disposición es violada por todos y cada uno de los candidatos, pese a que es evidente que su colocación en algunos lugares es una fuente o causa potencial de accidentes, porque estorban la visión del tráfico y/o de las señales de tránsito.

Más sorprendente todavía es que esa propaganda electoral mal colocada no es retirada inmediatamente por las autoridades municipales, pese a que el mismo artículo 32 establece que estas "[...] deberán, de oficio o a petición de parte, retirar u ordenar el retiro de toda la propaganda electoral que se realice con infracción a lo dispuesto en este artículo. Los candidatos y los partidos políticos estarán obligados a reembolsar los gastos en que incurran las municipalidades en el retiro de dicha propaganda". Pocas municipalidades -Chillán, entre otras, han iniciado el retiro inmediato y sistemático de la propaganda electoral mal colocada.

Aunque no me disgusta la propaganda electoral en sí misma, creo que la exhibición de materiales de publicidad como carteles y pancartas debería prohibirse en la vía pública en general y limitarse estrictamente a los expositores en algunas paradas de buses y en algunas plazas y dependencias municipales, administrado por la municipalidad y otorgando a cada candidato exactamente el mismo espacio.

También creo que los candidatos debiesen ser obligados a presentar un programa escrito y detallado, cuya factibilidad o condiciones de factibilidad, en el mejor de los casos, debiesen ser sometidas a un estudio objetivo en la comuna en cuestión por un centro profesional. Este centro debería publicar esos estudios, de modo tal que los ciudadanos tengamos siempre a mano, ante cada punto de programa o promesa de los candidatos, el análisis (que nos ayudará a decidir) de las condiciones en las cuales la implementación de sus programas es viable.

Eso reforzaría la cuota de racionalidad en la vida política. A nivel local, muchas disputas estallan por prejuicios y fanatismo ideológico antes que por diferencias reales. La comparación desapasionada de la viabilidad objetiva de los programas debiese convertirse en una práctica habitual en la vida política.

Pero sin duda el fenómeno más grave de los tres es la contratación clandestina de grupos de delincuentes para destruir la propaganda de los candidatos rivales. Y casi tan grave como el hecho mismo, el misterioso y decidor silencio de la prensa nacional y autoridades sobre este asunto. Creo que un reportaje publicado por La Estrella de Valparaíso el 4 de octubre de 2008 debe de ser uno de las primeras coberturas, y denuncia de este fenómeno. La periodista Anita Collao informaba ese día que, según lo que logró recabar en días anteriores, "[...] en estas elecciones, como en varias anteriores, ya se está dando y con mucha fuerza la contratación de otro tipo de personal [...] [que se dedican a] una labor bastante delictual". En los comandos de los candidatos una persona es la encargada de "[...] contratar a grupos de personas, que no son más de cinco, incluyendo al chofer, que durante las noches deben salir a pintar muros y paredes con los esloganes y nombres de los postulantes a los respectivos municipios". Estos mismos grupos tienen la tarea "de ir, cara de palo, a destruir el material de propaganda del candidato contendor".

Estos grupos de delincuentes cuestan unos noventa mil pesos por noche, excluyendo la bencina y el arriendo de la camioneta y la paga del chofer, y compromete la participación de cinco personas.

Lamentablemente sin mencionar nombres ni partidos, la periodista constata que "[...] muchas veces se recurre a grupos que son de Santiago y particularmente del lumpen, que son personas marginales que por dinero hacen lo que se les pida. Su perfeccionamiento en cada campaña es tal que ya están al nivel de saber ocultar la patente de los autos" para no dejar huellas [querrá decir: para no ser identificados]. "[...] No es fácil", dice la periodista, "llegar a ellos para detenerlos, en caso de daños a la propiedad o actos violentos".

No he recopilado sistemáticamente las noticias en la prensa sobre la destrucción de propaganda electoral. No creo que sea una noticia que necesariamente las redacciones consideren importante para su cubrimiento. Pero es algo que vemos todos, todos los días, y en algunos casos es evidente que esos materiales de propaganda han sido destruidos o estropeados sistemáticamente. Algunos -yo, entre otros- han presenciado la destrucción de propaganda electoral.

Según denunció la candidata a concejala por Algarrobo, Mariela Valdés Ávila, de la Democracia Cristiana, hace unos días personas no identificadas ni aprehendidas todavía destruyeron toda su propaganda (más de doscientas palomas y pendones colgantes- en la comuna (en El Líder de San Antonio).

Lo mismo le ocurrió a la candidata por San Antonio, Yohana Fuentealba, que también encontró destruida toda su propaganda (en El Líder de San Antonio del 7 de octubre de 2008).
           
En Talca uno de los candidatos, Alexis Sepúlveda, de la Concertación, presentó una querella tras constatar la destrucción de sus carteles. Uno de esos grupos cortó su rostro de los carteles, ocasionando pérdidas por más de un millón y medio de pesos.

Como las sospechas recaen en el comando del candidato rival, Juan Castro, de la Alianza, se defendió este en una declaración que es prácticamente una confesión de culpabilidad. Dijo: "A mí hay personas que me han dicho que han visto los vehículos de él destrozando la publicidad, más específicamente la mía. No me siento para nada tocado porque el que más publicidad ha perdido soy yo". Dijo que el comando de Sepúlveda le había destruido previamente 140 carteles (en El Centro).

Denuncias similares han sido reportadas por El Día, en La Serena, y en Coquimbo. El Mercurio de Santiago http://www.emol.com/noticias/nacional/detalle/detallenoticias.asp?idnoticia=324780 ha informado sobre la destrucción de una torre de ocho metros de propaganda electoral del candidato de Huechuraba por la Concertación, Sergio Escobar, que acusa al comando de la candidata de extrema derecha, Carolina Plaza, de ser responsable de los atentados. También ha habido atentados en Chiloé (en chiloeweb http://www.chiloeweb.com/datos/noticias/Noticias.asp?No_Id=2005284004),

La destrucción de propaganda es algo que afecta a candidatos de todas las tendencias. Según denuncia el diputado Francisco Chahuán, los candidatos de Renovación Nacional, Máximo Arnao y Rodrigo Kopaitic, han sufrido atentados de este tipo (emol). También candidatos de la Unión Demócrata Independiente (de extrema derecha) ha denunciado la destrucción de sus carteles de propaganda en Colina y Quilicura (en radio cooperativa).  El candidato por Las Condes, Santiago, de la Concertación, Felipe de Pujadas, ha denunciado el robo de sus carteles (en terra).

Aunque es probable que en muchos casos esos destrozos sean la expresión espontánea del malestar de los ciudadanos, el carácter sistemático y los a veces extraordinarios esfuerzos que deben hacer los matones para llegar a los lugares donde se exhibe la propaganda dan sustento a la creencia de que son obra de grupos organizados. La candidata Marcela Hernando (independiente) denunció que muchas de sus cerca de cien gigantografías que fueron destruidas, "[...] estaban instaladas en el techo o fachada de domicilios particulares y, para llegar a ellas, los autores de los ataques debieron emplear escaleras o un vehículo alto, lo cual habla de cierto nivel de organización" (en El Mercurio de Antofagasta).

