Sobre la Inmigración en Chile
Bajo el título de ‘Políticas de inmigración', un editorialista de El Mercurio quiebra lanzas por la inmigración. Nada más que permanente fuente de contribuciones positivas, la inmigración hoy en día encuentra numerosas e insólitas trabas que dejan a veces a los extranjeros en completa indefensión frente a abusos, explotación y negación de los derechos más elementales.
Rara vez coincidirá uno tan resueltamente con un editorial de este diario, tan contaminado por elementos descerebrados de extrema derecha, que, en las calles del país, rechazan a los extranjeros y hasta los agreden violenta y arbitrariamente. La persecución policial y la burocracia empujan al extranjero a la ilegalidad, donde patrones sin escrúpulos los explotan descaradamente, pagándoles salarios que provocan la ira de los trabajadores chilenos.
El gobierno no puede hacer la vista gorda, porque en sus compromisos con el respeto a los derechos humanos también se incluye la protección de ciudadanos extranjeros que, debido a su ilegalidad, deben soportar abusos y vejámenes.
l ambiente de relativa hostilidad de la población chilena, se podrá poner fin legalizando a esos inmigrantes e integrándolos a la economía y sociedad nacional, donde podrán construir su futuro y contribuir al desarrollo del país legalmente como cualquier otro ciudadano. Urge también la fiscalización y mayores controles para detectar a los empresarios de mala fe que explotan la situación de los inmigrantes indocumentados.
Es evidente que si Chile atrae a extranjeros es porque ofrece oportunidades de futuro que esos inmigrantes no tienen en sus países y porque, obviamente, la industria nacional necesita esa mano de obra adicional. Chile necesita trabajadores en toda la escala, desde mano de obra no calificada hasta expertos en tecnología de la información e ingenieros cibernéticos. Nada se conseguirá tratando de impedir la inmigración o persiguiendo a los ilegales mientras el país siga siendo un nodo de desarrollo en algunas áreas fronterizas. Antes que combatirla, el estado debiese regularizar más la inmigración para impedir los abusos.
Es, por otro lado, patentemente falsa la idea de que Chile no necesita esta inmigración y que solo conviene a los empresarios de mala fe. Los altos índices de empleo dejan muy poco margen a la industria. Ahora se considera como un conocimiento adquirido -aunque rara vez discutido seriamente- que en las sociedades occidentales modernas cerca de un cinco por ciento de la población en estado de trabajar, no trabajará nunca, por una serie de factores, que incluyen la inadaptación, los inválidos mentales y físicos y los enfermos, los drogadictos y alcohólicos más allá de toda redención y otros. Una tasa de desempleo de siete por ciento quiere decir por esto que en realidad estamos hablando más menos de un desempleo real del dos por ciento. Esto deja muy poco margen a la hora de buscar a trabajadores idóneos, y es una realidad que importa reconocer y adaptarse a ella.
Es sabido que los trabajadores inmigrantes suelen representar un valioso aporte a los países que les reciben. Legalizar a los trabajadores ilegales pondría obstáculos a su explotación en manos de empresarios de mala fe y les permitiría invertir a futuro aquí, lo que implica que, viéndose resguardados por la ley, esos inmigrantes legalizados empezarán a comportarse como cualquiera otra familia chilena que aspira a un futuro, invirtiendo en su vivienda, salud y educación de sus hijos.
De la inmigración sólo se pueden esperar cosas buenas. De los peligros asociados al ingreso de terroristas o narcotraficantes, sólo se puede insistir que son asuntos que competen a las policías y que sólo puede impedir una policía de inteligencia que funcione bien. Nada se saca con hostigar a grandes grupos de inmigrantes honestos con la idea inútil de que así se podrá detectar a esos elementos indeseables.
Rara vez coincidirá uno tan resueltamente con un editorial de este diario, tan contaminado por elementos descerebrados de extrema derecha, que, en las calles del país, rechazan a los extranjeros y hasta los agreden violenta y arbitrariamente. La persecución policial y la burocracia empujan al extranjero a la ilegalidad, donde patrones sin escrúpulos los explotan descaradamente, pagándoles salarios que provocan la ira de los trabajadores chilenos.
El gobierno no puede hacer la vista gorda, porque en sus compromisos con el respeto a los derechos humanos también se incluye la protección de ciudadanos extranjeros que, debido a su ilegalidad, deben soportar abusos y vejámenes.
l ambiente de relativa hostilidad de la población chilena, se podrá poner fin legalizando a esos inmigrantes e integrándolos a la economía y sociedad nacional, donde podrán construir su futuro y contribuir al desarrollo del país legalmente como cualquier otro ciudadano. Urge también la fiscalización y mayores controles para detectar a los empresarios de mala fe que explotan la situación de los inmigrantes indocumentados.
Es evidente que si Chile atrae a extranjeros es porque ofrece oportunidades de futuro que esos inmigrantes no tienen en sus países y porque, obviamente, la industria nacional necesita esa mano de obra adicional. Chile necesita trabajadores en toda la escala, desde mano de obra no calificada hasta expertos en tecnología de la información e ingenieros cibernéticos. Nada se conseguirá tratando de impedir la inmigración o persiguiendo a los ilegales mientras el país siga siendo un nodo de desarrollo en algunas áreas fronterizas. Antes que combatirla, el estado debiese regularizar más la inmigración para impedir los abusos.
Es, por otro lado, patentemente falsa la idea de que Chile no necesita esta inmigración y que solo conviene a los empresarios de mala fe. Los altos índices de empleo dejan muy poco margen a la industria. Ahora se considera como un conocimiento adquirido -aunque rara vez discutido seriamente- que en las sociedades occidentales modernas cerca de un cinco por ciento de la población en estado de trabajar, no trabajará nunca, por una serie de factores, que incluyen la inadaptación, los inválidos mentales y físicos y los enfermos, los drogadictos y alcohólicos más allá de toda redención y otros. Una tasa de desempleo de siete por ciento quiere decir por esto que en realidad estamos hablando más menos de un desempleo real del dos por ciento. Esto deja muy poco margen a la hora de buscar a trabajadores idóneos, y es una realidad que importa reconocer y adaptarse a ella.
Es sabido que los trabajadores inmigrantes suelen representar un valioso aporte a los países que les reciben. Legalizar a los trabajadores ilegales pondría obstáculos a su explotación en manos de empresarios de mala fe y les permitiría invertir a futuro aquí, lo que implica que, viéndose resguardados por la ley, esos inmigrantes legalizados empezarán a comportarse como cualquiera otra familia chilena que aspira a un futuro, invirtiendo en su vivienda, salud y educación de sus hijos.
De la inmigración sólo se pueden esperar cosas buenas. De los peligros asociados al ingreso de terroristas o narcotraficantes, sólo se puede insistir que son asuntos que competen a las policías y que sólo puede impedir una policía de inteligencia que funcione bien. Nada se saca con hostigar a grandes grupos de inmigrantes honestos con la idea inútil de que así se podrá detectar a esos elementos indeseables.
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