La Corte Suprema y los Partidos del Mal

Hace unos días La Nación publicó una nota sobre los conflictos al interior de Renovación Nacional, sobre los derechos humanos, y en particular sobre si Chile debe o no ratificar la convención contra la desaparición forzada de personas. Esta convención sancionará la privación ilegal de libertad de personas a manos de agentes del Estado (véase su definición en el diario de la Cámara).
Como sabemos, la convención debía ser ratificada por Chile, pero el proyecto de ratificación encalló en la Cámara, donde la furibunda oposición de los partidos de derecha y la misteriosa ausencia de una diputada demócrata-cristiana impidieron la mayoría necesaria para su aprobación.
Ahora deberemos esperar un año más para intentar obtener esa ratificación en la Cámara, y está claro que es una esperanza inútil.
Parece que el principal temor de la extrema derecha (en Chile no existen partidos de derecha tradicionales y los que existen se inclinan hacia el fanatismo de extrema derecha) es que la convención, en la que Chile se compromete a introducir una legislación específica pertinente en su Código Penal, pueda ser aplicada a militares que violaron los derechos humanos durante la tiranía pinochetista.

A mí me sorprende enormemente que después de todo lo que sabemos sobre los crímenes cometidos durante la dictadura, pueda alguien seguir defendiendo al régimen que cometió esos terribles crímenes. Con esto quiero decir que, por ejemplo, sabemos de sobra que el argumento más importante para provocar el golpe de estado de 1973, que era la supuesta amenaza de una conspiración comunista para ocupar el poder (el llamado Plan Z), fue una completa invención y que fue maquinada por los militares para justificar de ese modo el asesinato de militantes de izquierda patriotas a los que el régimen -recuérdese, pagado por Estados Unidos- consideraba enemigos. De aquí surgió la estrategia de hacer desaparecer a los detenidos: para crear, por un lado, la falsa impresión de que había en el país una guerra civil, y, por otro, impedir que la opinión pública y la comunidad internacional se enterasen de las terribles torturas y muertes a que eran sometidos los ciudadanos secuestrados.
Todas las demás acciones características de la injustificada represión militar -las violaciones, los asesinatos, las desapariciones, las decapitaciones, las mutilaciones, la extracción de ojos, la extracción de dientes de oro y tapaduras para venderlas en el mercado, el robo de propiedades de personas de izquierda, las extorsiones, los campos de concentración, los envenenamientos, los experimentos con agentes químicos aplicados a prisioneros, el tráfico de cocaína, el tráfico de armas, el asesinato de inversionistas, etc., etc.- se inscriben en esa estrategia. Nunca han podido demostrar ni los militares ni sus defensores que alguno de esos asesinados haya sido espía o agente de los soviéticos o de los cubanos. Todos esos argumentos de la derecha chilena son de una falsedad que repugna.

Pensaba yo que la inhumanidad de ese régimen, y su rechazo tan marcado de los valores nacionales y católicos del país, quedaría manifiesta para todo el mundo y seríamos capaces, como país, llevar a justicia a esos criminales y pasar a otro capítulo de nuestra historia. Lo pensaba así quizás en parte por experiencias familiares que pensé que eran más comunes. Una de mis tías -católica devota- apoyó inicialmente el golpe de estado de Pinochet. Pero a la semana se dio cuenta de su verdadera naturaleza y se convirtió en enemiga del régimen, al que consideraba enemigo del catolicismo -como también lo creo yo. Pensé que esto sería una experiencia más común. Pero parece que no lo es tanto.
La derecha se niega a distanciarse de esos monstruos y sigue defendiéndolos. También aplauden las violaciones y otras acciones deleznables de los probadamente cobardes militares chilenos. Siguen protegiéndolos. No queda más que concluir que esos crímenes y vejámenes contra patriotas indefensos era algo conveniente o deseable. Y todavía aplauden a esos cobardes. (Escribo esto sabiendo que muchos militares fueron pagados por la embajada norteamericana, pero también sé que hay muchos que creyeron que participaban en una suerte de cruzada).

Aparentemente el principal motivo por el que algunos políticos de Renovación Nacional rechazan ratificar el convenio contra las desapariciones forzadas, es que se podría aplicar a los militares. Esos políticos han exigido que la comunidad internacional exima a los militares chilenos de ser juzgados por estos delitos. Y es verdad que, contrariamente a lo que creía yo mismo, este convenio tipifica este delito como crimen contra la humanidad o de lesa humanidad y es por tanto imprescriptible y no puede ser amnistiado. Por la misma razón, se puede aplicar retroactivamente, en tanto no aparezcan los cuerpos de los secuestrados y asesinados, a quienes sean culpables de la comisión de estos delitos.
Este es sin duda el principal motivo de esos políticos pervertidos. A los militares, su propia cobardía y bajeza moral les impide dar la cara y pagar por los crímenes cometidos. (Dice mucho de la falta de dignidad del militar chileno, que los que se han suicidado acuciados por la culpa no superan los cinco individuos). No se puede esperar tanta hombría de un militar chileno.