Estos actos de violencia política por encargo de los comandos electorales pueden pasar a peores cuando, según ha ocurrido en algunas ocasiones, estos grupos se topan en la calle o se sorprenden mutuamente en esas labores. Los encuentros pueden resultar en agresiones o ataques contra las sedes de los comandos. En la prensa se encuentran algunas denuncias de ataques o enfrentamientos. Según el candidato Sergio Escobar, "[...] a una semana de iniciada la campaña ya llevo 5 brigadistas heridos" (emol). También un local de la UDI sufrió ataque (en radio cooperativa).

Hasta hoy, la denuncia más seria la hizo el candidato a concejal del PRSD, Claudio Lagos. Desconocidos aflojaron los pernos de una de las ruedas de su jeep y destruyeron los materiales de propaganda que llevaba en el interior (El Mercurio de Antofagasta). El atentado pudo tener consecuencias fatales.

Pese a las denuncias, no se sabe de ninguna fiscalía que este investigando o trabajando en ellas, ni sabemos de ninguna reunión entre partidos políticos para ceñirse a la ley electoral en cuanto a las formas de propaganda política, reducir el nivel de hostilidad y llamando a sus militantes a la cordura y evitar posibles e inútiles desgracias.

Vi en televisión hace unos días a una candidata de Viña del Mar reconociendo que infringía la ley al colocar sus carteles en una plaza, pero justificaba su conducta diciendo que todos los demás lo hacían. No es la buena respuesta. Bill el Carnicero daría una mejor.

El hecho de que, en general, todos los candidatos infringen la ley, me provoca una terrible desconfianza. ¿Respetarán las leyes una vez elegidos? ¿Seguirán contratando a matones después de las elecciones?

Si me digo que no votaré por candidatos que violen la ley o nos muestren poco respeto, que es lo que haré, tendré que anular mi voto o quedarme en casa.

Los Perros de Playa Ancha

Quizá en ningún otro lugar queda tan en claro como en Playa Ancha, que no se puede pensar la historia social de Chile sin incluir a las mascotas de sus habitantes. La historia de los barrios es impensable sin los perros callejeros, que las autoridades llaman habitualmente perros vagos y que se vienen esforzando por erradicar de nuestro paisaje urbano recurriendo a argumentos de salud pública y a la estricnina y otros venenos. La población resiste y se organiza para defenderlos. Y ha creado espontáneamente formas alternativas de relación con los animales que se cuentan ahora entre los elementos centrales de la cultura y de la identidad porteñas.

En las calles de Playa Ancha suelen verse de tanto en tanto casetas improvisadas, de dos aguas o rectangulares, construidas con materiales diversos -cartón, latas, madera, telas y papel. Las hay de todos los tamaños. El carácter improvisado y la rusticidad de los materiales no son fortuitos. Se construyen así para no despertar en algunos la idea de llevárselas a casa, para sus propios animales, o por sus materiales. En ocasiones, el suelo de las casetas se incrusta en pesados pastelones de cemento. En estas casetas viven perros, que son ampliamente considerados como guachimanes.

Hay muchos casos de perros que viven en la calle, habitualmente en el portal de alguna familia, pero sin caseta o bajo cobertizos muy rudimentarios. Una vecina, Elizabeth, explicaba que ella debió retirar dos casetas que tenía en la acera por las protestas de los vecinos. Pero eso no implica que haya dejado de cuidar a los perros que vivían ahí. Ahora se cobijan en cajas bananeras de cartón, que ella deposita por la noche discretamente debajo de un arbusto que crece frente a su casa.

En realidad, cajas de cartón, bidones y culos de botellones de plástico se ven por todas partes y delatan la intensa solidaridad de los vecinos.

Comité de Protección de los Hermanos Menores
La gente de Playa Ancha, especialmente sus mujeres, se han organizado en una extensa red de grupos menos o más formales dedicados a la protección de las mascotas (o de los animales en general) -de los perros callejeros y de los perros de casa de familias de menos recursos.

En el vecindario de la calle de Argomedo formaron las vecinas, en 2001, un organización ahora con personalidad jurídica llamada Comité por los Hermanos Menores. El nombre se inspira en la filosofía de San Francisco de Asís, el santo patrono de los animales. Según su presidenta, Judith Maury, el grupo se fundó originalmente para ayudar a los perros callejeros enfermos, pero fue poco a poco ampliando su alcance.

Hay otros grupos menos formales, sin personalidad jurídica, pero igualmente efectivos que funcionan en todo Playa Ancha. Se trata normalmente de grupos de vecinas que se ocupan fundamentalmente de proteger y alimentar a perros de la calle. Otros grupos han fundado clínicas veterinarias y fundaciones dedicadas al cuidado de las mascotas en general, con especial dedicación a los perros callejeros. En la calle Pacífico hay dos de esas organizaciones: Anubis, y Némesis.

También hay en Playa Ancha numerosas familias que se dedican a recoger y cobijar a animales abandonados. Muchas de las personas que conocimos durante este reportaje albergan en sus casas a numerosos gatos y perros: Judith tiene ocho gatos y cuatro perros; Elizabeth, once perros en casa, cuatro en la acera de su casa y tres gatos, más otros animales; don Manuel y Verónica, no menos de quince gatos y algunos perros. A Gloria Hernández, de Taqueadero, le queda un solo perro, pero su casa es un Arca de Noé, con cuyes, conejos, aves y cuatro gatos. Todas las mujeres con perros en casa cuidaban también de perros callejeros.

Guachimanes
Estos perros tienen labores específicas. Vigilan el vecindario y, naturalmente, aunque trabajan las veinticuatro horas del día, sus labores empiezan normalmente al caer la noche. Conocen a todos los vecinos, y detectan la presencia de desconocidos. Y tienen, como se cree saber, la capacidad de detectar a desconocidos en actitudes sospechosas -sutilezas como caminar ocultando la cara, o conductas menos sutiles como tratar de abrir una puerta que los guachimanes saben que no es la suya, o todavía más estrafalario, tratar de entrar a una casa por una de sus ventanas. Incongruencias que los perros saben interpretar.

Los perros no siempre atacan en estos casos. Más habitualmente se limitan a ladrar. El bullicio que arman ahuyenta a cualquiera.

En una calle en los alrededores de la plaza Waddington, en el sector de Gran Bretaña en Playa Ancha, se encuentran dos casetas. Antes vivían aquí dos perros; ahora sólo uno, que utiliza las dos casetas. El que vive aquí ahora se llama Snoopy. El otro, Alejandro, murió hace unos años.

Llegaron al barrio hace cerca de diez años. Aparecieron por ahí un día cualquiera, probablemente abandonados. Según la vecina Esther, Snoopy tenía arestín y estaba muy malo. Tan mal, que ya no le quedaban pelos en la piel. Las vecinas los adoptaron y curaron. Se reunieron algunas para hacer una colecta. Dos de ellas -Maritza y Nora- les construyeron las casetas que todavía resisten el embate del tiempo. Les hicieron vacunar.

