Políticos Intimidan a Jueces
A raíz de las propuestas nuevas leyes anti-terroristas, varios jueces holandeses, entre ellos el juez del Tribunal Supremo y otro del tribunal de Amsterdam, han decidido llamar la atención del público sobre el inminente peligro en que se encuentra el país de adoptar leyes contrarias a los principios de la Constitución y a tratados europeos e internacionales, entre ellos el Tratado de Derechos Humanos. Sobre la reacción de estos y otros jueces han habido reacciones mezcladas. En general, los partidos de oposición apoyaron la preocupación del poder judicial; los partidos de gobierno, faltaba más, rechazaron la intervención de los jueces.
Supone la derecha que los jueces no deben intervenir en asuntos públicos o políticos y que deben limitarse a implementar las leyes que dicta la mayoría del Congreso. Pero responden los jueces que no ven alternativa al ver cómo la clase política adopta medidas en clara violación de leyes nacionales e internacionales. Por ejemplo, la ley que permitirá encarcelar a ciudadanos holandeses sin cargos formales y sin dar a conocer las razones de la detención y sobre la base de sospechas formuladas por agentes del servicio secreto e informantes. Por razones de seguridad interior, dice el gobierno, no se puede conocer la identidad de esos testigos anónimos ni pueden sus afirmaciones ser contrastadas o investigadas por los jueces. En última instancia, dijo el juez del Tribunal Supremo, los jueces deberán juzgar por las leyes vinculantes de tratados internacionales; vale decir, esas declaraciones anónimas y encarcelamientos arbitrarios serán declarados ilegales -como ya ocurrió, por lo demás, con leyes similares en Estados Unidos y Gran Bretaña.
Tendrán en mente los jueces, seguramente, que habida cuenta de que la inmensa mayoría de las delaciones y soplos de informantes y policías han demostrado estar mal fundados y que ello ha llevado a detenciones arbitrarias e injustificadas de gente inocente, las instancias policiales no merecen ser tratadas con privilegios de los que se priva a los acusados. Esto, dejando de lado el inmenso descaro del gobierno de pretender en este contexto que la policía sea en última instancia la que determine la culpabilidad de los acusados. Es, ciertamente, una pretensión contraria a derecho.
En general, los analistas y jueces coinciden en que estas leyes son, además, redundantes, pues la legislación vigente permite tratar todos los casos y situaciones que pretenden cubrir nuevamente las leyes anti-terroristas. Con algunos aspectos significativos -lo que también cubre el tradicional delito de apología de la violencia, cubrirá ahora una ley que condena la incitación a la violencia "contra las sociedades occidentales", una grotesca elección de palabras-, las nuevas leyes no agregan nada al cuerpo legal existente. Peor aun, para comenzar, insisten, son contrarias a la Constitución.
Los jueces dijeron que en materias de tanta transcendencia se veían obligados a intervenir por el bien del país.
Algunos diputados demócrata-cristianos protestaron diciendo que lamentaban la actitud de los jueces porque, siendo conocida su oposición a las nuevas leyes, podrían ser declarados inhabilitados para llevar casos de esa naturaleza. Esto es realmente una desfachatez, una arrogancia y una arbitrariedad del poder de asombrosa bajeza. Un paso más en el avance del régimen autoritario, pues esto es una amenaza directa: los jueces cuya oposición a las leyes anti-terroristas sea conocida serán excluidos de estos casos, que, por ende, serán entregados a jueces de los que con antelación se sepa que aprueban las nuevas leyes. Esta es una visión de la jurisprudencia, de la autoridad política y de todo lo que constituye el estado de derecho democrático que es profundamente autoritaria, francamente fascista. Los nuevos jueces serán jueces como lo fueron los chacales que cumplieron esas funciones durante el régimen de Hitler. Esta es una amenaza con la que no se puede conciliar el sueño: dentro de poco, esos jueces serán desplazados del poder judicial y quizás ellos mismos considerados individuos sospechosos.
Holanda no ha vivido nunca momentos tan trágicos y dramáticos como estos. Es una revolución fascista palaciega. A partir de la aprobación de esas leyes dentro de poco no tendrán los ciudadanos ni siquiera derecho a saber si alguien -un conocido, un familiar- se encuentra o no "detenido preventivamente". Entonces será el reino de las detenciones arbitrarias, de los campos de concentración, de los guetos, de las deportaciones al África, donde te harán desaparecer, después de robarte. Es un proceso peligroso. La ilusión en la que seguramente viven los menos decentes de entre nosotros, de que esas leyes en realidad sólo se aplicarán a sospechosos árabes, también fue denunciada también por varios juristas y es francamente repugnante. Holanda intentará convencer a sus ciudadanos y a Europa que su legislación es soberana en el reino. Para cuando algún organismo europeo dirima finalmente contra Holanda, los planes ya se habrán realizado: la expulsión, para comenzar, de 23.000 refugiados (eran 26.000) y de 250.000 ilegales en tres años y el encarcelamiento insinuado de 50.000 ciudadanos de origen árabe.
No sé si los jueces habrán pensado exactamente en esto cuando declararon sus objeciones a las nuevas leyes, pero es evidente que estos son objetivos declarados y oficiales del gobierno y que no pueden ser llevados a cabo si el poder judicial se opone a ellos y si no se aprueban leyes que son claramente contrarias a las leyes de delitos en gran parte de opinión nacionales e internacionales. Para ello es pues indispensable para el gobierno contar con el apoyo del poder judicial y, no teniéndolo, empezar una campaña para deshacerse de los jueces que se oponen a él. Inhabilitar a los jueces en casos que atañan a las nuevas leyes anti-terroristas es simplemente eliminar el último poder independiente de la resistencia demócrata en el país: el poder judicial. Con ello, la tiranía se proveería de una aparatosa armazón legal para justificar sus tropelías y bajezas.
