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Conde Drácula, Encargado de Derechos Humanos

El viernes 4 de abril la presidencia de las comisiones de derechos humanos de las dos cámaras pasó a manos de la Alianza [la coalición de partidos de oposición de derechas y extrema derecha], como parte de un acuerdo sellado entre esta y la Concertación [la coalición de gobierno] el año pasado. La diputada Karla Rubilar, del partido liberal de derecha Renovación Nacional, presidirá la comisión de la Cámara Baja; el senador Andrés Chadwick, del partido de extrema derecha Unión Demócrata Independiente, la comisión de la Alta. Es la primera vez desde el fin del régimen militar que esas comisiones quedan en manos de partidos de la derecha. Y, aberrantemente, una de ellas -la del Senado- presidida por un senador de extrema derecha.

Y es ciertamente comprensible la indignación que ha provocado esta situación en la Asociación de Familiares de Ejecutados Políticos, que acusa a los dos partidos de la Alianza de complicidad con la dictadura, "de los crímenes, las detenciones y desapariciones, las ejecuciones, las torturas, el exilio, las exoneraciones y los miles de abusos que se cometieron y frente a los cuales nosotros exigimos justicia plena. Es por lo tanto una afrenta a nuestros familiares, a nosotros y, a todas las víctimas de derechos humanos poner a los victimarios al frente de las Comisiones Parlamentarias".

El origen del aberrante acuerdo que permitió que estas comisiones sean precedidas por políticos de derechas que, como dice la AFEP, fueron cómplices ideológicos de la dictadura y que, además, se han caracterizado por obstaculizar los procesos de derechos humanos, dejó de ser relevante. Todavía más, ha sido gracias a la conducta de diputados y senadores de la oposición de las dos derechas que Chile ha vivido el bochorno de formar con Guyana, Suriname, Estados Unidos y México los únicos países americanos que aún no ratifican el Estatuto de Roma que instituye el Tribunal Penal Internacional, para juzgar casos de genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra.

También fueron justamente los partidos de derecha y algunos renegados los que impidieron que Chile ratificara la Convención Internacional sobre Desaparición Forzada de Personas.

Y la Convención contra la Tortura.

¿Cómo no asombrarse de ver presidiendo estas comisiones de derechos humanos a políticos que provocaron y justificaron la dictadura, que en el congreso hacen lo imposible por torpedear el procesamiento de militares y otros implicados en violaciones de los derechos humanos durante la dictadura (impidiendo, por ejemplo, la derogación del decreto de amnistía de Pinochet de abril de 1978), y que justifican todavía las torturas, ejecuciones y otros crímenes de lesa humanidad cometidos por las fuerzas armadas? Si estos políticos no están convencidos de que los crímenes de los militares no son susceptibles de ser juzgados como violaciones de los derechos humanos, y ni siquiera como crímenes de derecho común, ¿cómo creer que actuarán en conformidad con normas y valores nacionales e internacionales que evidentemente desconocen?

Me parece evidente que estos presidentes intentarán torpedear todavía más los esfuerzos existentes de llevar a justicia a los responsables y ejecutores de los peores crímenes de la dictadura. Y la posición permanente de hostilidad hacia todo lo que huele a derechos humanos y la actitud burlona e hiriente de sus jefes políticos cuando abordan temas como el de derechos humanos no son garantía de que esos presidentes entienden y hacen suya la doctrina de derechos humanos por cuyo cumplimiento, justamente, deben velar.

El senador socialista Jaime Naranjo, que presidió la comisión de derechos humanos del Senado, dijo, como respuesta a la perplejidad y estupor de organizaciones de derechos humanos, que no había que exagerar. "Yo no veo nada grave", dijo "ni que pueda alterar la postura que ha tenido nuestro país en materia de derechos humanos" (Iván Gutiérrez Lozano, director de crónicadigital ). Bueno, es verdad. La postura de Chile en materia de derechos humanos no es exactamente una cosa buena. Sigue siendo uno de los pocos países que no han ratificado tratados y convenios importantes en materias de derechos humanos y el país ha sido constantemente mencionado en informes internacionales sobre violencia policial, discriminación, muerte de manifestantes, impunidad de policías y militares, torturas y otros delitos de derechos humanos. Es verdad, entonces. La postura de Chile en materia de derechos humanos no cambiará demasiado. Ya la define la derecha.

No es el único que el senador Naranjo cree que a la derecha no se la debe discriminar en estos asuntos. También es la opinión del senador Flores. Pero no se trata de que esos partidos sean de derecha, que podrían serlo, pese a lo inverosímil que suena, sino que practican una oratoria completamente ajena, contradictoria con los principios morales del resto de la nación, y que sostienen que los crímenes cometidos por la dictadura se entienden en el marco de una guerra civil que nunca ocurrió. Son partidos que se oponen a la doctrina de derechos humanos, y sólo los esgrimen para defender a los más viles criminales de entre sus filas. Pese a lo que dicen algunos de sus ideólogos, están al mismo lado de la barricada que los pinochetistas y otros subnormales.

Renovación Nacional es de un dudoso, ordinario y macabrísimo liberalismo. La extravagante Unión Demócrata Independiente es un club de agitadores de extrema derecha, defensores de la dictadura pinochetista y de otras creencias perversas y aberraciones ideológicas que en varios países de Europa sería simplemente prohibido por representar una ideología de odio y el partido, una asociación ilícita.

No se puede tratar como iguales a políticos que, en primer lugar, están en el Congreso sólo por la farsa del sistema binominal, por encima de la voluntad ciudadana; y, luego, que después de colaborar con la dictadura, participan en la vida política como un mal menor y no por verdadera vocación democrática. Están ahí para recordarnos que han ganado lo que llaman una guerra y que Chile es el botín con el que se hicieron. La Constitución es su Constitución: la de Pinochet. Las leyes son sus leyes. Los generales, sus generales. Los jueces, suyos.

Yo creo que Chile podría ser caracterizado verazmente casi como un régimen macabro. La presidenta es socialista y la policía tortura y mata a manifestantes. La coalición de gobierno cuenta con prohombres de la lucha contra la dictadura, pero la policía viola a diario los derechos humanos y civiles de cientos de miles de chilenos, abrumando a la población pobre con allanamientos y detenciones ilegales, uso de armas de guerra para reprimir manifestaciones, muchas de ellas pacíficas, extrañas muertes de detenidos en calabozos, destrucción, malos tratos y torturas a manifestantes detenidos. Chile anhela formar parte de la comisión de derechos humanos de Naciones Unidas, pero sin firmar el tratado del Tribunal Penal Internacional ni otros tratados de derechos humanos. Es una situación confusa. Como en una película que vi hace poco, y donde la directora de una organización internacional de derechos humanos era una agente nazi encubierta.

¿Es una situación confusa?

Cuesta aceptar la idea de que no lo sea. Porque parece que la clase política entera considera normal que la policía practique allanamientos ilegales de manera masiva, siga torturando en las comisarías y que los carabineros puedan portar armas de guerra para la represión de manifestaciones políticas. De la persistencia en el uso de vehículos sin matrícula e infiltrados en las manifestaciones no ha dicho ningún partido nada. Ni el gobierno. Y en cuanto a este tema, la oposición pide al gobierno que asuma posturas todavía más duras.

Huele a gato a cargo de la pescadería, me dijo una amiga. O a gato encerrado. No sé cómo aplicar la metáfora exactamente, pero la entiendo. Como en una comedia de equivocaciones, el encargado de derechos humanos es el Conde Drácula.

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