En otra calle, en los alrededores de la iglesia de San Vicente de Paul, se encuentran otras dos casetas. Ahí viven Muñeca y Blanquinegro, cada uno en casetas adosadas. Eran ambos perros callejeros, a los que las vecinas construyeron casetas improvisadas para protegerles del frío y del viento que, en los cerros, suele ser gélido. Llegaron al barrio hace unos tres años. Las vecinas Jacqueline, Irene y Eda cocinan para ellos.

La vecina Eda les guarda un enorme aprecio. "Cuando llego a casa de noche, los perros me esperan en el paradero y me acompañan hasta la puerta de casa", dice. Hace unos días, cuenta la vecina Irene, un intruso trató de entrar a una casa del vecindario por una ventana. Lo delataron los ladridos de Muñeca y Blanquinegro y el ladrón huyó cuando los vecinos se asomaron a las ventanas.

Perros con Seguro y Pensión de Vejez
Los guachimanes tienen necesidades que los vecinos de los diferentes vecindarios cubren de modos diversos. En el vecindario de Gran Bretaña, las vecinas se reúnen todos los años para organizar una rifa -el premio es un pie de limón o un juego de tazas- con cuya recaudación se pagan las vacunas anuales y otros gastos que puedan tener, como la visita del veterinario o enfermedades.
A este fondo también pueden recurrir otras familias del barrio que necesiten ayuda para cubrir los costos de operaciones o medicinas.

En el vecindario donde vive Muñeca y Blanquinegro no han tratado las vecinas el tema sanitario, pero Irene inscribió a Muñeca en un convenio de salud que ofrece una clínica veterinaria de la calle Pacífico. Pagando mil pesos al mes, la clínica atiende a las mascotas con un descuento.

El Rancho de los Cachupines
Que las vecinas cocinen para los perros es un buen indicio de su grado de dedicación e integración de los perros en la vida familiar. En Playa Ancha no se ha perdido la costumbre de cocinar para ellos. En Gran Bretaña las vecinas cocinan a diario para Snoopy. Cuando lo hace Raquel, comparte el rancho que prepara ella para su perro de interior, Niki. En la casa de Judith Maury, donde trabaja la Esther, viven además otros cuatro perros (Boni, Niño, Niña y Lucas). El guachimán comparte la comida de esos perros, que se prepara con las sobras de la cocina y otros alimentos.

La Esther también cocina de vez en vez especialmente para ellos, y prepara unos cocimientos que no desmerecerían en otras mesas: contre con panitas y pedazos de zanahoria, zapallo, calabacines y acelgas. O guiso de pescuezo de pollo. Elizabeth, de calle Pacífico, también cocina para sus perros gigantescos sopones de huesos, guatitas, patas de pollo y verduras.

En el barrio de San Vicente de Paul, Irene prepara a veces sopones de hueso y, también, sobras de la cocina, que son los ingredientes habituales de la comida caliente.

Qué Dice la Ley
El perro guachimán se ubica a mitad de camino entre el perro callejero que, aunque tiene territorio, es totalmente libre y vive de la caridad pública, y el perro de casa, el faldero confinado a interiores o el de patio. El perro guachimán es un perro trabajador. Su caseta y su cuenco con comida son su paga. No tienen el mismo prestigio que otros perros trabajadores, como los perros de la policía o los terapeutas, o los de rescate y los San Bernardo o los lazarillos, pero llamarles perros vagos indigna a muchos playanchinos.

La idea de que estos perros de la calle constituyan un peligro para la salud pública es simplemente una creencia escandalosamente errónea. Son perros vacunados, que son revisados periódicamente por el veterinario.

No todos los vecinos se han enterado que la municipalidad prohíbe la construcción de casetas en la calle. El artículo noveno de la ordenanza o decreto número 591, del catorce de julio de 2003, prohíbe "la instalación y/o construcción en espacios de uso público de casetas, refugios o cualquier elemento que sirva de cobijo o habitación a los animales materia de esta ordenanza".

Su artículo segundo especifica que "los animales domésticos deben permanecer en lugares cerrados, pudiendo circular por las calles y espacios públicos solamente acompañados por sus propietarios y sujetos mediante algún sistema de seguridad, como cadenas o correas, que impida su fuga".

Para las autoridades porteñas, los perros guachimanes son simplemente animales abandonados y pueden ser, por tanto, recogidos por el servicio municipal competente. Recogidos quiere decir en la lengua oficial que serán encerrados en algún canil, tras lo cual, si no son reclamados o adoptados, serán matados.

El artículo décimo prohíbe "depositar alimento en las calles o lugares de uso público para consumo por parte de los animales callejeros".

Ley, Ética y Cultura
Pero la guerra de las autoridades contra los perros callejeros es una guerra perdida, porque es una guerra contra las costumbres y contra los principios morales de buena parte de la población. Los playanchinos, como los chilenos de otras ciudades y regiones, consideran a los perros, y no solamente a los perros de la casa, como miembros de la familias. Son familiares, hermanos menores o hermanos chicos. Un perro abandonado es un como un huérfano o como un niño abandonado a la puerta de la iglesia. No alimentar a un perro, sobre todo si ha sido este abandonado y evidentemente sufre hambre en la calle, sería un acto de increíble crueldad e indiferencia.

La permanente lucha de las autoridades contra los perros callejeros no tiene ningún asidero, opinan los playanchinos. El peligro que representan para la salud pública lo exageran las autoridades groseramente. Prácticamente todos los perros que se ven en Playa Ancha en la calle han sido vacunados -gracias precisamente a las numerosas organizaciones de vecinos y familias que se ocupan espontáneamente de ellos. El peligro de la rabia es igualmente muy reducido, porque se restringe habitualmente a zonas rurales retiradas.

La insistencia de algunas autoridades y de alguna prensa en describir a los perros callejeros como bestias feroces siempre a punto de saltarle al cuello a los transeúntes es desmentida categóricamente por las estadísticas disponibles. En abril de este año, el doctor Guillermo Prado, del Hospital Carlos van Buren de Valparaíso, declaraba que "los canes que muerden en general tienen dueño. Por la experiencia que tenemos rara vez lo hacen los perros vagos [...] Hay un adulto responsable que no lo contuvo y lo tenía suelto o no le da comida" (La Estrella de Valparaíso, 17 de abril de 2008).

Pero los perros callejeros son muy excepcionalmente agresivos y los vecinos y profesionales sanitarios saben mejor que las autoridades políticas que, en realidad, los perros agresivos son los perros con dueño que son mantenidos en los patios de las casas y sometidos a regímenes de estúpida crueldad en la creencia de que así son mejores guardianes.

Piedad y Resistencia
Interrogadas sobre por qué resistir las ordenanzas o decretos municipales, negarse a cumplirlos y desconocerlos derechamente, casi todas las entrevistadas coincidieron en que actuaban de acuerdo a sus principios morales, que eran superiores frente a la ley. "No se deben obedecer las ordenanzas injustas o mal hechas", dice Judith Maury, del comité dedicado a la protección de los ‘hermanos menores’. Se expresa en términos similares Elizabeth Muñoz. Si la ética está reñida con la ley, hay que seguir la ética, dice, y agrega: "Además, ¿cómo le voy a decir a mi hijo que respete la vida y la naturaleza si soy indiferente frente al hambre, dolor y enfermedades de los animales?"