Carlos Larraín, el cabecilla de ese grupo político (RN), dice acoger la idea del convenio, para retractarse enseguida. Dice el canalla: "Hacer reventar este asunto en la sociedad chilena hoy, sólo va a servir al cálculo político pequeño de personas que han optado por pasearse por la vida en condición de víctimas perpetuas. Si en la convención queda claro que esto sólo va a ser con efecto futuro, no veo ninguna razón para no ser firmada", señaló. Me gustaría saber qué pensaría o diría esta gárgola si alguno de los secuestrados y asesinados y desaparecidos fuese su propio hijo (si los tuviera); me gustaría saber cómo iría él por la vida y si agradecería que le dijesen que, por lamentar sus muertes y exigir justicia, se ha convertido en una víctima perpetua.
Claro que somos todos los chilenos víctimas perpetuas. ¿Que no lo sabía? En su misma intervención queda claro, por lo demás, el desprecio que siente por la idea de justicia. Sus amigos militares se lo agradecerán, seguramente. ¿De qué tamaño será el hueso que recibe en su caseta?

Curiosamente, los ‘liberales' de Renovación Nacional se han unido en bestialidad con las alimañas de la UDI (partido de extrema derecha fundado por la dictadura). El capo mayor de ese grupo, Hernán Larraín, pretende que el convenio por los derechos humanos pone en peligro la soberanía del país. Es increíble que precisamente él hable de soberanía sin que le caiga un rayo encima. Pero, tengamos fe, algún día ese rayo le caerá. Pero ¿por qué pondría este convenio en peligro la soberanía del país? Según creo yo, solamente en el caso de que las autoridades nacionales no quisiesen juzgar a alguien que haya cometido ese delito, y siendo ese delito tipificado como delito de lesa humanidad, me parece prácticamente imposible que surja alguna vez un gobierno que quiera proteger a quienes cometan ese delito. La argumentación de este sujeto es simplemente estúpida.

Me ha llamado la atención este aberrante pacto entre los llamados ‘liberales' de RN y los reaccionarios fascistoides de la UDI. Para alguien que se reclama de una tradición católica-liberal, es ciertamente doloroso. Pero es la verdad. La diferencia entre la UDI y RN es cosmética. No tiene otro fin que engañar a la opinión pública. Forman parte del mismo conglomerado, pertenecen al grupo de asesinos y traidores de Chile, profundamente reaccionarios, enemigos de Dios y del pueblo. Habrá que recordárselo siempre, en todo momento, y especialmente en períodos electorales.

Para los comentarios de los políticos de derechas, véase La Nación aquí .

Sin embargo, en estos mismos días se produjo una interesante, yo diría hasta histórica resolución de la Corte Suprema en un caso de derechos humanos. Se trata del caso de siete agentes del Comando Conjunto condenados por el asesinato, cometido el 2 de noviembre de 1976 de Carlos Humberto Contreras Maluje, militante del Partido Comunista. Estas siete bestias (Freddy Ruiz Bunguer, Juan Francisco Saavedra Loyola, Daniel Giumpert Corvalán, César Palma Ramírez, Manuel Muñoz Gamboa, Alejandro Saéz Mardones y Rodrigo Cobos Manríquez) habían argumentado la prescripción del delito y pedían la aplicación del decreto de amnistía de Pinochet de 1978, lo que fue rechazado por la Corte.
Por el interés del fallo, citaré in extenso el texto de la Corte:

"Que, por haberse cometido el delito en el contexto de violaciones a los derechos humanos, graves, masivas y sistemáticas, verificadas por agentes del Estado que pretendían excluir, hostigar, perseguir o exterminar a quienes fueran contrarios al régimen instaurado el 11 de septiembre de 1973, tratándose específicamente en el caso de autos de la eliminación de una persona militante del Partido Comunista, es decir perteneciente ideológicamente al régimen político recién depuesto, cabe concluir que se está en presencia de lo que la conciencia jurídica denomina delito de ‘lesa humanidad', calificación que trae aparejada la imposibilidad de amnistiar el referido ilícito, así como declarar su prescripción, conforme a las reglas imperativas del derecho internacional o ius cogens, que - tal como ha sido declarado en anteriores fallos - tiene prevalencia sobre la legislación nacional. Las reglas del ius cogens son verdaderas normas jurídicas en sentido sustancial, suministrando pautas o modelos de conducta, a partir de las cuales surgen obligaciones erga omnes, que existen con independencia de su formulación, en términos que cuando son expresadas en una fórmula legal no cambian su naturaleza jurídica.
Esta Corte reitera una vez más que los principios del derecho internacional y las normas del derecho consuetudinario, forman parte del ordenamiento jurídico chileno con primacía sobre las leyes internas, aún cuando no se encuentre traducido en tratados o convenciones obligatorias para Chile" (veáse El Mercurio aquí).