Supone la derecha que los jueces no deben intervenir en asuntos públicos o políticos y que deben limitarse a implementar las leyes que dicta la mayoría del Congreso. Pero responden los jueces que no ven alternativa al ver cómo la clase política adopta medidas en clara violación de leyes nacionales e internacionales. Por ejemplo, la ley que permitirá encarcelar a ciudadanos holandeses sin cargos formales y sin dar a conocer las razones de la detención y sobre la base de sospechas formuladas por agentes del servicio secreto e informantes. Por razones de seguridad interior, dice el gobierno, no se puede conocer la identidad de esos testigos anónimos ni pueden sus afirmaciones ser contrastadas o investigadas por los jueces. En última instancia, dijo el juez del Tribunal Supremo, los jueces deberán juzgar por las leyes vinculantes de tratados internacionales; vale decir, esas declaraciones anónimas y encarcelamientos arbitrarios serán declarados ilegales -como ya ocurrió, por lo demás, con leyes similares en Estados Unidos y Gran Bretaña.
Tendrán en mente los jueces, seguramente, que habida cuenta de que la inmensa mayoría de las delaciones y soplos de informantes y policías han demostrado estar mal fundados y que ello ha llevado a detenciones arbitrarias e injustificadas de gente inocente, las instancias policiales no merecen ser tratadas con privilegios de los que se priva a los acusados. Esto, dejando de lado el inmenso descaro del gobierno de pretender en este contexto que la policía sea en última instancia la que determine la culpabilidad de los acusados. Es, ciertamente, una pretensión contraria a derecho.
En general, los analistas y jueces coinciden en que estas leyes son, además, redundantes, pues la legislación vigente permite tratar todos los casos y situaciones que pretenden cubrir nuevamente las leyes anti-terroristas. Con algunos aspectos significativos -lo que también cubre el tradicional delito de apología de la violencia, cubrirá ahora una ley que condena la incitación a la violencia "contra las sociedades occidentales", una grotesca elección de palabras-, las nuevas leyes no agregan nada al cuerpo legal existente. Peor aun, para comenzar, insisten, son contrarias a la Constitución.
Los jueces dijeron que en materias de tanta transcendencia se veían obligados a intervenir por el bien del país.
Algunos diputados demócrata-cristianos protestaron diciendo que lamentaban la actitud de los jueces porque, siendo conocida su oposición a las nuevas leyes, podrían ser declarados inhabilitados para llevar casos de esa naturaleza. Esto es realmente una desfachatez, una arrogancia y una arbitrariedad del poder de asombrosa bajeza. Un paso más en el avance del régimen autoritario, pues esto es una amenaza directa: los jueces cuya oposición a las leyes anti-terroristas sea conocida serán excluidos de estos casos, que, por ende, serán entregados a jueces de los que con antelación se sepa que aprueban las nuevas leyes. Esta es una visión de la jurisprudencia, de la autoridad política y de todo lo que constituye el estado de derecho democrático que es profundamente autoritaria, francamente fascista. Los nuevos jueces serán jueces como lo fueron los chacales que cumplieron esas funciones durante el régimen de Hitler. Esta es una amenaza con la que no se puede conciliar el sueño: dentro de poco, esos jueces serán desplazados del poder judicial y quizás ellos mismos considerados individuos sospechosos.
Holanda no ha vivido nunca momentos tan trágicos y dramáticos como estos. Es una revolución fascista palaciega. A partir de la aprobación de esas leyes dentro de poco no tendrán los ciudadanos ni siquiera derecho a saber si alguien -un conocido, un familiar- se encuentra o no "detenido preventivamente". Entonces será el reino de las detenciones arbitrarias, de los campos de concentración, de los guetos, de las deportaciones al África, donde te harán desaparecer, después de robarte. Es un proceso peligroso. La ilusión en la que seguramente viven los menos decentes de entre nosotros, de que esas leyes en realidad sólo se aplicarán a sospechosos árabes, también fue denunciada también por varios juristas y es francamente repugnante. Holanda intentará convencer a sus ciudadanos y a Europa que su legislación es soberana en el reino. Para cuando algún organismo europeo dirima finalmente contra Holanda, los planes ya se habrán realizado: la expulsión, para comenzar, de 23.000 refugiados (eran 26.000) y de 250.000 ilegales en tres años y el encarcelamiento insinuado de 50.000 ciudadanos de origen árabe.
No sé si los jueces habrán pensado exactamente en esto cuando declararon sus objeciones a las nuevas leyes, pero es evidente que estos son objetivos declarados y oficiales del gobierno y que no pueden ser llevados a cabo si el poder judicial se opone a ellos y si no se aprueban leyes que son claramente contrarias a las leyes de delitos en gran parte de opinión nacionales e internacionales. Para ello es pues indispensable para el gobierno contar con el apoyo del poder judicial y, no teniéndolo, empezar una campaña para deshacerse de los jueces que se oponen a él. Inhabilitar a los jueces en casos que atañan a las nuevas leyes anti-terroristas es simplemente eliminar el último poder independiente de la resistencia demócrata en el país: el poder judicial. Con ello, la tiranía se proveería de una aparatosa armazón legal para justificar sus tropelías y bajezas.
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