Que Dios nos hizo a todos con alma, también a los perros, es una opinión ampliamente compartida. Las autoridades no pueden prohibir las expresiones de piedad y solidaridad, porque son normas religiosas o morales que se ha de cumplir si se quiere conservar la imagen que tiene uno de sí mismo. La piedad forma parte de la identidad playanchina. Para los playanchinos la protección de los animales es algo que tiene que ver más con la moral que con cualquier otra cosa.

Los playanchinos defienden furiosamente a sus perros. Las matanzas de los principios del nuevo milenio fueron resueltamente rechazadas. Todavía se pueden ver en algunas calles del plan rayados y carteles protestando contra la barbarie de las autoridades. Los conflictos de ese entonces dividieron a la población en dos bandos que todavía no se reconcilian. Hoy la ley prohíbe matar a los perros u otras mascotas. Y los perros callejeros llamados ‘sin dueño’ tampoco pueden ser eliminados.

La eliminación de perros es un delito que si se demuestra fehacientemente puede terminar en una pena de cárcel de entre dos meses y un año y medio, y una multa de entre un ingreso mensual mínimo (102.558 pesos en 2008) y diez veces esta cantidad. Sólo pueden ser eliminados por las autoridades sanitarias competentes, y sólo si estas establecen que los perros sufren rabia, que es la única causal para decretar su muerte. No hay otros motivos legales válidos para su eliminación, y las leyes nacionales están por encima de las ordenanzas municipales, según ha dictaminado la Contraloría.1

El delito de maltrato puede ser castigado con bastante severidad. El año pasado se conoció en Concepción el caso de un hombre que mató a patadas a una gata que había sido adoptada colectivamente por los operarios de una fábrica. Fue denunciado y finalmente condenado a pagar una multa de casi medio millón de pesos y a firmar mensualmente durante un año (Las Últimas Noticias del 11 de enero de 2007). Ese caso hace jurisprudencia, e historia. A partir de entonces, no hay motivos para la impunidad.

Los playananchinos han luchado siempre contra las formas más crueles de maltrato animal de parte de las autoridades. Antiguamente, tras detectarse la presencia de las llamadas ‘perreras’ -furgonetas con una jaula- y sus funcionarios, que blandían palos con un lazo en un extremo y solían cubrirse la cara para no ser reconocidos, los vecinos se armaban de palos y piedras para defender a los perros del vecindario.

En las últimas matanzas de principios del milenio, que en Valparaíso atacaron fundamentalmente a los perros del plan, los playanchinos y otros porteños bajaron de los cerros para rescatar a los animales e impedir su exterminio.

La crueldad de las autoridades suele no tener límites. Un método habitual era matar a los perros con estricnina, que les provoca una muerte lenta y dolorosísima. A menudo los perros, una vez envenenados, eran arrojados a vertederos a esperar la muerte.

Los pobladores montaron manifestaciones y rondas de vigilancia para impedir que se continuara matando.

Autoridades y Costumbres
No hace mucho, un partidario del exterminio protestaba que las costumbres porteñas dificultaban la operación de las reparticiones municipales encargadas de la solución de lo que consideran que es un problema y al que suelen referirse como sobrepoblación canina.

La conceptualización de los perros como miembros de la familia tiene dos implicaciones directas: se ocupan preferentemente las mujeres de ellos, y tienen derechos similares a los de los humanos. Tienen derecho a salir a la calle a jugar, a pasear, a ver a sus amigos y a buscarse novios y novias. A nadie se le ocurriría negar la naturaleza de los cachupines y desconocer su derecho a cierta autonomía.

Lo que quiere decir, en la práctica, que a menudo es imposible distinguir entre perros con y sin dueño que se ven en la calle. En las poblaciones en los cerros, los perros de la calle son probablemente quiltros con dueño.

Pero también en el plan, será difícil encontrar perros de los que se pueda decir que no tienen dueños. Es frecuente que haya grupos de personas que se ocupen de ellos, que los alimentan, vacunan y cuidan cuando enferman. Es verdad que viven en la calle porque fueron abandonados. Pero una vez en ella, nunca faltan las personas piadosas que los protegen.

Esta costumbre quedó en evidencia a fines de 2003 tras un estudio en Viña del Mar, en el que inspectores municipales detectaron que muchos de los perros llamados vagos eran en realidad alimentados y cuidados por comerciantes, ambulantes y establecidos, y grupos de vecinos (El Mercurio, 7 de octubre de 2003). Las autoridades reaccionaron multando a los comerciantes y vecinos piadosos, lo que puede resultar muy contraproducente en una población para la que la piedad es un imperativo moral.

En elecciones locales el tema de los perros de la calle surge siempre con renovado ímpetu y es debatido apasionadamente. Es siempre bueno que los políticos recuerden, dice Enzo Tesser, dirigente vecinal de Playa Ancha, que "aquí queremos a los perros. De hecho, casi todos tenemos perros. Un político que quiera tener un futuro en Playa Ancha tiene que empezar por integrarse y aceptar los valores de la comunidad, y eso incluye la protección de los perros".

Nota 1
Se trata del Dictamen Nº 34.751 de la Contraloría General de la República de Chile, sobre la denuncia de que la municipalidad de Ñuñoa, en Santiago, practicaba ilegalmente la eutanasia. El dictamen especifica que los perros de la calle sólo pueden ser retirados por los servicios de salud y sólo pueden ser eliminados si esos servicios determinan la presencia de rabia, según el Reglamento sobre Prevención y Control de la Rabia. Las municipalidades no tienen la facultad legal para retirar ni eliminar perros de la calle si no existe fehacientemente el peligro de contagio de este mal.
La ley que tipifica como delito el maltrato animal es la Ley Nº 18.895, art. 291 bis del Código Penal.

[Este reportaje fue publicado originalmente en la revista Ciudad Invisible 22, Valparaíso, Chile, junio-julio 2008, pp. 4-5].

La Torpeza como Método

El Mercurio de Calama nos vuelve a sorprender con un artículo, en la edición online, en la que se lee: "¿Se deben sancionar a quienes envenenan a los perros callejeros?". Inmediatamente debajo de esta pregunta, leemos: "De la forma que lo están haciendo no". Para leer el resto de la nota, tienes que pinchar el título.

Este diario ha empezado hace un tiempo con una serie de preguntas de este tenor, casi al borde de lo que se puede considerar un delito. En una ocasión anterior, habían preguntado a los lectores si les parecía delito matar a los perros de la calle.

Lo que irrita mucho es que en este titular queda la impresión de que la supuesta respuesta a la pregunta de si hay que sancionar a los que envenenan a perros, es No. Y la verdad es que esa frase es muy diferente. Sigo con la nota:

"La tenencia responsable es la mejor forma de terminar con el problema. De la forma que lo están haciendo no estoy de acuerdo. La solución pasa por la construcción de un albergue o canil, como dicen las personas que están involucradas en dicha tarea".

Sólo después de leer la nota te enteras de que la respuesta a la estúpida pregunta, es Sí (hay que sancionar a los que envenenan a perros). Pero si no entras a leer el artículo, o si, como muchos, sólo lees el título y subtítulo, te quedarás con la impresión de que la respuesta es No (no hay que sancionar).