Si la cumbre de presidentes se vio opacada por el rechazo chileno a ratificar el convenio contra la desaparición forzada, este fallo de la Corte Suprema volvía a llenarnos de esperanzas. Chile finalmente se incorporaba a las grandes civilizaciones del planeta y daba primacía, en asuntos de derechos humanos, al derecho internacional por sobre las leyes internas. Es lo que veníamos esperando desde hace años.
Lamentablemente, un nuevo fallo de la misma Corte, echa por tierra esas esperanzas. Haciendo evidentes las debilidades del ordenamiento jurídico chileno, la misma Corte que resolviera la primacía del derecho internacional, absuelve a un notorio e infame asesino pinochetista, el coronel asilvestrado Claudio Lecaros Carrasco, que mató el de septiembre de 1973 a Cesario Soto, Vidal Riquelme y Rubén Acevedo. Con la tipificación de delitos de lesa humanidad y su imprescriptibilidad y la imposibilidad de acogerse a amnistías, los jueces de esa comisión hicieron caso omiso.

¿Qué querrán esos jueces? ¿Que los chilenos se tomen la justicia en sus manos? ¿Que empiecen a eliminar por su cuenta a los militares culpables de esos abusos y crímenes? ¿No es este en realidad deber del estado y, también, de las autoridades políticas que hoy, por interés propio y cobardía, se lavan las manos?
Me pregunto yo qué razón impedirá que la presidenta expulse sencillamente a esos jueces parias del poder judicial. ¿Se lo impide alguna ley pinochetista? ¿O también apoya el gobierno a esos militares? (Hoy, después de treinta años, todo puede ocurrir. Hace poco leí el testimonio de un chileno-sueco, antiguo refugiado, alabando al régimen militar).

Sin embargo, pese a este traspiés, creo que la resolución de la Corte Suprema en la que acoge la primacía del derecho internacional, es de un gran valor y será un muy útil precedente en otros casos.
Hoy mismo se ha anunciado en la prensa (La Nación aquí) que, por este mismo caso, y específicamente por el fallo aberrante de la Corte en que desconoce el derecho internacional, el abogado de derechos humanos Nelson Caucoto demandará a Chile ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la misma que ya en ocasiones anteriores, y para vergüenza de Chile y la Concertación, ha condenado al país en casos similares. Es de esperar que esta vez la sentencia sea más severa que las anteriores y que Chile sea castigado efectivamente por permitir que sus órganos de administración de justicia adopten puntos de vista pervertidos y aberrantes en violación de los derechos de las víctimas de la jauría militar.

Entretanto, mientras asistimos al deplorable espectáculo de las gárgolas y otros reptiles parlantes de la extrema derecha, nuestros vecinos no sólo han ratificado ese mismo convenio que las bestias chilenas dicen que pone en peligro la soberanía, sino que han empezado ya, tal como establece el convenio, a legislar sobre este, introduciendo en sus códigos penales la figura jurídica del nuevo delito de derecho internacional: la desaparición forzada de personas.
En Uruguay, la fiscal Mirtha Guianze solicitó el procesamiento del ex dictador uruguayo Gregorio Álvarez, por su participación en la desaparición forzada de personas "mediante traslados clandestinos de prisioneros uruguayos desde Buenos Aires. Al ser utilizada por primera vez la figura legal, ahora puede sentar precedente la causa por la cual también fueron implicados otros dos militares. En tanto, la Justicia estudia el caso para luego convocar a Álvarez nuevamente y resolver su situación" (en Página 12 aquí).
También en Argentina, según informa Página 12, "por 167 votos a favor y sólo dos en contra, la Cámara de Diputados dio ayer media sanción a la incorporación al Código Penal del delito de desaparición forzada de personas. Por la noche, los diputados convirtieron en ley otra iniciativa vinculada con los crímenes de la dictadura: la ratificación del tratado sobre el mismo delito de desaparición forzada".
En la iniciativa argentina, se castigará con "reclusión perpetua o prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua al agente del Estado, persona o miembros de un grupo de personas que, actuando con la autorización o apoyo del Estado prive de la libertad a una o más personas" (enlace anterior). Y que "la pena será de 8 a 20 años de prisión o reclusión cuando los autores o partícipes liberen con vida a la víctima o proporcionen información que permita su efectiva aparición con vida" (enlace anterior).

Qué triste y ridícula figura la de nuestro país cuando se la compara con estos dos que acabo de nombrar. Chile, cuyos senadores y otros delincuentes patentados todavía cacarean de oficio bajo la batuta del cabecilla del Departamento de Estado, es una seudo-democracia estúpida hecha por payasos que quiere participar en plano de igualdad con las verdaderas democracias de América Latina. Un país que repugna y del que uno se avergüenza.

Con estas gentuzas no puede haber reconciliación. En la lucha eterna entre el Bien y el Mal, pertenecen al bando del Demonio y habrá que combatirlos hasta que se vuelvan a hundir en el infierno.