¿Manipulación o torpeza? Yo me inclino por creer que es manipulación, porque normalmente en este tipo de notas la frase que servirá de subtítulo es habitualmente la primera frase (igual que en los títulos de Word, o en el email). Así, tendría que haber comenzado con "La tenencia responsable..." Pero en este caso, el texto interior empieza con la segunda frase, que parece una respuesta a la pregunta.

En cuanto al contenido de la nota, se trata ciertamente de una pregunta indecente. Envenenar a los perros y otros animales es un delito, pese a que todavía no se convencen los jueces de su gravedad y aplican las penas que se merecen los autores de esos actos de horror e inhumanidad. El veneno más corrientemente usado es la estricnina, que causa a sus víctimas una dolorosísima muerte.

Es lamentable también que El Mercurio de Calama pretenda iniciar un presunto debate sobre si los envenenadores se merecen o no castigo, en momentos en que vecinos de la ciudad se movilizan y piden la intervención de las autoridades para sancionar de verdad e impedir la venta ilegal de venenos y otras substancias tóxicas utilizadas para matar. En Calama se venden abiertamente, pese a la prohibición que pesa sobre ellos, venenos de procedencia boliviana o peruana. Y la policía y fiscalías, que en otros temas insignificantes muestran dedicado celo, en estos casos hacen la vista gorda.

Pero, además, la colocación de venenos en espacios públicos pone en grave peligro a otros animales que los que hechor puede tener como objetivo, e incluso puede poner en peligro a niños de corta edad, que pueden echarse a la boca el bocado arrojado para el consumo animal. Si el veneno se arroja en una plaza, es peligro es todavía mayor, porque allí suelen reunirse madres y niños en los juegos disponibles. Si el veneno se arroja en el patio o jardín de una casa donde habitan niños, el peligro es evidente.

Por todas esas razones, los autores de esos crímenes debiesen ser castigados con la mayor severidad.

Estas prácticas de El Mercurio y otros medios son francamente repugnantes. Quizá tan grave como la intención de tergiversar la verdad, es el hecho de que obliga al lector a comportarse como detective y salvaguardar las evidencias para el caso de que lo que lea se convierta en polémica. Los diarios de hoy, en sus ediciones online, han adoptado como costumbre actualizar sus contenidos sin advertir a los lectores. Así que cuando quieres volver a la página para comprobar tu primera lectura, te encuentras con que o ha cambiado o ya no existe. En este caso, el título y subtítulo de la noticia, que aparece en el listado que te llega a casa de la edición online, ya fue retirado. La torpeza, o mala intención, sin embargo, persiste en el encabezamiento de la nota misma.

La maniobra es tan pensadamente torpe, que pareciera que es exactamente lo que quieren que pienses: que es una torpeza. Pero estas torpezas se repiten en El Mercurio de Calama tan a menudo en el tema perros, que es difícil creer que no hay mala fe detrás de esos desaciertos que llamamos, generosamente, errores. Es la torpeza como método.

Dos Casos de Reinvención de los Hechos

En los últimos días he topado con dos asombrosos casos de manipulación de los hechos que guardan ambos relación con cómo cubre cierta prensa los acontecimientos en Bolivia. El primer caso fue denunciado en su blog por Pascual Serrano, bajo el título de ‘Los buenos y los malos’  y gira sobre una descarada manipulación de fotografías. La primera es la que estáis viendo aquí en primer lugar, que muestra a un grupo de milicianos cruceños en una acción callejera en Santa Cruz en noviembre del año pasado. Los milicianos llevan el típico escudo de la milicia, un rectángulo verde y adornado con una cruz bizantina en un círculo blanco -que utilizan a veces junto con la suástica nazi. La fotografía fue publicada por la BBC en noviembre de 2007, junto con la foto que veis aquí en segundo lugar, que muestra a un grupo de campesinos indígenas reunidos frente a la Casa de Gobierno en la Plaza Murillo, de La Paz, manifestando su apoyo al presidente Evo Morales.

Pues bien: estas dos fotografías fueron republicadas por El País en septiembre de este año como ilustración de un artículo sobre Bolivia. Sólo que los periodistas de El País las publicaron reemplazando los textos a pie de foto originales. Y así, los milicianos cruceños de la primera fotografía aparecen descritos como "Partidarios del Presidente de Bolivia, Evo Morales", como se ve en la foto. En la cuarta foto, los campesinos de Plaza Murillo, en cambio, aparecen descritos como "cientos de opositores al Gobierno de Evo Morales se congregan en Plaza Murillo de La Paz".

 Un lector criticó la alteración en el foro del propio El País, pero el comentario fue retirado. Las fotografías y los textos que las ‘explicaban’, pese a las protestas y pedidos de corrección, no fueron rectificados en ese momento por la redacción de El País. Sí los corrigieron tres días después, en las imágenes de archivo.

Un lector (Danihr) participante en un foro donde denunció la alteración de los textos, escribió en menéame, el 15 de septiembre, que "[...] este periódico ha pasado a ser un órgano manipulador más, mostrando fotografías claramente erróneas, con el pie de foto alterado, para documentar la parte que ellos quieren del conflicto" (menéame).

  El análisis de Serrano de esta manipulación es sólido y convincente. La intención evidente de la manipulación es mostrar las imágenes de un grupo de jóvenes en actitud claramente violenta -armados de bates, protegidos por escudos, de zapatillas y con el rostro cubierto- como partidarios del presidente Morales. Y a los pacíficos campesinos de Plaza Murillo como opositores del presidente.

Queda claro que los periodistas de El País no mostraron ningún interés en explicar a los lectores qué había ocurrido, por qué no rectificaron la información y por qué retiraron del foro las críticas que se les hizo. Carlos Mateo, en el foto de infocoches escribe: "¿Queda algo de la ética periodística entre los redactores de un periódico como El País? ¿No se les cae la cara de vergüenza a algunos de sus redactores cuando, desde la dirección, se les ordena difundir todo tipo de noticias, fundadas o no, que conduzcan a la caída, probablemente violenta, de los regímenes ‘molestos’ en Sudamérica? ¿No tienen escrúpulos al presentar como ‘manifestantes’ a militantes fascistas que cuentan entre sus ‘hazañas’ el propinar palizas a indios por el hecho de serlo, habiendo llegado a realizar masacres como la que recientemente costó la vida de docenas de indígenas que murieron a manos de estos grupos, armados hasta los dientes y sustentados por los estamentos más poderosos de la sociedad de ese país?"

En realidad es sorprendente el nivel al que ha caído El País, que en su buena época en los años ochenta llegó a ser considerado como uno de los mejores diarios de Europa, que yo recuerdo como muy profesional y muy objetivo. Ahora no se distingue del reaccionario y provincial (El) Mercurio, y es quizá hasta peor que este.

Todavía más intrigante, e irritante, es el hecho de que El País, después de unos días, corrige los textos, pero en archivo y conservando el mismo enlace, de tal modo que si vamos a la página del diario que contiene las fotos, encontraremos la foto original, y sin alteraciones, como si nada hubiese pasado. De ese modo, las denuncias y críticas de los lectores parecen infundadas. "[...] Los escrúpulos y la ética periodística", escribe Carlos Mateo, "no [son] valores muy ‘de moda’ en la redacción de El País".

Esta manipulación de la información es realmente muy grave, quizás tan grave como otras intervenciones conocidas, como las de Mussolini y Stalin en los periódicos de sus épocas, o de Mao Tse Tung, durante los años convulsos en China. Es conocido el caso en que, en un periódico ruso, Stalin ordenó borrar de la fotografía al revolucionario León Trotzky, al que veía como un adversario al que había que eliminar, físicamente y del pasado mismo. Es sabido que algunos líderes de otras épocas ordenaron imprimir ediciones enteras de diarios, rescritos y ajustados a la versión oficial y datados convenientemente.1

No sé por qué ni cómo les parece a algunos políticos que intervenir documentos históricos es justificable. Imagino que los que lo hicieron no han escrito sobre este tema, pues eran órdenes y procedimientos secretos. Quizá no había nada que explicar. Si habían vencido en la contienda, consideraron justo eliminar a sus rivales incluso de donde es imposible borrarlos, i.e. del pasado tal como aparece este consignado en registros históricos genuinos. Para mí, como para la mayoría de los occidentales, esta manipulación es inaceptable desde todo punto de vista, porque manipular archivos históricos es lo mismo que alterar una escena del crimen. Los archivos son nuestro único acceso al pasado.

Estas manipulaciones están ocurriendo masivamente en internet. Es habitual que los blogueros, por ejemplo, alteren sus actualizaciones, en lugar de agregar las correcciones como comentario o mediante una nueva actualización. Y no parece que nadie se preocupe demasiado por el tema. Sin embargo, tratándose de órganos de información, el desliz es grave, porque la función de la información periodística es entregar a los lectores los elementos con los cuales se podrá hacer una idea de lo que está ocurriendo allá fuera, y luego formarse un juicio sobre lo que vienen de leer.

El segundo caso de manipulación gira también sobre Bolivia, pero es una manipulación de textos. En la historia más recientes abundan los casos de intentos de manipulación de este tipo. Piénsese, por ejemplo, en el famoso e infame ‘Plan Z’, publicado por la Junta Militar chilena poco después de instaurada la dictadura y atribuido al gobierno socialista de Salvador Allende, documento en que se detalla un imaginario plan marxista para hacerse con el poder e iniciar en Chile una dictadura comunista. Otro caso notorio es el de la enfermera ‘Narijah’, que en 1990 relató ante el congreso norteamericano espantosos casos de atrocidades cometidas por las tropas iraquíes en Kuwait para justificar la intervención norteamericana. La enfermera era en realidad la hija del embajador de Kuwait en Washington y no se encontraba en Kuwait en el momento de los hechos denunciados como para presentarse como testigo ocular de esas presuntas atrocidades (Haberkorn en la fuente citada).

Este segundo caso, como digo, es de manipulación de un texto y gira en parte sobre la masacre de Pando. En la edición del 16 de septiembre de 2008 de El País, un artículo (‘Líderes sudamericanos dan apoyo unánime a Evo Morales’) describía la masacre de Pando de la siguiente manera: "En las últimas semanas, más de 30 personas han perdido la vida en los enfrentamientos entre seguidores del presidente Evo Morales y autonomistas de las cinco regiones ricas del país que rechazan la reforma de la Constitución y exigen el control de los enormes reservas de gas que acumulan sus territorios". El artículo al que pertenece este párrafo fue publicado en el enlace siguiente de El País, que fue eliminado días después, y reemplazado por un nuevo texto, en el mismo enlace, sin explicación alguna de la substitución. Afortunadamente, el 16 de septiembre, a las 9:21, se hizo una captura de página, guardada en caché, que muestra la publicación original y que podréis leer en este enlace.

Ese artículo de El País lo había yo leído hace unos días y citado con mis comentarios en ‘Después de la Declaración de La Moneda’ (en mérici). Si hoy visitamos el enlace citado de El País, nos encontraremos con una versión corregida, de la cual este párrafo ha sido eliminado. En lugar de ‘enfrentamientos entre civiles’, se lee ahora: "Tras condenar la masacre en Pando, donde hubo 30 muertos y al menos 100 desaparecidos, Unasur anunció la formación de una comisión que hará una investigación imparcial para esclarecer los hechos y evitar que queden impunes" (El País).

Es un cambio bien encaminado, pues reconoce una descripción más ajustada de los hechos. ¿Pero por qué se inventaron la primera y torcida versión de que era un enfrentamiento entre civiles -y no la emboscada de una milicia paramilitar cruceña, que es lo que fue? ¿Y por qué eliminar el artículo original y colocar en su lugar, con el mismo enlace, un artículo corregido? Si no fuera por la captura de página que mencioné, mis acusaciones parecerían infundadas.

Sin embargo, creo que aparte este retoque del texto, la redacción de El País tuvo móviles más ideológicos para modificar el artículo original.2 La otra gran diferencia -aparte la descripción de la masacre- es el papel de Brasil en la reunión de los presidentes. En el nuevo artículo Brasil aparece como el nuevo líder de América Latina ("Nueve países de la región, con Brasil al frente, respaldan Morales pero le exigen que pacte con los gobernadores rivales"), lo que realmente es una descripción bastante torcida del papel e importancia de Brasil en la cumbre de Unasur y en Sudamérica en general. No quiero desmerecer a Brasil, pero ciertamente no es un país del que se pueda decir que tiene una influencia decisiva en América del Sur, ni creo yo que tenga ese país la ambición de proyectarse al exterior para difundir su propia versión de cómo deben ser las cosas (como la tuvo Cuba en su momento, y la tienen hoy países como Estados Unidos y Venezuela). La intención de la manipulación del texto es mostrar a Brasil como la nueva potencia que ruge, como dijeron otros periodistas de El País. Pero si Brasil ruge, el resto de América sólo se entera por la prensa, porque los rugidos no se oyen por ningún lado.

Otra cosa es reconocer la intervención moderadora de Brasil, aunque su postura está reconocidamente orientada a proteger los intereses brasileños en Bolivia, y en particular el suministro de gas natural. No hay nada malo en atribuir a Brasil una influencia a la hora de moderar la postura más agresiva del presidente Chávez para condenar la injerencia norteamericana en Bolivia. Pero transformar a Brasil en la nueva potencia ideológica y líder de Sudamérica es realmente un absurdo. Probablemente el objetivo de esta interpretación de la reunión extraordinaria de Unasur es disminuir el papel de Venezuela, lo que también debe haber animado a la presidenta Bachelet (verdadero caballo de Troya de Estados Unidos en América Latina) a convocar a una segunda reunión de Unasur en Nueva York -vaya incongruencia- sabiendo que Chávez se encontraba de gira.

Me entero ahora que Bartolomé Clavero, miembro del Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas, viene denunciando desde hace un tiempo la campaña de manipulación de El País. En una carta abierta al diario, del 16 de septiembre de 2008, reproducida por rebelión, Clavero escribe, justamente sobre el caso de la masacre de Pando: "La desinformación sobre la posición de las Prefecturas racistas no es lo más grave entre las inconsistencias del editorial. En sus primeras frases se afirma que ‘los primeros enfrentamientos con armas de fuego han causado al menos 10 muertos en Pando’. Se refieren ustedes a víctimas de emboscadas y asaltos de escuadrones racistas".

Clavero se refiere en lo substancial del artículo a la manera en que El País describe y presenta a los lectores a grupos que son en realidad organizaciones terroristas empecinadas en derrocar al gobierno de Morales. Parte de la estrategia consiste, dice el autor, en llamar "rebeldes" a las provincias de las que sus prefectos y organizaciones aliadas aspiran a la secesión, aunque en realidad la mayoría de los votantes de las "provincias rebeldes" votaron por el presidente.

Dice Clavero: "Tienen ya que reconocer lo que han venido ocultando, pero no cejan en su empeño. Se muestran ciegos y alimentan la ceguera ante la misma cronología de los acontecimientos. La agresión abierta se produce, con el saldo más grave, pero no único, de muertos, tras el referéndum que ha reforzado al gobierno constitucional y dejado en evidencia a las posiciones no sólo, en lo formal, anticonstitucionales, sino, en lo sustancial, racistas. Y no es un asunto exclusivo de desinformación exterior, pues no ha de olvidarse el dominio conseguido por el grupo al que pertenece El País, el de Prisa, sobre los media en la misma Bolivia".

Lo intrigante, ciertamente, es que la redacción de El País eventualmente reconoce versiones más objetivas de los hechos, pero sin antes intentar convencernos de interpretaciones mañosas y torcidas.

Yo creo que la única explicación razonable es que, además ciertamente de la falta de ética que permite estas prácticas, la (des)información para El País está sometida a criterios diríamos tácticos. Conviene tergiversar los hechos cuando aún es posible intervenir e influir en su curso. Pero cuando pasa la ocasión, reconocen la realidad de los hechos y reemplazan los artículos culpables -las evidencias- por otros nuevos, que quedan ya no a disposición de los lectores en general, sino en archivo a disposición de historiadores y otros lectores especializados. El lector de todos los días no se enterará nunca de que los textos fueron rectificados, y seguirá creyendo que los violentos paramilitares con la cruz bizantina son partidarios de Morales, no sus enemigos, y que en Pando no hubo un atentado terrorista que terminó en masacre, sino un enfrentamiento espontáneo entre civiles que ahora lloran a sus caídos en buena lid.

Notas
1 Leonardo Haberkorn, en Página 12 explica varios curiosos casos de manipulación de archivos gráficos, desde la época del Imperio Romano, hasta hoy. Por lo general es una práctica en la que incurren regímenes totalitarios, cuya relación con la historia es bastante especial, pese a sus aparentes diferencias ideológicas. El senado romano podía condenar a la eliminación de todo recuerdo visual de un rey acusado de tirano. En casos más recientes llama la atención un caso de 1976, en que una foto que muestra a unos niños en una guardería -que recibió el premio a ‘la foto más linda’ de la World-Press Photo- apareció más tarde, en 1978, en la portada de una organización cristiana, con el siguiente texto:  "Chicos con ropa de presidiarios. Una foto contrabandeada de un campo de concentración soviético. Los chicos nacieron en un campo de prisioneros y allí crecen, hasta que los padres son liberados".

2 Digo esto porque el 14 de septiembre de 2008, en un artículo sobre la masacre titulado ‘El polvorín de Evo sacude Suramérica’, de la pluma de Jorge Marirrodriga, se presentaba la masacre de Pando, pese a la existencia de los despachos de agencias bolivianas, como un enfrentamiento entre civiles: "La veintena de muertos y cientos de heridos -amén de algunos desaparecidos- con los que se han saldado los graves enfrentamientos civiles sucedidos esta semana en la región autonomista de Pando entre partidarios del proyecto indigenista de Evo Morales y simpatizantes de las regiones autonomistas suponen un nuevo peldaño en la escalera de violencia por la que asciende el país andino desde hace dos años" (El País).

Esta versión de los hechos ha sido desmentida por la propia Unasur, que se refiere al incidente como la masacre de Pando, aunque algunos órganos de información siguen insistiendo en la versión de que fue un enfrentamiento entre civiles. Lo continúa haciendo La Nación en un artículo publicado el 22 de septiembre de 2008, en el que describe los asesinatos como producto de "[...] de los choques que causaron varios muertos en esa región hace doce días". Es como describir los campos de concentración en la Alemania nazi como resultado de enfrentamientos entre alemanes y judíos, o como describir el golpe de estado en Chile como guerra civil.

Ciertamente, como señala Clavero, lo de "regiones autonomistas" es más una pretensión ideológica que realidad. En las ‘regiones autonomistas’ la mayoría de los votantes dieron su respaldo a Morales en el último referéndum revocatorio.

El Idiota de la Familia

Inmediatamente después de la reunión de los presidentes sudamericanos de Unasur en el Palacio de La Moneda en Santiago, el canciller chileno Alejandro Foxley manifestó su satisfacción por los logros de la cumbre, expresando sin embargo que había temido por el fracaso de la reunión debido a la insistencia del presidente Chávez en referirse en la declaración final explícitamente al intervencionismo norteamericano en Bolivia.

"Hay puntos de vista distintos del punto de vista político [...]", dijo el canciller. "[...] Quiero decir que no compartimos el planteamiento que él hace, creemos que los problemas de la región hay que solucionarlos en la región [...] A mí no me gusta andar responsabilizando a otros", dijo Foxley, según se lee en la edición del 16 de septiembre de El Mercurio online.

"En vista de las alocuciones del presidente venezolano", comentó El Mercurio, "el secretario de Estado reconoció haber estado ‘preocupado’ y dijo que en un momento sintió que la cumbre podía fracasar cuando éste exigió una declaración" en contra de Estados Unidos. "El tono no me pareció el más propicio", dijo Foxley, "para construir un acuerdo, afortunadamente no fue acompañado por el resto [...] a mí no me gusta apuntar con el dedo a nadie" (en El Mercurio online citado).

En estas declaraciones, recogidas por el canal católico de la capital, el canciller lamentaba la posición contra Estados Unidos del presidente Chávez. Según un comentario posterior en El Mercurio, "[...] a pesar de que hubo intervenciones de Chávez, Correa y Evo en contra de Estados Unidos, una manifestación mayor en contra de ese país fue contenida por Bachelet, quien logró -como se había programado- omitir cualquier alusión a la nación norteamericana en la declaración final" (emol). Habrá querido decir el periodista que no se incluyó ninguna alusión directa, porque la Declaración de La Moneda empieza justamente recordando los principios de la organización, cuyo Tratado Constitutivo "consagra los principios del irrestricto respeto a la soberanía, a la no injerencia en asuntos internos, a la integridad e inviolabilidad territorial, a la democracia y sus instituciones y al irrestricto respeto a los derechos humanos". Si esta introducción no es una alusión a Estados Unidos, no sé qué otra cosa podría ser.

El canciller Foxley lamentó en ese telediario de Canal 13 la posición antinorteamericana de Venezuela, llegando a sugerir que Estados Unidos debiese ser abordado sobre este asunto, aparentemente olvidándose que apenas llegar a Santiago, el principal invitado de la cumbre, el presidente Evo Morales, insistió en que los motivos que tuvo para declarar persona no grata al embajador norteamericano en La Paz fueron que sus agencias de inteligencia lo pillaron participando en los planes de subversión de los prefectos de los departamentos del Oriente boliviano. La injerencia estadounidense en Bolivia viene siendo denunciada por el gobierno y organizaciones sociales desde hace bastante tiempo -de hecho, desde que Morales asumiera la presidencia. El embajador norteamericano no es el primer funcionario estadounidense en ser expulsado del país. Lo precedieron varios agentes de la DEA y de organizaciones de ayuda acusados de conspirar contra el gobierno.

El canciller Foxley tampoco consideró que los servicios de seguridad de Chávez venían de desbaratar una conspiración para asesinar al presidente venezolano, en la que es muy probable que estén implicados los norteamericanos.

La torpeza del canciller es francamente increíble, pues junto con insultar al presidente venezolano, insultó de paso a Evo Morales y a Rafael Correa, el presidente de Ecuador, que tienen todos problemas justamente con el intervencionismo norteamericano.

La cancillería venezolana ha exigido que el canciller chileno rectifique sus dichos.
"[...] Invocando el grave daño que sus opiniones personales pueden causar al proceso de unión sudamericana en un momento tan crucial, estamos en derecho de exigir de usted, respetuosa pero firmemente que reflexione, se disculpe y rectifique sobre lo sucedido" (en La Tercera). Según La Tercera, Nicolás Maduro, el canciller venezolano, dijo que Foxley debió "mantener una conducta seria y respetuosa y no cometer el error de comprometer a su gobierno dejándose llevar por opiniones personales que distorsionan la realidad de lo sucedido en el seno de la reunión presidencial".

El canciller venezolano encuentra "[...] incomprensible que nuestro presidente [Hugo Chávez] sea objeto de tan gratuitas demostraciones de animadversión y amargura personal de parte de un gobierno amigo, presidido por una mujer, Michelle Bachelet, a quien el pueblo venezolano admira y respeta".

Es poco probable que el canciller ofrezca sus disculpas, pues ni siquiera parece entender la magnitud de su metedura de patas. Pretende invitar a Estados Unidos a los trabajos de la Unasur, que se reunió precisamente para rechazar la injerencia norteamericana en Bolivia, y luego desmiente y ridiculiza a los presidentes boliviano y venezolano acusándoles, en un lenguaje digno de guardería infantil, poco menos que de acusetes care cuetes. ¡Válganos la macarena con el canciller! Pues según leemos en El Mercurio dijo el canciller chileno que "[...] creemos que los problemas de la región hay que solucionarlos en la región [...] a mí no me gusta andar responsabilizando a otros" (emol).  E, increíblemente: "[...] A mí no me gusta apuntar con el dedo a nadie".

Vaya. ¿Qué pueden significar estas declaraciones torpes y desatinadas? Pareciera que pone en duda la veracidad de las conspiraciones descubiertas en Bolivia y Venezuela. Y, en realidad, pareciera que acusa a estos países de ser responsables de que Estados Unidos intervenga en sus países. Ciertamente esto es lo que parece, sino no habría cometido el desatino de imaginar que la presencia de Estados Unidos sería bienvenida en un foro americano que ha sido creado precisamente para eludir su poderosa y corrompedora presencia. Se podría incluso interpretar, en esas necias declaraciones del canciller, que sus objetivos en Unasur son los mismos que tuvieron los griegos cuando construyeron su caballo de palo en el asedio de Troya.

Se desprende, pues, de las palabras del canciller que Bolivia o bien inventa la conjura norteamericana o bien no debiese considerarla seriamente, y que si Morales tiene problemas, no los tiene por culpa de la intervención norteamericana, sino por la oposición de otros bolivianos. Es un punto de vista francamente necio. Es como si en Chile en 1970, descubierta la participación de Estados Unidos en el asesinato del general Schneider, el gobierno chileno hubiese decidido guardar silencio y dejar que ese país continuase con sus planes de subversión -que fue probablemente lo que ocurrió, pues la policía trazó rápidamente a sus ejecutores pero nunca dijo nada sobre quiénes estuvieron detrás de ese atentado, que hoy sabemos que fue urdido y financiado por la embajada norteamericana en Santiago, y ejecutado por elementos antipatriotas de la organización neo-nazi Patria y Libertad y algunos militares, en un intento frustrado de impedir el nombramiento del presidente Allende.

Que Bolivia tenga problemas con su oposición de extrema derecha no excusa la conducta de inaceptable intromisión de Estados Unidos. Ciertamente no dejará de haber problemas en Bolivia porque el embajador Goldberg haya sido devuelto a su país. Pero sin duda habrá menos problemas, y permitirá que Morales dedique todas sus energías al problema del Oriente, que hoy requiere más que nada una solución que no puede prescindir de un mayor esfuerzo policial.

En realidad es incomprensible, como señalan los venezolanos, la animadversión contra el presidente Chávez que anima al canciller chileno. ¿Tendrá alguna rencilla personal con él? Porque es francamente asombrosa la amargura que demuestra en todo lo que referente a Venezuela y su presidente. Dudo mucho que el canciller trate con la misma altanería e insolencia al presidente Bush, para nombrar a alguien, o al rey Juan Carlos.

Ahora, lamentablemente, presidenta ha salido en defensa de su neurasténico canciller. Y él mismo ha declarado que no quiere perder el tiempo en "polémicas inútiles". Pero si piensa esto de verdad, ¿por qué inició esta polémica con esas necedades tan injustas e inoportunas? Para no crear esta polémica, sólo le habría bastado con callar (véase La Nación del 19 de septiembre de 2008).

Sorprende enterarse que según la presidenta el mayor logro de la reunión de los presidentes es que "Bolivia esté en mesa de diálogo" (misma fuente anterior). Qué curiosa interpretación. Yo pensaría que el logro más importante, quizás más allá de la declaración misma, es que por primera vez se reúne un grupo de presidentes americanos para rechazar la intervención norteamericana en un país del continente -un rechazo que no pudo expresarse explícitamente en parte gracias a la nefasta participación chilena, cuyo canciller se opuso tercamente a poner en papel lo que ya es de conocimiento público.

Conviene recordar que el presidente Morales inició su intervención en el Palacio de La Moneda denunciando la injerencia norteamericana en su país. Las claras demostraciones de solidaridad de otros países de América Central y del Sur -con Venezuela a la cabeza, que expulsó a su vez al embajador norteamericano y ofreció ayuda militar al gobierno boliviano si este requería esa ayuda en caso de golpe de estado- han dejado en claro que América Latina está harta de la indeseable injerencia estadounidense en apoyo de los grupos más reaccionarios y violentos de nuestros países. Los países de Unasur, y más allá, muchos países individualmente, y en particular Venezuela, no tolerarán un golpe de estado en Bolivia. Este me parece que es el principal e histórico logro de la cumbre de Unasur.

Así que es muy lamentable que la presidenta no regañe y llame al orden a su canciller. Con Alejandro Foxley no se sabe si estamos frente a un nuevo caso de nuestro hombre en La Moneda o solamente ante el idiota de la familia.